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Del desparpajo a la
hipocresía
Supongamos –es un ejemplo sencillo de imaginar– que los
gobernantes, democráticos, de un país débil
y subalterno, se crean en el penoso pero ineludible deber de resignar
parte de su soberanía, su autodeterminación e incluso
de su dignidad. Que los signos de los tiempos, las relaciones de
fuerzas u otras variables –según su interpretación–
les impongan las relaciones carnales, vividas desde el ángulo
de quienes se bajan los pantalones. Supongamos que la tradición
de los partidos mayoritarios de esas comarcas contuviera dosis no
desdeñables de autodeterminación y aun antiimperialismo.
¿Cómo deben transmitir esa –dolorosa– situación
a sus compañeros, a sus correligionarios, a los ciudadanos
en general? ¿Con desparpajo, exagerando la sumisión,
sobreactuando? ¿O con dobleces, negando lo ostensible, disfrazando
la dependencia? ¿Qué es peor, entre dos males, la
sinceridad impúdica o la hipocresía?
La sinceridad impúdica tiene –si se quiere– una
virtud democrática: pone bien de resalto lo que ocurre, facilita
el debate, polariza. Al mismo tiempo, afrenta, da vergüenza.
La hipocresía escamotea, confunde, pero a la vez contiene
entre pliegues el reconocimiento del mal que se está haciendo.
La hipocresía, escribió alguien, es un homenaje del
vicio a la virtud. Revela culpa, exterioriza una moral, a la par
que dual, compleja.
Hablando acerca de los sucesivos cancilleres Guido Di Tella y Adalberto
Rodríguez Giavarini, estamos hablando del actual modo de
hacer política del peronismo y de la UCR. Podríamos
estar hablando de la obediencia debida y el punto final vs. el indulto.
Pero, hoy y aquí, nos estamos refiriendo a las relaciones
con Cuba.
Se acabó la
diversión
El año pasado el Presidente y el canciller decidieron proseguir,
sin hacer olas, la ruidosa política menemista respecto de
Cuba. En silencio, en la clandestinidad, sin informarlo al gabinete,
al presidente de la UCR, al Frepaso, votaron contra el país
gobernado por Fidel Castro en la ONU.
Un gesto que los separó de los países grandes de la
región: Brasil, México, Venezuela. Entonces Federico
Storani, Raúl Alfonsín, Aníbal Ibarra cuestionaron
la decisión urdida a escondidas, sin debate público,
de modo vergonzante. Y se suponía que este año el
voto se discutiría con suficiente antelación y difusión.
Pero, como rezaba la vieja canción, llegó el Comandante
y mandó parar.
Queda claro que Castro fue brutal, que transgredió los códigos
clásicos de la diplomacia e incurrió en una fuerte
provocación. Y es imposible pensar que lo hizo por error,
distracción o por irse de boca. Quienes conocen el paño
destacan que la diplomacia cubana, con su líder a la cabeza,
es –hija de la necesidad– profesional y avezada. El propio
Alfonsín presenció en vivo y en directo un anuncio
de lo que vendría después. Fue hace un par de semanas,
en Chile, en un autohomenaje del Partido Socialista del presidente
Ricardo Lagos. En ese marco y tras discursos laudatorios de Lagos
y de Alfonsín, habló el embajador cubano en Chile.
Leyó un discurso en el que cuestionaba como “serviles
y arrastrados” a los latinoamericanos que dieran la espalda
a su país. Era un mensaje fortísimo, por el modo y
la ocasión, dirigido al gobierno socialista chileno, pero
también una advertencia a otros votantes.
No es simple saber si es acertada la táctica cubana de endurecer
el discurso respecto de eventuales aliados. Pero es dable destacar
que ello ocurre en un trance de endurecimiento de la política
mundial, en un milenio que comienza con dos señales densas:
las elecciones que ungieron a George Bush y a Ariel Sharon.
Y un dato más, que no se gestó en el hemisferio norte.
La diatriba de Castro contra el gobierno argentino tronó
después de que llegara a sus manos un cable de la Agencia
Noticias Argentinas en que se informaba que nuestro país
reiteraría el voto del año anterior. Ese cable jamás
fue desmentido por el gobierno argentino y –según el
ex canciller Raúl Alconada Sempé– fue originado
por uno de sus voceros. En suma, que un sector oficialista puso
su granito de arena para la reacción de Castro, posiblemente
para abortar una discusión interna, democrática, que
el canciller gambeteó con soltura el año pasado.
Sin embargo, no todo será felicidad para Rodríguez
Giavarini. La irrupción del tema propició que muchas
voces dentro del oficialismo propugnaran recuperar cierta dignidad
nacional. Con un añadido que tal vez no importe mucho al
canciller pero sí llame la atención a muchos de sus
colegas de gestión obsesionados por las encuestas. La reacción
callejera frente al entredicho– que pulsaron bien los programas
matutinos de radio– incluyó muchos más elogios
a Castro –y más que a él a su diagnóstico
sobre la Argentina– que al gobierno de la Alianza.
