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PARA EL 65 POR CIENTO DE LOS ESPECIALISTAS EL ABORTO ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE SALUD
Los médicos dieron la alarma en un tema tabú

Un estudio de magnitud sin precedentes, en el que se entrevistaron 500 médicos del área metropolitana, mostró el impacto que el aborto tiene en los hospitales públicos, donde cada año 55 mil mujeres deben internarse por complicaciones. La mayoría cree que el aborto debería despenalizarse en situaciones no previstas por la ley actual.

Por Marta Dillon

Ocho de cada diez médicos ginecólogos que desarrollan su práctica en los hospitales públicos del área metropolitana de Buenos Aires está de acuerdo en afirmar que la despenalización del aborto contribuirá a la reducción de la mortalidad materna. El 65,3 por ciento de los 500 profesionales consultados considera, además, que el aborto es el problema de salud pública más relevante en el país. Estos son sólo dos de los resultados del estudio pionero –no hay antecedentes en nuestro país ni en el resto de América latina– que llevó a cabo el equipo del Area Salud del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y que hace escuchar una voz hasta ahora ausente en los debates que progresivamente se han dado en la sociedad en torno de la salud reproductiva: la de la comunidad médica. La voz de quienes se enfrentan cotidianamente a esas 55 mil mujeres que, en los números y según datos del Ministerio de Salud, cada año se internan en los hospitales públicos por complicaciones de abortos hechos en la clandestinidad.
Se trata del primer estudio –financiado por la Organización Mundial de la Salud y por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación de nuestro país– que, de manera científica, hecha luz sobre la opinión de los profesionales ginecólogos y obstetras. Una opinión relevante teniendo en cuenta que esta es una opinión autorizada y legitimada para el conjunto de la sociedad. “Los médicos tienen una función protagónica en cualquier proceso de cambio, esto se puede ver si tenemos en cuenta la experiencia internacional (ver recuadro), que indica que la suerte de cualquier política de salud o legislación en el campo de la salud pública está ligada a lo que piensan y hacen los médicos en su práctica cotidiana”, asegura Silvina Ramos, integrante del equipo de investigación que sondeó la opinión de los profesionales en 25 hospitales públicos –seis se negaron a participar de la investigación– de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos bonaerenses de Florencio Varela, Vicente López, San Martín, La Matanza, Merlo y San Fernando. Se trató de una encuesta con preguntas cerradas que cada médico o médica contestó en soledad y de manera anónima. “Fueron claramente interpelados como médicos de hospital público y en su lugar de trabajo -agrega Mónica Gogna, miembro del equipo– y las respuestas fueron dadas desde la práctica, como médicos de planta”. Hubo dos grandes temas sobre los que se elaboró la encuesta: anticoncepción y aborto, y analizando las respuestas, hubo coincidencia en el grupo investigador en que las opiniones recogidas “abonan en la dirección de ampliar los límites de la normativa vigente en Argentina. Hay datos que subrayan esta opinión -asegura Ramos–: la mayoría está de acuerdo con la despenalización del aborto en situaciones de excepción que no son contempladas por el Código Penal, también con que debería ser en los hospitales públicos donde se realice este tipo de intervenciones y por otro lado hay una enorme demanda de sentirse cubiertos y protegidos por disposiciones legales o administrativas que les permitan actuar en la dirección que ellos creen que hay que hacerlo”.
Efectivamente, además de la excepción que consta en el Código que no penaliza el aborto en caso de riesgo de vida o salud de la mujer, con la que los médicos consultados estuvieron de acuerdo en un 86.7 por ciento, también concordaron en despenalizar esta práctica en caso de violación o incesto –en un 83.3%– o cuando exista una malformación incompatible con la vida extrauterina –82.2 por ciento–. Un 38.5 por ciento estuvo de acuerdo con despenalizar la interrupción de la gestación en caso de decisión autónoma de la mujer, un 47.9 por ciento consideró como “muy prioritario” promover el debate público sobre la situación del aborto en el país, y un 33,5 lo evaluó como “prioritario”. Otro dato que habla sobre la necesidad de los médicos de contar con una normativa que esté de acuerdo con la realidad cotidiana semanifiesta cuando fueron consultados sobre si las mujeres hospitalizadas por complicaciones de abortos provocados tienen que ser denunciadas a la policía. Un 73.5 por ciento estuvo de acuerdo, contra un 15.5 en desacuerdo. Pero el 88.2 por ciento de los consultados dijeron que esas mismas mujeres no deben ir presas.
Estos datos no pueden ser analizados sin tomar en cuenta que en Argentina se registran 41 muertes maternas cada 100 mil nacidos vivos. Un tercio de estas muertes se deben a complicaciones de abortos inseguros. Casi el doble de lo que sucede, por ejemplo, en Chile. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud admite un subregistro del 50 por ciento -quiere decir que sólo se puede contar con la mitad de la información cierta– y que en el noroeste y noreste del país las cifras se triplican, se puede tener una idea de la situación de quienes trabajan en hospitales públicos de cara a esta realidad.
“Esta investigación se da en el marco de una transición sobre lo relacionado a la salud sexual y reproductiva: de una monolítica situación de restricciones y silencios a una mayor visibilidad en la agenda pública con cambios institucionales y programáticos”, dice Mónica Petracci, del CEDES, haciendo tácita referencia a la existencia no sólo de debates públicos sino a que en este momento son catorce las provincias que cuentan con leyes y programas de salud reproductiva, a las que se sumó la Ciudad de Buenos Aires; y que hoy la ley nacional que crearía el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable cuenta con media sanción en diputados y pronto deberá tratarse en el senado.
Marcela Romero, médica y también integrante del equipo de investigación, reconoce alguna dificultad de los profesionales de “verse a sí mismos a través de estos datos”, sólo tres hospitales estuvieron representados cuando fueron convocados por el CEDES para informarles de los resultados de la encuesta. “Pero tanto en el tema de anticoncepción como en el tema de aborto queda claro que la opinión de los médicos va más allá de la normativa vigente e incluso de los temas que caracterizan el debate hegemónico: la anticoncepción fue interpretado como el segundo tema prioritario de la salud pública y un 75,5 por ciento dijeron que el hospital público debería informar y prescribir anticonceptivos a solicitud de los y las adolescentes”. Un hecho que se da en la práctica y que a pesar de estar legalizado en buena parte del país, todavía quedan zonas oscuras en las que los profesionales sólo cuentan con su criterio.


