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Por Adriana Meyer
 Aunque al principio se resistió,
el secretario de Inteligencia, Carlos Becerra, tuvo que concurrir a los
tribunales para ser interrogado como testigo. El juez federal Jorge Urso
lo había convocado en una causa por presunta malversación
de fondos en la que está imputado el ex jefe de la SIDE, Fernando
de Santibañes. Aunque Becerra intentó evitar el trámite,
el magistrado insinuó que si no se acercaba hasta el edificio de
Comodoro Py 2002, tendría que hacerlo traer por la fuerza pública.
No fue necesario. El funcionario apareció al mediodía y
contestó casi todas las preguntas. Las que evitó deberá
responderlas su jefe, el presidente Fernando de la Rúa.
En medio del escándalo desatado por el caso de los sobornos en
el Senado, a fines del año pasado se conoció un informe
de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que descubrió
que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) reportó
22 millones 300 mil pesos como gastados cuando, en realidad, estaban depositados
en una de las tres cuentas que tiene ese organismo en el Banco Nación.
La Sigen detectó que el ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes,
informó a la Contaduría General como pagados fondos que
estaban depositados en otra cuenta. Los técnicos de la Sigen están
tras la pista de otros 10 millones que habrían tenido destino incierto.
Los fiscales federales Oscar Amirante y Guillermo Marijuan impulsaron
la denuncia que habían presentado los abogados Ricardo Monner Sans
y Juan Carlos Iglesias en base a ese informe.
Cuando De Santibañes hizo su descargo ante la Oficina Anticorrupción,
argumentó que esos movimientos se hicieron como “previsiones
presupuestarias”. Pero esto no conformó a los fiscales que
lo acusaron y pidieron al juez una pericia contable del informe de la
Sigen. Los últimos días de diciembre declararon como testigos
los auditores que lo elaboraron y, por la complejidad del asunto, Urso
postergó el interrogatorio de Becerra que estaba previsto para
el 14 de diciembre.
A las 8.30 ingresó a la mesa de entradas del juzgado de Urso un
pedido de los abogados de la SIDE para que Becerra declarara por escrito
–por ser un secretario de Estado– y más adelante. Cuando
la presentación llegó a manos del juez, la rechazó
en forma inmediata y le hizo saber al funcionario que prefería
no utilizar la fuerza pública, pero que estaba habilitado para
hacerlo, si no venía.
Becerra fue interrogado ayer durante tres horas y sus respuestas fueron
satisfactorias, según refirió a Página/12 un funcionario
judicial. Aportó nombre y apellido de toda la cadena institucional
de la SIDE y aclaró cómo se realizan los gastos, pagos y
registros. Sin embargo, cuando llegó la pregunta más importante,
se excusó de contestar amparándose en las leyes secretas
que rigen la actividad de los espías. El magistrado y los fiscales
querían saber cómo se manejan los fondos reservados, pero
Becerra argumentó que el único que lo puede relevar del
secreto que cobija esas respuestas es el presidente de la Nación.
Urso considera que ese secreto de Estado cede ante el requerimiento en
una causa penal. Por eso podría haber suspendido la audiencia en
ese momento e iniciar algún tipo de acción contra Becerra
por su reticencia. Sin embargo, prefirió intentar obtener esas
respuestas por otra vía. La fuente consultada aseguró que
el equipo de investigadores tomará contacto con el síndico
general Rafael Bielsa para coordinar la segunda etapa de la pesquisa.
Estarían previstas las citaciones a declaración testimonial
del secretario de Hacienda, Mario Vicens; del titular de la Contaduría
de la Nación, de otros funcionarios de la SIDE y la búsqueda
de más prueba documental.
El juez decidió interrogar al presidente Fernando de la Rúa,
para lo cual podría trasladarse a la Casa Rosada o hacerle llegar
un pliego de preguntas para que las responda por escrito. Según
Urso, De la Rúa sí puede hacerlo de esa manera. El cuestionario
abordará todos los aspectos que hasta ahora se mantienen en reserva
referidos al manejo de los fondosreservados que hicieron los espías
durante la gestión de De Santibañes. Los investigadores
necesitan saber cuáles son las normas secretas que rigen los asuntos
contables de la SIDE. El informe de Bielsa se basó en la ley de
Contabilidad y De Santibañes sostuvo que la SIDE se rige con normas
especiales.
