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Por Roberto Navarro
 Si Domingo Cavallo consigue
que el Parlamento delegue en el Ejecutivo la atribución de legislar
en materia laboral, pondrá en marcha de inmediato un plan de reforma
con el que espera blanquear a un millón de trabajadores no registrados.
El proyecto fue elaborado por Osvaldo Giordano, ex secretario de Empleo
en la anterior gestión cavallista y, muy posiblemente, futuro viceministro
de Trabajo.
Los cuatro puntos principales de la reforma son una rebaja de las contribuciones
patronales para las empresas con menos de 20 empleados, el “olvido
fiscal” para las compañías que se presenten al blanqueo,
la obligación para todas las empresas de abonar los salarios brutos
mediante depósitos bancarios, y que sean las entidades financieras
las que liquiden los aportes de seguridad social, y la suspensión
de los convenios colectivos de trabajo para las pequeñas empresas.
Entrevistado por Página/12, Giordano aseguró que el proyecto
apunta a que las empresas más chicas ingresen a la economía
formal y así consigan acceder a créditos más baratos
y aumenten su competitividad.
La decisión de Cavallo de presentar entre sus primeros proyectos
una reforma laboral que, se supone, debería surgir del Ministerio
de Trabajo, confirma lo que la mayoría de la clase política
esperaba: que el ambicioso superministro espera ocupar todos los espacios
del poder. A la vez, es un desafío para el sector sindical, ya
que propone suspender los convenios colectivos de trabajo de casi la mitad
de los asalariados. La apuesta de Cavallo es que los legisladores no puedan
negarse a dejar el camino libre a un proyecto que promete dar la posibilidad
de regularizar la situación laboral a un millón de trabajadores,
que así accederían de inmediato a la cobertura de salud
de una obra social y en el futuro a una jubilación. El otro gancho
es que la mayor parte de la propuesta está destinada, en la presentación
de Giordano, al apoyo de las pequeñas empresas, que son las que
pueden generar más cantidad de nuevos empleos.
El 84 por ciento de los puestos de trabajo generados durante la última
década fueron no registrados. Así se llegó a que
casi la mitad de los asalariados estén en negro (el 44 por ciento).
El fenómeno no sólo alimenta el actual déficit fiscal,
sino que es una bomba de tiempo que estallará el día que
los actuales empleados lleguen a la edad de jubilarse y no cuenten con
ningún tipo de beneficio. La estrategia de Cavallo en su anterior
gestión ministerial fue seducir a los empresarios para que registrasen
a sus trabajadores mediante sucesivas rebajas de aportes. El plan falló,
porque la cantidad de empleados no registrados siguió creciendo
hasta llegar a los 3,3 millones de trabajadores informales. Y porque la
reducción de aportes es uno de los principales factores que generó
el actual déficit fiscal. Sin embargo, el ministro vuelve a la
carga con herramientas similares.
En esta oportunidad el proyecto apunta directo al sector en el que se
focaliza la mayor parte del problema: las empresas de menos de 20 empleados.
En estas compañías el 71 por ciento de los trabajadores
está en negro. La razón para semejante nivel de evasión
es que las pymes encontraron en el no pago de impuestos, y en la incapacidad
del Estado para controlarlas, una tabla de supervivencia ante la crisis
a que los arrastró la concentración económica y la
recesión. Estas empresas van a recibir el beneficio de una generosa
rebaja en las cargas patronales, un olvido de las deudas previsionales
pasadas y la suspensión de los convenios colectivos de trabajo.
A su vez, regirá para todo tipo de compañías, grandes
y pequeñas, la obligatoriedad de abonar los salarios brutos mediante
depósitos bancarios. Serán las entidades financieras las
que girarán las imposiciones sobre los salarios a los entes recaudadores.
Este punto sí es un incentivo muy fuerte a blanquear al trabajador,
porque si no se efectúa el pago por intermedio del sistema bancario
no existe prueba legal de la cancelación del salario y el empleado
podría reclamar nuevamente sus jornales.
Los cuatro puntos principales con los que el equipo de Cavallo piensa
blanquear un millón de trabajadores son los siguientes:
 Reducción de contribuciones
patronales: Será para todas las empresas con un plantel menor
a 20 empleados. Las que tienen un solo trabajador tendrán un descuento
sobre la alícuota actual del 95 por ciento. En otras palabras,
pagarán sólo el 5 por ciento del aporte vigente. Las que
cuenten con dos trabajadores abonarán el 10 por ciento; las de
tres, el 15 por ciento y así hasta las que tienen 19 trabajadores,
que pagarán el 95 por ciento del actual aporte. Osvaldo Giordano
explicó a Página/12 que la idea es en el futuro, cuando
la situación fiscal lo permita, extender estos beneficios a las
empresas de hasta 100 empleados, con una escala de descuentos descendiente
del 1 por ciento por cada trabajador.
