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LA VERDADERA HISTORIA DE UNA FUGA DE MENORES INDUCIDA Y UNA GOLPIZA FEROZ
Un castigo brutal por no haberse fugado

�Esta noche va a haber goma�, dijeron los celadores a los menores detenidos en el Instituto Aráoz Alfaro. La mayoría se fugó, los 17 que no lo hicieron recibieron una durísima golpiza con caños de hierro. Algunos fueron recapturados y recorrieron las peores comisarías. Qué dicen las autoridades.

Las marcas que dejaron los caños de hierro fueron fotografiadas por los peritos judiciales.
Los celadores dijeron que habían reprimido un motín, pero el mismo director los denunció.

Por Horacio Cecchi

“Nosotros íbamos a denunciar a los maestros golpeadores, y entonces ellos se enteraron y nos hicieron saber que a la noche había goma.” La versión surgió de boca de un menor, de 16 años, uno de los 17 que no participaron de la fuga del instituto de media seguridad Aráoz Alfaro, ocurrida el viernes 10 de febrero pasado. Los maestros golpeadores a los que alude el menor son los celadores y la “noche de goma” explica la fuga posterior de 43 de los 60 internos. La amenaza, finalmente se cumplió y la sufrieron los 17 que quedaron dentro. Las imágenes de sus cuerpos, salvajemente golpeados con caños de hierro, tomadas por la Justicia esa misma noche y a las que Página/12 tuvo acceso, son una demostración elocuente de que los guardias cumplieron su promesa. La Justicia y las autoridades del Consejo Nacional del Menor tienen profundas sospechas de que la fuga fue alentada por los guardias para provocar disturbios como respuesta a remociones que se vienen realizando en el área de seguridad. Al menos diez de los prófugos fueron recapturados y pasaron por el calvario del sistema: fueron hacinados en una comisaría con lugar para dos y donde uno de ellos sufrió un intento de violación. Luego los derivaron a otra, inhabilitada “porque es inhabitable hasta para un perro”, según señaló la misma jueza que clausuró la comisaría. Diez de los 12 celadores del Alfaro fueron apartados y sumariados por el Consejo Nacional además de que se les inició una causa penal. De todos modos, tuvieron más suerte que uno de los menores prófugos: murió baleado en un tiroteo.
A las 20.30 del 10 de febrero pasado, 43 de los 60 internos del Aráoz Alfaro saltaron los muros de presunta seguridad del instituto, y desaparecieron a campo traviesa. El resto quedó dentro. Según la versión de los celadores, se produjo un motín a la hora de la cena, tomaron la cocina y a dos guardias como rehenes, y luego saltaron un alambrado de 4 metros y un muro de la misma altura hasta desaparecer en un campo lindante. Según la misma versión de los celadores, a trece lograron impedirles la fuga en una lucha cuerpo a cuerpo.
Las fotos, tomadas por los peritos policiales, por las autoridades judiciales, y por el director del instituto, Alejandro Kessel, esa misma noche, indican claramente que tal lucha no existió, que sólo hubo un bando que soportó los golpes, el de los menores, y que esos golpes fueron propinados con total saña y salvajismo. Todos aparecieron con terribles marcas de impactos en sus espaldas y piernas, en la cabeza y, uno de ellos, presentaba una de sus manos completamente perforada como si fuera un Cristo. Los celadores habían utilizado caños de hierro. La versión de los guardias y los cuerpos de los menores abrió tantas convicciones entre las autoridades que Kessel, al día siguiente, presentó una denuncia penal contra diez de los doce guardias de turno aquella noche. Los diez habían sido señalados por los 17 menores que quedaron dentro.
“Cuando llegué estaban tirados en el piso húmedo, sin zapatillas, lo que me llamó mucho la atención –dijo la jueza del Tribunal 2 de Menores platense, Gloria Gardella–. Nos están pegando, dijeron todos. Los hice revisar por médicos que comprobaron marcas de golpes.”
El Alfaro pertenece al Consejo del Menor de la provincia, pero por un convenio provisorio firmado en el ‘95, y que todavía se mantiene, la administración del lugar, incluyendo a todo su personal y al mismo Kessel, es provisto por el Consejo Nacional. “La versión de si realmente se trató de un motín la ponemos en duda y es motivo de una profunda investigación -sostuvo María Orsenigo, titular del Consejo Nacional–. Nos interesan mucho los dichos de los chicos que quedaron, como también de los recapturados.” Orsenigo, como los investigadores, también ponen en duda que los golpes recibidos por los 17 que quedaron dentro hayan ocurrido mientras los guardias intentaban impedir la fuga. “Todos los golpes fueron dados por la espalda y los costados. No hay relación con una refriega cuerpo a cuerpo”. “Los nombres de diez de los doce guardias se repiten en las declaraciones de todos los chicos –afirmó Orsenigo–. Por política nuestra, Kessel presentó al día siguiente una denuncia penal en la fiscalía 3, a cargo de Marcelo Martini. Pero, además, apartamos a los acusados, les dimos licencia forzosa, abrimos un sumario, no estarán en contacto con menores hasta que no se sustancie la causa, y si son encontrados responsables serán separados del servicio.”
Según reveló una fuente de la investigación, la sospecha más fuerte indica que la fuga fue alentada por los guardias. Llama mucho la atención que las tres cuartas partes de los internos hayan coincidido en sus intenciones y que hayan escapado con tanta facilidad de un instituto con supuesta seguridad. La misma fuente sostuvo que podría tratarse de una demostración del descontento de los celadores por cambios de la estructura que “ponen en riesgo sus puestos”.
Pero si los 17 que quedaron dentro sufrieron en sus cuerpos el reclamo de los guardias y las ausencias de sus compañeros, al menos a diez de los prófugos no les fue mejor. Apenas concluida la fuga, “cinco fueron recapturados en el campo lindante –señaló Gardella–. Se habían quedado quietos, dijeron que los habían obligado a escapar. Algunos se entregaron en los juzgados de su jurisdicción”.
Una semana antes de la fuga, la misma jueza Gardella ordenó la inhabilitación de la comisaría 12 de Villa Elisa, capacitada para alojar menores por algunas horas –aunque la mayor parte de las veces, las horas se transformen en meses–, por un incendio que había convertido el lugar en “inhabitable hasta para un perro”, como describió la magistrada. Por lo tanto, los primeros siete recapturados fueron alojados en la 13 de Gonnet. “No es para menores, y tiene espacio sólo para dos detenidos. Eran siete y estaban hacinados en el mismo lugar. Hubo un intento de fuga, daños y un intento de violación, por lo que inmediatamente decidí el traslado.”
¿Dónde fueron a parar los desalojados de la 13? Seis a la comisaría que no es habitable ni para un perro. El séptimo fue derivado a su lugar de origen: la comisaría de Pergamino, para indignación de la jueza local Diana Jure, que durante meses bregó para que fuera trasladado al instituto platense Almafuerte y que finalmente lo vio reaparecer en la misma comisaría.
No le cupo la misma suerte a otros. Uno de los diez recapturados fue atrapado mientras reincidía en un asalto. Otro, simplemente, murió hace pocos días en un tiroteo con la policía.

