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Por Eduardo Videla
 La ley del dos por uno, nacida
hace casi siete años para acelerar los procesos judiciales y descomprimir
la superpoblación carcelaria, ya tiene firmado su certificado de
defunción. Diputados de todos los bloques –algunos de los
cuales la habían votado hace siete años– y el gobierno
nacional consensuaron un proyecto, que será votado hoy, por el
cual se derogan los artículos más controvertidos de la ley:
los que computan doble el tiempo de detención transcurrido después
de los dos años sin sentencia. El acuerdo se produjo en vísperas
de un proceso electoral donde nadie quiere quedar descolocado frente a
la presión de la opinión pública, ante la espiral
de violencia e inseguridad que sacude a la sociedad. Pero también
como una respuesta al fracaso de la norma, que no cumplió con el
objetivo de sacudir la inercia judicial. Su aplicación no será
retroactiva, por lo que los actuales procesados pueden acogerse al beneficio.
Aunque la reforma era reclamada por los sectores que propician “leyes
duras” para frenar el delito, diputados de todos los sectores consultados
por este diario aseguran que no bajará los índices de criminalidad.
El proyecto consensuado ayer mantiene en vigencia los principios establecidos
en el Pacto de San José de Costa Rica, según el cual una
persona no puede estar en prisión, sin condena, más allá
de un “plazo razonable”. Establece un período de dos
años, prorrogable a tres, para la prisión preventiva sin
sentencia judicial. Y, como novedad, obliga a los jueces a explicar por
escrito, ante el Consejo de la Magistratura, por qué razón
mantienen detenido a un procesado más de dos años sin dictar
sentencia.
El acuerdo hizo caer la pretensión del gobierno nacional de mantener
el beneficio del dos por uno para casos que no involucraran delitos graves,
con condenas superiores a los quince años. El justicialismo, con
el apoyo de los partidos provinciales, reclamaba la derogación
total de la ley. Ese desacuerdo impidió que el tema se tratase
en Diputados el miércoles pasado.
Para consensuar posiciones, se reunieron ayer representantes de todos
los bloques. El encuentro duró unas cinco horas, y en tramo de
la misma se incorporaron el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa,
y su segundo, Melchor Cruchaga. Paradójicamente, la balanza se
volcó hacia la eliminación del dos por uno cuando se conoció
la posición del Frepaso, por boca del diputado Ramón Torres
Molina, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, cuyo
proyecto derogaba el artículo del doble cómputo.
“El dos por uno terminó distorsionando el sistema de penas,
cuya aplicación quedó vinculada a la duración del
proceso”, argumentó Torres Molina a Página/12. Esto
es, cuanto más dure el proceso, más se reduce la pena que
se aplica al procesado.
La ley sería votada hoy y luego debe ser aprobada en el Senado.
No será aplicada a los actuales procesados, que seguirán
gozando del beneficio, sino a las causas que se inicien después
de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
Por esa razón, los diputados aseguran que la norma no tendrá
efecto inmediato en el aumento de la población carcelaria, sino
que se hará sentir dentro de dos o tres años. “La gran
destinataria es la provincia de Buenos Aires, donde la aplicación
del dos por uno es mayor, debido a la morosidad crónica de los
procesos judiciales. Y en menor medida, a la ciudad de Buenos Aires”,
dijo el diputado Franco Caviglia, de Acción por la República.
“El dos por uno no es un problema para las provincias: en Córdoba
o Santa Fe los procesos no duran más de un año y medio”,
coincidió el radical Julio Tejerina.
Caviglia fue quien propuso un mecanismo de control para los jueces que
se exceden en sus tiempos procesales: la apertura de un registro públicode
los imputados que se encuentran cumpliendo prisión preventiva superior
a los dos años y de los que hayan recuperado la libertad por la
aplicación de esta ley. Ese registro será elaborado por
el Consejo de la Magistratura, en base a los informes que envíen
los jueces que se exceden de los plazos. “Así, los jueces
que acumulen causas demoradas podrían recibir desde una sanción
administrativa hasta un pedido de juicio político”, explicó
Caviglia. El penalista José Cafferata Nores, asesor del Ministerio
de Justicia, apoyó este mecanismo, que se aplica con éxito
en la provincia de Córdoba.
A propuesta de Torres Molina, la reforma a la ley será incorporada
al Código Procesal Penal, por lo que su alcance será nacional,
aunque las provincias deberán reglamentar su aplicación.
