Cartas, aprietes, concesiones

Por D. C.

Días antes de abandonar el poder, el gobierno menemista autorizó la designación de 13 nuevos titulares de registros del automotor. Pero los nombramientos fueron frenados por el Ministerio de Justicia en cuanto la Alianza asumió el poder. El entonces subsecretario de esa cartera, Carlos Balbín, ordenó investigar quiénes eran las personas beneficiadas y suspendió toda nueva designación. Sin embargo, con la asunción de Jorge de la Rúa en ese Ministerio, las cosas empezaron a cambiar. Página/12 pudo saber que es inminente la aprobación de los expedientes aprobados poco antes que Carlos Menem dejara la Casa Rosada y que se estudian nuevos nombramientos.
La entrega de registros a amigos o familiares de políticos fue una práctica usual durante el menemismo, administración durante la cual la explotación de este negocio llegó a niveles notables. De hecho, se crearon 398 delegaciones, más del doble de las existentes. Pero el uso que personas influyentes hicieron de esta actividad no se limita al menemismo. Políticos radicales, del Frepaso y hasta jueces –como Luisa Riva Aramayo, José Luis Ventimiglia y Rodolfo Rivarola– y militares –el hijo de Martín Balza– participan de un negocio que en la actualidad deja ganancias de hasta 150 mil pesos anuales, pero que en momentos de mayores ventas de autos llegó a redituar hasta 400 mil pesos.
Susana Rico buscó ayuda por distintas vías para impulsar su denuncia y protegerse. Una de ellas fue remitir una carta personal al presidente del radicalismo, Raúl Alfonsín, quien conocería de cerca el tema de los registros del automotor y tendría contactos importantes en la Dirección Nacional. El pedido de ayuda fue acompañado por el abogado de Rico, Oscar Torres Avalos, un conocido diplomático radical que recientemente fue designado embajador en Cuba. Después de tres meses de remitida la nota, Rico recibió una respuesta. Margarita Ronco, secretaria privada de Alfonsín, le informaba que “por expresa indicación” de su jefe le daba a conocer la “acusación de recibo de su carta”. Pero le decía que “no será posible conceder la entrevista, ya que sus actividades como vicepresidente de la Internacional Socialista para América latina y como presidente de la UCR lo obligan a viajar casi de continuo al exterior e interior del país”.
Rico también envió cartas a Fernando y Jorge de la Rúa. El Presidente nunca contestó, en tanto que el ministro de Justicia la derivó a una funcionaria del Ministerio. “Me dijeron que van a seguir estudiando el caso, y que mientras tanto me quede en mi casa”, comentó Rico a Página/12. “Parece que me estuvieran cargando”, concluyó, sin disimular su enojo.