 

El eterno escape

En la historia sin fin de los institutos de menores, los últimos tres capítulos se escribieron este año, y el último hace pocos días. El 14 de este mes, 21 internos se escaparon del Instituto San Martín, en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Tenían entre 14 y 16 años, en su mayoría “involucrados en delitos contra la propiedad”, comunicó el Consejo del Menor y la Familia y, con involuntario humor negro, sostuvo que “no había indicio de que estuvieran descontentos”.
El 9 de este mes, diez adolescentes escaparon del Instituto Manuel Rocca, en el barrio de Floresta. La fuga fue en plena noche y por una claraboya en el techo del comedor: para subir, armaron una pirámide humana.
El 19 de enero, cinco jóvenes huyeron del Instituto Luis Agote, en el barrio de Palermo. Tenían entre 17 y 19 años. Forzaron una reja en el primer piso y se descolgaron con la ayuda de sábanas. El 29 de julio del año pasado, en ese mismo establecimiento, doce internos habían protagonizado un motín para reclamar “un trato de seres humanos”.
Pocos días antes, el 3 de junio, 30 jóvenes de entre 18 y 21 años se amotinaron en el Instituto de Menores Almafuerte, en Melchor Romero, después de que un celador le pegó a uno de ellos. Tomaron cuatro rehenes, pero depusieron su actitud ante la presencia de dos juezas.
El 9 de mayo de 2000, el subsecretario del Consejo del Menor de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Saredi, suspendió la internación de niños y adolescentes en la Comunidad Terapéutica Jesús de Nazareth, del arzobispo Emilio Ogñenovich, luego de que Página/12 informara sobre violaciones y torturas a internados. Poco después Saredi renunció a su cargo, por pedido del gobernador Carlos Ruckauf.

