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La Justicia alemana investigaba hasta ahora doce casos de desapariciones
de ciudadanos de ese país durante la última dictadura argentina.
Pero la Coalición contra la Impunidad espera que todos las víctimas
reciban justicia y que todos los culpables sean condenados. Por eso presentará
hoy una querella por “genocidio y crímenes contra la humanidad”.
Esta es la segunda denuncia de ese tipo: la primera es la que lleva adelante
el juez Baltasar Garzón en España. Ayer, el presidente alemán,
Johannes Rau, recibió en Berlín a una delegación
de familiares de desaparecidos.
En el escrito, la Coalición –organismo alemán formado
para impulsar estos juicios– puntualiza acusaciones contra unas 50
personas, entre las que figuran todos los miembros de las cuatro juntas
militares argentinas, los comandantes de las zonas y subzonas militares
de la época y algunos oficiales que trabajaron en el centro de
detención clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Entre ellos figura Ricardo Cavallo, que está preso en México
a pedido de la Justicia española.
“Mi experiencia personal me llevó a un límite máximo
que un ser humano puede resistir. Porque este vacío, la ausencia
total, esa “nada” absoluta, irreversible, es exactamente como
si la sangre dejara de pronto de circular por las venas. Sigo viviendo,
pero no encuentro respuestas a mis interrogantes, el sufrimiento es permanente
y se hace parte de uno mismo. Es lo más que puedo decir sobre lo
que sentí hasta hoy”, relatará ante el Reichstag (Parlamento)
de Berlín, Elsa Oesterheld, esposa del autor de El Eternauta, Héctor
Oesterheld.
Elsa viajó junto con otros familiares de víctimas de los
militares argentinos y el abogado Rodolfo Yanzón para presentar
la denuncia y hacer su exposición en el simposio sobre los crímenes
de la dictadura que se celebra en el Parlamento con motivo del vigésimo
quinto aniversario del golpe de Estado en Argentina. Si bien la querella
es de carácter general, en ella se ejemplifica lo ocurrido durante
la dictadura con veinte casos, los doce que ya está investigando
la fiscalía de Nuremberg, y ocho nuevos, entre ellos el de la familia
Oesterheld –en la que hay nueve desaparecidos– y los Von Schmeling.
Ayer, el presidente alemán se comprometió ante la delegación
argentina a brindar su apoyo “con los medios que puedan estar a su
alcance”.
Wolfgang Kaleck, uno de los abogados de la Coalición, explicó
en Berlín que los familiares de ciudadanos alemanes desaparecidos
en Argentina no quisieron utilizar su pasaporte para encontrar “satisfacción
en un caso ideal sino que desean poner de relieve políticamente
la dimensión de los crímenes cometidos por un Estado terrorista”.
“Siempre esperamos que el fallo del juez (Gabriel) Cavallo se convierta
en realidad y podamos juzgar a esos asesinos en tribunales argentinos”,
expresó el periodista y escritor Osvaldo Bayer en la conferencia
de prensa que brindó ayer la Comisión de Familiares de Desaparecidos
alemanes y de origen alemán, junto con organismos de derechos humanos
y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Ellen Marx,
una madre alemana que ya hizo su denuncia en la fiscalía de Nuremberg,
recordó que el camino recorrido en estos 25 años “que
a algunos les parecerá mucho, un tercio de nuestra vida” sirvió
para que “las generaciones que viene detrás recojan las banderas
de la verdad y la justicia”. Los familiares recordaron que el gobierno
argentino tiene en su poder, desde hace más de un año, un
pedido de cooperación jurídica de Alemania sin contestar.
SERVINI
DE CUBRIA ORDENO DETENER A UNA APROPIADORA
Cuando la ocultación no alcanza
Teodora Jofré, apropiadora
del hijo de los desaparecidos Patricia Roisinblit y José Manuel
Pérez Rojo, fue detenida ayer por orden de la jueza María
Servini de Cubría. Su esposo, Francisco Gómez, quien durante
la dictadura se desempeñaba como agente civil de la Fuerza Aérea,
está en prisión desde principios de febrero.
Patricia y José Manuel fueron secuestrados el 6 de octubre de 1978
por la Fuerza Aérea y estuvieron detenidos en una casa situada
en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Patricia fue llevada a la Escuela
de Mecánica de la Armada exclusivamente para dar a luz. Tuvo un
niño al que le puso Rodolfo. Las abuelas Rosa Roisinblit –vicepresidenta
de la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo– y Argentina
Pérez buscaron a su nieto durante años. El año pasado
la hermana de Rodolfo, Mariana, recibió una denuncia anónima
y contactó a su hermano, que se realizó los análisis
genéticos en el banco de Abuelas en Estados Unidos. Los estudios
comprobaron que el joven apropiado por Gómez y Jofré era
Rodolfo Pérez Roisinblit, que hoy vive con otro nombre.
Jofré fue llevada ayer a los tribunales federales del barrio porteño
de Retiro, para ser indagada por la juez federal María Servini
de Cubría y luego quedó detenida. En su declaración
indagatoria, Gómez había admitido que recibió al
menor de manos del comodoro Roberto Sende, ya fallecido. Y admitió
haberlo inscripto como hijo propio.
El capitán de aeronáutica Pedro Alejandro Canela firmó
la falsa acta de nacimiento y el capitán Carlos Leónidas
Solís certificó su firma. Ambos miembros de la Fuerza Aérea
ya declararon ante la Justicia y por sus contradicciones fueron careados.
La estrategia defensiva del apropiador fue asegurar que era un simple
albañil y jardinero y no un agente de inteligencia. Pero en el
legajo personal de Gómez, que está incorporado a la causa,
el acusado fue descripto por sus superiores –para el período
entre el 16 de octubre de 1978 y el octubre de 1979– como “un
agente callado, respetuoso y disciplinado. Se destaca por su excepcional
voluntad de trabajo y la leal y amplia colaboración que presta
más allá de sus funciones específicas. Colabora,
sin descuidar su función específica, en otras tareas del
quehacer interno de la Regional”.
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