El sábado 30 de diciembre, leí en Página/12 un comentario respecto de la llamada que me hiciste para conocer sobre mi estado de salud. Según leí te convenciste de que estaba en perfectas condiciones porque, en el intercambio del breve diálogo, empecé a criticar al gobierno. El remate fue un bueno..., está bien, pero “¿cómo se lleva a la práctica?”. La pregunta es, en esencia, la que motiva el interés de la respuesta. Es de tu conocimiento que el Partido Socialista Democrático estuvo siempre en total desacuerdo con la política neoliberal heredada y que, en forma unánime, todos los representantes de los partidos nos opusimos en las conclusiones arribadas en el Instituto Programático de la Alianza. ¿Por qué fue tan categórico el rechazo a esa política económica que venimos padeciendo durante algo más de una década? Porque habíamos constatado el fracaso del modelo económico y de su consecuente “pensamiento único”. Todos sacábamos las mismas conclusiones: que el publicitado éxito de los resultados macroeconómicos –saludado eufóricamente por la gran mayoría de los gurúes locales– no había impedido la agudización de los desniveles de desempleo, de pobreza, de marginación y de la regresiva distribución del ingreso de los habitantes de la República que, como la nuestra, está relegada a la periferia del sistema. ¿Cómo se logra revertir el estado actual y todas las trampas de esa supuesta democracia del mercado? Los socialistas democráticos lo dijimos con toda claridad cuando nos tocó intervenir en el debate sobre el presupuesto nacional. Al referirnos a los antecedentes de nuestra propuesta, –que registra el diario de sesiones– expresábamos que la brecha entre los más ricos y los más pobres se había duplicado en los últimos 30 años. La afirmación resultaba evidente a partir de 1975 con el “Rodrigazo” y sus fieles continuadores, los doctores José Alfredo Martínez de Hoz, ideólogo económico del terrorismo de Estado y Domingo Felipe Cavallo. También sosteníamos que el aumento de los pobres coincidía con el incremento del proceso de urbanización que tiende a la concentración de la población en las ciudades, en particular en las más grandes. No era de extrañar entonces que la grave crisis de subsistencia en una población urbana creciente y el fenómeno de exclusión social, generara altos grados de desesperanza e impulsara a la violencia, en todas sus características, hasta constituir un obstáculo casi insalvable para la convivencia, por la enfrentada contradicción social. Dejando de lado los análisis expuestos sobre los U$S 140.000 millones de la deuda externa, además del monto total que corresponda a la deuda de las provincias, recordamos las palabras del presidente de la UCR doctor Alfonsín –”qué lindo sería no poder pagar la deuda por dos años”– y las respuestas del doctor Machinea –”hacen mucho daño” y del presidente de la República doctor De la Rúa– “hay temas que mejor no hablar. Teniendo en cuenta que desde el 24 de marzo de 1976 el país se vio sometido a la voluntad del FMI y cuyos funcionarios fueron responsables, directa y activamente en aquellas negociaciones –hoy cuestionadas por el fallo del juez federal Jorge Ballestero– no sería utópico ni absurdo que si realmente los acreedores quieren percibir el dinero de sus préstamos, deban adaptar sus pretensiones y eliminar todo condicionamiento a la política que entre todos acordamos en la Alianza. Decimos que toda la operatoria del Gobierno por lograr confianza en el exterior, perseguía un solo objetivo “honrar la deuda”. ¿Cuál es el objetivo oculto de las autoridades para lograr también confianza y credibilidad de los ciudadanos y habitantes de la República? Si desde abril de 1991 hasta agosto de 1994 el doctor José Luis Machinea criticó duramente al Plan de Convertibilidad que instauró el doctor Cavallo y en el mes de noviembre de 2000, reconoce que el camino correcto es haber adoptado la Convertibilidad para terminar con la inflación, ¿a qué Machinea hay que creerle? ¿Al de ayer o al de hoy, que nos impone un régimen superdependiente del ingreso de capitales y por lo tanto del endeudamiento externo? ¿Dónde ha quedado la imaginación llevada al poder,que en mayo del ‘68 los franceses habían esgrimido ante el mundo, como oposición al único camino, la única solución y la única alternativa?
¿Por qué no establecer un programa nacional de ingreso mínimo garantizado para todas las familias, de modo que ningún argentino viva con ingresos por debajo de la pobreza, como lo propusiera la Central de Trabajadores Argentinos? ¿Por qué no encarar un programa de creación de empleos, estimulando la formación de empresas insertas en la economía social y fortaleciendo las redes entre las Pymes entre sí y entre éstas y las grandes empresas exportadoras? ¿Por qué no propiciar un plan nacional de promoción social que debe integrarse con acciones interrelacionadas con las áreas de salud, educación, recreación y cultura, de modo tal que se proporcione a todos los habitantes sin excepción? ¿Por qué no poner en marcha un plan nacional de infraestructura y vivienda popular que tenga como objetivo un programa consensuado de inversiones públicas? ¿Por qué no conformar un plan integral de defensa de los productores nacionales que apunte a complementar el plan nacional de creación de empleo, poniendo énfasis en el apoyo a los procesos de reconversión de la actividad productiva de capital nacional? Para ello es prioritario combatir las maniobras de dumping y contrabando y, la práctica monopólica en los mercados de comercialización de los grandes intermediarios. ¿Por qué no pensar en la transformación integral del sistema impositivo que le incorpore a éste un sesgo decididamente progresivo, disminuyendo el IVA y reemplazándolo por impuestos a los grandes beneficios y a la riqueza no productiva? ¿Por qué no proponer en una nueva política con respecto de las empresas de servicios públicos privatizados y revisar en profundidad los marcos regulatorios y las tarifas de los contratos de concesión, excesivamente elevadas, como consecuencia de negociaciones irregulares y/o con alta dosis de corrupción? ¿Por qué no reformular el sistema financiero local, consolidando la banca nacional estatal, privada y cooperativa, aún subsistente, fijando criterios de manejo de la política por medio del Banco Central, para reducir drásticamente el costo del crédito y ampliar la oferta de recursos financieros a los sectores hoy excluidos? ¿Por qué no modificar nuestra participación en el Mercosur e impedir que siga siendo el espacio de los grandes negocios, para que se convierta en un área de promoción privilegiada de las pequeñas y medianas empresas de la región y que además incluya la protección de los derechos de los trabajadores de los cuatro países por intermedio de una Carta Social?
Claro está, estimado amigo, para que la imaginación se asiente en el poder y tenga proyección institucional hay que pensar en el pueblo y organizar una sociedad justa e igualitaria.

* El diputado socialista Alfredo Bravo escribió esta carta en respuesta a declaraciones del vocero presidencial.