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“El Gobierno jamás negó esa realidad. Nunca se nos
oyó decir ‘pobres hubo siempre’ o que debíamos
aplicar ‘cirugía mayor sin anestesia’. No son palabras
de la Alianza. Conocemos la realidad y trabajamos para cambiarla.”
Así, la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández
Meijide, enfrentó los nuevos datos del Indec, adelantados ayer
en exclusiva por Página/12, que revelan que durante el primer año
de gestión de la Alianza unas 360 mil personas cayeron en la pobreza.
“El desafío frente a estos datos es cómo se revierte
la recesión, cómo se hacen inversiones y se distribuye el
crecimiento económico”, agregó. En tanto, el ex vicepresidente,
Carlos Alvarez, dijo que incluyó en la reunión que mantuvo
ayer con el presidente De la Rúa en Olivos “el combate a la
pobreza” como uno de los temas principales.
Sin embargo, sólo el ala frepasista de la Alianza salió
a hablar del crecimiento de la pobreza en el último año
y, en cambio, el resto del Gobierno prefirió mantener silencio
sobre la cuestión. Más aún, en un principio estaba
programado que el Indec difundiera ayer oficialmente las cifras, correspondiente
a la encuesta de hogares de octubre pasado. Pero el Ministerio de Economía
prefirió postergar el anuncio hasta mañana a las seis de
la tarde, como una forma de aminorar su repercusión. El viernes
es el día predilecto de las oficinas de prensa gubernamentales
en todo el mundo para difundir malas noticias, ya que la repercusión
de los diarios de los sábados es menor, ya que no existe el “rebote”
de los informativos radiales y televisivos.
Como informó este diario, los resultados de la encuesta de octubre
pasado indican que, en Capital y Gran Buenos Aires, la pobreza alcanzó
al 29,4 por ciento de la población, frente al 26,7 por ciento observado
en octubre de 1999. Esto significa que durante el año pasado, más
de 360 mil personas cayeron bajo la línea de pobreza. Así,
en el área metropolitana ya hay más de 3,5 millones que
no pueden adquirir una canasta de bienes y servicios elementales, un record
desde octubre del ‘90.
También aumentó la indigencia: entre octubre del ‘99
y octubre del 2000, subió del 6,7 al 7,8 por ciento de la población.
Así, en un año, 140 mil personas cayeron en la indigencia,
es decir que ni siquiera consumen diariamente una dieta mínima
en calorías. En la región, ya son 935 mil personas las que
viven en esta condición.
El Indec sólo realiza una medición de la pobreza por ingresos
para Capital y Gran Buenos, aunque próximamente se planea extenderla
para todo el país. Una medición del Banco Mundial realizada
para todo el país reveló que en Argentina hay más
de 13 millones de pobres, el 36 por ciento de la población.
“El gobierno nacional jamás negó esa realidad”,
respondió Fernández Meijide, cuando le consultaron sobre
los nuevos datos del Indec publicados por Página/12. Desde Bariloche,
donde puso en marcha el Plan Solidaridad de asistencia alimentaria, sanitaria
y educativa para 1200 familias, la funcionaria dijo que “siempre
admitimos que hay 13 millones de pobres en Argentina, y que hay casi un
tercio de la población activa sin trabajo”, afirmó.
Y consideró que esa realidad “comenzó a evidenciarse
en 1998 y fue creciendo a causa de una recesión importante”.
OPINION
DEL EX VICE DE DESARROLLO
“Erradicar la indigencia”
Por Eduardo S.
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Hacer política social
en un contexto recesivo de ciclo largo, con desempleo abierto en alza
y salarios a la baja, con la pobreza creciendo y con severas restricciones
fiscales, implica operar sobre el peor de los escenarios. Sin embargo,
esta realidad no es inmodificable. La correlación desempleo–pobreza
es más que evidente y esto es un problema dramático al que
hay que responderle desde la economía. Por eso, la mejor política
social es una política económica de crecimiento que genere
empleo productivo de calidad. El welfare hoy en el mundo es workfare.
