Página/12

El Gobierno liberó el secreto de los fondos de la SIDE, instruyó a sus funcionarios para que se pongan a disposición de la Oficina Anticorrupción y de la Justicia, impulsó la renuncia de los senadores que ocupaban cargos como jefe de bloque y presidente provisional del Senado. Este rosario de buenas intenciones –un claro mensaje al ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez– formó parte de la exposición del ministro del Interior, Federico Storani, en la segunda jornada de la reunión del gabinete ampliado en la quinta de Olivos y fue la reivindicación de la política del Gobierno frente al escándalo de las presuntas coimas a los senadores que terminaron aprobando la ley de Reforma Laboral.
El discurso de Storani fue el cierre de la exposición de su equipo y todos entendieron que estaba dirigido al ex vicepresidente, quien viene criticando en todas sus exposiciones públicas la falta de voluntad del oficialismo por impulsar el esclarecimiento de las supuestas coimas en la Cámara alta. “En el sistema político nadie alzó la voz para criticar el fallo del juez (Carlos) Liporaci. Todos quieren que el tema del Senado pase rápido al olvido, todos miran para otro lado”, dijo ayer el líder frentista en un reportaje realizado en Radio Ciudad.
Ninguno de los presentes tuvo preguntas ni comentarios que hacer, un hecho que sucedió con la mayoría de las exposiciones, pero que en la de Storani fue más notorio. Solamente intervino el actual titular del Senado, el misionero Mario Losada, que recordó que desde el Senado se le acercaron a la Justicia todos los datos reclamados.
“Fue una típica reunión en la que se rinde examen ante su jefe, por eso los proyectos que se presentan tienen más optimismo que definiciones concretas”, comentó a Página/12 uno de los asistentes, tratando de explicar el clima del encuentro del gabinete ampliado. En ese clima, casi sin preguntas, era lógico que las polémicas se alejaran de la estridencia y se plantearan con sutilezas y buenos modales.
Las diferencias entre los socios de la Alianza volvieron a plantearse cuando llegó el turno de la exposición del secretario de Pymes, el frepasista Enrique Martínez, quien no dejó pasar por alto las opiniones que ayer había sostenido el ortodoxo economista de Fiel y ministro de Defensa, Ricardo López Murphy.
Luego de sostener que “los problemas de competitividad y empleo se originan en déficit de productividad”, el economista frentista criticó la evaluación que el día anterior había realizado López Murphy. El discurso del titular de Defensa resaltaba que el gasto público y la falta de competitividad eran los principales déficit que tiene el país. Para resolverlos, López Murphy criticó la regulación estatal en la economía.
A modo de respuesta, Martínez criticó la desregulación como herramienta que favorezca la competitividad de las industrias locales en el exterior. En este punto, el secretario de Pymes recordó que cuando el ex gobernador, Ramón “Palito” Ortega, desreguló la industria azucarera, terminó de sepultar a un sector que estaba agonizando.
“El discurso de López Murphy fue un típico ejemplo de fundamentalismo liberal”, comentó a este diario uno de los funcionarios presentes en el quincho de Olivos. “Su exposición es más una prueba de contrabando ideológico que un discurso dominante. Por suerte es un discurso en extinción. Lo terrible es que López Murphy todavía no se dio por enterado de que esas posiciones están en retroceso”, concluyó.
Ante la ausencia del ministro de Economía, José Luis Machinea, que se encuentra en un viaje oficial por el exterior, el secretario de Hacienda, Mario Vicens, tuvo a su cargo el informe del equipo económico. Vicens explicitó que compartía en un todo los puntos de vista de Martínez. Tanto fue así que algunos vieron cómo Vicens borró de su discurso escrito la palabra “desregulación” utilizada para hablar del fin del período de exclusividad en el servicio telefónico. Sutiles en esta ocasión, lasdiferencias son la constante en la relación de los dos socios aliancistas, acentuadas últimamente por las opiniones críticas de Chacho Alvarez.

