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Todo lo que debería
hacer el Gobierno, pero no hará
Hablar con un economista de ideas propias, apartado del discurso
dominante, implica dos riesgos. Y ambos ocurrieron en este caso.
El primero es que no muestre euforia alguna por las posibilidades
que abren el blindaje y algún otro buen viento que hoy sopla
desde el Norte. El segundo es que, tras expresar espontáneamente
sus ideas, prefiera no ser identificado por las complicaciones que
le ocasionaría. Ante lo cual el periodista debe pedirles
a sus lectores que le crean que el material que sigue proviene de
uno de los consultores más apreciados de la plaza, y no de
su propia imaginación. Es vino de buena cepa, aunque no pueda
revelarse la bodega. Aquí va, servido en algunas copas.
 Los insumos y los servicios
provenientes de mercados de competencia restringida (más
exactamente, los combustibles y los servicios públicos) explican
en promedio un 18 por ciento del total de los costos de los sectores
productivos. Sumando impuestos como el de la renta presunta o el
que grava los intereses (ahora en paulatino desmontaje) se abarca
otro 6% de los costos. Un 8% adicional proviene de los servicios
financieros. Así, casi un tercio de los costos productivos
sufre una severa distorsión, que afecta la posibilidad de
competir y la rentabilidad de los proyectos.
El Gobierno está
entusiasmado con lo que llama “inversión inducida”,
una política que consiste en extender concesiones y privilegios
a las privatizadas a cambio de promesas de inversión, y cuya
consecuencia es descolocar cada vez más al resto de los sectores.
Los recientes aumentos en los trenes y el agua se aprueban con el
insólito propósito de que los usuarios les financien
las inversiones a las privatizadas. ¿Es ésta la única
forma de lograr que inviertan, o habría maneras de presionarlas
desde el Estado, considerando que tienen intereses muy fuertes en
el país? Todo depende de la actitud con que negocie el Gobierno.
Este no termina de comprender
que la Argentina se ha vuelto en los últimos años
un país muy caro, y que es urgente bajar sus costos. En vez
de enfocarlo así, todo lo miran a través de un prisma
político, y venden como un logro acordar un aumento de tarifa
menor al que habían negociado los menemistas. Sin embargo,
la cuestión no es que la tarifa suba menos sino que baje,
porque si no la situación se volverá insostenible.
Pero Machinea compró de entrada el discurso de la baja del
riesgo país como panacea. Con ese espejismo, lo último
que quería era pelearse con las transnacionales de servicios
públicos, y menos aún con los banqueros. Y así
le fue.
Si se encarara globalmente
el problema de la competitividad, se estarían eliminando
distorsiones que también afectan, por otro costado, a las
privatizadas, como los impuestos distorsivos y los abusivos costos
financieros. Esto volvería más fácil obtener
reducciones en las tarifas.
La banca suele justificar
sus enormes márgenes (spreads) entre las tasas de interés
que paga y que cobra, además de las comisiones, por los elevados
requisitos de liquidez (dinero que deben mantener a mano para defenderse
de una eventual corrida de depositantes) que le impone el Banco
Central. Pero el objetivo del Gobierno no puede consistir en que
en el 2003 lo aplaudan porque preservó la solidez del sistema
financiero. Debería en cambio conseguir que lo feliciten
porque el spread bajó de 12% anual a 5, y la comisión
promedio por mantener una cuenta corriente ya no sea de $ 500 anuales,
un valor descabellado.
¿Para qué
sirve tener el 60 por ciento del sistema financiero extranjerizado
si, encima, se le imponen los requisitos de liquidez más
altos del planeta? Estamos en el peor de los mundos: desnacionalizamos
la banca, pero la tratamos como si todavía estuviera formada
por frágiles banquitos locales. Evidentemente, ya no tiene
sentido diferenciarnos de otros países en encajes y capitales
mínimos. Otra excusa de los bancos para cobrar lo que cobran
son los créditos incobrables y la inoperancia de la Justicia
cuando intentan recuperarlos. Este, como otros problemas, hayque
atacarlo con convicción si se comprende la urgencia de bajar
los costos financieros.
