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La batalla por el nombramiento de John Ashcroft con el rango de ministro
de Justicia refleja la misma división nacional que hizo que su
promotor, el republicano George W. Bush, ganara la presidencia de Estados
Unidos con menos votos populares que su oponente Al Gore. Ayer la Comisión
Judicial del Senado aprobó la designación de Ashcroft, aunque
solamente por dos votos. Y el demócrata que cruzó la línea
para votar con sus colegas republicanos del panel, Russell Feingold, aclaró
que lo hacía para que los republicanos revirtieran tácitamente
una de las decisiones más controversiales de Ashcroft como gobernador
del estado de Missouri: el bloqueo a la promoción del juez negro
Ronnie White a un juzgado federal. Si bien casos como éste y otros
–en un nutrido historial de decisiones y opiniones férreamente
antiabortistas, contra el control de armas y contra la desegregación
racial– causaron que la mayor parte de los demócratas se opusiera
a su designación, se espera que al menos otros dos además
de Feingold voten a su favor mañana en la votación del pleno.
Esto significará que la Secretaría de Justicia tenga como
titular a John Ashcroft.
La situación de los senadores demócratas fue siempre más
compleja que la que sugiere la ideología partidaria. Por lo general,
las bases para frenar un nombramiento en el Senado son fallas personales
(alcoholismo, por ejemplo) o sospechas fundadas de que el nominado intentaría
subvertir la división de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Los integrantes de las comisiones del Senado se abstienen de vetar a alguien
simplemente porque discrepen de sus opiniones. Gale Norton, por ejemplo,
fue aprobada como secretaria del Interior (y confirmada ayer por el pleno
del Senado) no obstante sus opiniones críticas hacia el ambientalismo.
La presión se debe en gran parte a que éstas son las designaciones
del presidente. El líder de la bancada republicana en el Senado,
Trentt Lott, recalcó que “Bush fue elegido presidente. Es
un conservador y tiene el derecho de tener el gabinete que elija”.
Pero el profesor de Derecho de la Universidad de Harvard Michael Sandel
señaló una falla clave en ese razonamiento: “Cuando
los senadores dejan de lado sus opiniones personales, lo hacen para permitir
que el presidente haga lo que la gente que lo eligió quiere hacer;
pero en esta elección Gore recibió más votos que
Bush”. Sin embargo, los senadores demócratas que se opusieron
a Ashcroft –Ted Kennedy, Hillary Clinton y, menos previsiblemente,
el titular de la bancada demócrata en la Comisión Judicial,
Patrick Leahy– dieron un argumento más contundente: que el
nominado ministro de Justicia había intentado torcer la ley cuando
fue gobernador y después senador de Missouri.
El caso emblemático es el de Ronnie White. Unico juez negro de
la Corte Suprema de Missouri, White fue nominado en 1993 para una Corte
de Apelaciones federal. Como senador, Ashcroft se opuso al nombramiento
y logró descarrilarlo. Las críticas no fueron tanto porque
su objetivo parecía racista –como gobernador había
nombrado a ocho jueces negros– sino por las tácticas que usó
para lograrlo. En declaraciones que podrían haberle acarreado un
juicio por difamación si no hubieran sido hechas en el Senado,
Ashcroft disparó que White “inclinaría la ley a favor
de los criminales: tiene una tremenda inclinación hacia la actividad
criminal”. Otros de sus votos en el Senado fueron igual de sugerentes:
votó en contra de un embajador a Luxemburgo porque era homosexual;
a favor de una ley que definía que la vida humana comenzaba en
la concepción y prohibía el aborto en casos de violación
e incesto y en contra de prohibir la venta al público de armas
de asalto. Antes, como gobernador, se opuso a un plan de desegregación
voluntaria de escuelas en Saint Louis e intentó hacer aprobar una
ley antiaborto similar a la que luego apoyaría en el Senado.
Durante los debates en la Comisión Judicial, los republicanos enfatizaron
que “Ashcroft siempre cumplió e hizo cumplir leyes con las
que no estaba de acuerdo”. Eso fue suficiente ayer para persuadir
al demócrata Russel Feingold de Wisconsin a volcar el voto de la
comisión por 10-8 a favor de la nominación. Pero aclaró
que su apoyo era “una rama de olivo”, un gesto que debía
ser recompensado con una medida muy concreta: la mayoría republicana
en el Congreso debía pedirle a Bush que volviera a nominar a White
para el tribunal federal, lo que contradictoriamente implica que Feingold
admite que en ese caso Ashcroft actuó de manera indebida. Es imposible
saber cuánta influencia tendrá esta posición en otros
senadores demócratas cuando mañana se vote en pleno la designación.
