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Por Adriana Meyer
 A pocos días de abandonar
su despacho, el juez federal Adolfo Bagnasco procesó ayer al ex
presidente del Banco Nación Aldo Dadone por el delito de cohecho
en la causa referida al escándalo informático que involucró
a esa entidad oficial y a la empresa IBM. El ex funcionario cavallista
había sido acusado como jefe de una asociación ilícita
y por eso está detenido desde el 8 de febrero. Finalmente, Bagnasco
no encontró elementos en ese sentido, pero lo dejó preso
porque “podría eludir la acción de la Justicia”
dado que en 1997 se mantuvo prófugo por más de 60 días.
Su hermano, Mario, fue procesado por cohecho y defraudación, mientras
que los hipotéticos integrantes de la banda –los ex directivos
del Nación Alfredo Aldaco, Genaro Contartese y Hugo Gaggero–
obtuvieron una falta de mérito. La clave de estos nuevos procesamientos
fue el descubrimiento de las cuentas suizas de los imputados por donde
pasaron parte de los 21 millones de la coima. Bagnasco trabó un
embargo de 2 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los hermanos
Dadone.
Bagnasco consideró que el escándalo informático IBM-Banco
Nación es “la maniobra delictiva más importante de
los últimos años en perjuicio de las arcas del Estado nacional”.
En la resolución que firmó ayer indicó que “se
encuentra plenamente demostrado” en el expediente “que la firma
CCR desvió parte de los fondos recibidos de IBM Argentina y que
previamente fueran abonados por el Banco de la Nación Argentina,
en diversas cuentas bancarias, todas ellas ubicadas en el exterior”.
Y también quedó comprobado que CCR no prestó ningún
servicio como subcontratista de IBM, “sin perjuicio de lo cual se
hizo acreedora de más de veinte millones de dólares”.
A Aldo Dadone se le imputa haber recibido una suma de dinero por haber
logrado, mediante su actuación como presidente del Nación,
el direccionamiento de la licitación del proyecto informático
Centenario en beneficio de la empresa IBM. La informatización de
525 sucursales le iban a costar al banco 249 millones de pesos y la coima
pagada ascendería a 37 millones, aunque sólo se llegaron
a pagar 21. “No puede aceptarse bajo ningún concepto, más
allá de las excusas vertidas por Aldo Dadone, que éste desconociera
cuál iba a ser en definitiva la actuación de una firma como
CCR, que carecía del menor antecedente en el mercado informático”,
dijo el juez, y agregó que el ex funcionario “puso todo su
empeño y dedicación en cada uno de los pasos previos, contemporáneos
y posteriores al Proyecto Centenario”.
En mayo de 1998 el juez de Ginebra Michel Graber le confirmó a
Bagnasco la existencia de dos cuentas en la Unión de Bancos Suizos
(UBS) a nombre de las esposas de Aldo y Mario Dadone. El juez dispuso
indagarlos por el delito de cohecho. Ya habían sido procesados,
pero Mario se benefició con una falta de mérito que le dictó
la Cámara Federal mientras que Aldo quedó procesado sólo
por defraudación. Mario Dadone había asegurado que fue el
fallecido director del Nación Ricardo Imposti quien depositó
1 millón 159 mil pesos en su cuenta porque se la había prestado
para saldar una deuda. Su hermano mayor, Aldo, declaró que el depósito
sospechado en la cuenta a nombre de Antonia Albarracín de Dadone
en el UBS lo hizo su hermano. Bagnasco consideró que “no ha
podido explicar en forma convincente el origen de los fondos”. Como
las esposas de los Dadone participaron en la maniobra sólo con
la apertura de las cuentas, y esto ocurrió en 1994, la acusación
en contra de ellas estaría prescripta.
DENUNCIA
A JUECES QUE YA ESTAN INVESTIGADOS
Una mancha más para la Sala “A”
Una nueva denuncia complica
a la Sala A de la Cámara Comercial de Apelaciones. La petrolera
Esso presentó una demanda judicial contra sus integrantes por el
presunto delito de prevaricato, es decir, fallar de manera intencional
en forma contraria a lo que indica el derecho.
