Una denuncia sobre transgénicos ilegales, formulada por la entidad ecologista Greenpeace, muestra cómo el tema de los cultivos modificados –de maíz, en este caso– se anota en el intrincado y riesgoso ajedrez del comercio internacional. Según la denuncia, la firma Monsanto habría “distribuido clandestinamente” a productores de semillas transgénicas de la variedad RR, prohibida en la Argentina, prohibida también por la Unión Europea pero permitida en Estados Unidos. La difusión de esta variedad haría peligrar las exportaciones a Europa, además de “poner en riesgo la salud de los consumidores de nuestro país”, según la entidad ecologista. La Secretaría de Agricultura, al admitir la aparición de estos transgénicos, destacó que “lo importante es que esas semillas ya fueron ubicadas y totalmente destruidas, y estamos instruyendo un sumario para sancionar a los responsables”.
Según Greenpeace, “la empresa Monsanto distribuyó clandestinamente a varios productores semillas de maíz RR durante la ExpoChacra 2000”. Esta variedad tiene una modificación genética que la hace resistente al herbicida Roundup, fabricado por la misma empresa, de modo que los agricultores pueden usar este producto para desmalezar sin riesgo de dañar el cultivo.
La difusión de este transgénico, no autorizado en la Argentina, “estigmatizaría nuestra producción en toda Europa, lo cual sería una gran pérdida de mercados debido a que la Argentina era hasta hoy un país libre de esta variedad, prohibida por la Unión Europea. Fue por esta razón que logramos quitarle ventas a Estados Unidos, donde sí está aprobado este maíz. Haber evitado este transgénico no sólo protegía nuestro ambiente sino que fue muy conveniente en términos económicos”, señala el comunicado de Greenpeace.
Emiliano Ezcurra, coordinador de la campaña de biodiversidad de esa entidad, sostuvo que “esto se descubrió en enero y desde entonces la Secretaría de Agricultura vino ocultándolo”. El Gobierno tiene que confesar lo que pasó y decir qué va a hacer al respecto. No debe repetirse lo que sucedió con el tabaco transgénico detectado en Tucumán y Catamarca el año pasado, cuando el Gobierno se limitó a multar en la ridícula suma de mil pesos a la empresa culpable, que en ese caso era Hail & Cotton. Para colmo, fue el Estado quien terminó haciéndose cargo de pagar compensaciones a los productores”.
El representante de Greenpeace también denunció que “en la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) participa la Asociación de Semilleros Argentinos, que reúne a las corporaciones multinacionales productoras de transgénicos, las cuales, así, resultan juez y parte en las decisiones”.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación admitió oficialmente “la detección de cultivos y semillas de organismos genéticamente modificados no autorizados por la normativa vigente”. Según destacó para este diario Gustavo Oliverio, subsecretario de Producción y Alimentos de ese organismo, “la Secretaría verificó la localización de los cultivos y los destruyó: esos materiales ya fueron totalmente destruidos, eso es lo más importante, y ya se inició un sumario para determinar y eventualmente sancionar a los responsables. Como este sumario es secreto, no estamos en condiciones de dar más datos”.
En cuanto a la presencia de los productores de transgénicos en la Conabia, Oliverio destacó que “esa comisión no emite dictámenes, ya que tiene sólo funciones de asesoramiento: en cualquier comisión asesora puede haber actores del sector privado”.

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