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Por Eduardo Tagliaferro
 Carlos “Chacho” Alvarez
sumó un nuevo escalón en su lucha contra lo que denomina
“la vieja política”. Presentó en sociedad su proyecto
“Bases para un nuevo Senado Nacional”. Primero lo compartió
con los miembros de la mesa nacional del Frente Grande y luego se lo hizo
llegar, a través del senador Pedro del Piero, al titular del radicalismo,
Raúl Alfonsín. Luego de reunirse con el único senador
frepasista, el ex presidente señaló que algunas de las propuestas
que integran el documento de Alvarez, como la reducción del número
de las comisiones parlamentarias, también habían sido planteadas
por él. Alfonsín escuchó de boca de Del Piero las
objeciones que los frentistas les realizan a los senadores involucrados
en el escándalo del Senado y que pretenden ser reelectos.
“Espero que este sea el inicio de una agenda común de trabajo
entre el Frepaso y la UCR”, dijo Del Piero a Página/12, luego
de la reunión que mantuvo con Alfonsín en la sede del Comité
Nacional del radicalismo.
El estudio de las veinte páginas del proyecto “para un nuevo
Senado” ocupó la mayor parte del encuentro de la mesa nacional
frentista. La redacción final del documento estuvo a cargo del
propio Alvarez, del senador Del Piero y de Ricardo Mitre, ex secretario
administrativo de la Cámara alta, quienes estuvieron repasándolo
hasta bien entrada la madrugada de ayer.
“No se puede graduar nuestra crítica a los modos en que se
hace política. Esta iniciativa es en defensa de nuestra identidad”,
dijo Alvarez como prólogo al análisis de su propuesta. Para
los hombres del Frente Grande la condena a las “viejas prácticas”
de la política es parte de su identidad cultural y remite a los
orígenes frentistas. Tiempos de critica al Pacto de Olivos y al
bipartidismo.
El trabajo de Alvarez arranca describiendo que el Senado se encuentra
en una “situación terminal”, en la que “la escasa
representatividad de los mandatos senatoriales, la opacidad de sus actuaciones,
la falta de austeridad en el gasto, la ineficacia legislativa, las denuncias
de sobornos y de enriquecimiento ilícito consolidaron un estado
de sospecha de la ciudadanía y deslegitimaron la institución
en su conjunto”.
El clima fue altamente participativo, casi todos los frentistas hicieron
uso de la palabra, incluso al punto de superponerse, Se analizó
también cómo impulsar la reforma política en las
distintas legislaturas provinciales y el desempeño que tienen los
organismos de control. La crítica a los entes reguladores de los
servicios públicos privatizados aparece últimamente con
fuerza en el discurso de Alvarez. Los frentistas decidieron impulsar la
derogación de la Comisión bicameral de seguimiento de las
privatizaciones, cuestionada por los seguidores de Alvarez y en la que
se destacaron los senadores Jorge Massat (denunciado por su sobrina de
utilizarla como testaferro), Emilio Cantarero (que según el diario
La Nación habría reconocido haber recibido coimas para aprobar
la reforma laboral) y el pampeano Carlos Verna.
“La reunión no sólo fue muy importante, sino que puede
ser el primer paso para una nueva institucionalidad en el Senado Nacional
y en las legislaturas provinciales”, dijo a este diario, analizando
el clima del encuentro, el diputado Rodolfo Rodil.
“Los hombres del Frente en las distintas provincias tienen que dinamizar
propuestas que conduzcan a un sistema unicameral”, dijo Alvarez a
los frentistas cuando llegó el turno de discutir la reforma política.
En este punto coincidieron en trasmitirle al ministro del Interior, Federico
Storani, que no debían participar los parlamentarios nacionales
del encuentro de legisladores que éste promueve para fin de mes.
A instancias de los apoderados partidarios, los frentistas decidieron
convocar para la última semana de marzo al congreso nacional del
Frente Grande. También se analizaron algunas realidades provinciales
y entre ellas la conflictiva situación en la provincia de Mendoza.
“No me voy a correr de la imparcialidad”, le respondió
José Vitar –enviado como veedordel proceso electoral–
a Cristina Zuccardi, cuando ésta le objetó haber alquilado
un local propio para sus actividades en lugar de utilizar las instalaciones
partidarias.
