Por Nora Veiras

“Para el caso de la escuela primaria, la Argentina tiene una relación de 13 alumnos por docente, mientras que el promedio de los países encuestados es de 18 (...) Calculado de esta manera, el ‘excedente’ de cargos docentes en todo el país es aproximadamente 160.000.”
“La estabilidad laboral docente debe ser eliminada quedando en poder de los órganos directivos de las escuelas públicas autónomas y de las escuelas privadas, sin distinción, la decisión de contratar, transferir y rescindir los contratos docentes.”
“La reducción inicial del presupuesto universitario se supone en el equivalente a 580 millones de pesos al tener que asumir la formación docente. Y la reducción final, al cabo de 5 años, se estima en 1200 millones. El presupuesto remanente de 600 millones sería el máximo a ser destinado anualmente a los programas de becas, a subsidiar las tasas de interés de los préstamos estudiantiles y a cubrir la morosidad de los mismos.”
Estas son tres de las propuestas delineadas por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y el Centro de Estudios Públicos (CEP) en su libro Educación para el siglo XXI. Propuesta de reforma. De FIEL surgió no sólo el ministro de Economía, Ricardo López Murphy, sino también los hombres más influyentes de su gabinete, Daniel Artana (Hacienda) y Manuel Solanet (Reforma del Estado). El proyecto privatizador de estos economistas es explícito. Ante tal evidencia resulta absurdo esperar otra cosa. En las provincias, el sector educativo es el de mayor incidencia en la administración pública, ergo, es imprescindible su achicamiento si se quiere reducir el déficit fiscal. Al equipo de López Murphy lo convocaron por sus antecedentes pero ahora desde los sectores “progresistas” del Gobierno no quieren opinar sobre las “hipótesis” de posibles medidas. En Educación dicen que están “expectantes”.

Todos pagan

El arancelamiento no aparece sólo como una alternativa insoslayable para la universidad sino también para el resto del sistema. En la página 53, la investigación liderada por María Echart, Mónica Panadeiros y Horacio Piffano, entre otros, advierte que “la magnitud de las crisis fiscales nacional y provincial limita seriamente la posibilidad de aumentar los recursos públicos durante los próximos años. Una mayor participación del arancelamiento escolar es la única manera de conciliar el equilibrio fiscal con la necesidad de mayores recursos dedicados a la educación. Esta propuesta sugiere el pago (opcional) de aranceles en colegios que atienden sectores de ingresos medios y altos, mientras que los recursos públicos se focalizan al financiamiento pleno de la educación en los sectores de menores ingresos”.
El estudio abunda en los montos posibles de cuota que podrían establecer las escuelas sobre el subsidio por alumno que entregaría el Estado. “El arancel por alumno que concurra a escuelas parcialmente subsidiadas y que no sea becado sería de 300 pesos anuales en el preescolar, de 768 pesos en el primer y segundo ciclo de la Educación General Básica (EGB), 1152 en el tercer ciclo de la EGB, y 1536 pesos en el Polimodal.”
La redefinición del Estatuto Docente que plantea FIEL es, en realidad, la eliminación. “Los docentes deben estar motivados con sistemas remunerativos que premien la capacidad y el esfuerzo, y no tengan acceso a privilegios que incentivan la desidia laboral. Las escuelas deben estar forzadas a competir en un mercado libre, a través de la mejora de sus resultados educativos, para lo cual deben renovar y mejorar continuamente sus planteles docentes y hacer un uso eficiente de sus recursos económicos”, explican, y proponen que junto con la estabilidad laboral debe “eliminarse la remuneración por antigüedad y cualquier otro concepto que implique la fijación de valores remunerativos mínimos por cualquier motivo”. En plan de “suprimir privilegios” también impulsan “la eliminación de las restricciones a la contratación como maestros o profesores de profesionales que no hayan hecho una carrera docente, pero que tengan un nivel de estudios similar al mínimo exigido para el plantel de las escuelas de formación docente”.
Para conseguir remuneraciones atractivas que devuelvan la autoestima y el prestigio al maestro es que declaran como condición la supresión del Estatuto. “Las mayores remuneraciones docentes por hora trabajada se estiman en 1540 millones, lo cual supone un crecimiento de la remuneración por hora trabajada de aproximadamente un 32 por ciento”, estima el informe, y promete que “los incrementos remunerativos para docentes que decidan pasar a un régimen laboral de 35 horas semanales serían sin embargo sustancialmente mayores (alrededor de 132 por ciento).”

Los pobres

En Educación para el siglo XXI... explican que “los problemas culturales y familiares son influencias muy poderosas, difíciles de compensar totalmente. El enfoque sugerido es una exigencia igualitaria durante los primeros años de escolaridad, acompañada por políticas y exigencias compensatorias, pero una previsión de que en muchos casos subsistirán diferencias de rendimiento que se agrandarán con el correr de los años y que es necesario atender con la existencia de una oferta diversificada. Estas diferencias se harán más evidentes si se adopta una política de exigencia académica uniforme durante los primeros años de educación básica. (...) Por eso proponemos un diferimiento en el tiempo de la aprobación de la educación básica y la complementación simultánea con una enseñanza de oficios, que permita una salida laboral una vez obtenida la certificación de la educación básica”.
FIEL puso la mira sobre la educación para hacer mucho más que un ajuste. En el Palacio Sarmiento sólo confían en que la realidad le ponga límites al fundamentalismo de mercado del equipo económico.

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