En su artículo 1º, el proyecto de reforma dice que la prisión
preventiva no podrá superar los dos años, aunque en causas
complejas puede prorrogarse un año más. Superado ese lapso,
el detenido tiene derecho de pedir su libertad condicional. Eso no es
nuevo: la actual ley dice lo mismo, aunque los jueces no lo cumplen con
el argumento de que el procesado puede eludir la acción de la justicia.
Ahora, los jueces deberán dejar este argumento por escrito ante
el Consejo de la Magistratura.
Este punto aún está en discusión. Tanto el justicialista
Damaso Larraburu como Torres Molina estaban de acuerdo en eliminar el
plazo de dos años y facultar a los jueces para determinar la razonabilidad
de los plazos.
Al final, el acuerdo pareció conformar a todos los sectores. Larraburu,
que en el ‘94 votó el dos por uno, admitió que “la
ley se distorsionó: empezó como un límite a la prisión
preventiva y terminó aplicándose para reducir condenas”.
Sin embargo, nadie cree que la norma pueda bajar el índice delictivo.
“No va a mejorar mágicamente el problema de la seguridad”,
dijo Larraburu. “Es falsa la idea de que con la derogación
va a bajar el delito –coincidió Caviglia–. El problema
de la seguridad debe ser resuelto mediante una reforma judicial, policial
y penitenciaria, y una política criminal.”
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“Si nunca me
dejaron”
El gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, volvió a trenzarse
en una discusión con la Alianza, acusándola de no
permitirle ser todo lo duro que desearía con el delito. “En
todos los temas que se necesita apoyo de los políticos en
las legislaturas nacional y provincial la Alianza miró para
otro lado. Ahora dicen que falló la mano dura. ¡Si
nunca me dejaron aplicarla!”, señaló Ruckauf
en un artículo con su firma publicado por el diario El Día,
de La Plata.
En respuesta, el senador Eduardo Sigal, presidente del bloque del
Frepaso, remitió una carta al gobernador en la que señaló
que “ninguna iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo está
pendiente de tratamiento en la Legislatura provincial” y calificó
como “falaz” el razonamiento utilizado por Ruckauf.
El gobernador usó además otro argumento: dijo que
de la serie de medidas impulsadas sólo pudo cumplir con las
que se le permite adoptar al Ejecutivo, como la construcción
de cárceles. En realidad, aún no se ha construido
ninguna: en unos pocos días recién se llamará
a licitación para hacerlo.
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LA
JUSTICIA SIGUE SIENDO TAN LENTA COMO CUANDO SE DICTO LA LEY
La historia de una norma controvertida
Por
Carlos Rodríguez
En noviembre de
1994, cuando se aprobó la ley 24.390, conocida como “dos por
uno”, en las cárceles había más de 15.000 procesados
sin condena firme que aspiraban a obtener los beneficios de la ley. Luego
de más de seis años de vigencia, la población total
de las cárceles fue creciendo de cerca de 30.000 a más de
40.000 y hoy son más de 20.000 los que siguen procesados, sin condena
firme, muchos de ellos luego de estar más de dos años presos
sin que se determine si son culpables o inocentes. “El dos por uno
fue una forma de reparación para los procesados. Era una medida
transitoria y, superado el problema, la Justicia debía respetar
los plazos procesales y la ley perdería importancia –dice
Gustavo Palmieri, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)–.
Como no fue así, hoy se toma la ley del dos por uno como fetiche
de la inseguridad, cuando lo que ocurre es más grave: son los jueces
los que no respetan las leyes al estirar los plazos del proceso y los
que no dan reparación a las víctimas de delitos”.
Para Palmieri la derogación de la ley es apenas una “respuesta
efectista” con la cual “el Poder Ejecutivo y el Legislativo
no garantizan una justicia rápida, que es lo que se necesita en
cualquier país con una Justicia seria que resulte buena para las
víctimas del delito y también, de alguna manera, para los
victimarios, porque su situación procesal se definiría dentro
de los plazos” legales, que son dos años o a lo sumo tres,
en las causas consideradas complejas, como el caso AMIA.
El CELS precisó que, según datos de 1999, el 56,12 por ciento
de los presos está procesado sin condena firme y, en la provincia
de Buenos Aires, el porcentaje se eleva al 75 por ciento. En territorio
bonaerense, el 35,41 por ciento de esos procesados lleva “más
de dos años” detenido. Un informe del Centro de Estudios Unión
para la Nueva Mayoría precisó que la población carcelaria
en el 2000 era de 40.000 internos, lo que indicaría que más
de 20.000 siguen procesados. Cuando está a punto de ser derogada
la ley, cabe responder algunas preguntas para entender qué significó
el dos por uno.
