Por Adriana Meyer

“La trama de los sobornos constituyó una prolija empresa criminal perfectamente diagramada por algunos sectores del Poder Ejecutivo y de la Honorable Cámara de Senadores.” La frase pertenece a los fiscales federales que investigan el caso, Federico Delgado y Eduardo Freiler, y figura en el escrito de apelación presentado ayer, en el que piden el procesamiento por cohecho de siete senadores: los peronistas Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell, Angel Pardo, Ricardo Branda, Emilio Cantarero y el radical Alberto Meneghini. El juez federal Carlos Liporaci les había dictado la falta de mérito y ahora la Cámara Federal tendrá la palabra. Freiler y Delgado pidieron, además, la indagatoria del senador radical José Genoud porque “comandaba a su antojo uno de los bloques mayoritarios y llevó a cabo personalmente las negociaciones”. Según los fiscales, el dinero de los sobornos salió de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), y denunciaron al secretario de Finanzas de ese organismo por haber ocultado pruebas a la investigación, aportado documentos falsos a la causa y encubierto la maniobra. Esta decisión judicial complica los planes de los senadores que soñaron con ser reelectos para seguir en sus bancas. De hecho los únicos que se habían autoexcluido hasta ahora eran Cantarero y Branda. Costanzo y Meneghini tenían chances irrisorias. Los demás perjudicados por el dictamen, Genoud incluido, seguían en carrera. Hasta ahora.
El último día hábil del año pasado, Liporaci resolvió que en el expediente sobre el escándalo del presunto pago de sobornos a algunos senadores a cambio de la aprobación de la Reforma Laboral no había elementos suficientes para procesar a los once legisladores y a los dos funcionarios parlamentarios imputados. Durante la feria judicial los fiscales trabajaron en la apelación para cuestionar esa medida.
“Estamos en condiciones de afirmar que el hecho existió y parte de los responsables son los imputados”, sostienen Freiler y Delgado en el texto al que tuvo acceso Página/12. A partir de esta aseveración hicieron una descripción para contextualizar el caso. Según ellos, a la nueva administración se le exigía que otorgara de manera rápida señales de “gobernabilidad” en la Cámara alta, para que no se convirtiera en un “frontón de las iniciativas del Gobierno”. Además, los acreedores externos pedían la “flexibilización laboral” como requisito indispensable para el crecimiento de una economía en recesión. También mencionaron el denominado “síndrome Mucci” como símbolo del fracaso del gobierno de Raúl Alfonsín en la modificación de las leyes laborales en 1984.
Los fiscales consideraron que este marco permitió a los senadores justicialistas y radicales “crear condiciones de un panorama político muy complicado” que generó “desesperación en el Poder Ejecutivo”. Para ellos hubo un trámite formal y otro informal para la aprobación de la Reforma Laboral. El formal consistió en “la dureza utilizada inicialmente por los senadores justicialistas agitando el fantasma de la ingobernabilidad, la apatía de sus pares radicales y la ultraactividad del entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique”, a quien acusaron de “ocultar las negociaciones paralelas” que llevaba a cabo en forma simultánea con sus batallas públicas en todos los frentes por la Reforma.