Modificación del
régimen de registración laboral y pago de salarios:
Todas las empresas deberán depositar los sueldos brutos de sus
empleados en una entidad bancaria. La boleta de depósito será
el único comprobante válido de cancelación de haberes.
Las entidades bancarias girarán el aporte de seguridad social del
trabajador a una cuenta del Banco Nación, el pago de ganancias
(en los niveles salariales que corresponda) a la AFIP y el haber neto
a la cuenta del trabajador. A su vez, enviarán la información
sobre el empleado a una nueva entidad estatal, que se denominará
Administradora de Base de Datos (ABD). Este ente distribuirá la
información a las entidades que lo requieran, como AFJP, ART, y
AFIP, entre otras. Así se evitará que las empresas realicen
una cantidad de trámites que encarecen el costo salarial. Sobre
los datos administrados por la ABD se calcularán aportes, contribuciones
y asignaciones familiares. Así se espera depurar los padrones y
evitar el fraude. A su vez la ABD emitirá una factura que le llegará
al empleador con el monto y el vencimiento de los aportes patronales.
Con esa información disponible la AFIP podrá controlar el
monto y fecha de pago de las contribuciones de las empresas.
Olvido fiscal: Quienes
se presenten a registrar formalmente a sus empleados gozarán de
un perdón fiscal sobre el pasivo previsional acumulado hasta el
momento de la presentación. Esa posibilidad estará abierta
durante un período a confirmar. Giordano señaló a
Página/12 que la mayoría de las pymes no está en
condiciones de hacer frente a las deudas fiscales pasadas y que, en consecuencia,
sin este perdón, el blanqueo fracasaría. Las empresas que
deseen reconocer a sus empleados aportes pasados y no estén en
condiciones de cancelar esas obligaciones al contado, contarán
con un plan de pagos.
Suspensión de los
convenios colectivos de trabajo para empresas con menos de 20 empleados:
El equipo de Cavallo estima que las pequeñas empresas no sólo
no regularizan a sus empleados por lo oneroso de las cargas patronales,
sino también por no asumir los compromisos que supone cumplir con
los convenios colectivos de trabajo. Estos acuerdos sindicales suelen
hacerse por sector y no por el tamaño de las compañías.
Y muchas pequeñas empresas no están en condiciones de cumplir
con ciertos requisitos, entre ellos, con los haberes mínimos.
EL
PROYECTO PARA EMPRESAS CHICAS SEGUN GIORDANO
“Hoy el 71 por ciento está en negro”
Por R. N.
Osvaldo Giordano, el ex funcionario
de la anterior gestión de Domingo Cavallo, es uno de los generadores
de ideas del ministro de Economía. En los últimos meses
trabajó en un proyecto de reforma laboral que iba a ser presentado
en el bloque de diputados de Acción por la República. Esta
semana su antiguo jefe le pidió que le dé los últimos
retoques al plan y que se prepare para acompañarlo otra vez en
el Gobierno. Su puesto podría ser el de número dos del Ministerio
de Trabajo. Giordano está seguro de que su propuesta conseguirá
blanquear un millón de trabajadores no registrados y que, aunque
incluye una nueva rebaja de aportes patronales, no producirá un
mayor déficit fiscal.
–¿Por qué insiste en reducir los aportes patronales,
una medida que en el pasado profundizó el déficit fiscal
y no generó empleo?
–Para asegurar que no generó nuevos puestos de trabajo deberíamos
saber qué hubiese sucedido si no se hubieran instrumentado las
rebajas en los aportes. Lo que sí es cierto es que no sirvió
para que los empresarios registren a sus empleados. Por eso en esta oportunidad
el plan tiene otros condimentos, como el nuevo método de registración
y pago, que va a hacer mucho más eficiente la gestión de
control. Si las empresas piensan que no van a ser sancionadas, no pagan
aunque se les reduzcan las alícuotas. Ahora se van a ver obligadas
a entrar en el sistema. El resultado va a ser positivo.
–¿Esperan aumentar la recaudación de seguridad social?
–La intención del proyecto es, en lo inmediato, solucionarle
el problema de informalidad laboral a la gente. En poco tiempo, un millón
de trabajadores y sus familias podrán tener una obra social en
la que atender su salud. Además, vamos a darle la posibilidad a
las pequeñas empresas de ingresar en la economía formal.
