Por Cecilia Sosa

“Pensada por técnicos en impuestos, la universidad se transforma en una agencia de colocaciones, una bolsa de trabajo concebida en los términos de un remate de almas.” Contra la corriente que pretende adaptar la universidad pública a las demandas de la economía y el mercado, el sociólogo Horacio González enarbola un pensamiento antagónico. Defiende la desigualdad de la universidad respecto de las fuerzas económicas dominantes; al conocimiento como bien no transable; y a las biografías de profesores y alumnos como el principal recurso universitario. “Si hay imaginación política, debe estar en la universidad. No puede ser un lugar donde se reproduzcan los hábitos de un senador argentino”, dice a Página/12 el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y autor de Restos pampeanos.
–¿Qué opina de las reformas que pretenden modernizar la universidad?
–Los reformistas actuales ven a la universidad como una entidad anacrónica que pertenece al cuadro estatal de empresas públicas, ya desaparecido. Ven a la universidad como un especie de pieza arqueológica del Viejo Mundo de las empresas públicas y pretenden adecuarla al terreno de la revolución científica y técnica, las nuevas profesiones del mercado. En un sentido general, a la globalización. Pero la situación de anacronismo tiene un costado de profundo interés.
–¿Cuál?
–No defender el anacronismo, sino la diferencia, el aplazamiento, la desigualdad que debe haber entre la institución universitaria y el conjunto de fuerzas económicas dominantes. La universidad que hay que construir debe pensar con ventajas su situación de disparidad respecto del reino de las economías privatizadas. Debe ser una universidad que revea sus tramas sociales, profesionales y de conocimiento, en función del interés colectivo para trasmitirle nueva energía al espíritu público.
–Pero, ¿qué pasa con la necesidad de los graduados de insertarse en el mercado?
–La universidad, como universidad de masas, sólo puede sostenerse a través de un pacto interno, un contrato muy parecido a los de la teoría política clásica. Si el dilema del conocimiento es el trabajo, en ese pacto los estudiantes ceden a la universidad una capacidad futura de trabajo; la postergan bajo condición de que la universidad les devuelva formas de imaginación práctica y social.
–¿Esto no implica perder el vínculo con el mundo real?
–No, implica reanimar la vida práctica de un modo insospechado. No se trata de una universidad separada de la sociedad, sino de una universidad con una temporalidad que no coincide con la dominante. Es que el conocimiento mismo es el suspenso de algo. Siempre ha mantenido una retención de su momento de arrojarse al mundo, ha custodiado la independencia de su autonomía. Esto se somete fácilmente a la acusación de apartamiento de la vida real. Pero ese apartamiento es la única condición bajo la cual la vida real después lo acepta. El único derecho que la universidad no puede abandonar es el derecho al metalenguaje: el conocimiento de su propio conocimiento y de todos los conocimientos de la sociedad. Los que conciben a la universidad como un ámbito de tributos impositivos y salidas laborales unitarias son los que piensan la universidad de lo abstracto.
–¿Qué consecuencias prácticas supone este planteo?
–Implica revisar la idea de pasantías. Son el anuncio de la colonización de la universidad por las empresas, por una concepción del conocimiento basada en la conversión del conocimiento en una forma de capacitación. Así, los cuerpos devienen cuerpos económicos, mano de obra barata.
–Pero los propios estudiantes piden más pasantías.
–Los tributaristas tienen a su favor esa silenciosa mayoría estudiantil que viene muy golpeada de su vida familiar y que impulsa un giro de launiversidad hacia la profesionalización rápida. Las pasantías surgen vinculadas con el temor frente a la desocupación, inducen una capacitación en época del miedo. El canje que hacen es la pérdida de la idea de universidad. La universidad ha cedido su función a la idea mediatista de que las personas necesitan trabajar. Ceder esa idea es haber cedido la idea misma de universidad. Supone transformarla en una bolsa de trabajo concebida en términos de remate de almas, una especie de consuelo moral de la clase media que vio destruidas sus expectativas profesionales, una mera astucia laboral.
–¿Qué opina de la idea oficial de crear un impuesto a los graduados?
–Pensada por técnicos en impuestos, la universidad se transforma en una agencia de colocaciones. Los que hablan de impuestos a los graduados encarnan la decepción de todos los cuadros políticos del país. Al adoptar procedimientos de una lógica privatista en el espacio público, destruirán el espíritu público de la universidad.
–Ante la escasez del presupuesto estatal, también se argumenta que la universidad debe generar recursos propios con la venta de servicios.
–No estoy de acuerdo con ese lenguaje. Los recursos propios de la universidad son las biografías de sus estudiantes y profesores. La universidad tiene derecho a los recursos del Estado y no pueden serles confiscados por la clase política. Para generar nuevos hace falta la imaginación política. Cuando se propone que el Estado privilegie a la universidad como consultora, el saber se convierte en un acto de consulta: en nombre de generar un recurso económico menor, se produce el acto mayor de conceder la propiedad del conocimiento. La intervención en el ámbito económico debería ser otra. En vez de una editorial universitaria quebrada, imagino una capaz de generar economías efectivas en nuestra sociedad; imagino investigaciones en biología, cardiología, lingüística y en comunicación, que presupongan una autonomía de gestión.
–¿Vislumbra algún germen de esto?
–(Sonríe) Esta conversación, creo.

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