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La influencia norteamericana en la guerra civil colombiana generalmente
se mide en términos sacados de la Guerra Fría, en especial
los de las guerras centroamericanas de la era Reagan. Ayuda financiera,
entrenamiento, Boinas Verdes, helicópteros, rifles y demás
son los índices más usados para determinar el nivel de intervención
de Washington. Aplicado a Colombia, este análisis arroja un nivel
alto (1300 millones de dólares, entrenamiento de más de
3000 hombres y 64 helicópteros), y el presidente Andrés
Pastrana no está interesado en que aumente más. Primero,
porque cualquier aumento sólo complicaría más sus
ya complicadas negociaciones con la guerrilla. Segundo, y mucho más
importante, porque la capacidad de su Estado para resistir la insurgencia
y lograr la paz depende directamente de su fortaleza económica,
y depende a su vez del comercio. Era por eso que cuando Pastrana se reunió
ayer en la Casa Blanca con el presidente George W. Bush, toda separación
entre los temas del comercio y la guerra civil era puramente simbólica.
Pastrana no intentaba engañar a nadie. “Más que fondos
lo que necesitamos es comercio”, subrayó antes de entrar en
la Casa Blanca para su encuentro con Bush. Su cálculo es simple.
En el 2000 las exportaciones totales de su país a Estados Unidos
(primordialmente petróleo) valen aproximadamente 6512 millones
de dólares. Como comparación, el monto total del Plan Colombia
(la ayuda norteamericana más el aporte de Bogotá) es de
7000 millones. Durante su encuentro con Bush, Pastrana enfatizó
en especial el imperativo de abrir el mercado norteamericano de café,
ya que constituye un cultivo alternativo a la droga, y los bajos precios
actuales están llevando a que “muchos comiencen a sembrar
coca o amapola”. Además, cualquier incremento en el comercio
podría reducir el actual desempleo del 18 por ciento. Y “el
empleo significa menos violencia y más alternativas frente al cultivo
de drogas”, subrayó el presidente colombiano.
Este razonamiento es muy conocido en la Casa Blanca. Fue bajo el mandato
del padre de Bush que se aprobó la Ley de Preferencias Comerciales
Andinas (ATPA), que concede acceso preferencial al mercado norteamericano
a casi 6000 productos colombianos, para reducir el atractivo del narcotráfico.
Pastrana no busca salir de este marco, y de hecho su máxima aspiración
es que se apruebe un proyecto de ley que presentó el congresista
norteamericano Bob Graham, que ampliaría los beneficios del ATPA
y extendería a Colombia las mismas ventajas arancelarias que se
otorgaron a los países caribeños y centroamericanos devastados
por huracanes. Bush se mostró enteramente a favor de la propuesta.
“Estados Unidos está interesado en que se extiendan esos beneficios
comerciales.” Más temprano, su secretario de Comercio, Robert
Zoellick, había manifestado su deseo de “renovar y robustecer”
el comercio con Colombia.
El problema de Pastrana es que estas palabras no significan nada. O, para
decirlo de otro modo, no lo harán a menos que una mayoría
en el Congreso respalde las buenas intenciones de Bush. Es el mismo problema
que Argentina tiene con el ALCA. Ningún presidente norteamericano
puede firmar tratados comerciales con otro país independientemente
del Congreso a menos que éste decida darle el “fast-track”,
lo que hasta ahora se rehúsa a hacer. Hasta entonces, “renovar
y robustecer” el comercio con Colombia depende de las dilatadas negociaciones
en ambas cámaras del Congreso, más allá de lo que
quiera el presidente.
Fue por eso que Pastrana buscaba un triunfo más inmediato para
coronar su cumbre con Bush. Pero su objetivo era aun más quimérico
que la apertura comercial. El presidente colombiano le pidió a
su colega que enviara a un delegado a las negociaciones de paz que sostiene
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El predecesor
de Bush había roto todo contacto de este tipo luego de que las
FARC asesinaran a tres ambientalistas norteamericanos. Si ésta
era la política del demócrata Bill Clinton, era muy improbable
que el republicano Bush la alterara. En los hechos, la mantuvo sin ningún
cambio: hasta que las FARC no entreguen a los responsables, Estados Unidos
no participará de las conversaciones.
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