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Por Laura Vales
 Luego del fracaso de las negociaciones
con el Ministerio de Trabajo, los piqueteros de La Matanza tomaron dos
decisiones: levantar el corte de ruta que mantenían en San Justo
y convocar a un gran encuentro de organizaciones de desocupados de todo
el país. Desarmaron el piquete de madrugada, con pocas palabras,
pero con la advertencia de generalizar las protestas en abril. Se muestran
convencidos de que ahora su mejor estrategia es reordenarse y volver con
cortes y protestas múltiples y simultáneos. Al mismo tiempo,
la cartera de Trabajo insistió en la idea de que, si las conversaciones
fracasaron, fue por culpa de los dirigentes del piquete. “No toleran
que controlemos los planes de trabajo, reempadronando a sus beneficiarios”,
resumen allí. Para demostrar que están dispuestos a ir a
fondo en esa pelea, mostraron casos concretos de la entrega irregular
de planes.
Fue el vocero presidencial, Ricardo Ostuni, quien se ocupó de difundir
los primeros datos. “En La Matanza se han detectado muchachos que
están estudiando licenciaturas en Administración de Empresas,
algunos en universidades privadas, que gozan de planes Trabajar”,
reveló en declaraciones radiales.
La denuncia fue ratificada después por Patricia Bullrich, quien
agregó que en las fallidas conversaciones el primer reclamo que
recibieron fue “poder actuar, influir de alguna manera, en la causa
judicial que está llevando adelante la fiscalía de La Matanza,
por extorsión, en la que hay una cantidad de testigos que han dicho
que para recibir planes Trabajar tienen que participar de cortes de ruta
y demás”.
El gerente de Empleo del área del conurbano, Guido Lorenzini, precisó
a Página/12 las irregularidades detectadas:
 Beneficiarios que, a cambio
del plan, se dedican a limpiar unidades básicas. Lorenzini difundió
los ejemplos siguientes: Juan Alberto Raich, de Ramos Mejía, con
dos hijos y sin trabajo desde hace dos años; declaró a los
funcionarios del ministerio que su actividad es “trabajar en una
unidad básica”. Javier Ruiz Medina, de Isidro Casanova, técnico
electrónico; dijo que como contraprestación del plan de
empleo “limpia la unidad básica en Ciudad Evita”. Ramón
Ponce, de la misma zona, respondió que por el plan “trabaja
el negro Juan Carán en la unidad básica”. Justo Moreiro,
que “limpia la unidad básica de Cogote, el capo nuestro”.
Lorenzini puntualizó que todos los datos fueron brindados por sus
protagonistas y refrendados con sus firmas.
También aparecieron
como beneficiarios de planes estudiantes de la Universidad de Lomas de
Zamora, profesores de educación física, técnicos
radiólogos y maestras jardineras, a pesar de que los programas
de empleo están destinados a jefes o jefas de hogar desocupados
y el criterio para su entrega es privilegiar a los más pobres y
con mayor cantidad de hijos.
Las irregularidades fueron detectadas con el reempadronamiento que Trabajo
está realizando sobre los 8400 planes destinados a La Matanza.
Hasta ahora revisaron 400 y encontraron más de 30 con anomalías
de este tipo.
Lorenzini también anticipó que va a reclamar al intendente
de La Matanza Alberto Balestrini (que preside el Consejo de Emergencia
Social) que se comprometa a citar para el reempadronamiento a todos los
beneficiarios de planes. “El que no venga, a partir del 15 de marzo,
va a quedar desafectado del plan”, aseguró.
El intendente Balestrini dijo anoche a este diario que va a chequear personalmente
las denuncias. En la mayor parte de los casos, los beneficiarios de los
planes de empleo son propuestos por algunos de los sectores que integran
el Consejo de Emergencia, pero de la autorización final es responsable
un funcionario municipal. En los últimos días Balestrini
coincidió con los piqueteros en que la Nación había
incumplido sus promesas, pero no se opuso al reempadronamiento. La postura
de los dos líderes de la protesta, Luis D’Elía (CTA)
y Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa), es que sólo
lo aceptarán si del control también participa el Consejo
de Emergencia Social. Plantean que, de otra manera, el único resultado
será que seguirá habiendo casos de entrega irregular de
planes, sólo que en favor de otros sectores. Todo indica, sin embargo,
que en este punto han perdido el apoyo que la provincia y la intendencia
les venía dando cada vez que subían las aguas del conflicto.
Fuentes de la gobernación aseguraron que ayer hubo una reunión
entre Patricia Bullrich y Balestrini, en la que el jefe comunal dio garantías
de que Trabajo tendrá todo el control sobre los planes. El intendente,
agregaron, llegó a ese encuentro con indicaciones del gobernador,
luego de una consulta cruzada con Fernando de la Rúa.
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OPINION
Por Claudio Lozano *
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Las razones de la
marcha
La desocupación y la pobreza de La Matanza avanzó
sobre la Capital. Lo hace recordando el acuerdo firmado en noviembre
y hasta hoy incumplido por el Estado nacional, pero demostrando
una vez más que su experiencia de lucha marca y señala
las nuevas modalidades que adopta la organización popular
en la Argentina.
