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Por Horacio Verbitsky
 El ex detenido-desaparecido en la Escuela de Mecánica de la Armada Juan Gasparini denunció que el juez federal Adolfo Bagnasco prepara una solicitud de extradición del torturador en ese campo de concentración Ricardo Miguel Cavallo, a) Sérpico, con el propósito de impedir su envío de México a España, donde el juez Baltasar Garzón Real lo reclama para procesarlo por genocidio, torturas y terrorismo. Gasparini vive en Suiza desde que los marinos lo dejaron en libertad. Bagnasco sostiene que es un cargo de mala fe y reivindica su actuación en las causas por el robo de bebés, en las que ha procesado y detenido a diez altos jefes de la dictadura militar, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla, Emilio Massera y Benito Bignone.
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En un mensaje electrónico distribuido a una extensa lista de corresponsales, Gasparini añade que el propio Bagnasco le comunicó su propósito y le dijo que tomaría testimonio de personas torturadas por Cavallo para avalar su extradición a la Argentina. Según el ex integrante del aparato de finanzas de Montoneros la intención de Bagnasco sería declarar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, fallo que luego sería revocado por la Corte Suprema de Justicia. �La maniobra es para liberar a Cavallo, quedando el juez a cubierto por el consabido �yo hice lo que pude��, sostiene Gasparini. Bagnasco desmiente que esa fuera su intención aunque admite que había considerado, por vía de hipótesis, el enjuiciamiento en el país de Cavallo, del mismo modo que Chile reivindicó su capacidad de procesar al ex dictador Augusto Pinochet. El abogado del marino, Licinio Scelzi, es quien solicitó a Bagnasco que se opusiera a la extradición de su defendido a España y pidiera al gobierno de México que lo enviara a la Argentina, en defensa de la �soberanía política�. Los fiscales Paulo Starc y Guillermo Montenegro dictaminaron que Bagnasco no es el juez competente para resolver. Adujeron que la causa de la ESMA, en la que Cavallo fue acusado en febrero de 1987 por el fiscal Julio Strassera, sigue en la Cámara Federal que la instruyó. Ese tribunal no llegó procesar a Cavallo, porque antes fue sancionada la ley de obediencia debida que paralizó las actuaciones. Tampoco desestimó la acusación fiscal.
La conversación
Esta semana el juez mexicano Jesús Guadalupe Luna Altamirano debe expedirse sobre la solicitud de Garzón, quien al mismo tiempo está esperando que se resuelva una recusación interpuesta por el arrepentido de su arrepentimiento Adolfo Scilingo. Scelzi requirió a Bagnasco que habilitara la feria de enero y enviara las actuaciones a la Cámara. Bagnasco reconoce haber conversado con Gasparini, a quien le preguntó si aparte de secuestrarlo, Cavallo lo había torturado, porque en ese caso considera que se trataría de un delito de lesa humanidad, imprescriptible e inamnistiable. Pero afirma que nunca pensó en una resolución de urgencia, que pudiera oponerse al pedido del magistrado español. Bagnasco no está seguro de que hoy la Corte Suprema frustraría la reanudación de los juicios penales por delitos cometidos durante la guerra sucia militar contra la sociedad argentina, dado el nuevo cuadro de situación creado en los últimos años. En ese sentido, menciona la resolución de la Corte que en pocos días desechó la pretensión castrense por extraer de la justicia la causa por la sustracción de menores y derivarla a los tribunales administrativos con que los militares controlan la disciplina en los cuarteles. Bagnasco los comparó con el tribunal de penas de la AFA y pese al furor del Ejército, la Corte Suprema le dio la razón. El mismorazonamiento sobre la viabilidad de que las leyes de impunidad fueran consideradas nulas había adelantado el juez a otras personas, antes de conocerse la carta de Gasparini.
