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LOS FISCALES NO APELARAN EL FALLO DEL JUEZ CAVALLO
Represores por el per saltum

Simón y Del Cerro apelarán ante la Cámara pero solicitarán que la Corte Suprema tome el caso. El jefe de la Armada dice que el fallo es un “obstáculo para la reconciliación nacional”.

Julio Simón, alias el Turco Julián (foto), y Juan Del Cerro, alias Colores, apelarán.

Las defensas de los represores Julio Simón, alias El Turco Julián, y Juan Antonio Del Cerro, conocido como Colores, apelarán la semana que viene la resolución en la que el juez federal Gabriel Cavallo declaró la “invalidez, inconstitucionalidad y nulidad insalvable” de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los fiscales de la causa, Luis Comparatore y Patricio Evers, que representan el interés de la sociedad, no pedirán la revisión del fallo.
El abogado Jorge Appiani, socio del represor Jorge Olivera, presentará el martes próximo una apelación ordinaria ante la Cámara Federal y el jueves reclamará que la Corte Suprema se haga cargo de la causa a través de un per saltum. En tanto, Colores –que está representado por la defensora oficial Silvia Otero Rella– objetará la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad ante la Cámara. Ambos represores están presos y procesados por la sustracción y apropiación de Claudia Victoria Poblete, secuestrada cuando tenía ocho meses y entregada al teniente coronel Ceferino Landa.
Al dictar la nulidad de las leyes, Cavallo puso fecha a nuevas declaraciones indagatorias de los acusados: Simón debe presentarse el 15 y Del Cerro el 20. Esta vez los ex policías deberán responder por el secuestro, los tormentos y la desaparición de José Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczik, padres de Claudia Victoria. Appiani pedirá la suspensión del testimonio de su defendido.
“La decisión del juez, en este momento, no es un perjuicio para el Ministerio Público”, dijeron ayer colaboradores de los fiscales Comparatore y Evers, que aseguraron que el fallo de Cavallo era “muy importante”. Los fiscales no se opondrán a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La estrategia de Appiani es la misma que sugirieron funcionarios del Gobierno, es decir, tratar de que el expediente llegue a la Corte Suprema sin escalas en la Cámara Federal ni la Cámara de Casación. Sin embargo, en Comodoro Py rechazaron que esta medida tenga futuro. El máximo tribunal aceptó un recurso de este tipo en 1990, en el caso de la privatización de Aerolíneas Argentinas. En ese momento justificó su rápido proceder a favor del gobierno de Carlos Menem con el argumento de que el tema implicaba “gravedad institucional”. El per saltum, aunque ya fue utilizado por la Corte, no está regulado. Muchos juristas opinan que no tiene entidad. El ex camarista Jorge Edwin Torlasco aseguró en un reportaje publicado ayer en este diario que se trata de “un invento que no figura en la ley”.
A partir de un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Cavallo resolvió el martes declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el caso de la desaparición de la familia Poblete. Ayer, el almirante Joaquín Stella, jefe de la Armada, calificó la medida como “un obstáculo para la reconciliación nacional”.
Cavallo fundamentó su decisión –que se volcó en un extenso fallo– en el derecho y los pactos internacionales, en el derecho de gentes y en la imposibilidad de convalidar los actos realizados con la “suma del poder público”. Según estas normas, la desaparición, el secuestro y la tortura, como crímenes de lesa humanidad, resultan inamnistiables e imprescriptibles.

 


 

DECLARACION DE PINOCHET POR PRATS
Servini arma la valija

Ante la negativa de la justicia chilena de favorecer la extradición del genocida Augusto Pinochet, la jueza María Romilda Servini de Cubría analiza la posibilidad de trasladarse hasta Santiago para indagar el ex dictador acusado del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía, cometido en Buenos Aires en 1974.
Los argumentos para negar el traslado de Pinochet a la Argentina se basan en que el acusado aún no ha sido procesado por el crimen de Prats. El criterio jurídico chileno choca con el sistema penal federal, que sólo admite el procesamiento de un sospechoso una vez que se le tomó declaración indagatoria. Servini considera esto último como “una antigüedad formal” que impide a un juez argentino tomar una indagatoria fuera de su jurisdicción. “Pero el mundo ha cambiado –se quejó Servini– y los delitos también se han globalizado. ¿Cómo se podría investigar, por ejemplo, a una organización mafiosa que traspasa fronteras si un juez no puede indagar en un país que no es el propio?”
La jueza investiga el atentado realizado en 1974 contra Prats y su mujer, Sofía Cuthbert, quienes se habían exiliado en la Argentina tras el golpe de Pinochet y que murieron al estallar una bomba colocada en su automóvil por el ahora arrepentido ex agente de la CIA y la DINA (policía secreta chilena), Michael Townley. El 27 de octubre pasado el juez federal Juan Galeano –que por entonces reemplazaba a Servini– pidió a Chile el arresto y la extradición de Pinochet y de un grupo de militares imputados aquí por el doble asesinato.
Pero el inconveniente podría salvarse a partir del pedido del fiscal federal chileno Jorge Alvarez Berlanda, quien le pidió a Servini que realice la indagatoria de Pinochet en Chile. La jueza resolvería ese reclamo la semana próxima. No sería un mecanismo extraño para Servini ya que el año pasado indagó en el vecino país al detenido ex jefe de la DINA Manuel Contreras, y de su ex colaborador, el brigadier Pedro Espinoza Bravo, que al igual que Pinochet están imputados aquí como coautores del doble crimen y por asociación ilícita.

 

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