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Por Adriana Meyer
 Ya no tiene el privilegio de
declarar por escrito. Ni fueros que lo protejan del arresto que pende
sobre su cabeza. El ex presidente Carlos Menem será indagado como
sospechoso de haber participado de la venta ilegal de armas a Croacia
y Ecuador. El juez federal Jorge Urso lo convocó para el viernes
13 de julio y luego de interrogarlo podría ordenar su detención,
tal como solicitó el fiscal Carlos Stornelli que lo acusó
de haber encabezado la asociación ilícita que concretó
la maniobra. El magistrado fue amenazado (ver aparte) pero según
sus allegados se prepara ahora para “estar a la altura de la histórica
circunstancia”: por primera vez un ex mandatario declarará
ante la Justicia con el riesgo de perder su libertad. Antes desfilarán
los ex ministros Erman González y Guido Di Tella, además
del ex jefe del Ejército Martín Balza. Página/12
adelantó en exclusiva que Menem iba a tener que dar explicaciones
en la causa y ya no como testigo.
Urso había dicho que no iban a ser tres meses pero tampoco dos
días. Pasó una semana entre el pedido de Stornelli y su
resolución. El lunes estampó su firma en un breve decreto
en el que describió sus razones. En los primeros renglones habló
de las “apreciaciones” de la sala II de la Cámara Federal
que “desencadenan la profundización instructoria en relación
a ciertos aspectos de la causa”, cuya consecuencia es la incorporación
de “nuevos sujetos hasta el momento ausentes en el escenario de las
investigaciones” y la modificación de los roles de otros protagonistas
de la causa. A esos elementos el magistrado destaca que se suman “los
elementos incorporados al expediente en las últimas semanas y lo
dictaminado por el fiscal”. Este nuevo escenario es el “ámbito
apropiado para escuchar respecto de los hechos investigados en declaración
indagatoria a Antonio Erman González el 4 de mayo, Guido José
Mario Di Tella el 24 de mayo, Martín Antonio Balza el 13 de junio
y Carlos Saúl Menem el 13 de julio”.
El juez no muestra sus cartas. No explica de qué delito está
acusado el ex presidente ni tampoco si lo considera el líder de
la banda, como piensa el fiscal. Desde el punto de vista técnico
no necesita decirlo en esta instancia pero al omitir precisiones deja
abiertas las especulaciones. En el entorno de Stornelli leyeron con optimismo
la decisión de Urso. “El fiscal ya calificó el tipo
de delito y si el magistrado sostiene que ‘accede a lo solicitado’
quiere decir que está de acuerdo, de lo contrario lo hubiera explicitado”,
razonaron.
¿Esto significa que el 13 de julio le manda un patrullero a la
calle Echeverría?, preguntó este diario a dos fuentes judiciales.
Urso descuenta que Menem no intentará evadir la acción de
la Justicia. Por lo tanto, quienes lo conocen aseguran que si llega a
la conclusión de que la venta de armas fue una obra de su creación
lo detendrá pero al finalizar el interrogatorio. “No le queda
otra que aspirar al bronce y camina hacia eso”, aventuró uno
de sus allegados. En una indagatoria el juez debe precisar el presunto
delito ante la posibilidad de que no sea excarcelable –como lo es
la jefatura de una asociación ilícita– y el indagado
pueda perder su libertad. Si no lo hace el defensor puede pedir la nulidad.
Pero puede hacerlo al término de la audiencia.
Hace dos semanas Página/12 publicó que “estaría
dado el estado de sospecha necesario” como para llamar a Menem en
condición de imputado “para que haga su descargo”. Urso
consideró siempre que no es suficiente para acusarlo el solo hecho
de que él y el ministro de Economía Domingo Cavallo hayan
sido firmantes, junto a los demás ministros, de los decretos que
posibilitaron la maniobra. Pero ante las acusaciones públicas mutuas
que cruzaron los ex funcionarios imputados durante los últimas
semanas cambió de idea. En realidad, Stornelli apresuró
los tiempos pero el juez terminó haciendo algo parecido a lo que
planeaba: indagará por asociación ilícita a Di Tella,
González y Balza, tal como le indicó la Cámara Federal.