DE LA RUA QUIERE GARANTIAS DE 180 DIAS DE CLASE
La alianza por la educación

El presidente Fernando de la Rúa le pidió al Congreso que le dé prioridad al proyecto de ley enviado por Educación para que se garanticen, por lo menos, 180 días de clase en todo el país. “Día de clase que se pierde, día de clase que habrá que recuperar”, dijo el ministro Hugo Juri al defender la iniciativa, que para ser realidad tendrá que contar con el aval de las provincias, responsables directas del sistema educativo. El año pasado, el gobierno presentó como un logro que se alcanzaron en promedio 177 días, cifra que está muy lejos de la media de Francia y Japón que llegan a los 220.
En la carta enviada al Congreso, De la Rúa destacó que “el cercenamiento de los ciclos lectivos ha provocado un daño significativo a las posibilidades de aprender de los alumnos y de las alumnas, quienes se han visto privados de su derecho de recibir un servicio educativo de calidad equivalente a los de aquellas jurisdicciones en las que las clases se hubieran impartido con normalidad. Así, los niños y jóvenes resultan víctimas de una situación de injusticia y desigualdad inadmisible que debe ser erradicada a través del accionar conjunto de las autoridades educativas de todos los niveles”.
Dentro de esa misma estrategia, el Ministerio de Educación acordó con
Formosa, Chaco, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Misiones y Corrientes empezar en febrero con el plan “Más escuelas”. Esas provincias son las que obtuvieron los peores resultados en las pruebas de evaluación y el objetivo es reforzar los conocimientos de Lengua y Matemática en el primer grado de la Educación General Básica y en el octavo año (equivalente al primer año del secundario). La deserción se concentra mayoritariamente en esos años.
Para afrontar esa política compensatoria, la Nación negoció con las provincias un plus salarial de entre 80 y 100 pesos para los docentes. Corrientes fue en el ‘99 el antiejemplo de un ciclo lectivo normal. Por el incumplimiento en el pago de salarios enmarcado en el conflicto político y económico que padeció la provincia, los chicos tuvieron sólo 55 días de clase en promedio y pasaron de año por decreto. El año pasado se puso en práctica un programa de recuperación que permitió el dictado de 206 días. Este año aspiran a repetir la experiencia.
El proyecto elaborado por Educación prevé que cada jurisdicción tendrá libertad para decidir cómo recuperar los días perdidos ya sea por paros docentes, jornadas de capacitación o cualquier otra circunstancia. Se pretenden garantizar 720 horas en los 9 años obligatorios de la Educación General Básica (EGB) y 810 horas en el Polimodal (los últimos tres años del secundario). Adelantar el inicio del ciclo lectivo, acortar las vacaciones o dar clases los sábados integran el menú a negociar entre gremios y gobiernos en cada provincia.
En rigor, los calendarios escolares promedian en teoría los 180 días de clases pero la práctica llega a modelar realidades que desafían el más elemental sentido común: el año pasado Tierra del Fuego redujo a 138 jornadas el año escolar como contrapartida de la reducción salarial del 30 por ciento aplicada a los maestros y profesores. El proyecto elaborado por el Ejecutivo prevé que “cuando se pierdan más del 5 por ciento de los días o de las horas anuales será obligatoria la recuperación del tiempo escolar cercenado al menos completando el 95 por ciento del calendario”.

Achique: espera �reducir la cantidad de contratados a la mitad y reducir los sueldos de los contratados, empezando por la subinterventora, en un 10 por ciento�.

Federico Polak, interventor del PAMI, negó que los despidos que realizará vayan a ser masivos.

El interventor del PAMI, Federico Polak, se calzó el traje de “capanga” para anunciar los despidos de la obra social. “Es muy duro decirlo, pero en ese aspecto nosotros somos la patronal”, dijo por la radio. Polak reiteró en Olivos que habrá despidos en el organismo, aunque
negó que éstos fueran “masivos”. El ex vocero de Raúl Alfonsín especificó que espera “reducir la cantidad de contratados a la mitad y reducir los sueldos de los contratados, empezando por la subinterventora, en un 10 por ciento”. Su meta es que la obra social funcione como una eficiente prepaga de 40 pesos por afiliado.
El achicamiento del PAMI es un acontecimiento más que anunciado. Hace un mes Polak aseguró que “no va a haber despidos masivos, pero puede haber una reducción”. Un par de semanas después repitió: “Habrá despidos, aunque no serán masivos ni sin causa”. Y pocos días después reiteró textualmente esa afirmación.
Ayer, el contexto para hablar de los despidos fue la reunión de Gabinete ampliado convocada por el presidente Fernando de la Rúa el jueves y ayer para presentar las iniciativas de las distintas áreas del Gobierno y reclamar que los funcionarios “recuperen la alegría”. Allí Polak informó a los ministros, secretarios y subsecretarios presentes sobre sus planes para el PAMI en el 2001 y aseguró que su meta es convertir la obra social en un organismo “no deficitario y en lo posible superavitario”, en condiciones de “competir y ser tan eficiente como una prepaga de 40 pesos por afiliado”.
El interventor adelantó que en el marco del programa que lleva adelante el Instituto para sanear sus cuentas “habrá una reducción de un 10 por ciento en los sueldos del personal contratado” y sostuvo que entre los objetivos de la obra social de los jubilados está lograr un achicamiento en los costos administrativos superior a los 26,5 millones de pesos.
Pero los despidos en el PAMI no se acotarán a los contratados: “Vamos a razonar con los gremios maduramente” ya que “hay muchos empleados que no cumplen con sus funciones”, manifestó Polak. Y agregó que, en relación con el personal de planta, “vamos a aplicar la ley de Contrato de Trabajo” en el sentido de que “aquel que no cumpla con las funciones que tiene no se las vamos a pagar”. El ex vocero de Alfonsín resaltó además que “a partir de ahora se va a controlar el presentismo y fundamentalmente vamos a trabajar en una comisión de relaciones laborales con los gremios, que va a presidir el señor Julio Godio”. Luego mencionó que en la obra social que presiden hay alrededor de 200 personas que están en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio y –dijo, siempre hablando en plural– “vamos a pedir que así lo hagan”.
El funcionario expresó que el organismo que preside firmará un convenio con el Banco Nación para poder adelantar los pagos a los prestadores y negó que haya suspensión de servicios en las farmacias del Gran Buenos Aires, al asegurar que el día 15 de este mes se efectuaron las liquidaciones correspondientes.
Finalmente, para que no quedaran dudas de su postura como jefe de la patronal, Polak sentenció: “El PAMI es una organización no estatal que tiene que comportarse con un criterio empresario, es decir minimizar los costos y maximizar los beneficios de los jubilados”.
Mientras el interventor informaba en Olivos sus planes, un grupo de jubilados tomaba en Rosario las instalaciones de la delegación de la obra social de los jubilados de esa ciudad en protesta con las políticas de reestructuración. “Parece que el blindaje y los compromisos con organismos internacionales también afectan al PAMI, que tiene que caer en la política de desregulación”, aseguró el titular de la Mesa de Jubilados local, Enrique Gigena.