Luis Sarlenga se sentó ayer otra vez frente al juez federal Jorge Urso y declaró durante nueve horas. El ex interventor de Fabricaciones Militares (FM) aportó datos sobre transferencias de dinero desde ese organismo, presentó documentación, y fue interrogado sobre algunos detalles de la declaración del ex ministro Antonio Erman González. También le pidieron precisiones orientadas a reconstruir el circuito de las comisiones cobradas en el caso y sobre el rol que habrían cumplido en el escándalo funcionarios de la administración de Carlos Menem. Los funcionarios judiciales que participaron de la audiencia se mantuvieron herméticos en cuanto a su contenido. Este silencio sumado a la espectacularidad del traslado de Sarlenga, que salió de Comodoro Py con un chaleco antibalas en una caravana integrada por varios patrulleros, indicarían que Sarlenga proporcionó datos de importancia que podrían derivar en medidas concretas, tal como ocurrió con su confesión que llevó a la cárcel a Emir Yoma y potenció la dinámica de la investigación hasta el llamado a indagatoria del ex presidente Menem.
La diligencia judicial comenzó antes del mediodía y terminó a las 19.50, con un breve intermedio a las 15. Además del fiscal Carlos Stornelli estuvo presente la defensora oficial Perla Martínez de Buck. Esta vez Sarlenga llegó y se retiró sin esposas. El juez decidió volver a interrogarlo para profundizar algunos tramos de su anterior declaración, con vistas a las próximas audiencias donde deberán dar explicaciones el ex presidente Menem y varios de sus ex colaboradores.
Sarlenga fue interrogado, entre otros puntos, sobre el nombramiento y su relación con el riojano Jorge Ramón Alcalde, ex funcionario de FM. Alcalde asumió como subinterventor el 2 de marzo de 1992, días antes de la llegada de Sarlenga, y ocupó esa función hasta el 8 de setiembre de 1993. Además, los investigadores confrontaron las explicaciones de Sarlenga con las que brindó el viernes pasado el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González.
Sarlenga había sido indagado el 6 de abril. En aquel momento confesó ante el juez su participación en las maniobras con armamento y acusó abiertamente al empresario Emir Yoma y a otros ex colaboradores del Gobierno del ex presidente Menem. Horas después de aquella audiencia, en la madrugada del 7 de abril, Urso ordenó el arresto de Yoma, a quien luego procesó e impuso prisión preventiva como presunto “organizador” de una asociación ilícita que habría traficado armamento a Ecuador y Croacia mediante negociaciones que ejecutó FM.
El ex interventor de FM contó que Emir lo había convencido de participar en las maniobras para la venta ilegal de armas y que el producto de ese negocio estaba destinado a las arcas del Partido Justicialista. Afirmó que los 400 mil dólares pagados en comisión a Palleros en la cuenta Daforel del MTB Bank eran, en realidad, para Yoma y que las ventas clandestinas a Croacia se hacían por pedido de los Estados Unidos. Además, precisó que la idea de enviar cañones a Croacia fue de Palleros pero como era ilegal Emir consiguió un proyecto de decreto con destino a Venezuela. Sarlenga mencionó, además, a varios de los ex funcionarios imputados pero sus palabras afectaron más al ex jefe del Ejército, general Martín Balza, al ex embajador James Cheek y al embajador Guillermo González. Según su relato, Camilión y Di Tella estaban al tanto de la operación.
Después de dos años y medio detenido en dependencias de Gendarmería Nacional, Sarlenga recuperó la libertad tras cumplir con la fianza de 150 mil pesos que le había impuesto el Tribunal Oral en lo Penal Económico que lo enjuiciará por el contrabando de armas y pólvora a Croacia. Urso lo procesó como supuesto integrante de una asociación ilícita que habría malversado efectos del Estado, falsificado el contenido de decretos del Poder Ejecutivo y firmado convenios apócrifos para el envío ilegal de armas a países en guerra. También está procesado en otros tres expedientes abiertos aquí y en Córdoba por el contrabando de armamento. La Cámara Federal porteña, que confirmó los procesamientos de los ex ministros y el ex jefe del Ejército Martín Balza, había ordenado a Urso indagar a Sarlenga como posible organizador de la banda que habría planificado y concretado las operaciones ilegales. Y esta medida precipitó la aceleración del caso. Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi consideraron “preponderante” la relación de Sarlenga con el prófugo traficante de armas Diego Palleros.

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