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 En punto muerto. Así
se encuentran las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los piqueteros
que mantienen cortada la Ruta 3, a la altura de Isidro Casanova. “Quieren
que nos vayamos a casa sólo con promesas; no podemos tirar por
la borda el esfuerzo de toda la gente que está en el piquete”,
dijo el concejal frepasista de La Matanza Luis D’Elía, uno
de los líderes de la protesta. El desencuentro surgió porque
desde el Ministerio que conduce Patricia Bullrich les hicieron llegar
a los manifestantes la postura de que “si no levantan totalmente
el corte de ruta, no se fija ninguna fecha para una reunión con
la ministra”; pero D’ Elía contraatacó diciendo
que “la propuesta nuestra es despejar la ruta y que la gente se quede
en la banquina mientras se hace la reunión”. Y ahí
se empantanó todo.
Los cortes de ruta en La Matanza ya estuvieron en el centro de la escena
en noviembre pasado, cuando cientos de desocupados mantuvieron cortada
la Ruta 3 durante varios días, en reclamo de ayuda social para
la zona, una de las más empobrecidas del país. El Gobierno
y los piqueteros firmaron un acta de compromiso el 4 de noviembre, en
donde el Poder Ejecutivo se comprometía a incrementar los planes
Trabajar y mantenerlos hasta diciembre de este año, además
de enviar dos millones de pesos en remedios y herramientas, y de realizar
una serie de obras públicas.
Como el jueves último, según los piqueteros, el Ministerio
de Trabajo canceló anticipadamente 4600 planes, y de los fondos
prometidos sólo se enviaron 28 mil pesos en medicamentos, “vencidos”,
según denunció Juan Carlos Alderete, jefe del Movimiento
de Desocupados de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otro de los
líderes de la protesta, el conflicto volvió a recalentarse.
Por su parte, el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf tampoco cumplió
lo prometido, que consistía en instalar hospitales móviles
y regularizar la situación de los asentamientos; ante ese panorama,
el lunes pasado volvieron los cortes en la ruta, en el kilómetro
22, y también cortaron las vías del ferrocarril Belgrano.
En Trabajo aseguran que no se canceló ningún plan Trabajar,
sino que de los 8 mil beneficiarios originales sólo se reempadronaron
5200; “el Ministerio está dispuesto a negociar, a abrir una
mesa de diálogo, y a corregir los errores que puedan haber pasado,
pero siempre si abandonan totalmente el corte”, informó Guido
Lorenzino, gerente de Empleo para el Conurbano, y encargado de las gestiones
con los piqueteros. Por otro lado, en la cartera laboral se desentendieron
de las otras promesas incumplidas, asignándolas “a otras áreas
del Gobierno”.
“No entiendo la estrategia de Bullrich; primero nos dicen que aceptan
nuestra propuesta de retirarnos a la banquina, pero después nos
enteramos que insisten con eso de que levantemos el corte definitivamente”,
sostuvo D’Elía, y agregó: “O están apostando
a la represión o están apostando al desgaste”. Por
lo pronto, hoy el corte de la Ruta 3 y de las vías del Belgrano
entra en su quinto día, y La Matanza se pone cada vez más
al rojo vivo.
Informe: Alejandro Cánepa. Informe: Alejandro Cánepa.
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Avanzada de Hugo Moyano
El secretario general de la CGT disidente, Hugo Moyano, aseguró
que su sector convocará para la próxima semana al
Comité Central Confederal para definir la fecha y la modalidad
de “un plan de lucha” en contra del actual modelo. En
tanto, el secretario gremial de los disidentes, el colectivero Juan
Manuel Palacios, afirmó que “el plan de lucha es en
respuesta a toda esta situación, que no da para más,
porque no se avizora ningún tipo de mejora para los trabajadores.”
La reunión del Confederal analizará la idea de Moyano
de profundizar las medidas contra el Gobierno, luego de que la CGT
disidente cancelara un paro de 36 horas para el 5 y 6 de abril pasados,
a la expectativa de los anuncios económicos de Domingo Cavallo.
Pero el 30 de abril último el líder camionero declaró
en el Congreso que “la tregua terminó”.
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OPINION
Por Marta Oyhanarte
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Viejas prácticas
políticas
L os nuevos roles laborales son subsidios que forman parte de un
programa del Gobierno de la Ciudad, cuyo objetivo es “aumentar
los niveles de empleo a partir de ampliar el espectro de empleabilidad,
insertando en el mercado de trabajo a personas desocupadas que residan
en la ciudad, mediante su capacitación en el desarrollo de
roles que cubren necesidades aún no satisfechas por la oferta
actual de servicios, en cuya identificación y aprovechamiento
participa un entramado de organizaciones no gubernamentales”.
Para los años 1999 y 2000, el presupuesto destinado a este
propósito fue de 9 millones. Para el 2001, el Poder Ejecutivo
pidió una reducción de presupuesto, destinando sólo
1.3 millones. ¿Las causas? Después de la denuncia
penal efectuada por la Defensora del Pueblo y del exhaustivo informe
que presentara ante la Legislatura, sólo cabe una: la deficiente
instrumentación del programa y su ineficacia de resultados.
Lo que debía constituir un servicio social destinado a luchar
contra un problema tan grave como el desempleo, se convirtió
en un circuito de recaudación y reparto de prebendas, de
pago de favores y compensaciones; en síntesis: de financiamiento
perverso de la política en el que están involucradas
corporaciones políticas, agrupaciones universitarias, ONG
truchas hechas a medida para el programa y funcionarios porteños.
Desde el Poder Ejecutivo declararon que los hechos que se investigan
se cometieron durante la gestión anterior y que estaban revisando
todos los subsidios vigentes como único camino para saber
si los casos detectados respondían a un patrón más
extenso. Dos meses después de estas declaraciones y cinco
después de decidirse el recorte presupuestario del Programa
Nuevos Roles Laborales, la Defensora del Pueblo, con pruebas contundentes
presenta una denuncia penal por malversación de caudales
públicos. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo con
los funcionarios involucrados? Algunos están bajo sumario
administrativo, otros fueron separados de sus cargos, a otros simplemente
no se les renovó contrato. Unos siguen siendo funcionarios
de la Ciudad, otros pasaron al Gobierno Nacional.
Es vergonzoso que los fondos que debieran destinarse a la ayuda
de personas necesitadas sean desviados hacia punteros políticos.
Es lamentable que los artífices de estos desvíos sean
funcionarios que ya han sido denunciados en el pasado por manejos
poco claros de fondos públicos, apareciendo reciclados en
otras funciones y cada vez con más poder. Es indignante que
las responsabilidades políticas siempre queden impunes.
La Ciudad de Buenos Aires tiene 140.000 desocupados de los cuales
28.000 viven bajo la línea de pobreza. La meta proyectada
del Programa era la atención de 2100 desocupados. La realidad
es que durante 1999 y 2000, hubieron 3000 beneficiados con los nuevos
roles laborales. La justicia determinará cuántos de
ellos fueron entregados en forma irregular –a través
de viejas prácticas políticas que están lejos
de caer en desuso–, y cuántos llegaron a manos de desocupados
en situación de vulnerabilidad social, según lo establecían
los objetivos y metas del programa. Estamos nuevamente ante un caso
de corrupción, de malversación de fondos públicos,
de reciclado de funcionarios. Una vez más la cara clientelística
de la política desdibuja y hace peligrar a las demás,
las que pretendemos recuperar, las que tanto nos cuesta defender
en medio de tanto descrédito y tanta decadencia. Una razón
más para producir la tan ansiada reforma política.
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