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“Me pareció una persona extraordinariamente normal.”
Esta impresión del juez Juan Guzmán Tapia, expresada ayer
abiertamente en un programa de televisión, resume (y resuelve)
meses de debate sobre qué le parecería la salud del ex dictador
chileno Augusto Pinochet después de su encuentro cara a cara. Durante
cerca de 30 minutos y por primera vez en sus 85 años de vida, el
ex dictador había respondido el martes ante un juez por las violaciones
de derechos humanos cometidas bajo su dictadura. Guzmán le hizo
15 preguntas relacionadas con su responsabilidad en la matanza de 57 opositores
políticos y la desaparición de otros 18 durante la Caravana
de la Muerte que recorrió Chile entre septiembre y octubre de 1973,
al mando del general Sergio Arellano Stark.
Ayer pudieron conocerse mejor las preguntas del juez y las respuestas
del ex dictador. Tras las identificaciones de rigor (nombre, edad, domicilio),
Guzmán le hizo a Pinochet en su residencia de La Dehesa 15 preguntas
clave que ya figuraban en el exhorto enviado a Londres en octubre de 1999
y que entonces Pinochet no había respondido. La primera pedía
que aclarara si el general Sergio Arellano Stark fue enviado como su oficial
delegado a unificar criterios en los consejos de guerra según el
modelo que se seguía fielmente en el campo de prisioneros de Pisagua,
donde cientos fueron fusilados sin derecho a defensa.
Guzmán se concentró en una de las principales pruebas contra
Pinochet: el oficio que acompañó al proceso del general
Joaquín Lagos Osorio, entonces jefe de la Primera División
de Ejército, de fecha 30 de octubre de 1973. Lagos Osorio había
obligado al ex comandante en jefe a confrontar los crímenes cometidos
por los hombres de Arellano en Copiapó, Antofagasta, Tocopilla
y Calama.
El primer informe de Lagos Osorio le había sido devuelto por Pinochet
la noche del 1 de noviembre para que lo rehiciera y omitiera párrafos
y frases comprometedoras. El documento venía con borrones y comentarios
de puño y letra de Pinochet, y Osorio, junto con el que redactó
de nuevo, guardó el original. Con dicho documento anexado a la
causa, Guzmán le preguntó el martes a Pinochet: “¿Reconoce
como suya la letra en la segunda hoja de dicho oficio en la escritura
del texto manuscrito: ‘No hubo proceso sumarísimo’?,
¿qué quiso decir con ello?”. Luego Guzmán preguntó
al ex dictador si reconocía haber realizado personalmente varios
subrayados en el texto. Finalmente Guzmán realizó otra de
las preguntas clave del interrogatorio. ¿Por qué quería
o precisaba que se omitieran determinadas ejecuciones como realizadas
por orden del general Sergio Arellando Stark?
El ex dictador respondió a casi todas estas preguntas de la Justicia,
eludiendo por falta de memoria sólo algunas como las del oficio
modificado del general Lagos Osorio. También habría reconocido
que conoció las irregularidades cometidas por la comitiva militar
y que por ello le puso fin anticipado, antes de que siguiera viaje más
al norte, a Iquique y Arica. Sin embargo, Pinochet habría sido
poco claro a la hora de explicar por qué los involucrados siguieron
en el Ejército, y no sólo no se los castigó sino
que fueron premiados con ascensos. “Yo no soy ningún criminal.
Yo, en ningún momento ordené fusilamientos de nadie. Había
una orden de la junta de gobierno, que solamente en caso de defensa propia
se podía abrir fuego” es una respuesta y un énfasis
típico del ex dictador.
Además de alegar su inocencia, la mala salud de Pinochet es el
principal argumento de su defensa, que pocas horas después del
interrogatorio le pidió a Guzmán que sobresea (cierre) definitivamente
el proceso por la ‘Caravana’ o en su defecto “suspenda
la causa respecto del general” atendiendo razones de salud. “Yo
no soy doctor, ni psiquiatra, ni psicólogo, así que en ese
aspecto me pareció una persona extraordinariamente normal”,
comentó Guzmán en una entrevista con el canal 13 de la televisión
de Santiago. Durante el interrogatorio se mostró como”un hombre
de gran corrección, de gran valentía, de gran caballerosidad”,
resaltó el juez, junto con declararse “satisfecho” de
la diligencia judicial.
Según los abogados querellantes, no existen razones para que el
magistrado retrase la orden de arresto de Pinochet, dada la lucidez de
sus respuestas. Los acusadores solicitaron el miércoles a Guzmán
que someta a proceso a Pinochet por los 74 secuestros y homicidios perpetrados
por la “Caravana de la Muerte”. Guzmán no tiene plazos
perentorios para decidir qué hará. El consenso de los analistas
políticos chilenos era ayer que el juez chileno Juan Guzmán
procesará a Augusto Pinochet. Pero no descartaron que finalmente
la Corte Suprema de Justicia lo exima por razones de salud, en el marco
de lo que algunos consideraron una “solución política”
para el caso del ex dictador.
LAS
EVIDENCIAS GOLPEAN A LA EX OPOSICION
El videoclub de Montesinos
Un nuevo terremoto político
estremece ahora el Congreso del Perú. Se trata de la aparición
de un video en el que se observa al congresista Ernesto Gamarra, del Frente
Independiente Moralizador (FIM) e integrante de la comisión del
Congreso que investiga al ex jefe de los servicios secretos Valdimiro
Montesinos, recibiendo dinero de un general del entorno del ex asesor.
También existe otra cinta en la que aparece el vocal supremo y
ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones Alipio Montes de Oca negociando
una remuneración adicional con el ahora prófugo Montesinos.
Terminada la reunión del Consejo Directivo del Congreso, el primer
vicepresidente, Carlos Ferrero, informó de que el juez Saúl
Peña, encargado de la investigación del “caso Montesinos”
por presunto delito de corrupción de funcionarios, acudió
anteayer al Congreso para entregar oficialmente la transcripción
de las imágenes de dos videos. En el primero, rotulado con el número
1193, se observa al parlamentario Gamarra recibiendo un fajo de dinero
a cambio de desviar investigaciones periodísticas sobre un caso
de tráfico de armas. Participa en la cita el general del Ejército
Roberto Huamán Azcurra, uno de los personajes del entorno de Montesinos,
quien se encuentra detenido bajo la acusación de ser el responsable
de la intercepción telefónica contra opositores al régimen,
ministros de Estado, periodistas y militares. Gamarra, por su parte, aseguró
que nunca se reunió con Montesinos, que renunciará a la
Comisión Waisman (la encargada de investigar al ex asesor) y que
pedirá que se levante su inmunidad parlamentaria. Lo que no dijo
Gamarra es si recibió dinero de dudosa procedencia, de manos de
militares del entorno de Montesinos y a cambio de “favores”
en beneficio del régimen.
El juez Peña también dio detalles del otro video. Se observa
a Montesinos reunido con Alipio Montes de Oca y le propone que acepte
la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. A cambio le ofrece apoyo
para su salud y seguridad, un auto blindado y una suma de 10.000 dólares
mensuales adicional a su sueldo.
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