Del dicho al hecho
Cavallo fue detenido el 24 de agosto pasado cuando intentaba abandonar México, luego de que el diario �Reforma� lo identificara como uno de los integrantes del grupo de tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada. Recogió para ello testimonios de varias de sus víctimas y obtuvo copia de la documentación que en la ESMA falsificó para Cavallo el ex detenido-desaparecido Víctor Basterra. Garzón solicitó su extradición, que el gobierno del presidente José María Aznar tramitó ante México. El gobierno argentino declaró que sólo prestaría asistencia consular al detenido, sin politizar el caso, a diferencia de lo que hizo Chile cuando Pinochet fue arrestado en el Reino Unido. Esa posición fue sostenida sin matices diferenciales por el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, por el Canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y, durante una conferencia de prensa ofrecida durante su visita a México, por el propio presidente Fernando De la Rúa. Pero al mismo tiempo y sin estridencia, el Poder Ejecutivo organizó la movida secreta para rescatar a Cavallo bajo la apariencia de legalidad de la que tanto se precia la Unión Cívica Radical, aunque para ello debiera limpiarse la boca con la misma servilleta que el anterior gobierno y calcar la maniobra que en la década pasada salvó de su extradición a España a la cuñada expresidencial Amira Yoma, a quien el mismo juez Garzón quería juzgar por lavado de narcodólares.
El Cuñadísimo
Quien primero se interesó por la suerte de Sérpico fue su camarada de armas, el almirante Basilio Pertiné. El entonces Secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes comisionó la tarea al abogado histórico de la SIDE Fernando Archimbal, quien discutió los detalles del plan con la camarista federal Luisa Riva Aramayo. Para supervisar la operación se acudió a un hombre de extrema confianza personal del propio presidente Fernando De la Rúa, Miguel Almeyra, quien fue durante años su adjunto en la cátedra de Derecho Procesal, y el defensor de sus hijos Antonio y Fernando en la causa en la que se investigó la legitimidad de sus exámenes universitarios. Almeyra es asesor del ministerio de justicia, pero no fue esa la línea de mando actuante.
Los emisarios analizaron con Riva Aramayo la posibilidad de abrir una causa contra Cavallo en Buenos Aires por la apropiación de bienes de los secuestrados, delitos cuya persecución las leyes y decretos de impunidad no cerró. Esto permitiría oponer un pedido de extradición argentino al español. La publicación de todos los detalles de la operación en esta página el 22 de octubre pasado abortó el intento. El elegido juez Gustavo Literas, quien lleva la causa por la denuncia de Federico Gómez por el secuestro de su padre, Conrado, cuyos bienes fueron saqueados por el grupo de tareas de la ESMA, resolvió no aceptar la propuesta indecente, se declaró inocente de la estratagema y pidió que se investigara su existencia y la posible comisión con ella de un delito de acción pública.
La mochila
A raíz de ese fracaso, el propio Sérpico solicitó ser juzgado en la Argentina, mediante un poder otorgado a su padre, Oscar Cavallo, quien a su vez designó a un abogado que trabajó en causas significativas para la conducción del Ejército. Scelzi fue el defensor de los generales Leopoldo Fortunato Galtieri, Ramón Genaro Díaz Bessone y Luciano Adolfo Jáuregui en el expediente por los crímenes cometidos bajo su mando en el Cuerpo II de Ejército, y consiguió beneficiarlos con la ley de obediencia debida.También asistió al jefe de Estado Mayor del período 1991/99, Martín Balza, en la causa por la venta clandestina de armas a países en guerra. Al retirarse del servicio activo, Balza cambió de defensor. La Fuerza Aérea también requirió los servicios de Scelzi, cuando el brigadier Basilio Arturo Lami Dozo fue juzgado por las responsabilidades penales en la conducción de la guerra del Atlántico Sur. Para exculparlo cargó contra la Armada y fustigó el repliegue de la Flota de Mar y la negativa de la Aviación Naval a colocar bajo dependencia de la Fuerza Aérea Sur los medios aéreos desembarcados del portaaviones 25 de mayo. Dados esos antecedentes es dudoso que su designación provenga de la Armada y reduce el círculo de sospechosos al gobierno y el Ejército, cuyo jefe, Ricardo Brinzoni, toma como modelo a su antecesor Héctor Ríos Ereñú, autor del concepto de la �batalla jurídica�. Es decir solidarizarse del modo más explícito que la relación de fuerzas permita con los militares procesados por graves delitos, lo cual carga esa pesada mochila a las espaldas de la enorme mayoría de oficiales que comenzaron su carrera después de la guerra sucia. El letrado del torturador Cavallo considera que fue detenido en forma arbitraria y que ello viola la Declaración Universal de Derechos Humanos. También cita el Pacto de San José y el de Derechos Civiles y Políticos y amenaza con recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde sin duda sería recibido con curiosidad. El escrito de Scelzi también invoca el derecho de gentes para reivindicar el .principio de territorialidad. y cita el Tratado Internacional de Extradición de Montevideo, de 1933, según el cual cuando diversos estados pidan la extradición de un individuo por el mismo delito �se dará preferencia al Estado en cuyo territorio éste se haya cometido�. Ingeniosa construcción que pasa por alto la ostensible falta de voluntad del Estado argentino por castigar esos delitos. Se entiende por qué era necesario que un magistrado argentino manifestara su decisión de juzgar al reo, para oponerse a la solicitud española.