Los camaristas Isabel Míguez de Cantore, Julio Peirano y Manuel
Jarazo Veiras ya estaban siendo investigados por el Consejo de la Magistratura,
por la aparente venta de fallos favorables a determinados litigantes.
Jarazo Veiras incluso renunció el año pasado en medio del
escándalo.
Esso acusa a los camaristas de haber dictado una medida de no innovar
en su contra de manera irregular, que impidió a la empresa la instalación
de un “área de servicios” en la Ruta 2.
“La maniobra consistió en presentar falsamente que la construcción
de una estación de servicio por parte de Esso significaba un apartamiento
del acuerdo al que supuestamente habrían arribado las empresas
Shell, Covisur (concesionaria de la Ruta 2) y Opessa (propietaria de la
mayor parte del paquete accionario de YPF) con respecto a limitar la competencia
en áreas de servicio”, dice la presentación. “Los
jueces soslayaron groseramente la necesaria intervención de la
provincia de Buenos Aires”, bajo cuya jurisdicción se encuentra
la Ruta 2, dijeron los denunciantes según la agencia DyN. Y recordaron
que esa sala ya tiene un pedido de juicio político.
“IL
MANIFESTO” HABLA SOBRE LA FUGA DE OLIVERA
“Jueces de los que avergonzarse”
”¿Recuerdan el viejo
proverbio de cerrar el establo después de que los bueyes se escaparon?
Así estamos, seis meses después de la farsesca, si no fuera
escandalosa, decisión de la Corte de Apelaciones de Roma, que el
18 de septiembre pasado dispuso la liberación del ex mayor del
Ejército argentino Jorge Olivera, uno de los carniceros responsables
de 30 mil desapariciones del régimen militar del ‘76-’83.”
Así empieza una nota publicada ayer Il Manifesto.
Después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema
de Casación de Roma de anular el fallo que dejó libre a
Olivera, el diario italiano reflexionó sobre las posibilidades
de que el delito de falsificación de la supuesta partida de defunción
de la desaparecida Marie Anne Erize también quede impune. Incluso,
el apócrifo documento desapareció del expediente.
Bajo el título “Guidici de cui vergognarsi” (“Jueces
de los que avergonzarse”), Il Manifesto recordó que los jueces
suplentes de la Corte de Apelación “tomaron decisiones singulares”
y dejaron libre al “carnicero reciclado como abogado” Olivera,
porque consideraron que el delito de secuestro estaba “extinto”
en base a un supuesto certificado de muerte de Erize.
“Lástima que la ‘documentación’ presentada
por la defensa fuera de tal burda falsedad que no sólo un juez
de la Corte de Apelaciones sino un cretino cualquiera se hubiera inmediatamente
dado cuenta”, se lamentó el periódico italiano. En
el artículo se recordó que el apócrifo certificado
de defunción de Erize que aportaron los abogados de Olivera fue
desmentido por el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra.
La nota de Il Manifesto tampoco tuvo reparos con las autoridades italianas,
que no apartaron a los jueces de la Corte de Apelación, ni con
el juez Adolfo Bagnasco, que investiga aquí la falsificación
del documento: “Olivera se regodea en Argentina. Sobre los tres jueces
romanos está pendiente una sanción disciplinaria anunciada
por el ministro de Justicia Fassino (de la que hasta ahora no se supo
nada: ¿habrán sido enviados a Nuoro o Caltanissetta?). Sobre
el caso está abierta también una causa penal por la responsabilidad
de la estafa. Es posible que los abogados Sinagra (Licio Gelli) y Bezicheri
(Nueva Fuerza) sean incriminados. Puede ser que el juez federal argentino
Adolfo Bagnasco decida la incriminación de Olivera, Appiani y sus
socios por la falsificación del certificado de muerte de Marie
Anne Erize. Pero nadie corre peligro. El juez Bagnasco anunció
la decisión de candidatearse a las próximas elecciones en
las filas del partido peronista y Olivera y Appiani son miembros activos
del Modin, el partido de extrema derecha del coronel carapintada Aldo
Rico, aliado del peronismo y ex ministro del Gobierno de la provincia
de Buenos Aires”. Bagnasco pidió ayer que la Corte Suprema
de Casación le enviara el fallo que anuló la excarcelación
de Olivera y en el que se declaró que el crimen de Marie Anne Erize
no prescribió.
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