Los investigadores estiman que durante los próximosinterrogatorios
podrán plasmar estas acusaciones y profundizarlas. Al dejar abierta
la calificación del presunto delito que habría cometido
Menem puede modificarla según los resultados que obtenga con esas
y otras medidas que se llevarán a cabo antes del 13 de julio.
¿Por qué Urso ubicó tan lejos en el tiempo la indagatoria
de Menem? Sus allegados responden que no sólo el defensor del ex
presidente, Oscar Roger, tiene que estudiar los 94 cuerpos del caso sino
que “todos” necesitan prepararse, incluso la fiscalía,
para poder estar “a la altura de las circunstancias”. Durante
cinco años la hipótesis de una asociación ilícita
encabezada por Menem y Emir no estaba en la agenda de los investigadores,
y ahora necesitan adecuarse al nuevo escenario. Esperan que el análisis
del Banco Central sobre la ruta del dinero aporte algo más. En
tal sentido, el juez se entrevistará hoy con el presidente de la
entidad, Roque Maccarone. Además, citarán a declarar la
hija del empresario Rubén Ormart, socio del traficante Diego Palleros,
que le habría dicho a su ex pareja que Menem era amigo de su padre.
Funcionarios judiciales que monitorean desde afuera el expediente advirtieron
sobre el riesgo de que en este largo lapso los defensores de los acusados
logren que la Cámara de Casación declare la nulidad de la
causa. Confiados, los colaboradores del juez afirman que “cualquiera
que se ponga adelante pagará el costo político de quedar
expuesto como interfiriendo en una causa que adquirió dinámica
propia”. Con el mejor pronóstico, esa corriente autónoma
hará que Menem se ponga alguno de sus trajes de tela brillante
y suba las escalinatas de Comodoro Py. Su imagen recorrerá el mundo
como símbolo del fin de una época y el inicio de una nueva.
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Un bajón para
Di Tella
El ex canciller Guido Di Tella fue el lunes después del
mediodía al juzgado de Jorge Urso creyendo que la única
novedad para él en la causa por la venta ilegal de armas
a Ecuador y Croacia era que debía notificarse de la ampliación
del embargo que pesa sobre sus bienes. Acompañado por su
abogado Roberto Daray, hizo el trámite en unos quince minutos
y se fue de tribunales como si nada. No sabía que –además–
había sido citado para una nueva indagatoria fijada para
el 24 de mayo. Se enteró recién cerca de las cinco
de la tarde, a través de los medios, que estaba incluido
en la misma lista de la que todo el país ya hablaba y que
encabeza el ex presidente Carlos Menem. La situación del
ex ministro se complicó cuando a comienzos de abril la Sala
II de la Cámara Federal confirmó su procesamiento
por el delito de falsedad ideológica de los decretos que
dispusieron el envío de armas a Panamá y Venezuela
(destinos que resultaron falsos), y le ordenó a Urso que
lo indagara otra vez como posible miembro de una asociación
ilícita.
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Una denuncia por amenazas
La jueza federal María Servini de Cubría investiga
presuntas amenazas formuladas por un anónimo a su colega
Jorge Urso. El magistrado denunció haber recibido una llamada
telefónica, durante el fin de semana, en la cual una voz
masculina le advirtió “si seguís jodiendo con
la causa de las armas, van a terminar mal vos y tu familia”.
Hoy ratificará y precisará la denuncia ante la jueza.
A pesar del feriado, el magistrado y dos de sus colaboradores acudieron
ayer al juzgado, que está de turno. Quienes lo vieron comentaron
a este diario que está “preocupado por su familia”
pero no sólo por las amenazas sino también por la
difusión de detalles sobre sus bienes que atribuye a “una
operación” en su contra. Por la mañana Urso se
molestó por la presencia de un canal de televisión
en la puerta de su departamento de Palermo. Por la tarde, ya de
mejor humor, se vistió de sport y acudió a Comodoro
Py. Aunque trató de disimular los nervios que le causa la
fuerte presión que está viviendo comparándose
con un jugador de poker que “no muestra su juego”, le
confió a su entorno que “se siente en el ojo de la tormenta”.