Forum shopping
La presentación de Scelzi no se dirigió al presidente de la Cámara de Apelaciones sino al jefe de la Policía Federal, comisario Rubén Santos. La Cámara hubiera dispuesto un sorteo para determinar qué juez debía entender en ella. El jefe de la Policía Federal remitió la denuncia al juez de turno con el Departamento Central, que en ese momento era el titular del juzgado federal 7. De este modo el expediente llegó a Bagnasco. Este sistema de elección de magistrado a voluntad se conoce como �Forum Shopping� y se utilizó en casos con resonancias políticas y económicas de primer orden, como la disputa por honorarios de cuatro millones de dólares entre el ex ministro de Obras y Servicios Públicos Roberto Dromi y su jefe de gabinete Juan Carlos Cassagne; la denuncia del banquero menemista Raúl Juan Pedro Moneta por extorsión contra un ex socio que intentaba cobrarle una deuda y la autodenuncia de Amira Yoma. El mismo abogado Archimbal fue uno de los operadores de este último caso y la misma Riva Aramayo fue la camarista que dispuso el desprocesamiento de la ex secretaria de audiencias de la presidencia en aquella causa, por lo que conocen bien el know how. El engolado Scelzi intenta encubrir con grandes principios su preferencia por el Departamento Central y el jefe de la Policía Federal: Santos es el único funcionario que por ley está obligado a notificar de la presentación tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial, lo cual implica la ventaja del doble control, dada la urgencia del caso, pretende.
La promesa
Bagnasco admite que para elegirlo con ese método tan connotado, los representantes del marino debieron tener alguna promesa acerca de la receptividad que encontrarían, pero no se siente comprometido a honrarla,como si alguien hubiera invocado su nombre en vano. Según el juez, cuando le tocó intervenir en el expediente por la sustracción de hijos de detenidos-desaparecidos y la substitución de su identidad, sus intenciones también provocaron recelos en los organismos de derechos humanos. Añade que cuatro años después mantiene detenidos y procesados a una decena de sus responsables de distintos niveles, desde aquellos que diagramaron el plan y dieron las órdenes, como los ex comandantes en jefe Massera, Bignone, Cristino Nicolaides y Rubén Franco, hasta ejecutores directos como Jorge Eduardo Acosta a) Tigre o el prefecto Héctor Febres. En un complejo nivel de diálogo, en el que al mismo tiempo refuta el señalamiento de Gasparini y argumenta en favor de la plausibilidad de algunos de sus tramos, Bagnasco se hace cargo de que la causa de Cavallo no es la más apropiada para reivindicar la jurisdicción nacional frente a la universal que representa el juez Garzón. Pero es la única en la que podría hacerlo, explica.
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Tres relojes
Ricardo Miguel Cavallo, Sérpico, detenido en México. España pidió su extradición. |
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Por H. V.
