El juez Juan Guzmán Tapia recibió ayer felicitaciones verbales de su colega español Baltasar Garzón, mientras el desaforado senador vitalicio Augusto Pinochet recibía una “caravana de la vida” de más de 500 partidarios de su dictadura que repudian el procesamiento y arresto decididos el lunes por la coautoría del Tata en la Caravana de la Muerte de 1973, que recorrió el norte de Chile asesinando opositores. La defensa del ex dictador pidió ayer que éste fuera arrestado domiciliariamente en su parcela de Los Boldos, en Bucalemu, a 130 km al sur de Santiago. Todavía no decidió qué estrategia adoptará. Pero todo hace pensar que se inclinará por una apelación a la misericordia por la edad del defendido antes que intentar probar su inocencia o prescindencia ante los hechos, que difícilmente convenza a nadie. Los abogados acusadores pidieron investigar los bienes del ex dictador. Evalúan la posibilidad de embargarlo por indemnizaciones a los familiares de las víctimas, en una suma que llegaría a los 1500 millones de dólares.
“Estoy consciente de que mis opositores no van a descansar hasta hundirme, pero estoy tranquilo”, declaró ayer Pinochet, fuera de cámara, a la cadena de tevé Megavisión. Cientos de partidarios del ex dictador chileno Augusto Pinochet concurrieron hasta su casa de campo de Los Boldos para darle su apoyo. “No sentimos odio, sentimos pena por la gente que ha sufrido. Pero también nosotros hemos sufrido”, dijo Lucía Hiriart, esposa del ex dictador, al recibir a la caravana. Pinochet se había refugiado en su finca tras sufrir una amenaza de infarto cerebral tres días antes del fallo de Guzmán, quien investiga las más de 200 querellas en su contra (es un número que siempre crece) por crímenes durante su régimen. Los pinochetistas de la caravana acusaron al juez de parcial e injusto. El cartel de un manifestante lo insultaba: “Guzmán, su madre no tiene la culpa”. “Ha llegado la hora de decir basta. Guzmán ha sido el juez más parcial en la historia de Chile”, gritó el director ejecutivo de la Fundación Pinochet, el ex general Luis Cortés Villa.
“Hago responsable a Guzmán de la vida de mi padre”, había dicho en la noche del lunes Lucía Pinochet, hija del ex dictador. Esta dura frase subrayó que tanto la familia como la defensa del ex gobernante están alineados en la idea de apelar basados en razones humanitarias excepcionales, más que en la presunción de inocencia. El ex general, de 85 años, esperaba ayer la notificación de su arresto domiciliario, que procurará cumplir, según pidieron ayer sus defensores, en Bucalemu. “Ustedes están a la espera de que vaya un escuadrón a notificarlo y se enfrente con otro escuadrón, pero esas cosas no van a pasar”, señaló ayer a los periodistas el ministro chileno del Interior, José Miguel Insulza, en el palacio presidencial de La Moneda. Y volvió a descartar, como lo había hecho la noche del domingo, posibles brotes de insubordinación entre sectores del Ejército, del que Pinochet fue comandante en jefe durante 25 años.
Las acusaciones por las que se procesa al ex gobernante corresponden a 57 homicidios y 18 secuestros perpetrados por la Caravana de la muerte, la comitiva militar que recorrió el país exterminando opositores un mes después del golpe de Estado del 11 de setiembre de 1973. El auto de procesamiento del lunes sólo implica el inicio de un juicio al ex dictador. La condena o absolución final está muy lejos. Las posibilidades, entonces, de que el juicio siga hasta las últimas consecuencias son escasas, dado que el ex dictador se ha parapetado detrás de una mala salud de hierro: diabetes, un marcapasos y la “demencia moderada”, producto de accidentes vasculares, que acreditan los exámenes mentales ordenados por el juez.
Como en el auto de procesamiento Guzmán no dio lugar a un embargo preventivo contra Pinochet, el abogado querellante Juan Pavín pidió una investigación de los bienes del ex dictador. Si se acoge la petición, se debería investigar si existen bienes a nombre de Pinochet en el Conservador de Bienes Raíces, en la Bolsa de Comercio de Santiago o simantiene cuentas bancarias en Chile o el extranjero. Con este dato se podrían presentar, en el futuro, demandas de perjuicios. El abogado Pavín anticipó que, si Pinochet no pagara los montos exigidos, le correspondería asumir el costo de las indemnizaciones al Estado de Chile.

VIOLENCIA Y DETENCIONES PREVENTIVAS EN ECUADOR
El bis indígena tan temido

El año pasado una movilización indígena contra la dolarización logró, con el apoyo de militares rebeldes, derrocar al presidente ecuatoriano Jamil Mahuad. Ahora, una movilización similar contra el ajuste que siguió a la dolarización puso en jaque al gobierno de su sucesor, y anterior vicepresidente, Gustavo Noboa. Para evitar la misma suerte que su ex jefe, Noboa ordenó ayer detener al temido protagonista de un posible bis: Antonio Vargas. El Ejército arrestó al líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y lo recluyó en una prisión militar. Pero esto no bastó para sofocar las protestas que arden en todo el país. Varias ciudades están sitiadas, y ayer la capital Quito fue bloqueada desde el norte por más de 3000 indígenas y campesinos. El alto mando militar advirtió que “usaremos mano dura para dispersar las manifestaciones”.
Hace un año Jamil Mahuad había usado casi las mismas palabras pero no se salvó de caer por obra de una alianza entre coroneles rebeldes y Antonio Vargas. No resultó entonces extraño que el actual gobierno decidiera eliminar una variable de esa ecuación ordenando el arresto preventivo del líder indígena. El ministro del Interior, Juan Manrique, ya había acusado a Vargas de llamar “a la subversión, al cambio de gobierno y amenazar a la Corte Suprema: ha entrado en un terreno donde tendrá que responderle a las leyes ecuatorianas”. En el mismo operativo policial fue arrestado Luis Villacís, presidente del Frente Popular (FP, una coalición de grupos estudiantiles y sindicales), según una fuente oficial. La semana pasada Vargas había asegurado que “esta lucha es indefinida y yo seguiré hasta la muerte”, y anteayer subrayó que no dialogaría con Noboa hasta que derogue el ajuste. La dupla Vargas-Villacís centró la protesta en las alzas –“duras pero necesarias”, según Noboa– de hasta un 100 por ciento en las tarifas de los combustibles y del 75 por ciento en las del transporte público.
La movilización fue tan masiva que su decapitación no logró pararla. A pesar del arresto de Vargas a la madrugada, su organización informó que 5000 indígenas marcharon a cortar los accesos del norte de Quito. En todo el país se bloquearon con árboles y piedras las principales carreteras, incluyendo la Panamericana. La policía y el Ejército rompieron algunos cortes, sólo para que éstos se reconstituyesen a pocos kilómetros de distancia. El paso de suministros en el norte ecuatoriano está virtualmente detenido, y en las ciudades de Ambayo y Riobamba, capitales de las provincias con mayor población indígena, ya se informó de saqueos. Además de cortar rutas, los indígenas tomaron varias estaciones repetidoras de televisión y radio al norte de Quito, y amenazan con destruirlas si se intenta recuperarlas por la fuerza. Como lo fue el año pasado, la actitud de los oficiales y la tropa del Ejército ante una eventual orden de reprimir será la clave de la crisis.

PRINCIPAL