Esas “negociaciones paralelas” habrían contado con “la concurrencia no acreditada aún de Enrique Nosiglia” y habrían consistido en “reuniones secretas entre Augusto Alasino y sus entonces comandados, José Genoud por la bancada radical y los operadores del Poder Ejecutivo, principalmente Alberto Flamarique y Fernando de Santibañes, mantenían reuniones secretas en las que buscaban un consenso susceptible de apreciación pecuniaria”. Destacaron que “la prueba de la habitualidad de esas reuniones es la cena de enero de 2000 entre Flamarique y los sindicalistas Rubén Pereyra, Omar Viviani, Juan Manuel Palacios y Hugo Moyano en la que el ex ministro habría asegurado que no le preocupaba la mayoría justicialista del Senado pues ‘a los senadores los arreglo con la Banelco’”.
Freiler y Delgado no dudan de que el dinero de los sobornos salió de los fondos reservados de la SIDE. En tal sentido, recordaron que el ex jefe de los espías obtuvo una partida adicional de 30 millones de pesos “con el alegado objetivo de reformar la secretaría”. Según ellos, el retiro de dos cheques de 1 y 5 millones del Banco Nación hecho por empleados de la SIDE el 11 y el 14 de abril respectivamente “casualmente coinciden con el período de ‘reflexión’ de los imputados que se tradujo en un drástico y llamativo cambio de postura frente a la ley laboral”. Los fiscales aseguran que “Flamarique y De Santibañes acordaron con Alasino y Genoud el precio de la reforma laboral y, mediante mecanismos aún no acreditados, repartieron el dinero”. El síndico general de la Nación, Rafael Bielsa, produjo un informe denunciando irregularidades en la rendición del dinero de la SIDE. Esto se suma a que De Santibañes ocultó la existencia de dos cuentas del organismo que comandaba y los retiros de dinero mencionados. “No es aventurado concluir que los treinta millones de pesos pasaron a reponer al menos parte de lo gastado en el soborno”, resumieron los fiscales. Y acusaron al secretario de Finanzas de la SIDE, Juan Gallea, de haber ocultado el “gasto irregular”.
El escrito de los fiscales cuestiona los argumentos que usaron los senadores imputados en su defensa. “Las razones utilizadas para explicar a la sociedad el supuesto motivo por el que el peronismo permitía el desmembramiento de las conquistas laborales que son su bandera fueron una mera excusa”, sentenciaron Freiler y Delgado.
Freiler y Delgado consideraron que el ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto y el secretario de Costanzo, Martín Fraga Mancini, deben ampliar sus indagatorias porque “necesariamente conocían la existencia del hecho y no efectuaron la denuncia”. Y pidieron a la Gendarmería el entrecruzamiento de las llamadas telefónicas de los senadores imputados, Flamarique, De Santibañes, Fraga Mancini y Pontaquarto. También insistieron en que es necesario escuchar lo que saben del asunto Carlos Menem, Carlos Ruckauf y Domingo Cavallo. Según consta en el libro El divorcio, el ex ministro de Economía tiene conocimiento de los mecanismos de distribución de fondos reservados para facilitar la sanción de leyes.
Además, reclamaron a la Policía Federal y a la Dirección Nacional de Migraciones que agilizaran la investigación patrimonial y sobre los viajes de los imputados que aún está inconclusa. Esto motivó un encendido cuestionamiento de los fiscales al Poder Ejecutivo. “Hoy, pasados cinco meses, el cotejo del proceso permite advertir que el compromiso de determinados sectores del Estado en el sumario no se condice con rimbombantes declaraciones mediáticas”, se lamentaron. La respuesta del Gobierno no fue menos contundente (ver página 2).
Ante cámaras y micrófonos Freiler manifestó que si bien hay “una opinión generalizada de que la causa por supuestas coimas en el Senado no avanzó desde la Fiscalía, vamos intentar llegar a la mayor porción de verdad”.

