Por Martín Granovsky

Carlos Liporaci estableció ayer que no tiene elementos suficientes para dictar el procesamiento de once senadores por las coimas en el Senado, pero en cambio ordenó el careo de tres legisladores que se encargaron de denunciar los sobornos. La insólita resolución del juez de la casa grande tuvo un premio. Augusto Alasino, el poderoso ex jefe del bloque de senadores del peronismo, dijo que el magistrado fue “muy valiente”. Y Jorge Agúndez, presidente actual de los senadores radicales, opinó que así se fortalecen las instituciones. O sea: aquí no ha pasado nada. Como para cubrirse, Liporaci anunció que interrogará al ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, y al ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, cosa que inexplicablemente no hizo antes. Carlos “Chacho” Alvarez, que el 6 de octubre renunció tras una escalada contra la Cámara alta, dijo que la resolución del juez es “un indulto al Senado”.
La lista de beneficiados incluye a los senadores Ramón Ortega, Emilio Cantarero, Eduardo Bauzá, Javier Meneghini, Alberto Tell, Angel Pardo, Raúl Galván, Ricardo Branda, Augusto Alasino, Alcides López y Remo Costanzo, al ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y al secretario de Costanzo, Martín Fraga Mancini.
La lista de futuros careados se forma con los senadores Pedro Del Piero, Antonio Cafiero y Horacio Usandizaga. Una elección, en principio, ecuánime: un frepasista, un peronista y un radical. Una elección, de verdad, para nada ecuánime: los tres quedaron ajenos al sistema de gobernabilidad tarifada, como llamaba Carlos “Chacho” Alvarez al Senado, y con distintos matices personales, los tres denunciaron la existencia de un mecanismo de toma y daca para sacar o retacear la aprobación de leyes. Faltó Silvia Sapag, la valiente senadora neuquina que denunció a Cantarero por supuesto soborno para aprobar una nueva ley de Hidrocarburos, pero no hay que perder las esperanzas, que hay tiempo.
Consultas de Página/12 en Tribunales y entre los pocos senadores que ayer quedaban en Buenos Aires permitieron anoche reunir estas precisiones:
La falta de mérito no significa el sobreseimiento de los senadores, aunque tampoco el procesamiento. En teoría, el juez puede procesar a cualquiera de los once en otro momento. La medida de ayer sólo supone que, hasta ahora, Liporaci no tiene ningún elemento para escalar el castigo.
Liporaci tenía un plazo para procesar, sobreseer o indicar que aún no había méritos. Pero el plazo es flexible. Pudo haberlo estirado y no lo hizo.
La indagatoria de Flamarique y De Santibañes no quiere decir que vaya a procesarlos. Sólo indica que antes no los llamó. Liporaci, con ellos, está atrasado, pero quizás supuso que poniendo a ambos en la misma resolución de los senadores quedaría en público como el juez que no tiene remilgos en investigar al Gobierno. Un juez justiciero.
El problema no es lo que Liporaci escribió en su resolución, sino lo que no hizo antes. Con pericias y pesquisas, igual es difícil probar una coima. Sin pericias y pesquisas es directamente imposible. Y el juez declinó aceptar un puñado de medidas de prueba reclamadas por los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado.
Liporaci pudo haber distinguido, así fuera simbólicamente, la situación diferente de los senadores. Un ejemplo: no es lo mismo Cantarero, quien según la periodista María Fernanda Villosio le confesó la existencia de coimas, que Meneghini, nombrado al pasar en el famoso anónimo sobre los sobornos. Por fecha (la resolución engloba a todos el mismo día) y por contenido (no diferencia una situación de otra) el juez se abstuvo de distinguir matices. Los senadores sospechados dirán gracias y los otros quedarán injustamente sospechados.
Sin ninguna explicación razonable, el juez dejó de tomar medidas que ya podría haber adoptado.
Podría haber careado al correntino Angel Pardo con Antonio Cafiero. Pardo atribuyó haber escuchado de Cafiero acusaciones contra Genoud, contra Cantarero y contra De Santibañes. También contra Pontaquarto, un alfil político de Genoud y puente de plata con Alasino. Otros careos posibles, que surgen de la sola lectura del expediente, podrían haber sido los de Eduardo Duhalde y Ramón Ortega.
En los fundamentos, el juez se amparó en un criterio sobre las coimas. Dijo que por un lado “debe lograrse determinar por una parte quién pagó, por qué medios, qué suma y origen de la misma, o en su defecto qué beneficio otorgó”, y por otro lado “debe verificarse quién cobró, el destino del dinero o en su defecto qué beneficio obtuvo”.
Recordó que él investiga sobre la base de artículos periodísticos, de un anónimo y de afirmaciones de testigos como Cafiero y Alvarez. Dijo también Liporaci que Cafiero mostró más convicción que datos, y que el ex vicepresidente declaró que desconocía las pruebas.
En otro apartado diferenció el cohecho pasivo del activo. El pasivo se produce cuando uno paga y otro cobra. Para el activo alcanza con el ofrecimiento de dinero. Liporaci escribió que no hay ninguna constancia de que un senador haya recibido una coima, “sin perjuicio de lo que en definitiva resulte de las diligencias ya dispuestas”.
En cambio, el juez le dio mucha importancia a una frase de Alvarez (“si hubo plata, salió del Gobierno”) para pedir la citación indagatoria de Flamarique, sospechado de haber dicho la frase “a éstos los arreglamos con la Banelco”, que el protagonista niega y testigos del sindicalismo confirman. En cuanto a De Santibañes, como la SIDE cuenta con fondos sin control de destino, también será interrogado.
Si Liporaci hoy no hiciera nada más y la causa se archivara tal como está, el resultado sería sólo político y podría ser leído según algunas claves como las que siguen.
Los más favorecidos fueron los senadores, y dentro de ellos los senadores peronistas que integraban o integran el sistema dominante en el Senado. Son importantes para el futuro de Liporaci. Podrían ser cruciales en el desarrollo de la acusación contra el juez por enriquecimiento ilícito que tramita otro juez federal, aunque prestigioso: Gabriel Cavallo.
El Gobierno, que en el tema del Senado no puso fuerza ni empeño, de cualquier manera corre el riesgo de perjudicarse por las citaciones de De Santibañes, el mejor amigo del Presidente, y Flamarique, que fue el mejor negociador de Fernando de la Rúa hasta que tensó demasiado la cuerda y no renunció a tiempo.
Chacho Alvarez, que resistía en nombre del Frepaso la reforma previsional, encontró un tema que le es muy propio, como la cruzada por la renovación política del Senado.
Liporaci tiene en sus manos un instrumento que no agotó. Puede hacerlo avanzar, con nuevas indagatorias o algún procesamiento, o dejarlo como está.
El descrédito del juez es indiscutiblemente muy amplio. La falta de mérito fue interpretada ayer por la población como un sobreseimiento. Y sólo en parte esa confusión puede achacarse a la falta de conocimiento jurídico. La verdad es que la percepción popular va por otro lado: la seguridad de que no hay presión política sobre el Senado, y de que Liporaci está lejos de representar el largo brazo de la Justicia.

