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Por Irina Hauser
 El ministro de Defensa, Horacio
Jaunarena, respaldó ayer públicamente al jefe del Ejército,
Ricardo Brinzoni, en una visita fugaz destinada a fiscalizar un radar
en la misma provincia que fue escenario de la masacre de Margarita Belén
en diciembre de 1976, cuando el general era secretario general de la Gobernación
en la intervención militar. “El pliego de ascenso del general
Brinzoni pasó cuatro veces por el Senado y en ningún caso
fue cuestionado”, fundamentó Jaunarena. Sus colaboradores,
sin embargo, señalaron a este diario una carta con la que tomaría
distancia de los militares en otro tema: se dispone a rechazar el planteo
de la Armada para que el ministerio eleve una suerte de pedido de hábeas
data institucional a organismos de derechos humanos.
Con camisa blanca sin corbata, pantalones anchos y cinturón con
medallas gauchescas, Jaunarena visitó ayer en compañía
del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side),
Carlos Becerra, y representantes de la Fuerza Aérea, el radar móvil
destinado a detectar vuelos ilegales, ubicado en Resistencia. Después
de la visita guiada, que tuvo como cortina musical los estruendos de aviones
militares, el titular de Defensa habló –a pesar de los intentos
del jefe de prensa de la Fuerza Aérea por impedirlo– de lo
que más les interesaba a los chaqueños: dijo que, más
allá del lugar que Brinzoni ocupó durante la dictadura,
“se encuentra legitimado por los órganos democráticos”
y “nunca antes recibió objeciones de los organismos de derechos
humanos que hoy lo cuestionan”. Fiel al discurso del Gobierno, sugirió
que si hay algo que objetar, que primero lo haga la Justicia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya anunció que
denunciará al actual jefe del Ejército en función
de los testimonios de periodistas que lo vinculan con violaciones a los
derechos humanos. Y, en particular, con la llamada masacre de Margarita
Belén, en la que fueron fusilados 22 presos políticos en
la provincia del Chaco con la excusa de un intento de fuga. El periodista
y presidente del CELS Horacio Verbitsky reveló –por ejemplo–
que el director del diario chaqueño Crisol, Ricardo Eulogio Brizuela,
contó que en 1976 Brinzoni le dijo: “La próxima vez
que usted venga a reclamar por uno de los hombres que nosotros nos llevamos
de su diario, a usted le va a pasar lo mismo”.
Desde que Jaunarena asumió en Defensa hace tres semanas –el
mismo cargo desde el cual influyó en la elaboración de las
leyes de Punto Final y de Obediencia Debida en el gobierno de Raúl
Alfonsín– se encontró con que debía encarar
varias cuestiones sobre derechos humanos. Después de reunirse la
semana pasada con el CELS, que le pidió que sacara el retrato del
genocida Jorge Rafael Videla de la pared del Colegio Militar, se quedó
pensando.
–Me parece que es una foto individual que está junto con la
de otros directores, no parece ocupar un lugar de honor, ¿no es
cierto? -reflexionó ante algunos hombres de su confianza.
Pero ante las caras de duda de los suyos, terminó diciendo: “Bueno,
probablemente lo saquemos”.
El CELS también le llevó una copia de un informe secreto
que muestra tareas de inteligencia interna del Estado Mayor Conjunto,
algo que está prohibido. Con todo, Jaunarena se jacta de haber
hablado con el jefe, Juan Carlos Mugnolo, que le juró “que
no hay ninguna evidencia de eso”.
Para matizar un poco, los allegados al ministro cuentan que nunca le cayó
bien la jugada política que asumió Brinzoni al presentar
junto con su segundo, Eusebio Jurczyszyn, y 700 oficiales, pedidos de
hábeas data para saber qué denuncias los implican en la
represión ilegal. “Le parece que esos hábeas data no
conducen a nada”, dijo un informante. “Por eso, y porque ya
la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH) dijeron que no tienen archivos, rechazará
el pedido de la Marina de hacer una presentación genérica,
aunque aún se espera la respuesta del CELS”, añadió.
Verbitsky ya dijo que sólo el diezpor ciento de la institución
actual pudo haber tenido relación con violaciones a los derechos
humanos.
La balanza de Jaunarena se inclina otra vez del lado militar. Además
de avalar a Brinzoni “por la presunción de inocencia”,
es reticente a revisar su posición favorable a las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida. Ayer resumió su opinión sobre
el fallo del juez (Gabriel) Cavallo que declara nulas las leyes de impunidad
diciendo que “se contradice con doce fallos de la Corte Suprema”.
Ante sus colaboradores relativizó la decisión reciente del
máximo tribunal de solicitar a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) la disposición en que determina la invalidez
de dos leyes de amnistía peruanas. Lo que le importa a Jaunarena
es que los tribunales que deben fallar lo hagan rápido para que
la sociedad supere la incertidumbre por la jurisprudencia contradictoria.
PIDEN
QUE SE REABRA LA CAUSA MACKENTOR EN CORDOBA
Con Videla y Menéndez en la mira
Los abogados de la empresa
Mackentor, intervenida por los militares durante la última dictadura,
solicitaron a la Cámara Federal de Córdoba que sea revocada
la prescripción de la causa dictada por la jueza federal Cristina
Garzón de Lascano. En caso de que el expediente sea reabierto,
podrían ser procesados el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército
Luciano Benjamín Menéndez y el dictador Jorge Rafael Videla.
Juan Carlos de la Vega, uno de los abogados del empresario Natalio Kejne,
indicó que el juicio de la constructora Mackentor “es un caso
de lesa humanidad, y de hacerse lugar a los reclamos, ambos militares
no podrán ampararse en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”.
El 25 de abril de 1977 Menéndez ordenó la ocupación
de la firma, que fue prácticamente “saqueada” por los
militares. Veinte empleados y todos los accionistas jerárquicos
fueron secuestrados y depositados en el centro clandestino La Ribera,
donde permanecieron desaparecidos durante cuatro años. Sólo
el presidente, Natalio Kejner, y el síndico Gustavo Roca lograron
huir del país. En 1982 los militares devolvieron lo que quedaba
de la empresa.
En 1985 los Kejner entablaron un juicio civil contra el Estado, que no
prosperó. El año pasado, el empresario reclamó la
apertura de la causa, ya que la apropiación extorsiva de inmuebles
no fue amparado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La jueza
Garzón de Lascano aplicó la figura jurídica de la
“prescripción de la causa” al entender que el pedido
“fuera de término”. Los letrados fundamentaron la apelación
en que el hecho se encuadra en el delito de lesa humanidad, porque hubo
“agresiones sistemáticas por cuestiones políticas”.
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