Tiro por elevación del Presidente hacia Chacho De la Rúa junto a Darío Lopérfido y el vocero Ricardo Ostuni entra a la reunión de gabinete. Por detrás la ministra Graciela Fernández Meijide, una de quienes hablaron en el cónclave.

Por José Natanson

Terminaba la conferencia de prensa. Fernando de la Rúa interrumpió la frase que venía pronunciando, a su manera, en voz baja y se levantó. Ministros y periodistas pensaron que habían concluido las explicaciones. Pero no. El Presidente caminó unos pasos, se agachó y volvió con una pila de papeles de unos 40 centímetros de espesor. “Estas son las actuaciones de la Oficina Anticorrupción”, explicó. El gesto apuntó a subrayar las declaraciones que había pronunciado minutos antes y que tuvieron dos destinatarios distintos. Por un lado, Carlos “Chacho” Alvarez, que insiste en discutir el perfil del nuevo Senado (y de los nuevos senadores). “El Presidente no puede digitar las candidaturas”, aseguró De la Rúa, que también cuestionó a Eduardo Freiler, el fiscal que en su apelación acusó al Gobierno de no hacer nada por agilizar el caso.
De la Rúa se lo había anticipado a Chacho durante uno de los momentos más tensos del asado de la semana pasada. Como reveló Página/12, en aquella ocasión el Presidente le reprochó sus críticas sobre la supuesta inacción del Ejecutivo en el escándalo de los sobornos. Le recordó que él había dado instrucciones a la OA y que impulsó la causa por enriquecimiento ilícito. “Vos, en cambio, le llevaste todo a Liporaci”, aseguró De la Rúa. Y añadió que tenía pensado emitir algún gesto para dejar en claro todo lo que había hecho en pos de la investigación.
La señal ocurrió ayer. Rodeado por casi todos sus ministros, De la Rúa se refirió al Senado en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. “Refirmo la voluntad del Gobierno de hacer todo lo posible para que esta investigación llegue a su término, respetando la separación de los poderes”, aseguró. Y, cuando le preguntaron por los futuros candidatos de la Alianza, adujo que él no es quién para decidir los nombres.
El argumento del Presidente –que se repite como un dogma en la Rosada– es el principal punto de discordia con Chacho. Aunque en la reunión del miércoles se limitó a reclamar la construcción de un “nuevo modelo de Senado”, el ex vice quiere excluir de los candidatos de la Alianza a los legisladores cuestionados por los sobornos. “Chacho quiere que el Gobierno y la UCR tomen conciencia de la importancia del asunto. No se trata sólo de hacer nombres”, explicaban cerca de Alvarez. De todos modos, mencionaban como los más conflictivos a dos legisladores afectados en el affaire y que, además, tienen posibilidades de convertirse en candidatos: Raúl Galván (ex jefe del bloque) y José Genoud (ex presidente provisional, a quien ayer los fiscales pidieron que se lo indague).
La respuesta del Presidente no será la única. Hoy se reunirá la mesa del Comité Nacional de la UCR presidida por Alfonsín para analizar el primer encuentro del “grupo de trabajo” y evaluar la perspectiva electoral. Ayer, cerca del ex presidente intentaban bajarle el perfil al encuentro. “Es algo de rutina”, explicaban. De todos modos, en una reunión preparatoria que se desarrolló el miércoles en el departamento de Alfonsín, el titular de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual, el presidente provisional del Senado, Mario Lozada, y el jefe del bloque radical, Jorge Agúndez, coincidieron en que el partido ratificará su postura: el radicalismo no está dispuesto a vetar la candidatura de ningún senador.
El otro destinatario del mensaje de De la Rúa es Freiler. Ayer, el fiscal no sólo apeló la falta de mérito a todos los senadores involucrados. También acusó al Gobierno de una “falta de compromiso” que -según expresó– terminó complicando la pesquisa (ver nota central).
El Presidente respondió en un tono duro. “Todo lo que sea investigación judicial, esclarecimiento de la verdad, es importante. Pero lo que sea politización de una cuestión tan grave es negativo. En alguna parte, ellos (los fiscales) se refirieron a la fuerza de la opinión pública como determinante de las investigaciones, lo que desde el punto de vista judicial no responde a los parámetros que se deben seguir”, señaló De la Rúa. Y le pasó el micrófono a Federico Storani. “Este fiscal planteó hace tiempo que los fondos (de las supuestas coimas) podían venir de los ATN.Luego se corroboró que se trataba de una maniobra”, sostuvo el ministro del Interior. Y cerró con una frase contundente. “Es un fiscal poco serio desde mi punto de vista.” Cuando Fredi terminó, De la Rúa buscó la carpeta con los papeles para subrayar sus declaraciones.
Aunque poco habitual, el gesto de De la Rúa sintoniza con el estilo ejecutivo y frontal que busca transmitir últimamente. Y, aunque su objetivo evidente fue no perder la iniciativa, también podría contribuir a profundizar las divergencias internas en torno del escándalo del Senado, el tema más delicado para la convivencia de la Alianza.

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