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Por Susana Viau
 El Agente Especial Senior (SSA)
Perino y la Examinadora Especial Senior de la Junta de Gobernadores de
la Reserva Federal de los Estados Unidos, Debra Bonosconi, quedaron pasmados
por la elegancia de ese tercer piso, lindante con el río, en el
corazón de Puerto Madero. Pero los norteamericanos no estaban allí
para mirar el paisaje: el estudio de abogados Saint-Jean & Maggio
había sido el lugar fijado para que los dos funcionarios interrogaran
al agente inmobiliario marplatense Nicolás Di Tullio, acusado de
haber recibido en la cuenta 25.913 de Mercado Abierto Bank en el Citibank
de Nueva York,“aproximadamente” 11.752.229 dólares procedentes
del narcotráfico mexicano. Más precisamente del cartel de
Juárez. El abogado de Di Tullio, Pablo Maggio, se hallaba presente
y los dos agentes especiales lo encontraron razonable. Lo que no les hubiera
resultado imaginable era que Pablo Maggio, tal como reveló Página/12
en los inicios de la investigación que lleva a cabo sobre las actividades
del grupo Moneta, además de tener como cliente al Citibank de Argentina,
cumpliera el rol de asesor del director del Banco Central Manuel Domper,
encargado –vaya paradoja– del seguimiento del lavado de dinero.
La investigación de la “Operación Casablanca”
involucraba también al cambista, mesadinerista y propietario del
Mercado Abierto Bank, Aldo Ducler, quien había intervenido en la
campaña política de Ramón “Palito” Ortega.
Por eso asistían, asimismo, a la entrevista las abogadas María
del Sol Muñoz, del estudio de Raúl Sanguinetti, en representación
del M.A. Bank y M.A. Casa de Cambio, de Argentina, y Mariela Cravetta
por el M.A. Bank y M.A. Casa de Cambio, en Estados Unidos.
Ese 25 de junio de 1999, la entrevista de Puerto Madero acabó siendo
maratónica: según consignó en su prolijo reporte
el Agente Especial Senior Perino, comenzó a las 10 de la mañana
y se prolongó durante cinco horas. En el informe, Perino escribió
también la referencia de esas actuaciones: las incautaciones 19982704000374
y 199827040003272, practicadas en un mismo día –el 18 de mayo
de 1998–, en Los Angeles. La primera suma eran 234.598,23 dólares;
la segunda 1.596.110. Ambas incautaciones se habían realizado en
las cuentas 36137631 que el M.A. Bank tenía en el Citibank y 36111386
del M.A. Casa de Cambio también en el Citibank.
Perino, sabiendo que no hay detalles desdeñables, reseñó
que cuando pasaron a la sala de conferencias del bufete pudo observar
que en una oficina adyacente, de paredes de vidrio, la abogada Cravetta
conversaba con dos hombres, quienes al serle presentados resultaron ser
Di Tullio y Maggio. Esa charla en petit comité había durado
exactamente 15 minutos.
Cuando salieron para reunirse con él y con Debra Bonosconi se había
agregado un tercer abogado; Daniel Saint-Jean, un ex liceísta,
hijo del general Alfredo Saint-Jean (ex ministro del Interior de Leopoldo
Fortunato Galtieri) sobrino de Ibérico y ex secretario y ex fiscal
federal.
La distinguida clientela
La intervención de las cabezas del estudio Saint-Jean & Maggio
en representación de Di Tullio era una jugada audaz y riesgosa
porque el despacho era asimismo representante del Citibank en asuntos
penales: había actuado en su nombre en una causa iniciada contra
el caído Banco Extrader y en asuntos aún más espinosos.
Por ejemplo, en la querella que Guido Boddi, un particular que reclamaba
la herencia de su padre, había entablado y desembocó en
el allanamiento de una “cueva” del Citibank de Argentina, ubicada
en San Martín 140, donde funcionan otras dependencias del banco,
y en la que operaban dos ex vicepresidentes del Citi, Lolo Francisco Beraldi
y Javier Crespo, ambos procesados en la actualidad. Ahí, de acuerdo
a la documentación secuestrada, se abrían cuentas en el
exterior y se manejaban los fondos de esas cuentas. En sus declaraciones,
los “citibankers” Beraldi y Crespo, dijeron y se desdijeron.
Lo cierto es que en alguna de esas idas y vueltas informaron que allí
se cumplían tareas del área de “private banking”.
Banca Privada, destinada a la atención discreta de grandes depositantes,
basada en la premisa de “conozca su cliente” (para evitar la
filtración de dinero de procedencia ilícita), un conocimiento
que, en México, no alcanzó a detectar el flujo de fondos
de Salinas de Gortari, procedentes –según sostuvieron entonces
los investigadores– de los sobornos, la corrupción y el narcotráfico
ligado al cartel de Juárez. Lo cierto es que, a poco de comenzar
el allanamiento a la sede de San Martín 140, se presentaron Pablo
Maggio y Daniel Saint-Jean, convocados de urgencia por los asustados “citibankers”.
El expediente judicial fue derivado al Banco Central para que éste
determinara si en esas oficinas allanadas se infringían las normas
de la legislación financiera y cambiaria. Del ‘96 al ‘98,
el expediente durmió el sueño de los justos en los cajones
de los altos funcionarios del BCRA. Sólo la tozudez del denunciante
Boddi logró reactivarlo. Igual, no sirvió de nada. A los
pocos días, sin haber realizado ninguna diligencia en San Martín
140, el BCRA cerró el caso por encontrar que todo se encontraba
dentro de lo permitido. La firma de esa resolución era la del director
Manuel Domper, contratante de Pablo Maggio.
Pero las desprolijidades no pararon. Hace un año, fue el propio
presidente del Banco Central, Pedro Pou, quien contrató y presentó
como perito de parte ante la Justicia al contador Federico Maggio, hermano
del abogado Pablo Maggio e integrante, él también, del staff
del estudio en cuestión. Se trataba de demostrar la corrección
de lo actuado por el Banco Central en la causa que se le sigue al ex banquero
Raúl Moneta en el juzgado federal de Gustavo Literas e investiga
el fiscal Guillermo Montenegro.
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