¿La ley permitió la salida masiva de presos?
Aunque no hay estadística oficial al respecto, la información
reunida por Página/12 indica que eso no ocurrió. En el país
hubo un leve incremento en el porcentaje de procesados y en la provincia
de Buenos Aires, de donde vino la ola que arrasó la ley, la situación
es caótica en cuanto a la demora en la administración de
justicia. Un informe de la Suprema Corte bonaerense, conocido en octubre
de 2000, señaló que “siete de cada diez causas penales
prescriben sin que las investigaciones permitan identificar siquiera a
un sospechoso”.
¿Todos los presos que estaban en condiciones de gozar de la ley
dos por uno salieron en libertad después de dos años sin
sentencia?
Eso tampoco ocurrió. En julio de 2000, el defensor de Casación
Penal bonaerense, Mario Coriolani, anunció que haría una
denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Motivaba su presentación el caso de 700 detenidos bonaerenses que
habían esperado una sentencia entre cinco y siete años.
Mientras tanto seguían presos.
¿La derogación de la ley permitirá bajar el índice
de criminalidad?
Tanto para el Cels como para la Correpi (Coordinadora contra la Represión
Policial) ese es un argumento mentiroso. La Correpi recordó que
también algunos policías salieron en libertad por el “dos
por uno”. Entre ellos el comisario Miguel Angel Rogido y el cabo
Raúl Castelú, acusados por el crimen (tortura seguido de
muerte) del joven Sergio Durán, ocurrido hace casi diez años.
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Antes
y despues de la reforma pactada
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El dos por uno
 La prisión preventiva
no podrá ser superior a dos años, plazo prorrogable
a un año más cuando la cantidad de delitos atribuidos
al procesado o la complejidad de las causas impidan cumplir con
esos términos (artículo 1º).
Se establece una nueva
prórroga de seis meses para los casos en que hubiesen condenas
pero no estuvieran firmes (artículo 2º).
El artículo más
controvertido es el séptimo: Transcurrido el plazo de dos
años, se computará cada día de prisión
preventiva como dos días de prisión.
Los fiscales podrán
oponerse a la libertad del imputado si entienden que existieron
maniobras dilatorias por parte de la defensa. El tribunal tiene
un plazo de cinco días para resolver esa cuestión
(artículo 3º).
Si no hay oposición
o si ésta es rechazada por el juez, el imputado recuperará
la libertad bajo la caución que el tribunal determine (artículo
4º).
Antes de recuperar la
libertad, el imputado deberá fijar domicilio y avisar si
va a ausentarse del mismo por más de 24 horas por razones
de trabajo (artículo 5º).
La libertad será
revocada cuando el imputado no cumpla con las reglas que le impone
el juez (artículo 6º).
La ley es reglamentaria
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto
de San José de Costa Rica) (artículo 9º).
La nueva ley
Se mantiene el plazo
de dos años, prorrogable a un tercero, para la prisión
preventiva sin sentencia. Pero se aclara que los plazos no se computarán
“cuando los mismos se cumpliesen cuando haya una sentencia
condenatoria que no esté firme”.
Se elimina el artículo
segundo, que extiende el plazo seis meses más.
Se elimina el artículo
7º, que establecía el doble cómputo.
Se mantiene el artículo
3º, que habilita a los fiscales a oponerse a la libertad del
imputado, aunque no sólo cuando detecte maniobras dilatorias
por parte de la defensa sino en casos de “especial gravedad
de la infracción atribuida” al imputado.
Si se presentan recursos
contra la libertad del imputado, la salida del detenido queda automáticamente
suspendida (artículo 2º).
Cuando un imputado permanezca
dos años preso sin sentencia, el juez informará de
inmediato al Consejo de la Magistratura las razones por las que
no se llegó a la sentencia, junto con todos los datos de
la causa.
Si ese imputado sale
en libertad, el juez también debe informar al Consejo. La
omisión o retardo de estos informes se considerará
falta grave.
El Consejo de la Magistratura
elaborará un registro de imputados que exceden los dos años
de detención sin sentencia, que hará público
anualmente.
La ley y sus modificaciones
serán incorporadas al Código Procesal Penal de la
Nación. Los artículos 4, 5, 6 y 9 quedan sin variantes.
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OPINAN
LOS ESPECIALISTAS
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Mariano Ciafardini*.
