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DURA OPOSICION DE RECTORES Y DECANOS
En pie de guerra

Los 37 rectores del país declararon que la poda presupuestaria es “el acta de defunción de la universidad pública”. No apoyarán a ningún ministro de Educación que no anule las medidas.

Por Cecilia Sosa

Como la noche de los bastones largos, pero más sutil”, azuzaron los trece decanos de la UBA. Es que a la guerra, la comunidad universitaria respondió con guerra. Tal cual lo había prometido, la comunidad universitaria se volcó ayer a las calles para manifestar su tajante repudio al recorte de 360 millones para las universidades, anunciado el viernes por el ministro de Economía, Ricardo López Murphy. Mientras las asambleas, clases públicas y tomas se reproducían por todo el país, reunidos en plenario extraordinario, los rectores de las 37 universidades nacionales calificaron a la poda como el “acta de defunción de la universidad pública” y avisaron que los Consejos Superiores de todas las casas de estudios presentarán recursos de amparo para denunciar la anticonstitucionalidad de la poda. “No nos vamos a dejar guiar por ningún indicio. Lo del viernes fue una declaración de guerra y no basta con buenas intenciones. Sólo si se da marcha atrás con el recorte iniciamos el diálogo”, puntualizó Manuel Terrádez, titular de la Federación Universitaria Argentina.
Los 13 decanos de la UBA, a la vez que salían a la calle a encabezar las clases públicas, estrecharon filas en un duro comunicado: “Lo que se hizo en la ‘noche de los bastones largos’ se intenta repetir ahora por medios más sutiles”. “Quienes han provocado la angustiosa situación de nuestra economía la aprovechan ahora para intentar la destrucción de la universidad pública, en especial la universitaria, y ponerla fuera del alcance de la mayoría”, señalaron.
Mientras, en el plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la magnitud de las cifras saldaba las diferencias entre bloques. De cumplirse los recortes anunciados por López Murphy, la poda total “del presupuesto universitario habrá alcanzado a 1073 millones de pesos en cuatro años”, presentó José Martín, rector de Cuyo y presidente del CIN. Los rectores advirtieron que “no apoyarán a ningún ministro de Educación que no deje sin efecto las medidas de ajuste”.
“La situación es perversa. ¿Cómo vamos a admitir que nos quiten el 20 por ciento del presupuesto universitario y lo quieran compensar a costa del fondo al tabaco que en Misiones deja a 80 mil personas en la calle?”, se indignó Battaglia, rector de la Universidad de Misiones. El CIN, además de apoyar la reacción de los estudiantes, decidió iniciar “acciones conjuntas con todos los sectores afectados por las medidas. Hicimos un llamado internacional a todos los rectores del mundo para que muestren su apoyo a la universidad pública argentina”, dijo Martín.
Al mediodía, los rectores esperaban ansiosos la llegada del ¿ex? ministro de Educación, Hugo Juri. Lo habían invitado para pedirle que permaneciera como garantía de que el reclamo sería escuchado. Pero se quedaron con las ganas. Juri sólo pasó 15 minutos, se reunió con el comité ejecutivo, confirmó lo “indeclinable” de su renuncia y partió raudo, rumbo a Córdoba, su provincia. Dejó la promesa de que tanto su secretario de Educación Básica, Andrés Delich, como el secretario de Educación Superior, Juan Carlos Gottifredi (ambos con renuncia presentada), permanecían “para no cerrar todos los puentes del diálogo”.
Mientras Gottifredi seguía atrincherado en su despacho sin saber, incluso, si su secretaría existía, Delich optó, desde el sábado, por encabezar las negociaciones. Sus propuestas incluyen una compensación del recorte con un impuesto a los grandes contribuyentes o una suerte de impuesto a los padres de los estudiantes. Pero la misma cercanía al Gobierno divide aguas. “Decían que si se bajaba a 500 millones para toda Educación, él seguía”, desconfiaba un dirigente docente frepasista. “Delich está comprometido con su militancia estudiantil y está buscando alternativas de financiamiento universitario con recursos públicos y sin arancel”, defendió Terrádez de la FUA. “Si no hay marcha atrás o si no se logra compensar, se va”, dijeron, tajantes, fuentes del ministerio. Ante la ausencia de certezas, docentes, estudiantes y rectores levantan la misma bandera: “Hasta tanto el recorte no se revierta, no hay ninguna posibilidad de hablar absolutamente de nada. López Murphy firmó el certificado de defunción de la universidad pública, y con eso no se negocia”, dijo Jorge Rabassa, rector del Comahue. “Esto sólo se detiene cuando De la Rúa, el ministro de Economía o el jefe de Gabinete hagan el anuncio oficial”, coincidían.
La inclusión de Cavallo en un posible gobierno de unidad no despertó ninguna ilusión. “¿Qué Cavallo, ¿el de la reactivación o el del arancel? Si ni siquiera se sabe quién está gobernando: De la Rúa, López Murphy o él”, chicaneó un rector peronista. Anoche, con petitorio en mano, los rectores llegaron a una desierta Casa de Gobierno. Exigieron una audiencia urgente con De la Rúa. El pedido quedó en mesa de entradas.

