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Por E.T.
 “Fue personalmente Emir
Yoma quien se presentó en la Secretaría Legal y Técnica
de la Presidencia y dejó el decreto 103/95 para que lo firmara
Carlos Menem”, relató a este diario un funcionario judicial
que está al tanto de los movimientos del expediente de las armas.
Según el informante, los investigadores judiciales estarían
en conocimiento del hecho. El dato agrava la situación de Emir
y además suma nuevos indicios acerca de que Menem no podría
desconocer la maniobra que condujo a que parte de las armas que figuraban
en el decreto terminaran en Croacia y otra parte en Ecuador, a pesar de
que Venezuela era su destino declarado.
Para la familia Yoma, la suerte de Menem está ligada a la de Emir.
Así se lo hicieron saber al ex Presidente en reiteradas ocasiones.
La estrecha relación del ex cuñado y el acceso privilegiado
que el empresario riojano tenía a los lugares donde se tomaban
las definiciones, es un dato público. Cuando la defensa de Emir
reiteró que este no era un funcionario público y por lo
tanto no podía movilizar todas las voluntades que coincidieron
en la maniobra, tal argumento no mejoró la situación del
reo y si por el contrario complicó al ex-cuñado presidente.
“Todavía no tenemos una estrategia. Estamos conformando el
equipo de abogados que realizará la defensa”, afirmó
a este diario uno de los dirigentes que participó de la denominada
asamblea justicialista que se realizó el pasado jueves en el Congreso
Nacional. Aunque el dirigente evitó explayarse sobre las opciones
que estudian los hombres del menemismo, admitió que algunos de
los tantos abogados a los que se consultó había propuesto
beber el mal trago en una sola toma. Así es que habían sugerido
la pronta presentación del ex Presidente en una declaración
espontánea. La propuesta fue rápidamente descartada.
“La foto de Carlos Menem subiendo las escalinatas de los tribunales
federales de Comodoro Py es mortal”, sostuvo el asambleísta
peronista que con más olfato que información, aventuró
que el juez federal, Jorge Urso, no convocará a Menem a testimoniar.
A pesar de la confianza esgrimida por este dirigente, funcionarios judiciales
consultados por este diario analizaron que es poco probable que Urso se
niegue a tomarle declaración indagatoria al ex presidente. Eso
si, el magistrado se tomaría sus tiempos y primero recibiría
las declaraciones de los ex ministros, Erman González, Guido Di
Tella y Oscar Camilión.
“Stornelli se apuró. Su dictamen no es sólido pero
no podemos exponernos a que esgrima algún elemento o prueba de
la causa que complique a Menem”, reconoció a este diario el
asambleísta peronista. Con la euforia del reencuentro todavía
fresca, aventuraba que la reunión de todos los grupos internos
“marca el punto de quiebre en la división” partidaria.
En su análisis, luego del acto en el Congreso comienza “la
ofensiva para sentar a la Alianza en una mesa de negociaciones”.
Claro que sobre esa mesa también imaginaban depositar los reclamos
de los gobernadores peronistas.
El asambleísta criticó al Gobierno por lo que calificó
como una persecución política contra el ex presidente. “Es
inconcebible que lo citen a Menem simplemente por el estado de sospecha”,
fue la última conclusión que entregó a Página/12
el allegado al riojano.
Entre el jueves o viernes venideros Emir volverá a sentarse ante
el juez para ampliar su declaración, por propia voluntad (ver aparte)
y consejo de su abogado, Mariano Cúneo Libarona. Probablemente,
los funcionarios judiciales le pregunten por la escena que abre esta nota;
según sea su respuesta, el juez seguirá cavilando sobre
la fecha y bajo qué figura cita al ex presidente o, directamente,
se sumará a la hipótesis por la cual Stornelli requiere
la presencia de Menem en Comodoro Py.
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Un anónimo
en estudio
El juez federal Jorge Ballestero y el fiscal Carlos Cearras deberán
decidir qué destino le dan a una presentación realizada
por el fiscal Carlos Stornelli en la que acompaña un anónimo
que llegó a su despacho. Allí se revelan aspectos
que comprometen al ex presidente Carlos Menem, al ex ministro Antonio
Erman González y al jefe del Ejército, Martín
Balza.
Aunque el anónimo aporta datos sobre la venta de armas a
Croacia y Ecuador, el fiscal está obligado a elevarla para
que la justicia cumpla con los pasos de rigor. Del escrito se desprende
que el ex presidente habría conversado con el ex interventor
en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga sobre el tema de la venta
de armas. Sin embargo, en su declaración judicial, Sarlenga
afirmó que nunca había hablado del tema con Menem.
