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Por Laura Vales
 ”La ley de Obediencia Debida,
como efecto no deseado, protegió a los culpables e hizo sospechosos
a los inocentes”, dice Martín Balza. Y no duda en calificar
de “atrasados” a quienes previenen sobre posibles reacciones
de la fuerza ante su anulación. En diálogo con Página/12,
el ex jefe del Ejército evitó opinar puntualmente sobre
el fallo del juez Gabriel Cavallo, pero dijo que siente “vergüenza
ajena por los actos aberrantes que se cometieron durante el terrorismo
de Estado” y criticó a los militares que tienen datos sobre
el destino de los desaparecidos y “no se atreven a darlos”.
–Cuando se conoció la anulación de las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida, algunos oficiales del Ejército dijeron
a este diario que el fallo afectaba a la institución. ¿Usted
comparte este diagnóstico?
–No. En absoluto.
–¿Por qué?
–Porque la institución no está siendo juzgada, de ninguna
manera. Este es un fallo sobre dos personas que ni siquiera pertenecen
al Ejército (Julio Héctor Simón o “el Turco
Julián” y Juan Antonio del Cerro o “Colores”, ex
integrantes de la Policía Federal). Es un fallo, además,
en una causa de sustracción de menores, un delito que para mí
es monstruoso.
–¿Qué le pareció el contenido del fallo?
–No voy a opinar puntualmente sobre la resolución porque carezco
de los conocimientos jurídicos necesarios, pero sí puedo
decir que, por lo que sé y he escuchado, es un fallo con profundos
fundamentos técnico-jurídicos. Y que ha sido pronunciado
por un caracterizado magistrado de nuestra justicia.
–¿Qué reacciones cree que puede haber en el Ejército?
–Ninguna reacción. ¿En qué país estaríamos
viviendo si una resolución de la Justicia origina reacciones en
una fuerza subordinada al orden constitucional? El que plantea esta posibilidad
atrasa 30 años.
–Sin embargo algunos hablan de que en el Ejército hay “inquietud”
y “malestar”.
–El Ejército de hoy es una fuerza disciplinada, cohesionada,
subordinada a las autoridades de la República, al orden constitucional
y al poder civil. Y respeta en forma irrestricta a las instituciones de
la república.
–¿Cree que la oficialidad más moderna acepta que se
revise el pasado?
–Es que por lo que yo entiendo nadie en el Ejército se ha
opuesto a ninguna decisión del poder judicial. El Ejército
no es una institución deliberativa. El jefe del Ejército
(Ricardo Brinzoni), que fue mi más estrecho colaborador mientras
estuve en actividad, ha manifestado que él busca profundizar la
autocrítica de la fuerza.
–Brinzoni también ha dicho, apenas unas horas antes de conocerse
este fallo, que la anulación de estas leyes sería un “retroceso”
porque “contribuyeron para que la sociedad argentina viviera un período
de relativa calma”.
–Son leyes que, en su momento tuvieron, sin lugar a dudas, la intención
de pacificar con respecto a una situación anormal que se vivía.
Ahora, si las analizamos quince años después, es claro que
ese proceso de pacificación fue relativo. La intención fue,
sí, pacificar. Pero esa intención se cumplió a medias,
porque después del Punto Final y la Obediencia Debida se produjeron
tres levantamientos más: Monte Caseros, Villa Martelli y el 3 de
diciembre.
–¿Qué opina de los pedidos de hábeas data que
casi 700 integrantes del Ejército, encabezados por Brinzoni hicieron
ante el CELS y la APDH?
–Bueno, se trata de recursos individuales. No tengo elementos de
juicio y desconozco su motivación, así que prefiero no opinar
sobre el punto.
–Volviendo a las leyes anuladas, ¿cuáles considera
que fueron sus efectos, no ya para la sociedad civil sino para los militares?
–Que muchos oficiales que no tenían nada que ocultar ni que
temer no pudieron aclarar su situación. Hay militares que, estando
imputados, se encontraban en condiciones de aclarar su situación
sin problemas ante la Justicia, pero se vieron privados de hacerlo. La
ley de Obediencia Debida, como efecto no querido, protegió a los
culpables e hizo sospechosos a los inocentes. Muchos de ellos que estaban
imputados querían ir a aclarar su situación a la Justicia,
pero la ley se les impuso. La ley hizo sospechosos a los inocentes.
–Para los militares, entonces, ésta debería ser una
buena oportunidad, más que un retroceso.
–No analizo ese tema. Este, como le dije, es un caso puntual. No
quiero avanzar más allá de lo que significa. Sí sostengo
que la ley de Obediencia Debida se impuso y que por eso hay miles de oficiales
y suboficiales que cargan con el estigma de ser sospechosos crónicos
ante la sociedad y la Justicia.
–Usted, en la autocrítica, cuestionó la Obediencia
Debida...
–En ese momento no hablé de la Ley de Obediencia Debida, sino
que enfaticé en el concepto de qué significa Obediencia
Debida, que es la obediencia que se debe a quien manda, en cumplimiento
y observando las leyes de la Nación. Dije que en cambio, quien
se margina de observar las leyes no puede invocar obediencia debida. A
lo que me opongo totalmente, y ningún país serio lo acepta,
es a la obediencia ciega. Quiero decir que una orden no es una invitación,
ni es una sugerencia, ni es un pedido: es algo imperativo. Pero el hecho
de que sea imperativa no quiere decir nunca que se deba aceptar algo inmoral
o algo ilegal. Por otra parte, no es necesario un gran análisis
de una orden para darse cuenta de si es inmoral; en contadas centésimas
de segundo, quien la recibe puede determinarlo. Si yo digo `mate, robe,
secuestre, viole` se sobreentiende que estoy impartiendo una orden inmoral.
Ante esto, la obediencia ciega es inaceptable.
–Lo escuché decir que sintió vergüenza por la
actuación de Videla al frente del Ejército.
–Y no sólo por Videla. Sentí vergüenza ajena por
los actos aberrantes que se cometieron durante el terrorismo de Estado.
Muchas veces me encuentro en la calle con una madre que se acerca y me
dice `general tengo un hijo desaparecido`. Otras veces es alguien que
tiene un hermano desaparecido, o un hijo desaparecido... En mi barrio
vive un actor al que nunca pude darle respuesta sobre dónde está
su hijo. Y si sigue siendo así es porque los que tienen los datos
no se atreven a darlos.
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