Las AFJP son un gran
invento argentino, indefendible desde el punto de vista de la eficiencia
global de la economía. Cavallo ideó este esquema cuando
en 1993 había conseguido superávit fiscal y la economía
venía creciendo al 7% anual, y él creía que
eso seguiría así para siempre. Además, según
confiaban en su círculo íntimo, querían esconderle
el superávit a los políticos. No pensaban permitir
que Eduardo Bauzá se los manoteara. Lo que no vieron Cavallo
ni Juan Llach ni los demás fue que cuatro meses después
de la reforma previsional estallaría el Tequila, y desde
entonces la Argentina casi dejó de crecer. El hecho es que,
a partir de la reforma, el Gobierno pierde de recaudar $ 4500 millones
anuales, que van a las AFJP. Además, éstas se tragan
vía comisiones un tercio de los aportes de los trabajadores,
plata que se guardan o gastan en marketing. Pero como todas invierten
en lo mismo (básicamente títulos públicos y
plazos fijos), ¿en qué se diferencia Consolidar de
Siembra o cualquier otra? ¿Cuál es la productividad
social de todo este costosísimo sistema?
Cuando hicieron los números
de la reforma, en 1994, los cavallistas pronosticaron que el déficit
de la Seguridad Social sería en el 2000 de $ 500 millones,
pero superó los 7000 millones porque fallaron todas las proyecciones
(crecimiento, empleo, salarios y evasión de aportes). Esto
explica la reciente nueva reforma, con la poda de la PBU.
¿Confiar en la
reducción de costos para evitar la catástrofe de la
convertibilidad es sólo esquivar el bulto? En todo caso,
es asegurarse que un eventual abandono del 1 a 1 con el dólar,
pasando a la flotación cambiaria, no sería tan traumático.
Si el país logra bajar significativamente sus costos, detonando
una nueva ronda de inversiones, el dólar no se iría
a más 1,20. Ni siquiera haría falta una formal devaluación
del peso, que se depreciaría manejablemente. Pero si el país
mantuviera el actual nivel de costos y en determinado momento quisiera
corregir todo a través de una devaluación, la salida
sería explosiva. Tanto para defender la convertibilidad como
para preparar el escenario de una futura flotación hace falta
atacar el problema de los costos.
También hay que
propinarle un fuerte envión a la demanda, tanto de consumo
como de inversión. Y existen formas de hacerlo. Una podría
consistir en bajar por dos años a la mitad, del 11 al 5,5
por ciento, los aportes de los afiliados a las AFJP. Ello equivaldría
a aumentarle a la gente casi un 6 por ciento su sueldo de bolsillo,
para que cada uno decida gastarlo o no. Si prefiere ahorrarlo para
su jubilación futura puede hacerlo. Pero lo más probable
es que ayudaría a sacar a la economía del estancamiento
y a cambiar las expectativas. Sería la primera vez que el
Gobierno le metería la mano en el bolsillo a la gente para
ponerle plata.
Si la Argentina no baja
sus costos, seguirá languideciendo. Hacia ese objetivo se
puede avanzar gradualmente, lo cual sería muy doloroso, o
mediante un shock competitivo que ataque en todos los frentes a
la vez. Hoy nadie de arriba habla de esto porque las empresas a
las que les va bien y están con plata son las que disfrutan
de los privilegios. En un escenario donde realmente caigan los costos,
la Argentina no tendría problemas en financiarse afuera,
por tres o cuatro puntos de su PBI anualmente, a tasas razonables.
Pero teniendo en cuenta el punto de partida, que es un déficit
en cuenta corriente de 3,5 por ciento del Producto después
de dos años y medio de recesión, la única chance
de crecer sostenidamente es hacerlo de la mano de las exportaciones.
De otro modo, el estrangulamiento externo acabaría rápidamente
con el crecimiento.
Aunque parezca que el
país tiene por delante una agenda muy complicada, en realidad
sólo se trata de poner un poco de sensatez en una economía
absurdamente distorsionada. ¿Es esperable que el Gobierno
de De la Rúa y este equipo económico hagan el trabajo?
No, definitivamente no. En temas como el de las empresas de servicios
públicos están caminando exactamente al revés.
Machinea, ahora que consiguió el blindaje, habla como si
hubieseganado la final del mundo. Y en realidad sólo logró
escapar del default y tiene todo por hacer. Puede que con mucho
viento a favor desde afuera sobreviva este año. Pero si la
economía no arranca de inmediato, De la Rúa no va
a esperar más allá de abril para echarlo. En ese momento
lo pondría a Cavallo para ver si revierte las cosas a tiempo
para las elecciones de octubre. Entre perder todo el poder o darle
un pedazo a Cavallo, preferirá esto último.
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