“No baja el delito”
“Hay gente que equivocadamente piensa que esta resolución
va a tener impacto en la baja del delito, pero yo no creo que la
derogación de la ley del dos por uno tenga incidencia en
esto, sencillamente porque con la vigencia de esta ley tampoco aumentó
el delito. Si ésa es la preocupación, la derogación
de la ley no es el camino indicado: hay que aplicar medidas de prevención
bien hechas. La cantidad de personas que permanentemente entra a
las cárceles y luego sale en libertad no se va a alterar;
simplemente se dilatarán un poco los tiempos para que esto
suceda. Se producen más delitos que el número de gente
que sale de la cárcel, hay muchos más autores de delitos
que están sueltos de los que están en prisión.”
*Secretario de Política criminal de la Nación.
Andres D’Alessio*.
“La pena no disuade”
“La vigencia de la ley del dos por uno está justificada
por la dilación fuera de lo normal en muchos procesos judiciales.
Tendría que haber excepciones para las dilaciones provocadas
por la especulación del propio procesado que provoca la excesiva
prolongación de los procesos, pero derogarlo por completo
es dar pie una vez más a la morosidad de la Justicia, que
reemplaza la condena después de una sentencia firme por la
prisión preventiva de un sospechoso. Son pretextos para evitar
tomar medidas de fondo e implementar un sistema inteligente. El
problema fundamental es que no hay condenas, y hay gente que se
pasa diez años en prisión preventiva. El dos por uno,
evitando los abusos, corrige esto. Derogándolo se alienta
aún más la lentitud judicial y, además, con
la prisión preventiva eterna nunca hay culpables. No es el
monto de la pena con que se amenaza la manera de evitar los delitos,
sino con la certeza de que va a haber una condena. Pongamos el ejemplo
de una banda que, durante un mes, está planeando un robo
a un banco y el día anterior se duplica la pena por robo.
Esto no va a frustrar el asalto, pero si al llegar al banco hay
un patrullero en la puerta es probable que los ladrones se vuelvan
a su casa. Es importante la eficacia policial e investigativa: la
pena no disuade.”
*Decano de la Facultad de Derecho (UBA).
Horacio Prack*.
“Una solución
ficticia”
“La ley del dos por uno responde a una necesidad puntual
por la existencia de superpoblación carcelaria; yo lo llamo
una moratoria que afloja la presión que hay en las cárceles.
La derogación de esta ley no modificará la tasa de
delitos y el Estado no puede responder al aumento del delito con
el discurso de la mano dura o con la restricción de beneficios.
Hay que ofrecer soluciones específicas. El índice
de criminalidad sube porque vivimos en una sociedad que tiene 12
millones de pobres, una situación económica muy mala,
sin posibilidades de obtener un trabajo digno, con muchas de las
necesidades básicas insatisfechas: todas estas condiciones
son las que generan una tasa creciente de delitos, sobre la que
la derogación del dos por uno no tiene incidencia. La población
cree que va a beneficiar la seguridad, pero es una falsa consigna:
son soluciones ficticias de tranquilidad.”
*Juez de la Cámara Federal de San Martín.
Raul Zaffaroni*.
“Una medida demagógica”
“La derogación de la ley nos va a crear problemas
con la comisión de derechos humanos de la ONU, debido a que
va a haber prisiones preventivas infinitas y, por ende, mil denuncias.
Se van a llenar las cárceles de procesados y cuando Ruckauf
tenga mil muertos por la enorme superpoblación carcelaria,
y haya rehenes y motines, que no se queje. Vamos a tener un 90 por
ciento de presos preventivos, de presos por las dudas, y una Justicia
que tardará diez años en resolver una causa de investigación
simple. Yo me pregunto por qué la Justicia necesita más
de tres años para resolver un robo callejero cuando lo podría
hacer en tres meses. Hay que tener en cuenta que el dos por uno
es un remiendo: lo ideal sería que no sea necesaria su aplicación.
Así no se ataca la causa, es una medida demagógica
y que oculta la falta de inversión en Justicia: con más
tribunales, más funcionarios y más personal eficiente,
los procesos se acelerarían y esta discusión no sería
necesaria.”
*Profesor de Derecho Penal, titular del Inadi.
Lucila Larrandart*.
“Morosidad de
la Justicia”
“El eje de la discusión no es dos por uno sí
o no, el problema central es que la Justicia sea rápida para
garantizar el derecho de la persona procesada a un plazo razonable
para obtener un pronunciamiento judicial definitivo, sobre todo
porque la mayoría de las causas no son de investigación
compleja. La ley del dos por uno se creó como una compensación
para la morosidad que recurrentemente tienen los procesos judiciales
definitivos. Incluso para aquel que no tiene prisión preventiva:
el excarcelado también tiene vulnerados sus derechos.”
*Jueza del Tribunal Oral de San Martín.
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