Hay en el nivel macroeconómico “un social” aun ausente
y que se impone implementar. Pero existe también un “social
humanitario” que no puede esperar y que es completamente viable con
los recursos disponibles. Esto requiere concentrarse en la erradicación
de la indigencia que es la parte más “dura” de la pobreza
en la Argentina y en la cual están inmersas casi medio millón
de familias. Esta propuesta cuesta menos de 0,5 punto del PBI (el país
“gasta” casi 19 puntos del PBI en los sectores sociales), y
forma parte del “equilibrio fiscal social” sin el cual no existirían
las condiciones básicas de ciudadanía: sólo con el
ajuste macroeconómico construiríamos tal vez la economía,
pero podríamos perder la “sociedad”.
Concentrarse en la erradicación de la indigencia requiere de un
“compacto social” similar a los social compacts que, en la actualidad,
se están implementando exitosamente en varios países y que
en el nuestro debería incluir cuatro componentes:
1. Hay que continuar bajando la mortalidad infantil hasta llegar a por
lo menos 12/1000 nacidos vivos.
2. Hay que garantizar la “seguridad alimentaria” de todas las
familias indigentes, sobre todo de aquellas con niños menores de
6 años. En esto se está avanzando mucho con las provincias
en la unificación de los programas alimentarios y en la implementación
de un enfoque de “demanda”, mediante modalidades no asistenciales
como la compra y producción de alimentos a través de grupos
solidarios, vales para adquisición de alimentos en comercios barriales,
consejos locales de política social para la participación
comunitaria en la gestión de sus problemas.
3. Se requiere aumentar el capital humano en todas sus formas, pero, prioritariamente,
hay que expandir el programa de becas para que los chicos, sobre todo
de entre 4 y 18 años, retornen a la escuela. Más del 22
por ciento de los chicos pobres en esta franja de edad en nuestro país
no estudian ni trabajan. Este es un problema de mayor seriedad y una fuente
de gran exclusión social sobre el que hay que avanzar con extremada
celeridad.
4. Hay que mantener y expandir los planes de empleo temporario, acentuando
su perfil de capacitación y de inserción productiva. Hay
que sustituir subsidios asistenciales por subsidios al incremento a las
capacidades de las personas y de apoyo a la producción. Aquí
la prioridad deben tenerla los jóvenes, ya que la incidencia del
desempleo juvenil es casi la mitad del desempleo abierto total.
Ahora bien, esto no es todo y por supuesto se requerirán otras
medidas de emergencia complementarias. Dado el carácter federal
del país, será necesario un acuerdo con las provincias,
ya que ellas ejecutan más de la mitad del gasto social y lo más
importante: todo compacto social supone la movilización de la sociedad
civil (particularmente el voluntariado) y del sector privado. Pero lo
más necesario es, paradójicamente, lo que está más
pendiente de hacerse; esto es, un cambio fundamental en la gestión
de lo social, comenzando no por crear planes nuevos sino por fusionar
los existentes, evitar la duplicación o sobreposición de
beneficios y beneficiarios, y hacer convergentes las inversiones de la
Nación y las provincias.
Hay espacios sustantivos para ganar en transparencias (política
y económica), eficiencia y equidad. En un contexto de severas restricciones
fiscales es fundamental introducir métodos de gestión moderna
y dinámicos que van desde tecnologías de información
hasta metodologías novedosas de programación presupuestaria
que pueden significar monumentales reducciones de costos. Asimismo, existen
algunos servicios de gestión en los que puede participar el sector
privado en áreas donde tiene importantes ventajas comparativas
y otros, que pueden coejecutarse con organismos no gubernamentales. Pero
en todo esto es imprescindible la “profesionalidad”, pues aquí
se impone ser efectivo. Y fundamentalmente, para evitar el enorme costo
económico y moral del clientelismo, será necesario un fenomenal
ajuste de la política que contemple la ineludible responsabilidad
y sensibilidad para con el sufrimiento y el dolor de millones de compatriotas.
* Ex secretario de Políticas Sociales.
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