Así tendrán acceso a créditos más baratos,
podrán operar con grandes clientes y proveedores y dejarán
de estar sentados sobre un pasivo imposible de mensurar, que es una espada
de Damocles que puede llevarlos a la quiebra. El resultado fiscal inmediato
será cero. Pero en el futuro, vía crecimiento de la producción,
terminará dando sus frutos.
–¿Es imprescindible volver a perdonar deudas pasadas para
instrumentar el plan?
–Sé que es injusto para los que cumplieron con sus compromisos
fiscales, pero si no olvidamos los pasivos, luego de tres años
de recesión, no entra nadie y el plan se cae. Es muy difícil
blanquear si no se toman medidas para la transición. Hay que resolverles
el pasado.
–¿Les van a perdonar también las deudas de IVA y ganancias?
–El problema es que si no se condonan la totalidad de los impuestos,
la AFIP tiene el derecho de ir a verificar a todas las empresas que se
presentaron al blanqueo laboral. Es sabido que, si evadió aportes,
también dejó de pagar otros impuestos. Mire, las mayores
erogaciones por asignaciones familiares se neutralizarán porque
con el nuevo sistema de pagos se evitará el fraude, con su consiguiente
ahorro de fondos. Hasta ahora había quienes cobraban el mismo beneficio
en distintos trabajos o lo duplicaban recibiéndolo el empleado
y la esposa. Además, el Estado reducirá los gastos asistenciales,
como hospitales, accidentes de trabajo y otros.
–¿Cómo esperan convencer al justicialismo para que
suspenda los Convenios Colectivos de Trabajo?
–Las empresas pequeñas no pueden pagar las cargas sociales
y tampoco los gastos que derivan de las negociaciones colectivas. Además,
el promedio salarial de los empleados en negro de las empresas con menos
de 20 trabajadores es de 273 pesos. Si entran en el blanqueo, y rigen
los convenios colectivos, deberían aumentar los salarios. Entonces
estaríamos generando un mayor desempleo. Además, el 71 por
ciento de los trabajadores de pequeñas empresas está en
negro. Entonces, los que se opongan van a estar priorizando sólo
al 30 por ciento que está en blanco.
En
el Estado habrá una lluvia
de recortes, premios y castigos
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Clave: Cavallo quiere tener
en su staff a Marcos Makón, su ex colaborador y actual asesor del
ex vicepresidente Carlos �Chacho� Alvarez.
El ministro
de Economía, Domingo Cavallo, al salir de una de las muchas
reuniones que mantuvo ayer.
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Por
Cledis Candelaresi
A diferencia de
la propuesta que promovía el efímero secretario de Modernización,
Manuel Solanet, Domingo Cavallo prevé avanzar con una reestructuración
del Estado que si bien no excluye una poda de personal, tampoco la tiene
como objetivo prioritario e inmediato. El ministro de Economía
ya dio su primer visto bueno a la propuesta básica consagrada por
un reciente decreto presidencial, que intenta crear un sistema de premios
y castigos en la gestión pública. El Ministerio de Educación
y la AFIP serán de las primeras dependencias a transformar.
Cavallo reclamó al Congreso facultades especiales para ese cambio,
aunque es uno de las pocas iniciativas que aún no tiene terminada.
El ministro anhela tener ya la potestad de suprimir organismos creados
por ley, de fusionarlos o de transformarlos en sociedades anónimas
con miras a una eventual privatización parcial (la AFIP) y de modificar
condiciones laborales, pero para ejercerla cuando y a medida que lo crea
conveniente.
A principios de año, Fernando de la Rúa firmó el
decreto 103, que fija las pautas generales para reorganizar el Estado
e impone a través de una norma excepcional lo que pretendía
el polémico artículo 58 del proyecto de Presupuesto Nacional,
que Diputados eliminó de cuajo en diciembre.
El decreto impone un plazo de 120 días a todas las reparticiones
públicas para que presenten su propio plan de reorganización,
premiando a aquellas que con esa modificación consigan un ahorro.
Esta norma plasma el criterio sustentado por Marcos Makón, ex secretario
de la Modernización del Estado, ex vicefeje de Gabinete y ex ministro
de Desarrollo Social de la Alianza, quien antes de sumarse a las filas
del Frepaso también se desempeñó como subsecretario
de Presupuesto de la primera gestión cavallista.