La calle no está sola. Han proliferado las voces aliancistas
planteando la necesidad de una abstención en el voto sobre
Cuba. Un modo de reconciliar a la Alianza con la tradición
de los partidos populares en la Argentina, de la que se ne fregó
el menemismo. No les será fácil. Deberán pulsear
con los criterios del canciller, ex alumno del Colegio Militar,
ligado a los sectores más conservadores de la Iglesia, hombre
del establishment económico. Ese funcionario propugna hoy
la continuidad del ditellismo sin otros cambios que el reemplazo
del desparpajo por el doble discurso y el de la sonrisa por el rictus
ascético.
Vientos de fronda
en Comodoro Py
El Gobierno no necesita ir al Caribe para toparse con vientos de
tormenta. También tiene menudos conflictos más cerca:
sin ir más lejos en Retiro, en Comodoro Py. La descomedida
reacción oficialista frente a la apelación de los
fiscales Freiler y Delgado en la causa de las coimas senatoriales
determinó el alineamiento de todos los fiscales federales
con sus colegas. El atisbo de un conflicto de poderes que debería
tener como componedor al hermano del Presidente, a la sazón
ministro de Justicia.
Los gobernantes acusan a los magistrados de “politizar la justicia”.
Estos a los gobernantes de “judicializar la política”.
Como sucede en las rencillas familiares, todos son más atinados
para reprochar que para autocriticarse. La tensión mutua
provocó esta semana otro episodio. El jefe de la SIDE, Carlos
Becerra, se negó a contestar una pregunta del juez Jorge
Urso, alegando la existencia de un secreto de Estado del que sólo
podía dispensarlo Fernando de la Rúa. El magistrado
en un par de oportunidades amenazó al señor Cinco
con detenerlo si persistía en su reticencia. Tras algunos
dimes y diretes, Becerra lo instó a hacerlo y desatar un
conflicto de poderes. A la hora de la verdad, prevaleció
la sensatez, lo que derivará en una citación al propio
Presidente.
No es el único vecino de Villa Rosa con compromisos con la
administración de justicia. Fernando de Santibañes
deberá ir a declarar el 20 ante el juez Carlos Liporaci,
pocas horas después de que se conozca el dictamen acusatorio
por enriquecimiento ilícito contra el susodicho magistrado.
A su destreza para cambiar de banquillo y a su envidiable capacidad
de ahorro, Liporaci aduna ciertas dotes de inventor. Sus decisiones
en el expediente del Senado aluden a una alquimia: el cohecho donde
sólo hay sobornadores y no sobornados.
Creación exótica, similar a la acuñada por
Adolfo Bagnasco –colega de Liporaci y, según muchos,
su referente en la interna de Tribunales– en la causa IBM Banco
Nación. Bagnasco describe una asociación ilícita
de la que la empresa que supuestamente pagó el soborno queda
–milagrosamente– afuera. Los únicos miembros de
la presunta banda son, acá, los presuntos sobornados.
Mesas de arena
Si la inventiva de los jueces constela alto, la de los operadores
políticos no le va en zaga. Las mesas de arena pululan acá
y allá imaginando escenarios, pidiendo encuestas, poniendo
y sacando candidatos.
La Alianza tiene un curioso dilema: no se sabe si cuenta con sus
dos candidatos mejor ranqueados según los sondeos. Carlos
Alvarez asegura que no se presentará, mientras Elisa Carrió
duda si irá tras el logo de la Alianza. Radicales de buena
cepa, como Raúl Alfonsín, Enrique Nosiglia y Federico
Storani, creen que Lilita no saltará el charco e irá
por una banca de senadora, tal vez en el Chaco natal, tal vez en
la Capital, encabezando lista si Chacho no se postula. Algún
operador alambicado imagina un plan B: “Si Chacho al final
acepta, Lilita puede ir por afuera, remedando la jugada de Jorge
Yoma en La Rioja. Si sale segunda, tenemos tres senadores por Capital.
Y quién le dice, por ahí le gana a Chacho. O por lo
menos, le diluye la victoria”, se relame la fuente.
Soñar no cuesta nada e imaginar internas por doquier tampoco.
Pero hay un dato que ningún armador deja de lado. Tanto Carrió
como Alvarez tienen un discurso crítico respecto de buena
parte de la gestión de Gobierno. Y es difícil imaginar
cómo se puede nacionalizar una campaña con candidatos
que parecen opositores.
Por ahora Carrió y Alvarez salieron a exigir de su coalición
mayor firmeza a la hora de investigar el lavado de dinero. Las dos
muertes violentas de Cariló pusieron en la palestra una de
las llagas del sistema económico. El Gobierno llevaba meses
sin reglamentar la ley respectiva, lo que no deriva de algún
laberinto burocrático sino de la gigantesca capacidad de
lobby de los poderes financieros. Ahora saldrá a hacerlo,
tarde y tras el siniestro, como hacen los bomberos y no los estadistas.
De cualquier modo, más vale tarde que nunca y más
vale algo que nada. Sería útil que se corriera siquiera
parte del velo acerca de la relación entre el delito organizado,
la patria coimera, el lavado de dinero y el poder político.
Relaciones que –aunque a veces se olvide, se ignore o se omita–
tienen dos partes. La corrupción es un vicio de los gobernantes,
pero es también una característica saliente, acaso
estructural, del capitalismo realmente existente en estas pampas.
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