Este funcionario de 43 años, que sabe de armas y le gustan,
fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Producción
y Servicios de la comuna porteña, durante la gestión
del cuestionado ex intendente peronista Carlos Grosso. Nunca ocultó
su amistad con el ex secretario de Seguridad, el justicialista Miguel
Angel Toma, ni con la familia de Hugo Anzorreguy, ex titular de
la SIDE. En 1983 se graduó como abogado en la Universidad
Católica Argentina (UCA), fue auxiliar de la Justicia, prosecretario
de un juzgado de primera instancia e integrante del estudio jurídico
de Oscar Salvi.
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ENTRE
LA RUTA DEL DINERO Y LA MISTERIOSA FORTUNA DE MENEM
Los dividendos de la venta de armas
Por
Eduardo Tagliaferro
Enigmático
y sugerente, Oscar Roger, el defensor de Carlos Menem en la causa por
la venta de armas, afirmó que “todavía en el expediente
puede pasar cualquier cosa”. Aunque detrás de la frase del
abogado se esconde la intención de modificar la última decisión
del juez Jorge Urso y evitar la comparencia judicial del ex presidente,
lo cierto es que en los tribunales federales se especula con que algunos
de los ex ministros que deben testimoniar puedan complicarlo tanto como
el estudio de su desconocida y misteriosa fortuna.
En sus largas apariciones de prensa, Menem optó por citar una vieja
declaración de su ex ministro, Oscar Camilión, para ratificar
que el dinero de la venta de armas había ingresado a las arcas
de Fabricaciones Militares. Ultimamente Camilión suele interrogar
a sus entrevistadores con una demanda que parece sugerir el rumbo que
deberían seguir las investigaciones judiciales: “Aquí
hay que preguntarse si alguien se benefició o no con esta maniobra”.
La ruta del dinero es un camino todavía no totalmente develado
para los instructores de la causa judicial y aunque por ahora todo lleva
a cuentas y empresas que coincidentemente han ido apareciendo en otros
sonados escándalos de la última década, quienes conocen
el expediente afirman que detrás de los patrimonios de los imputados
puede haber más de una respuesta. Así se explica la insistencia
del magistrado en reclamar a la justicia norteamericana algunos movimientos
bancarios sospechados. Allí buscan comprobar si Emir Yoma fue el
destinatario de los 400 mil dólares que el traficante Diego Palleros
dijo haber depositado para “un alto influyente empresario vinculado
al poder político”.
En esa línea investigativa aparecen gran cantidad de propiedades
atribuidas a Menem. De algunas de ellas ya comenzó a explicar sus
orígenes. “Esa sociedad uruguaya pertenece a Zulemita”,
le reconoció hace pocas semanas el ex presidente al periodista
Luis Majul en una entrevista televisiva. Menem se estaba refiriendo a
Ondisur, sociedad a cuyo nombre está la casona de la calle Echeverría
3535, en el paquete barrio de Belgrano, en la que se refugió desde
que dejó la quinta presidencial de Olivos. La sociedad fantasma
que figura como la propietaria de una vivienda valuada en 1.200.000 dólares
tiene su sede en el estudio contable que dirige Israel Lublinerman, un
contador que un mes antes de que el Presidente dejara la Rosada no recordaba
quienes fueron sus mandantes para la creación de dicha sociedad.
Pero por las dudas afirmaba con cierta contundencia que no participaron
de ese acto notarial ningún allegado a Carlos Menem y Zulema Yoma.
“Es muy difícil que gente que esté en el candelero
político use nuestros servicios”, sostenía.
El diario chileno La Tercera había señalado que un hermano
de Alfredo Yabrán habría confirmado que el ex cartero le
había regalado a Menem la casona de la calle Ombú 3005/7
en el barrio de Palermo. La Rosadita, la vivienda valuada en 500 mil dólares
que el ex presidente tiene en Anillaco, sí aparece declarada.