El frente judicial de Fernando de Santibañes aparece complicado
en otras tres causas, dos de ellas surgidas de su paso por la SIDE. Y
además, el ex banquero denunció a Bielsa por el informe
que cuestiona su rendición de cuentas en la central de Inteligencia.
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Lo de Morris, en capilla
El juez Jorge Urso tenía pensado interrogar al jefe de
la SIDE, Carlos Becerra, sobre otra causa en la que está
señalada la central de inteligencia. Pero no lo hizo. El
jueves 7 de diciembre, el magistrado secuestró el contrato
firmado entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)
y las consultoras norteamericanas Ikon y Triumph para la realización
de una campaña que modificara la imagen negativa del Gobierno.
Mattie Lolavar, una ex socia de Dick Morris, asegura que cobró
25 mil dólares mensuales de las cajas de la SIDE y que el
consultor estrella recibió 1 millón 600 mil pesos
por ocho meses de trabajo. En el expediente, además del ex
jefe de los espías, Fernando de Santibañes, está
imputado su amigo, el presidente Fernando de la Rúa. Ambos
podrían ser convocados a dar explicaciones bajo el cargo
de malversación de fondos, aunque esto no ocurrirá
en lo inmediato. Ayer Urso le comentó a Becerra que volverá
a convocarlo para preguntarle sobre este asunto. Y procurará
obtener el testimonio de Morris y Lolavar.
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EL
MINISTRO DE JUSTICIA DIO EXPLICACIONES
De la Rúa atajó al procurador
Por I. H.
El ministro de Justicia, Jorge
de la Rúa, demostró tener reflejos bastante rápidos.
Mientras el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra,
preparaba una notificación en la que le comunicaría su rechazo
a la intromisión del Poder Ejecutivo en la causa de los sobornos
en el Senado, ayer corrió a reunirse con él para atenuar
el evidente conflicto de poderes planteado. El hermano del Presidente
le llevó a Becerra, además, una nota en la que decía
que el Gobierno no tuvo intención alguna de cuestionar la independencia
de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, que apelaron la falta
de mérito con que el juez Carlos Liporaci benefició a los
sospechosos en el expediente de las coimas.
La apelación que presentaron Freiler y Delgado la semana pasada
señalaba, entre otras cosas, la falta de colaboración del
Gobierno en la pesquisa sobre los sobornos. En respuesta, el Ejecutivo
reprochó a los fiscales actuar movidos por segundas intenciones.
El ministro del Interior, Federico Storani, acusó a Freiler de
ser “poco serio” y de “politizar el caso”. El jefe
de Gabinete, Chrystian Colombo, dijo que “algunas consideraciones”
del dictamen fiscal “son un poco extremistas”.
Esta situación disparó una reacción conjunta de todos
los fiscales federales que le pidieron a Becerra, su jefe, que los respaldara.
Becerra planeaba hacer una presentación ante el ministro de Justicia,
ya que según la ley de Ministerio Público representa para
el procurador el nexo con el Ejecutivo. Pero, según pudo establecer
Página/12, antes de que la materializara, Jorge de la Rúa
se jugó a intentar convencerlo, en nombre del Gobierno, de que
nadie quiso limitar la independencia de acción de los fiscales,
que es lo mismo que viene pregonando su hermano Fernando. “Lo que
la nota pretende aclarar es que lo que se cuestionó fueron algunas
de las apreciaciones de los fiscales fuera de la causa, o sea, que las
críticas fueron mal interpretadas”, señaló un
funcionario que tuvo conocimiento del escrito.
Como resultado de estas gestiones, que ponen en evidencia preocupación
presidencial por el tema, lo cierto es que Becerra por lo pronto decidió
postergar la notificación. Voceros del Ministerio Público
aseguraron que hoy la concretará porque “no puede dejar de
defender a su equipo”, pero seguramente el texto tendrá un
tono meramente formal y de menor voltaje que el esperable y esperado.
Paralelamente los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuán
analizan –en función de una denuncia presentada por el abogado
Ricardo Monner Sans– si Storani y Colombo incurrieron en algún
delito con sus expresiones contra los fiscales.
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