En primer término, el corte de la Ruta 3 en noviembre del
año pasado, mostró el nuevo rostro del Gran Buenos
Aires. Emergió frente a la opinión pública
no desde los trabajadores formales organizados de la vieja Argentina
industrial, sino desde la desocupación, la precariedad y
la pobreza que consolidara la desindustrialización de los
últimos 25 años.
En segundo lugar, la experiencia de lucha demostró la capacidad
de aglutinar en el denominado “Consejo de Emergencia”
a la comunidad de La Matanza. Demostró la capacidad de crear
un nuevo espacio público que por fuera del ámbito
estatal fue capaz de poner en debate la cuestión del trabajo,
la salud, la educación y el propio espacio urbano en La Matanza.
En tercer término, esta nueva clase trabajadora pudo materializar
un acuerdo con el Estado nacional, provincial y municipal que reconoce
como ámbito de realización el espacio territorial
(no la empresa) y que no sólo incluye la asignación
de planes de empleo sino que incorpora la pavimentación de
calles, la construcción de aulas, alimentos, fondos para
herramientas y medicamentos, etc. Acuerdo que por cierto pone en
cuestión el monto y la dirección con que se asignan
los recursos públicos.
La movilización del miércoles es consecuencia del
incumplimiento oficial del acuerdo firmado. Sin embargo, no es éste
el único punto que motoriza la protesta. Esta es resultado
también del intento oficial de coartar e impedir que los
trabajadores que reciben planes Trabajar puedan tener derecho a
organizarse en la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat
de la CTA. Se intenta impedir que aquellos que voluntariamente quieran
organizarse en dicha estructura puedan aportar un porcentaje de
su ingreso (2.5%) como cuota de afiliación. Son conocidos
los estudios que muestran cómo las prácticas punteriles
y clientelísticas desarrolladas por los partidos tradicionales
han distorsionado la asignación de los planes de empleo.
Es extraño y paradójico que la desidia observada en
resolver este punto, sea acompañada por una activa estrategia
oficial y judicial a cuestionar una experiencia que institucionaliza
la organización, y que pretende democratizar restituyendo
capacidad organizativa a esta nueva clase trabajadora. La marcha
avanzó sobre la Capital intentando defender sus condiciones
de vida pero además exigiendo la ampliación de la
democracia, lo cual supone el derecho a organizarse en libertad
como actor social y, por tanto, con capacidad para influir sobre
el rumbo de las políticas públicas.
* Secretario de Estudio y Formación de la CTA.
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OPINION
Por Enrique M. Martínez *
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Sumar, sumar
Cuando asumí el cargo de secretario, hace tres meses y
medio, un periodista me preguntó cuál será
mi sueño al completar mi gestión. Con un impulso juvenil,
que cada tanto me cruza, dije que aspiraba a que no hubiera más
cortes de ruta. Tratando de apuntar a esa meta, en noviembre pedí
una entrevista con el intendente de La Matanza. Mi criterio era
que, si podíamos ayudar a resolver los problemas de trabajo
en el distrito más complejo de la Argentina, podíamos
animarnos en cualquier otro lugar.
Me reuní con el intendente, junto con Herminio Bayón,
concejal del Frepaso y presidente del bloque de la Alianza. Les
expuse nuestra propuesta de colaboración, que incluía
la asignación de personal tiempo completo a ese municipio,
ejecución de programas de capacitación, formulación
de proyectos de inversión y orientación para atacar
el problema del empleo desde varios frentes. Hablamos con el INTA
y el Ministerio de Desarrollo Social para contar con apoyo y lo
conseguimos.
Desde entonces, hemos fortalecido nuestros vínculos horizontales
con otros ministerios y ha mejorado nuestra posibilidad de aportar
esfuerzo en el tema.
Como resultado de la reunión se convino en hacer un convenio
de cooperación, anunciarlo públicamente y ponernos
a trabajar. Mandamos el texto y se fijó una fecha de firma.
Nos llamaron para postergarla tres veces sucesivas. El propio intendente
me explicó que debía participar el Ministerio de Producción
de la provincia en el convenio y dimos nuestro acuerdo. Al día
de hoy, el pescado está sin vender. Llamamos a Bayón
y al concejal Luis D’Elía, para interesarlos en el tema.
No nos contestaron.
Seguramente, la Sepyme tiene recursos limitados y hasta groseramente
insuficientes para resolver materialmente el problema de la pobreza
en un distrito de 1,5 millones de habitantes. Pero creemos que puede
aportar elementos para contar con un programa concreto de trabajo,
que permita a buena parte de esos compatriotas ir encontrando la
salida a partir de sus propias fuerzas. A la fecha nos vemos inclinados
a creer que los dirigentes populares de La Matanza, cuya frustración
ante el dolor y la pobreza profunda comprendemos y valoramos, se
han instalado en el culto a la desesperanza. Esto no les sirve a
ellos ni a la gente que cree en ellos. Seguimos esperando que nos
llamen.
* Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa.
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