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”Es
una barbaridad...”, dijo Jorge Casanovas, ministro de Justicia y
Seguridad de la provincia  de
Buenos Aires, cuando le preguntaron por las condiciones de detención
en su provincia. Pero no se refería a lo que deben soportar los
presos sino al hecho de que Página/12 lo haya denunciado ayer:
“...una barbaridad a la que nos tiene acostumbrados ese diario”.
En cambio, el vicegobernador bonaerense, Felipe Solá, manifestó
que “las condiciones son pésimas, yo lo admito”. La información,
que cuestionó pero no pudo desmentir el ministro, publicada ayer
por este diario, se refiere a las torturas y tratos degradantes que deben
soportar los reclusos en comisarías y cárceles de la provincia,
lo que convierte a esos lugares en verdaderos campos de concentración.
El hacinamiento en celdas policiales fue confirmado por varios informes
reservados de comisarios a los que tuvo acceso este diario (ver nota aparte).
Ayer, en Radio 10, el periodista Eduardo Feinmann le pidió a Casanovas
una respuesta a la nota de Página/12, que informaba: “Las
condiciones de detención de muchas comisarías de la provincia
de Buenos Aires recuerdan a las de los campos de concentración
de la dictadura”.
El ministro contestó con toda soltura: “Yo creo que ésa
es una barbaridad a la que nos tiene acostumbrados ese diario. Ellos no
se ocupan de hablar de la tortura a la que somete a la sociedad en forma
permanente esa delincuencia que ellos protegen; ni siquiera hablan del
gatillo fácil de los delincuentes que se están cobrando
vidas permanentemente ni de la verdadera privación ilegal de la
libertad a que someten a sus víctimas. Es una verdadera barbaridad”.
El funcionario agregó que “en la provincia de Buenos Aires
damos educación primaria, secundaria y terciaria a más de
8 mil presos. Este año batimos el record de internos matriculados:
más de 5 mil están aprendiendo un oficio; estamos dando
a los internos una herramienta para reinsertarse en la sociedad”.
En cuanto a las denuncias de torturas, documentadas con fotos y testimonios
de las víctimas, se limitó a responder: “No, cómo
se va a torturar. Eso es una barbaridad, no puedo definirlo de otra manera”,
concluyó.
 Por
otra radio, entretanto, Felipe Solá, vicegobernador de la misma
provincia, se refirió a la misma nota de Página/12 en términos
opuestos: “Las condiciones son pésimas, yo lo admito”.
Según trató de explicar el vicegobernador, “el tema
resulta sencillo tratarlo de afuera, pero resolverlo de adentro no es
sencillo”. Adujo que “estamos desbordados por los presos en
las comisarías. Están en condiciones doblemente malas, porque
son malas para ellos y pésimas para los que deben custodiarlos,
quienes tienen un nivel de inseguridad muy grande”.
Solá destacó que “hay mucha más gente presa
que el año pasado” y reconoció que la situación
se agravará porque “sale una ley votada hace un año
que restringe la posibilidad de excarcelación de delincuentes peligrosos”.
Las notas publicadas ayer en este diario, firmadas por Horacio Verbitsky,
señalaban, en síntesis, las siguientes denuncias:
 Torturas y maltratos a detenidos.
En la cárcel de Sierra Chica, los detenidos son habitualmente
golpeados y alojados en buzones, de 2,50 por 2,50, sin luz ni agua: “Deben
convivir con sus excrementos, en el mismo lugar donde comen y duermen,
en la oscuridad”, según denunció la defensora oficial
María Dolores Gómez. También son golpeados habitualmente
los presos en el penal de Melchor Romero. En la Unidad Penitenciaria 30
de General Alvear, en febrero pasado, diez presos que, en protesta por
las condiciones de hacinamiento, habían protagonizado un motín
en una comisaría, fueron golpeados –uno perdió dos
dientes–, pateados, obligados a arrodillarse durante dos horas y,
uno de ellos, obligado a beber agua de un inodoro.
Hacinamiento. En la
comisaría de Don Torcuato, 32 presos se amontonan en dos celdas
con capacidad para 15. Sólo algunos tienen colchones, y el sistema
cloacal, desbordado, inunda los calabozos y empapa los colchones.Casi
todos los detenidos sufren enfermedades de la piel y uno de ellos tiene
tuberculosis, sin estar aislado ni medicado.
Acoso a funcionarios judiciales.
Defensores oficiales y hasta jueces fueron hostigados por funcionarios
del Poder Ejecutivo. Miguel Plo, subsecretario de Política Penitenciaria
y Readaptación Social, profirió amenazas contra la defensora
oficial María Dolores Gómez, quien pocos días después
fue golpeada en ambos pechos por dos hombres.
Ataques a niños.