No sucede lo mismo con el refugio construido en la cumbre del cerro que
rodea su casa riojana, que está a nombre de Aldo Semino y del arquitecto
Alberto Rossi. La inscripción de bienes a nombres de terceros es
una costumbre que Carlos Menem comparte con la familia Yoma. Precisamente
la extraña vinculación de Emir Yoma con la firma Elthang
Trading, en su momento presidida por su sobrino Yalal Nacrach, lo compromete
judicialmente, ya que no solo lo vincula con la cuenta Daforel y esos
400 mil dólares depositados por el traficante Palleros, sino que
también encubriría un vaciamiento de la curtiembre familiar.
En las propiedades que usufructúa Menem no aparecen familiares
y sí una cadena interminable de amigos que haría realidad
la fantasía del cantante brasileño, Roberto Carlos.
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Hoy es difícil
ser impune
Por Martín Granovsky
Es rara la decisión de Jorge Urso. ¿Por qué
le puso fecha ahora a la indagatoria de Carlos Menem? ¿Por
qué anunciar el 30 de abril un interrogatorio para el 13
de julio?
Variante uno. Urso lo hizo para dar tiempo a la Corte Suprema. Si
en el medio el tribunal supremo tira al tacho la calificación
de asociación ilícita al grupo de funcionarios sospechados
de contrabandear armas, la declaración de Menem tendrá
luego menos importancia.
Variante dos. Urso trató de poner una fecha para que las
presiones del menemismo ante el hecho consumado sean intolerables
y superen una causa que lo desborda.
Variante tres. Urso agendó el 13 de julio para frenar al
menemismo con un hecho consumado ante una causa que, de otro modo,
lo desbordaría.
Variante cuatro. Urso puso una fecha distante porque es el último
día hábil antes de la feria judicial.
Variante cinco. Urso proyecta elevar después de la feria
la causa de las armas a juicio oral y, tal como había adelantado
Página/12, se propone dejar a Menem para el final de su pesquisa.
Variante seis. Urso lo hizo (recordar doctrina papal del perché
mi piace) porque sí.
Mientras cada uno elige su teoría, habrá que convenir
en una cosa: citar para un interrogatorio judicial como sospechoso
a un ex presidente de la Nación, y dentro de mecanismos constitucionales,
sin golpe de Estado en el medio, es un hecho sin precedentes en
la Argentina, una noticia de magnitud incluso en un país
que produce más novedades que granos.
La noticia es aún más importante porque Menem no se
fue debilitado. Terminó su mandato en tiempo y forma.
No perdió el liderazgo de su fuerza. Más allá
de la guerra interna con Carlos Ruckauf, sigue siendo el presidente
del Partido Justicialista. Hasta viene de conseguir la famosa foto
de los dirigentes del PJ apoyándolo en el acto del Congreso.
Tampoco se trata de un ex presidente que fue torpedeado por una
potencia extranjera. Washington sigue considerándolo entre
sus amigos, y más todavía George Bush en persona,
sin que aparezcan indicios de que existe un plan de destrucción
de la imagen de Menem.
Otro elemento clave: nadie en el gobierno de Fernando de la Rúa
desea pulverizar a Menem, en parte por miedo a ponerse en contra
a buena parte de los senadores y a un sector de los diputados peronistas,
y en parte por la vocación presidencial por evitar conflictos.
En Menem, De la Rúa no quiere construir un enemigo. No lo
considera como tal, ni quiere que Menem aparezca demonizado por
su Gobierno. En cuanto a Domingo Cavallo, es tan pragmático
que su actitud habría que calcularla poniendo día
y hora del momento en que se hace la medición.
El grado de impunidad en la Argentina es muy alto, pero ha dejado
de ser absoluto. Entre otros asesinos de la dictadura, están
procesados y bajo prisión domiciliaria Jorge Videla, un ex
presidente, aunque de facto, y Emilio Massera. Dos de los principales
colaboradores de Menem, Emir Yoma y Víctor Alderete, están
en prisión. Otro, Antonio Erman González, podría
seguir sus pasos en cualquier momento. Y María Julia Alsogaray
recoge sospecha tras sospecha. No han sido condenados, y pueden
no serlo, pero la condena está dentro del menú de
posibilidades.