Tres de ellos, con Feingold, ya anunciaron que votarán a favor.
En los medios se sugirió que quizá algunos republicanos
“liberales” voten en contra. Pero el método Feingold
para apaciguar conciencias podría resultar muy útil.
LA
DEMOCRACIA PERUANA, AGRADECIDA
El contraataque que falló
El proceso de democratización
peruano resultó ayer fortalecido por la aparente derrota de un
contraataque “montesinista”. Una subcomisión legislativa
estableció que había bases suficientes para juzgar al ex
presidente Alberto Fujimori, actualmente recluido en Japón, por
no obedecer la orden del Congreso de regresar a Perú. También
autorizó el procesamiento de su ex ministro del Interior, José
Villanueva. En la Corte Suprema, tres jueces fueron destituidos por sus
pares luego de que un video los mostrara planeando con el ex asesor de
inteligencia Vladimiro Montesinos afianzar el control fujimorista del
Poder Judicial.
Al mismo tiempo, la denuncia de que el presidente provisional Valentín
Paniagua había recibido sobornos de Montesinos está siendo
descalificada por una investigación judicial. El mismo Paniagua
agradeció ayer “a las instituciones que contribuyen a afirmar
la democratización del país”. En efecto, ayer parecía
consolidarse la falsedad de la versión de que el presidente obtuvo
de Montesinos un soborno de 30.000 dólares para su campaña
para congresista en 1999. La fiscalía confirmó que el autor
de la denuncia era –además de chofer del dueño del
canal montesinista TV América– un ex policía con prontuario
que ya había formulado denuncias contra otras figuras del gobierno
de Paniagua. E incluso dentro de la misma TV América hay presiones
para presentar una disculpa formal al presidente.
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OPINION
Por Caroline Fourest *
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La utopía de
la derecha
Durante los 35 días que duró el folletín
de Florida, la derecha religiosa norteamericana no dejó de
rezar para que ganara el candidato republicano. Sus plegarias fueron
escuchadas. Y ahora el presidente Bush, olvidado del conservadurismo
compasivo, hace realidad las oraciones de sus votantes. Hijo de
pastor, viejo amigo de Jerry Falwell, John Ashcroft es el candidato
soñado por la derecha religiosa. Sostenido financieramente
por Pat Robertson, este ex gobernador de Missouri no es un simple
ultraconservador: es un militante anti-abortista, un enemigo encarnizado
de la acción afirmativa (o medidas antidiscriminatorias positivas),
un primo no demasiado lejano de los nostálgicos de la segregación
racial, un antigay encendido y un fervoroso partidario de la pena
de muerte. Artesano del proyecto que permitió que los grupos
religiosos se beneficien con exenciones impositivas bajo el pretexto
de que contribuían a la acción social –es así
como se financia un buen número de centros antiabortistas-,
también intentó reformar la Constitución norteamericana
de modo de otorgar jerarquía constitucional a la prohibición
de abortar, incluidos los casos de incesto y violación. Ante
la polémica que suscitó su nominación por Bush,
se sintió obligado a declarar que iba a aplicar la ley sin
atender a sus convicciones personales. Sin embargo, la National
Association for the Repeal of the Abortion Law estima que con su
designación “las libertades que se tardó un siglo
en conseguir se ven amenazadas de manera alarmante”. Pero,
más acá de los cambios en la Administración,
es en la vida cotidiana que la violencia de la derecha religiosa
hace vivir en el terror a quienes no comparten su visión
del mundo. Los gays obtuvieron algunos derechos, pero ¿a
cuántos Matthew Shepard se encuentra asesinados cada mañana?
Las mujeres no han perdido el derecho al aborto, pero ¿en
qué condiciones pueden aspirar a ejercerlo? El destino de
una norteamericana que busca abortar es una pesadilla anunciada.
Y, en definitiva, a través de medidas legales, y sobre todo
de las actitudes que tolera y aun fomenta en los grupos religiosos,
la derecha ha logrado que no haya mayores diferencias con un país
donde el aborto es clandestino. Mientras la opinión pública
internacional se interroga sobre el destino de los designados por
Bush, los militantes del orden natural y divino saben que ya ganaron
lo principal: que las mujeres “aborten con dolor”.
* Jefa de redacción de la revista ProChoix. Publicado
en Libération.
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