Las dos carillas anónimas, también revelan datos hasta
ahora desconocidos por los investigadores. Información que
denuncia hechos de encubrimiento que en forma conjunta habrían
llevado adelante Balza y Menem. También hacen hincapié
en el patrimonio de Erman González y algunas transferencias
de activos de Fabricaciones Militares. Es probable que Ballestero
derive las investigaciones hacia la causa que instruyen Jorge Urso
y Stornelli.
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EL
EX PRESIDENTE NO PODRA SER INDAGADO POR FALSEDAD
El camino para citar a Menem
Por Adriana Meyer
Si el juez Jorge Urso decide
citar a Carlos Menem en el caso de la venta de armas no será bajo
el cargo de falsedad ideológica de documento público. Una
alta fuente judicial aseguró a Página/12 que ese delito,
respecto de Menem y de Domingo Cavallo, prescribió durante los
meses que la causa estuvo bajo análisis en la Cámara Federal.
Por lo tanto, al magistrado no le quedan demasiadas alternativas. En caso
de convocarlos, el menú de opciones se limita a ubicarles un lugar
en la asociación ilícita. Mientras tanto, el expediente
sigue movido. Emir Yoma pidió ampliar su declaración indagatoria
y el magistrado le dará audiencia a fines de la semana próxima.
El miércoles 2 será interrogada como testigo por tercera
vez su ex secretaria Lourdes di Natale.
Los juristas y abogados que intentan frenar la intensa dinámica
que adquirió la causa concentraron sus energías en argumentar
en contra de la falsedad ideológica como el presunto delito imputable
al ex Presidente. El ex ministro de Justicia Rodolfo Barra, entre otros,
sostuvo que los decretos secretos que firmaron Menem y sus ministros enviando
armas a países que jamás las recibieron no son falsos o
verdaderos porque son “decisiones administrativas” del Poder
Ejecutivo que no pueden ser juzgadas por el Judicial. Pero ese camino
estaría agotado porque ninguna medida judicial relativa a Menem
o a Cavallo interrumpió los plazos de la prescripción, y
éstos ya se cumplieron.
Sin embargo queda en pie la acusación por asociación ilícita
que recién prescribe en 2005. El fiscal Carlos Stornelli calculó
los tiempos de la prescripción y avanzó sin dudar cuando
decidió que era necesario escuchar a Menem y en condición
de jefe de la banda que perpetró la maniobra. La asociación
ilícita es una figura penal que no se consuma en un acto, y, por
lo tanto, se computa el último momento en que los presuntos imputados
delinquieron para fijar la prescripción. En este caso, ese momento
se sitúa en 1995 cuando fue firmado el último decreto. Quienes
conocen el pensamiento de Urso afirman que su mira no está puesta
sólo en los decretos porque esto significaría juzgar a Menem
como en la época colonial, es decir por sus actos administrativos.
Sugieren que podría citarlo para que de explicaciones por los hechos
de la maniobra y recién al momento de decidir su situación
procesal determinará el tipo de delito que cometió. Esto
implicaría que el ex Presidente sea indagado, y eventualmente procesado,
pero no necesariamente como jefe de la asociación ilícita.
Por lo tanto, no perdería su libertad.
¿El juez está evaluando las pruebas o tan sólo medita
si da el paso o no?, quiso saber Página/12 sobre la citación
y eventual detención del ex Presidente. “Está haciendo
ambas cosas”, respondió uno de sus colaboradores. Mientras
tanto se dispone a escuchar por tercera vez a Emir Yoma, que quiere ampliar
su indagatoria y quizás esta vez acepte responder preguntas. Y
a su ex secretaria, que aportará más cuadernos con precisas
anotaciones sobre las actividades de su ex jefe. Además, el magistrado
acudirá el miércoles al Banco Central para reunirse con
su flamante presidente, Roque Maccarone. Los investigadores deslizaron
que con el nuevo funcionario el trabajo será “más fluido”.
Por otra parte, Urso quiere conseguir de Uruguay el mismo compromiso obtenido
con Estados Unidos que dará “trato prioritario” al pedido
de informes bancarios. Y está gestionando una audiencia consular
con el embajador norteamericano James Walsh, a la que acudirá con
el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y con el ministro de
Justicia Jorge de la Rúa.
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