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La Agencia de la discordia
”El Gobierno está estudiando cuál es la mejor
política social que debe implementarse, más allá
de si el ministerio se convierte o no en una agencia social”,
dijo la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández
Meijide, luego de reunirse brevemente con el jefe de Gabinete, Chrystian
Colombo (ambos en la foto). La iniciativa de crear una agencia social
que unifique todos los planes sociales existentes es una de las
iniciativas que a fines de año pasado el líder frentista,
Carlos “Chacho” Alvarez, le presentó al gobierno
nacional. La nueva agencia social pone en duda el futuro lugar de
Fernández Meijide en el Gobierno. “A uno siempre le
gusta conducir aquello en lo que cree, para eso es la política”,
opinó Meijide hablando sobre el futuro del nuevo ente oficial.
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OPINION
Por María José Guembe *
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El valor de la lucha
Las opiniones de Osvaldo Bayer y Pepe Eliaschev publicadas por
este medio demuestran dos posiciones extremas frente a la realización
de la justicia fuera de las fronteras de nuestro país. En
mi opinión ambas olvidan un dato fundamental.
Bayer manifiesta su indignación y vergüenza frente al
hecho de que Alemania sea capaz de hacer lo que Argentina no quiso,
otorgar justicia a las víctimas de la dictadura: “Nuremberg,
un símbolo, nos mira. Sepamos execrar el crimen, lavémonos
las manchas de sangre que nos salpicaron a todos los argentinos
cuando el Congreso dictó esas leyes nefastas, cobardes, serviles
y nosotros las aceptamos de rodillas”.
Eliaschev se indigna también, pero por el hecho contrario:
que Alemania, que no juzgó sus propios crímenes, pretenda
ahora convertirse en paladín de la justicia con lo ocurrido
en Argentina: “Los alemanes no juzgaron a nadie. Perdieron
y pagaron. Que no den ahora lecciones morales desde Bonn, nada menos”.
Ambas opiniones olvidan que la participación de los tribunales
extranjeros en el juzgamiento de los delitos cometidos por el terrorismo
de Estado en nuestro país es producto de la incansable lucha
de los familiares de las víctimas, que nunca aceptaron la
impunidad de rodillas.
Esa impunidad de la ley que hoy gozan los criminales obedeció
a una política de Estado y la debilidad institucional se
manifestó en la aceptación y aplicación de
una normativa claramente inconstitucional y contraria al derecho
internacional.
Esa contradicción de las leyes y decretos de impunidad con
los principios de protección de los derechos humanos es la
que hoy hace que los delitos aberrantes puedan ser juzgados en cualquier
lugar del mundo. Pero los avances en el derecho internacional no
se produjeron por generación espontánea sino que fueron
el producto de luchas, la mayoría de las veces sangrientas.
Los juicios en el exterior son también el producto de la
lucha incansable de las víctimas y sus familiares, así
como el esfuerzo de residentes argentinos en el extranjero y de
las organizaciones de derechos humanos que han librado esta pelea
desde hace ya varias décadas. Que no configuran una voluntad
autónoma de terceros países de involucrarse para hacer
justicia ni constituyen una revisión de decisiones de tribunales
argentinos, como afirma el ministro Ricardo López Murphy.
Se trata de respuestas a los reclamos de los afectados que no se
cansan de buscar alternativas.
Esos reclamos de los familiares son los que han logrado despertar
el interés de la comunidad internacional, lo que permite
actualmente que los derechos humanos dejen de ser un discurso y
se transformen en realidad mediante apropiados y renovados instrumentos
de sanción internacional.
Por ello, decisiones como la de la Justicia alemana importan un
reconocimiento para quienes, desde hace un cuarto de siglo, luchan
contra la impunidad y por la verdad y la justicia, sin reconocer
fronteras.
* Coordinadora del Programa Memoria y Lucha contra la Impunidad,
del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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Conformar un cuerpo de
funcionarios austeros. Para esto proponen bajar de siete a dos las
secretarías del cuerpo. Eliminar las prosecretarías
y el otorgamiento “discrecional” de pensiones graciables.
Con estas medidas se ahorrarían 3.500.000 pesos.