Makón acaba de dejar el Gobierno. Pero gente afín sigue
en sus puestos trabajando para el Programa de Modernización del
Estado, que se financia con recursos del Tesoro y de organismos multilalterales.
Estos técnicos comenzarán estos días las rondas de
trabajo con el equipo cavallista para avanzar en una reforma que tendría
las siguientes pautas básicas:
Reducción de las direcciones
nacionales en la administración pública. Ahora estos funcionarios
de carrera tienen estabilidad y, al mismo tiempo, no hay un sistema para
evaluar su gestión.
Creación de un cuerpo
de “gerentes de la administración pública”, que
tendrán relación de dependencia con el Estado, pero no la
estabilidad que la Constitución garantiza al resto de los empleados:
serían removibles.
Sistema de premios y castigos
para esos gerentes y sus subordinados, a partir de la administración
por programas. Los que cumplan las metas propuestas en el momento de diseñar
sus presupuestos, podrían disponer de más recursos para
su área, incluyendo el pago de estímulos salariales al personal.
Los que no, perderían esa prerrogativa y en un caso extremo podrían
ser removidos.
La administración presupuestaria por programas ya está vigente.
Justamente fue Makón, junto al ex secretario de Hacienda de Cavallo,
el justicialista Ricardo Gutiérrez, quien organizó los indicadores
gerenciales y la cuenta de inversión, que permite evaluar desde
cuánto cuesta alimentar a un preso a cómo se ejecutó
un plan de vacunación. Pero no existe en la actualidad una relación
entre este el sistema informativo y las normas de empleo público
que permitan premiar o castigar al personal.
Fusión de organismos
públicos cuyas funciones se superpongan. Las áreas donde
sin duda existe tal superposición son la de Recursos Hídricos
y control de calidad de Alimentos, por ejemplo.
La AFIP es una de las primeras dependencias que se van a reformular. A
través de su transformación en sociedad anónima,
el cavallismo planea tercerizar la recaudación. Pero también
está en la mira el PalacioPizzurno, que perdió su función
inicial de administrar fondos, cuando las escuelas fueron transferidas
a las provincias. Así se transformó en una estructura vacía,
con excedente de personal. Reorganizar el ministerio de Educación
será una de las prioridades de Cavallo, quien anhela para ello
tener en su staff al frepasista Makón.
¿PEAJE
SEGUN EL FLUJO DE TRANSITO?
A las autopistas, de noche
El flamante ministro de Infraestrucutra,
Carlos Bastos, planteó ayer su idea de reformular el actual sistema
de concesiones de rutas nacionales por peaje creando un fondo para financiar
obras viales y recalculando las tarifas, que podrían bajar. El
funcionario no dio precisiones, pero dejó en claro que su idea
sería establecer un sistema de precios variables según el
flujo de tránsito: más caras en las horas pico y más
baratas o, directamente, de acceso libre en los momentos en que los caminos
estén más despejados.
El ministro diferenció al menos dos fuentes de financiamiento del
sistema vial. Una es el peaje, que defendió como un buen mecanismo
para obtener información acerca del flujo de tránsito. Otra,
podría ser el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gaseosos,
más conocido por sus anteriores siglas de ITC (Impuesto a la Transferencia
de Combustibles). Este tributo, a decir de Bastos, podría integrar
un fondo especial para obras viales, que también podría
tener otras fuentes de financiamiento.
Bastos pretende una base tarifaria uniforme. “No puede ser que haya
que pagar una tarifa en una autopista y otra en la otra”, sentenció.
El parámetro de 1 peso cada 100 kilómetros “es razonablemente,
no demasiado costoso y permite obtener una buena recaudación genuina”,
aseguró. Hoy para recorrer esa distancia en una ruta nacional,
los automovilistas tienen que pagar en promedio 1,75 pesos, de lo que
se infiere que el nuevo funcionario intentaría promover una baja
en el costo de ese servicio.
Lo que el ministro no detalló es si prevé modificar de inmediato
el régimen tarifario ya que, de ser así, tendría
que discutir con los actuales concesionarios de 9000 kilómetros
y, según la amplitud de su propuesta, también con los adjudicatarios
de los accesos capitalinos nuevas condiciones contractuales.
Cavallo había encarado una renegociación de las privatizaciones
de rutas nacionales en 1991, a poco de asumir en Economía. Entonces,
su objetivo fue reducir casi un tercio la tarifa, que se había
catapultado a casi 3 dólares cada 100 km. Lo consiguió.
A cambio, se comprometió a pagar un subsidio que en los últimos
años el Tesoro no pudo afrontar.
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