En los primeros 8 meses del 2000, ocho niños fueron muertos en
supuestos enfrentamientos con la Policía Bonaerense, lo cual hace
un promedio de uno cada 30 días; durante los 16 años anteriores,
el promedio había sido de uno cada 67 días. Los familiares
de los chicos alojados en el Instituto Almafuerte son sometidos, cuando
van a visitarlos, a requisas degradantes: una niña de 15 años
y otra de 5 fueron obligadas a desnudarse y se les revisó la vagina
y el ano.
Criminales de la guerra
sucia. Ocupan puestos de responsabilidad en el esquema de seguridad
bonaerense funcionarios acusados por su intervención en lo más
horrendo de la guerra sucia de la década del ‘70. Raúl
Harsich, actual subsecretario de Planificación, intervino en el
secuestro, violación y asesinato de Floreal Avellaneda, de 15 años.
Mario Alberto Jaime, a cargo de la seccional 5ª de Florencio Varela,
fue identificado por el informe de la Conadep como participante, desde
1976, en detenciones ilegales en la seccional 5ª de La Plata. Daniel
Omar Del Arco, actual jefe de Traslado Interprovincial de Detenidos, fue
acusado por la ex presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, María
Isabel de Mariani, porque, en 1976, “pidió todo lo que yo
tenía para entregarme a mi nieta”, que nunca apareció.
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Amenazan
a un periodista
Por P.L.
“Decile a Rolando que estamos en el Hotel Fraternidad, en el
séptimo piso, y que se deje de joder con la policía
de la provincia de Buenos Aires”, escuchó la esposa
del periodista Rolando Graña, el jueves pasado, por su celular.
Al día siguiente, una voz llamó a la producción
del programa “Punto Doc/2”, que conduce Graña,
y dejó un mensaje para él: “Decile que sabemos
que (pronunció el nombre de su esposa) está sola.
Que se deje de joder”.
En la denuncia que el periodista formalizó ante la fiscalía
correspondiente, “el deponente atribuye estas amenazas a una
investigación periodística que está llevando
a cabo, relacionada con un hecho de corrupción policial,
puntualmente referido a un asalto a un banco en el que murieron
tres delincuentes y un policía”.
Hace dos meses, un policía de la Bonaerense, en actividad,
se conectó con la producción de “Punto Doc/2”;
dijo que tenía datos sobre corrupción en esa fuerza.
Tuvo algunas entrevistas: las informaciones que aportaba se extendían
a numerosos casos. Una vez, dijo que lo estaban siguiendo. Después,
desapareció.
Unos días más tarde, Graña recibió un
llamado del Departamento de Asistencia Consular a Argentinos en
el exterior. El denunciante había escapado al Paraguay; allí
había pedido asistencia consular, mencionando como referencia
a los periodistas de “Punto Doc/2”. Así las cosas,
los cronistas decidieron vincular al denunciante con la fiscalía
de cámara de San Martín, a cuya jurisdicción
corresponden los hechos que denunciaba.
Dos fiscales viajaron a Paraguay, entrevistaron al policía
y le ofrecieron entrar en el Programa de Protección a Testigos.
El aceptó y volvió a la Argentina. Ya aquí,
descubrió que los policías que habían puesto
para custodiarlo eran de la Bonaerense y que, además –según
él–, estaban vinculados con aquellos a los que él
venía a denunciar. Entonces quiso retirarse del Programa
de Protección y, asustado, lo fue a ver otra vez a Graña.
Luego de esa entrevista, se produjeron las amenazas.
El séptimo piso del Hotel Fraternidad, mencionado en la primera
amenaza telefónica, resultó ser el lugar donde se
escondía el denunciante: o lo habían seguido o habían
obtenido esta información por alguna otra vía.
Tras las amenazas, los fiscales decidieron ponerle custodia a Graña.
Le preguntaron si no tenía problema en que la custodia fuese
de la Policía Bonaerense y él dijo que mejor no. Está
custodiado por efectivos de la Federal. Por pedido de la fiscalía,
para no entorpecer la investigación, Graña no está
en condiciones de revelar más datos. “Nuestra actitud
no fue difundir irresponsablemente una información no chequeada
sino conectar a esa persona con la Justicia”, destacó
a Página/12 el periodista, que el año pasado obtuvo,
por su labor en “Punto/Doc”, el premio Rey de España.
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LO
CONFIRMA UN INFORME RESERVADO ELABORADO POR COMISARIOS
Hacinamiento
en calabozos bonaerenses
Por
Horacio Cecchi
No
sólo los defensores oficiales denuncian las patéticas condiciones
de detención en comisarías y cárceles bonaerenses:
varios comisarios de seccionales del Conurbano dieron cuenta por escrito
del hacinamiento en las celdas policiales, que convierten a esas unidades
en verdaderas bombas de tiempo. De acuerdo con un informe interno elevado
a la Jefatura de la Bonaerense por el jefe de la Departamental de La Matanza,
comisario Carlos Pérez, en seis de las comisarías de su
jurisdicción cada detenido cuenta con menos de noventa centímetros
cuadrados de superficie. La situación más crítica
se vive en la seccional 19ª, donde 25 presos se reparten el espacio
como si fuera oro: cada uno cuenta con 48 centímetros cuadrados.
