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EN TIERRA DEL FUEGO NO QUIEREN MAS INMIGRANTES
A ponerle candado a la isla

El vicegobernador fueguino y el intendente de Ushuaia planean trabar la radicación allí de argentinos o extranjeros. Dicen que por falta de recursos. Uno es cordobés; el otro, chaqueño.

En el último año llegaron a la provincia 10.000 nuevos habitantes, entre argentinos y extranjeros.

“La inmigración es un problema y hay que desalentarla”. Esta es la bandera de la nueva cruzada que las autoridades políticas de Tierra del Fuego están planificando, con la intención de frenar la llegada de nuevos pobladores a la provincia, sean argentinos o ciudadanos de países limítrofes. Las “acciones políticas” ideadas por el vicegobernador de la provincia, Daniel Gallo, y el intendente de Ushuauaia, Jorge Garramuño –ambos del Movimiento Popular Fueguino (MoPoFu)– prometen ser “duras y rígidas”, según indicó el propio Garramuño: “Las normas deben evitar el intrusamiento de espacios con un desalojo inmediato”. “Es una barbaridad; ningún gobierno provincial podría sancionar una medida de este tipo, porque es inconstitucional”, señaló Cecilia Lipzsyc, coordinadora de Políticas Educativas del Instituto Nacional contra la Discriminación, en alusión a los derechos protegidos por el artículo 14 de la Carta Magna, que garantiza la libertad de los argentinos de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”.
Lo que torna más insólito el caso es que ninguno de los dos funcionarios es originario de Tierra del Fuego: Gallo es cordobés y Garramuño nació en el Chaco. Buscando suavizar la polémica, el vicegobernador desestimó las acusaciones de aquellos que tildan la propuesta de “discriminatoria”: “Cualquiera puede pensar que es discriminatorio; yo creo que decimos las cosas por su nombre y no tenemos miedo de discutir estos temas”. El proyecto de Garramuño apunta a reducir la radicación de argentinos y extranjeros en Tierra del Fuego negándoles la posibilidad de asentarse: “Una idea que se viene barajando hace tiempo es que la solución de tierra y habitacional que entrega el Instituto Provincial de la Vivienda se vuelque, primordialmente, a la gente que ya vive aquí, y que se prohíba (el otorgamiento de esa) solución a la gente nueva que venga, si no se le soluciona primero a la que vive aquí”.
Para convencer de que su estrategia no es tan desacertada, el intendente –uno de los políticos con mejor imagen en la provincia– pone un ejemplo: “Ciento veinte familias se instalaron clandestinamente a 50 o 60 metros por encima del barrio más alto de la ciudad; esa misma gente en unos meses nos va a estar reclamando calles, cloacas y servicios”, señala.
Para Garramuño, de la mano de los nuevos habitantes, a Ushuaia llegarían nuevos problemas: “Al ser la masa dineraria que se tiene para la parte social siempre la misma, y no tener un crecimiento, por no crecer las coparticipaciones que se reciben de la Nación, se deteriora la calidad de atención social hacia la gente”, además del “impacto que se genera en el medio ambiente que nos rodea por el asentamiento de nuevas casillas en nuevos lugares, con la contaminación de la superficie y de las cloacas”, declaró el funcionario.
Según indicaron fuentes de la gobernación fueguina, en los últimos 12 meses llegaron a la provincia 10.000 nuevos habitantes, entre argentinos y extranjeros.
“La propuesta de estos señores no sólo vulnera la Constitución y la Ley de Inmigraciones, sino que también va en contra de los principios más básicos de la solidaridad humana”, consideró ante Página/12 Lipzsyc. “Es casi como si estuvieran diciendo: ‘Yo estoy bien y no me importa que otros estén mal’. Y lo que no ven es que si sólo a unos pocos les va bien, al final a todos nos va a ir mal”, agrega.
Para la funcionaria, el planteo de las autoridades fueguinas repite el patrón de “discursos que suelen aparecer en épocas como ésta, donde abundan el desempleo y la pobreza”. “Y en el peor de los casos, los únicos nativos originarios, con derechos a exigir sobre ese territorio, son los onas. No hay que olvidar que ésta es una patria hecha de barcos”, concluye.

 


 

EL PAPA CONTRA LAS UNIONES DE HECHO
Nada de parejas de gays

El papa Juan Pablo II condenó una vez más a las parejas de hecho y de homosexuales, al afirmar que no se pueden equiparar al matrimonio tradicional. “El matrimonio no es una unión cualquiera entre personas, susceptible de configurarse según una pluralidad de modelos culturales. Es un vínculo para toda la vida y por su índole natural encauzado al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos”, manifestó el Pontífice ante los jueces del Tribunal de la Rota Romana, instancia eclesiástica que decide si un casamiento es nulo o no.
Juan Pablo II agregó que el hombre y la mujer encuentran en sí mismos la inclinación natural a unirse y que el matrimonio es natural no porque esté causado por necesidades de principios naturales, sino porque se realiza mediante el libre albedrío.
El Papa se quejó de que en esta sociedad “cada día más secularizada” se intenta reducir algo que, a su juicio, es específicamente humano (el matrimonio) al ámbito de la cultura. “Y esto se ve de manera muy clara en los intentos actuales de presentar las uniones de hecho y las de homosexuales como equiparables al matrimonio, al que, a la vez, se le niega el carácter natural”, subrayó. Dijo también que el matrimonio y la familia son inseparables, y que la unidad y la indisolubilidad forman parte del mismo ser del matrimonio.

 

El caso neuquino

La idea de limitar el acceso a determinado grupo de personas no es nueva en el sur del país. En 1998, la entonces intendenta de San Martín de los Andes, Luz Sapag, impulsó la sanción de una ordenanza para restringir la llegada a la ciudad de estudiantes en viaje de egresados y privilegiar la visita de turistas de “clase media alta y alta”.
En los considerandos del proyecto, Sapag fundamentó su propuesta en que el perfil del visitante que elige esa bucólica localidad neuquina es del tipo “familiar con un nivel socioecónomico correspondiente a la clase media alta y alta, cuya tendencia está en franco crecimiento. Ese perfil de turista –continuó– se condice con nuestro estilo de ciudad”. La iniciativa, cuestionada en aquel entonces por su carácter “discriminatorio” por el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), fue aprobada por el Concejo Deliberante local. En la práctica, la norma fijó un impuesto especial para los empresarios hoteleros que brinden alojamiento a contingentes estudiantiles.

 

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