 

opinion

Por Norberto Alayón *

El negocio de la educación

La educación, como la salud, es un bien público que no debe quedar sometida a la cruda lógica del mercado, ni tampoco a los intereses particulares de determinados grupos.
Las universidades privadas –en su enorme mayoría– representan los intereses particulares de grupos religiosos, de grupos ideológicopolíticos o directamente de grupos empresariales.
A su vez, la universidad pública está orientada por el interés de la sociedad en su conjunto, de donde deriva su carácter universalista y, por ende, esencialmente democrático. El necesario sustento económico estatal a la educación universitaria se justifica por la obligación que le cabe al Estado de responder a los intereses de la Nación y de la comunidad que la conforma.
La tracción que ejercen los grupos privados para que el Estado proteja sus intereses específicos (en desmedro de los del conjunto) no es nueva. Pero ahora el avance sobre la anhelada rentabilidad de la educación paga se muestra extremadamente voraz y a cara descubierta.
FIEL, la fundación que orientan López Murphy, Artana, Solanet, Teijeiro y entre cuyos vocales y consejeros directivos participan Alchouron, Crotto, Soldati, Aguado, Bulgheroni y Amalia Lacroze de Fortabat, postula con convicción que “el objetivo básico de esta propuesta es crear un contexto competitivo en educación superior...”. “Un elemento esencial de una competencia justa es que las instituciones privadas y estatales enfrenten condiciones similares. Una política esencial para ello es la eliminación de subsidios a las universidades nacionales y la instauración de un sistema de préstamos y becas disponibles tanto para estudiantes de instituciones privadas como de las públicas. Existe también otro privilegio de las universidades estatales que debe ser removido: la ausencia de un costo de alquiler sobre las propiedades usufructuadas por las universidades públicas.”
La falacia de estos argumentos radica en que colocan en el mismo plano a instituciones de diferente naturaleza. Las empresas educativas, como cualquier empresa, compiten en el mercado; mientras que la universidad pública es una institución cuyo fin es contribuir al desarrollo social y moral de la sociedad. La Universidad no presta un servicio a individuos particulares; aporta al mejoramiento de la comunidad que conforma la Nación. Al mismo tiempo, las condiciones de acceso a la educación superior comunes para todos (cualquiera sea la capacidad adquisitiva de cada uno) tienden a favorecer la igualdad, no sólo en el ingreso sino también en la convivencia cotidiana.
Una propuesta que reduce la sociedad y la política a la mera competencia en el mercado es una expresión reduccionista y empobrecida, aún de los principios más básicos de la democracia moderna y tiende a afectar la calidad de la participación social y política.
Lo que se evidencia, tras las propuestas de recortes al presupuesto universitario, es la renovada presión de ciertos grupos económicos y políticos para que el Estado resigne la defensa de los intereses del conjunto a favor de intereses sectoriales.
A pesar del avance del fundamentalismo neoliberal, aún no se han podido apropiar del llamado “negocio de la educación”. Este es el principal objetivo de los embates contra la universidad pública. Lisa y llanamente, aspiran a transformar la educación en mercancía. Por eso hoy atacan tan fuertemente el financiamiento estatal del sector universitario.
Resistirse ante este nuevo ataque a la universidad pública constituye una contribución profundamente democrática, tendiente a la realización de una sociedad más plena e igualitaria.

* Vicedecano Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

 

 

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