Bagnasco no puede avanzar en la causa sin un requerimiento del fiscal. Hasta ahora no lo ha obtenido. Tampoco tiene la causa, que está en la Cámara Federal. El fiscal adjunto Paulo Starc dispuso una serie de medidas preliminares. Entre ellas una consulta con la Cámara Federal. Su actual presidente, Eduardo Luraschi respondió que en la causa 761 de ese tribunal, que corresponde a la ESMA, se investigaron los asesinatos de Olga Delia Aldaya y Mónica Edith Jáuregui y los tormentos a Thelma Dorothy Jara, hechos en los que habría intervenido Cavallo. Mónica Jáuregui era la mujer de Gasparini, según cuyo relato fue asesinada por los marinos mientras él debía permanecer con Cavallo frente al departamento en un auto operativo. Luraschi añadió que el fiscal solicitó el procesamiento de Cavallo pero que la Cámara nunca llegó a disponerlo. De los tres casos, la Cámara Federal sólo tomó declaraciones indagatorias sobre el de la señora Jara de Cabezas. La acusación por la que Garzón pidió a México que extradite a Sérpico es algo más voluminosa: lo considera responsable de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, de 264 desapariciones y 159 secuestros y tormentos de personas que luego quedaron en libertad, de reducción a la servidumbre de los detenidos forzados a trabajar para los marinos en la central de inteligencia del grupo de tareas y por coordinar los actos represivos del Centro Piloto de París.
El 14 de diciembre, Starc dictaminó que Bagnasco debía declararse incompetente para seguir interviniendo y que la Cámara era el tribunal llamado a decir si era de aplicación en ese caso la ley de punto final. Dos semanas más tarde, el 27 de diciembre, Bagnasco desechó ese criterio por considerarlo prematuro. Según el juez faltaban realizar .medidas procesales vitales para la circunscripción de los hechos detallados en la presentación inicial, debiendo ahondarse sobre la instrucción del sumario. y analizarse en forma exhaustiva los expedientes mencionados por la Cámara Federal.
El 28 de diciembre el titular de la fiscalía, Guillermo Montenegro apeló la decisión de Bagnasco. Le recordó que el ministerio público no había instado la acción penal por considerar vigentes las leyes de punto final y obediencia debida y sostuvo que sería un sinsentido que Bagnasco procesara a Cavallo en virtud de los mismos hechos por los cuales no lo hizo la Cámara la década anterior. Por eso, �los planteos de la defensa deben ser efectuados ante las autoridades mexicanas, a disposición de quienes está detenido. Cavallo, dijo. Montenegro consideró que no restaba realizar medida alguna y reiteró el planteo de Starc, para que la Cámara dictaminara. Añadió que era ante ese tribunal que Cavallo debió presentar su pedido de extradición, a riesgo de �la grave posibilidad de abrir dos procesos paralelos por hechos idénticos�. Como conclusión solicitó a Bagnasco que elevara las actuaciones a la Cámara. En ese momento comenzó la feria judicial.
Al mismo tiempo, en España, Adolfo Scilingo, quien integró con Cavallo el grupo de tareas de la ESMA, recusó a Garzón por supuesta parcialidad, demostrada entre otras cosas por la amistad con Ernesto Sábato. Adhirió al planteo la fiscalía de la Audiencia Nacional, que se opuso a todos y cada uno de los pasos procesales de Garzón. Ahora debe decidir un colega de Garzón, Guillermo Ruiz Polanco, el mismo que lo reemplazó en agosto durante sus vacaciones y que solicitó la detención preventiva de Cavallo en México, �a efectos extradicionales�. Cualquiera sea el resultado, la apelación recaerá en la sala penal de la Audiencia, aquella que por unanimidad avaló la competencia de Garzón, confirmó la jurisdicción universal y los procesamientos y pedidos de extradición dispuestos. Si el juez Luna Altamirano se pronuncia en favor de la extradición solicitada por el gobierno español de José María Aznar, el gobierno mexicano deVicente Fox tendrá cerca de un mes para resolver, y Cavallo alrededor de un año para apelar si lo resuelto no lo complace, tal como ocurrió con Pinochet en Londres.
En su primer escrito de 2001, Scelzi reclamó a Bagnasco que habilite la feria y remita el expediente a la Cámara para que resuelva la discrepancia entre el juez y los fiscales ante �el riesgo� de que un inminente pronunciamiento mexicano �frustre los derechos constitucionales� de Sérpico. La modorra veraniega del juzgado, al que Bagnasco se reintegró luego de su luna de miel y que atenderá durante todo enero, no parece apuntar en esa dirección. Pero todos los relojes corren en forma simultánea, como lo indican las previsibles apelaciones en México por la extradición y en Madrid por la recusación a Garzón. |
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