La solución a la que echó mano el comisario fue habilitar
patios, pasillos y baños como alojamiento, lo que amplió
la superficie a 1,10 metro cuadrado por cabeza. Es apenas un ejemplo entre
tantos, que figuran en un listado de informes reservados al que tuvo acceso
Página/12, según el cual las condiciones se repiten. Las
quejas de los comisarios abrieron una feroz y silenciosa interna entre
el ministro de Seguridad, Ramón Verón, y el de Justicia,
Jorge Casanovas.
La comisaría de Budge, dependiente de la Departamental de Lomas
de Zamora, tiene una particularidad: está ubicada en un monumento
histórico, el viejo puente de La Noria. Esto hace imposible cualquier
modificación de su estructura externa. Para colmo, el área
donde se encuentran los tres calabozos corresponde a un sector sin aberturas.
En unos 40 metros cuadrados, sin ventanas, había alojados 34 detenidos.
La semana pasada, un motín en ciernes obligó a las autoridades
de la comisaría a trasladar a seis detenidos a otras seccionales
de la jurisdicción. Dos de ellos fueron a parar a la comisaría
de Villa Fiorito, junto a otros 29 detenidos, repartidos en poco más
de 20 metros cuadrados. La 5ª de Villa Fiorito es la misma que, en
enero de este año, fue visitada por una defensora oficial. En aquella
ocasión, comprobado el hacinamiento, la funcionaria auguró
problemas. Como informó este diario, un mes después, estalló
un motín que terminó con dos presos fugados. Mientras la
Justicia investiga la facilidad con que se produjeron las fugas, los comisarios
braman silenciosamente.
“La capacidad de alojamiento se halla superada en tres veces su cupo
ideal”, sostiene el jefe de la Departamental Lomas de Zamora, Daniel
Rago, en un informe elevado a la Jefatura. La capacidad es de 323, y hay
1040 detenidos.
En la Departamental de La Plata, la situación es algo mejor: la
capacidad para 156 detenidos está superada en un “168 por
ciento”, según sostuvo en otro informe el jefe de la jurisdicción,
Roberto Savasta. “Tenemos 417 detenidos, lo que genera constantes
conflictos de convivencia entre los procesados”. La 8ª y 9ª
de La Plata superan el promedio: con 30 y 29 detenidos sobre un ideal
de 10 cada una.
En San Martín, el informe elevado por el comisario Amílcar
Troncoso señala que el cupo ideal de 341 fue superado hasta llegar
a casi 600. Lo normal de la anormalidad tiene algunas excepciones: tres
presos van por su tercer año en comisarías de Tres de Febrero,
y otros 67 llevan al menos dos años. “Hace tres meses, cuando
me hice cargo de esta comisaría -señaló a Página/12
un comisario del sur del Conurbano–, habían cambiado a la
mayor parte de los oficiales viejos. Las cuestiones del funcionamiento
se las tenía que preguntar a los presos, que sabían más
que nosotros.”
Son apenas ejemplos que se repiten en todos los informes. La Departamental
de Mercedes denuncia 319 presos sobre una capacidad de 210. Pero el grueso
de los detenidos está alojado en las zonas urbanas. La 1ª
de Moreno, según el informe, tiene cupo para 16 y son 49 los alojados.
En la 1ª de Don Torcuato, uno de los presos por falta de espacio
pasa sus días entre rejas particulares: fue alojado en un baño.
Y en SanFernando, Carrizo, un pesado de la banda de Luis Valor, ayuda
al comisario a que los nuevos detenidos entren sanos y salvos a los calabozos.
“Tienen tan poco espacio –señaló un funcionario
policial– que a cada uno que entra, los presos viejos lo quieren
matar.”
Como regla general, los presos tienen entre una y dos horas semanales
de promedio para ver a sus familiares. Hay tan poco espacio que a veces
las visitas se realizan dentro de los mismos calabozos y todos al mismo
tiempo. El motín frustrado en Budge tenía como parte de
sus reclamos separar en dos la visita en días diferentes.
Pero lo que más alteró la tranquilidad de los comisarios
fue que durante seis a ocho meses no se envió la caja chica para
pagar los gastos derivados de comidas. Esto instaló a los jefes
de seccional en un dilema. “Si hay problemas con los presos, si hay
una fuga, pasamos a disponibilidad automática”, se quejó
un comisario retirado. Además, sin caja chica, la comida se transformó
en un trastorno: “En esos casos hay que apelar a la recaudación”,
sostuvo la misma fuente.
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