ALVAREZ PEDIRA QUE EL JUEZ SE APARTE DE LA CAUSA
“Fue un indulto al Senado”

Ayer por la mañana, Carlos “Chacho” Alvarez intentó eludir a los cronistas que hacían guardia en el bar Varela Varelita, donde habitualmente le sirven el desayuno. Cuando los movileros lograron interceptarlo, se encontraron con un hombre desconocido, con los dientes apretados, de silencio férreo y lágrimas en los ojos. Después se supo que Chacho ya sabía que Carlos Liporaci había dictado la falta de mérito para los once senadores sospechados de haber recibido sobornos a cambio de votar la Reforma Laboral. El escándalo se inicio por una denuncia del propio Alvarez, y concluyó con su renuncia a la vicepresidencia de la Nación. “La decisión de Liporaci es vergonzosa”, se quejó el frepasista, quien además confesó: “Siento que mi renuncia no sirvió para nada”. El ex vice pedirá que el juez se aparte de la causa.
Horas más tarde, Alvarez distribuyó un comunicado, titulado “Indulto al Senado”, en el que expresa:
“La decisión del juez Liporaci es vergonzosa. Ya habíamos señalado el clima de impunidad imperante en el tema de los sobornos del Senado, donde por un lado no hubo la sanción política que hacía falta y por el otro lado se dejó todo en manos de una Justicia altamente sospechada.”
“La desprotección de la ciudadanía es total. Nadie puede creer que en el Senado no ocurrió lo que la sociedad percibe que pasó, y otra vez el descrédito y la degradación institucional vuelven a instalarse como un lugar común. Flaco favor les hace el juez Liporaci a las instituciones, en tanto la incredulidad y el desprestigio político se refuerzan cada día más.”
“Esta decisión va a ser claramente interpretada por muchos como un canje de favores entre un juez sometido a una investigación por enriquecimiento ilícito y los senadores sospechados de haber cobrado por aprobar la ley de empleo.”
“El juez que el 2 de septiembre de 2000 declaraba públicamente que tenía ‘indicios graves y concordantes’ para aseverar que hubo sobornos, ahora llamativamente dictamina la falta de méritos de los senadores.”
“Ahora mucha gente va a comprender el significado pleno que tuvo el gesto (su renuncia) de no haber pactado con este sistema de impunidad que hoy queda al descubierto.”
Alvarez declaró después que la resolución judicial “genera una suerte de confirmación en la conciencia de nuestros compatriotas de que cuando se investigan cuestiones que tienen que ver con el poder, o con sectores importantes de la clase política, generalmente nunca pasa nada.”
Y agregó: “Esto de que no pasa nada es lo que la gente siente desde hace casi diez años en la Argentina, lo que sintió durante toda la época menemista”. El titular del Frepaso concluyó: “Sigo creyendo en que se puede desmontar este sistema, aunque pensaba que iba a ser más rápido de lo que es, pero habrá que seguir dando la batalla para terminar con este sistema de impunidad”.

PRINCIPAL