 

“El sistema está en crisis”

Por H. C.
“Nada de lo que pasa en estos centros es casual”. La titular del Consejo Nacional del Menor y la Familia, María Orsenigo, apunta a la responsabilidad de los celadores de los institutos de menores cada vez que se producen fricciones entre guardias y menores. Durante una entrevista que mantuvo con este diario, sostuvo que “el sistema está en crisis. Cuando fue creado fue pensado para tratar en forma violenta a chicos que vienen de una educación violenta. Cambiar ese estado de cosas es el desafío que asumimos”. Reconoció la responsabilidad del Consejo Nacional en los incidentes del Aráoz Alfaro y detalló las investigaciones abiertas sobre 10 de los 12 celadores (ver nota principal). “No se puede cambiar todo de golpe”, sostuvo: un convenio firmado con el Ministerio de Justicia, el lunes pasado, incorporará hombres del Servicio Penitenciario Nacional durante un año, que reforzarán al tembladeral que representa el cuerpo actual de celadores.
“La administración es nuestra, desde el convenio firmado en el ‘95 con la provincia, que no daba abasto y tenía saturadas las comisarías con menores. Nosotros somos responsables de lo que pasa ahí (en el Instituto Alfaro), pero la dependencia es del Consejo Provincial, que es a quien le corresponde dar la medida internativa”. Según Orsenigo, “el sistema está en crisis, no tiene edificios adecuados para atender la problemática de jóvenes en conflicto con la ley”, a lo que se suman celadores preparados para responder con violencia. “El sistema tiene dos fallas muy grandes: fue pensado sólo como sistema de seguridad y la comunicación institucional se producía únicamente a través de los celadores, que eran los únicos que estaban en contacto con los menores. Por eso, estamos generando una capacitación permanente, incorporando nuevas actividades como la escuela secundaria, llevamos de una a cuatro las horas de clase, ampliamos la cantidad de visitas, abrimos hogares. Eso permite que los chicos entren en contacto con maestros y otro tipo de personas. Pero, además despedimos a todos aquellos que aparecen en conflicto con los menores y abrimos denuncias penales”.

 

El debate sobre la Ley de Menores

Por H. C.
La fuga y la feroz represión en el Aráoz Alfaro forman parte de un escenario cotidiano del sistema en el que inevitablemente caen los menores asistidos por el Estado o con conflictos con la ley. El 28 de diciembre pasado fue aprobada la ley 12.607, de Protección Integral de los Derechos del Niño y el Joven, promovida por la titular del Consejo provincial, la ex jueza de menores Irma Lima. Tres días después de la salvaje represión en el Aráoz Alfaro, la ley empezó a mostrar sus grietas: los asesores de menores de toda la provincia denunciaron que a través de la 12.607 el Poder Ejecutivo asumirá el control de sí mismo, como juez y parte, desplazando el contralor de la Justicia. La denuncia fue elevada al procurador general de la Suprema Corte, Matías de la Cruz.
“No brinda garantía procesal alguna amenazando o directamente violando los derechos de niños y jóvenes, empujándolos a un sinuoso sendero procedimental, en el que no rigen los principios constitucionales más elementales”, sostienen los asesores en su redacción. “Si no son capaces de brindar seguridad, y la contención que hacen de los menores es una brutal represión como en el Aráoz Alfaro –señaló una fuente judicial–, cómo se puede suponer que además van a poder controlarse a sí mismos”.
“No entiendo por qué no les gusta la ley –señaló Lima–. Esta es una movida de la gente que no quiere ese cambio. Con la legislación anterior, el juez era dueño y señor, y aunque no fuera un delito igual metía adentro al menor. El asesor era asesor y fiscal a la vez.” La 12.607 crea una serie de niveles municipales, ONG, y jurisdiccionales, fuera del área judicial y del alcance de los asesores de menores, para contención y seguimiento de niños y jóvenes. La ley provocó intranquilidad en todos los escalones del Palacio de Justicia. “Si no son capaces de hacer bien las responsabilidades que ya tenían, no podemos evitar pensar el descalabro que se va a provocar cuando el Poder Ejecutivo se controle a sí mismo”, señaló a este diario una alta fuente de la Justicia.

 

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