La propia crisis de la clase política –desprestigiada
en términos generales ante los ciudadanos, que dicho sea
de paso no suelen hacerse cargo de la brecha entre ellos y sus representantes–
produce fisuras que impiden el control de todos los resortes. Las
cosas ya no están atadas y bien atadas, lo cual se agudiza
por la tristeza económica y la recesión. Esto no quiere
decir que preocuparse por la corrupción del gobierno actual
y de los anteriores sea un lujo de ricos, de pueblos bien alimentados.
Significa, más bien, que el poder político está
tan repartido y disperso que no basta con planear la impunidad para
conseguirla. Y que con una recesión tan profunda ningún
liderazgo puede salir incólume ni, menos aún, conservar
la capacidad de manejar todos los hilos del poder.
Los norteamericanos suelen hablar de checks and balances, de la
articulación de fuerzas que en una sociedad deben garantizar
la transparencia. En la Argentina la crisis y el hartazgo frente
a ella terminan siendo productores de equilibrio y llevan a situaciones
como la citación judicial a Menem. Tal vez sea paradójico,
pero nada impide pensar que la paradoja es la característica
central de este país.
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OPINION
Por Luis Bruschtein
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Primero de mayo
El trabajador desocupado Emilio Alí pasó el primero
de mayo en su celda de la cárcel de Batán. El ex presidente
Carlos Menem, responsable de la desocupación y precarización
del trabajo, habló en un acto del primero de mayo y recordó
a los mártires de Chicago. Alí es una víctima
de la política que inició Menem, pero Menem recuerda
a las víctimas de Chicago.
Alí fue condenado a cinco años de prisión por
entrar a un supermercado en Mar del Plata para distribuir comida
entre sus vecinos y compañeros. Menem fue citado en la causa
por tráfico de armas donde se mezclan todo tipo de delitos,
desde alguna muerte sospechosa hasta estafas al Estado.
Alí no tiene un peso, vive de su trabajo y si no lo tiene
se muere de hambre. Menem es hombre de fortuna, no necesita más
dinero del que tiene para vivir el resto de sus días. Y sin
embargo, Alí no salió a robar. Pero a Menem, que no
necesita más dinero, lo involucran en una estafa millonaria
y varios de sus ex colaboradores, tan millonarios o más que
él, acumulan causas en la Justicia por robo al Estado.
A Emilio Alí lo respaldaron sus compañeros desocupados,
el sindicalismo combativo, y el diputado Alfredo Bravo, ex gremialista
docente, declaró a su favor en el juicio. A Menem lo respaldaron
todos los legisladores y gobernadores del Partido Justicialista
que amenazaron con paralizar el Congreso y poner en crisis la gobernabilidad.
A un trabajador se lo condena por ser “ilegalmente” solidario.
Al ex presidente se lo involucra en todo caso por ser ilegalmente
aprovechado. Para el trabajador no hay perdón ni clemencia,
el juez cayó sobre él como si hubiera cometido el
peor de los crímenes. Para esta cultura, que es la de los
aprovechados, no tiene ningún sentido la cultura solidaria
del trabajo y los trabajadores.
El primero de mayo es una reivindicación de esa cultura solidaria
de los trabajadores. Resulta lógico entonces que en un país
donde el trabajo y los trabajadores no son tenidos en cuenta, donde
el trabajo escasea y el que existe está más devaluado
de lo que nunca estuvo el peso, este primero de mayo haya sido frío
y deprimido.
Un primero de mayo con un trabajador desocupado encerrado en una
celda por cinco años por haber repartido comida. Y el padre
de la desocupación y la precarización laboral como
orador central de un acto del primero de mayo hablando de los mártires
de Chicago. Y no faltaron quienes equipararon a Menem con esos mártires
por la “persecución” de que es objeto. Seguramente
Alí no piensa lo mismo. Claro que para saber lo que piensa
hay que ir a la cárcel a preguntarle.
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