LA EXPERIENCIA DEL HOLANDES EYLARD VAN HALL
“Al legalizarse disminuyeron”

Por M.D.

“Si un médico en virtud del juramento hipocrático y por razones humanitarias detectara que alguna cuestión incide en una alta mortalidad, actuaría inmediatamente en razón de evitar ese agente. En el caso de la mortalidad materna en Argentina y otros países, cuya incidencia por abortos ilegales es altísima, ¿por qué no hacen nada?”. Quien plantea la pregunta es Eylard Vicente Van Hall, ginecólogo holandés, ex presidente de Ispog (International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology), profesor emérito de la Facultad de Medicina de Leiden, Holanda, y presidente de la Fundación de Clínicas de Aborto en ese mismo país. Van Hall visitó Buenos Aires en ocasión del XIII Congreso Internacional Ispog, e interpeló a los profesionales argentinos. “Son los médicos los actores centrales en el proceso de legalización del aborto. Es una cuestión ética y de práctica responsable”.
Formado en una universidad católica, Van Hall considera que en su país se dio un proceso de toma de conciencia que duró diez años hasta la legalización del aborto. “La lucha por la legalización del aborto empezó, básicamente, por los médicos de cabecera que es la puerta de entrada de toda la población al sistema de salud. Ellos conformaron un grupo muy fuerte y comenzaron a abrir las clínicas de aborto a fines de los años 60”. Aun cuando eran ilegales, estas clínicas se propagaron por el país y Van Hall, desde la cátedra del hospital de su universidad –en ese entonces la católica de Nijmegen– se ofreció como asesor. “En aquel momento se montó un gran revuelo, el director quiso hacerme un sumario pero todo quedó en que daría el asesoramiento por fuera de mi horario de hospital”.
“El derecho al aborto es crucial en la construcción democrática de una sociedad pues está inscripto en un derecho de las mujeres, el derecho a su cuerpo y a una sexualidad sana, eso es lo que genera resistencias”. Así opina Van Hall, quien cita la experiencia de España como prueba de la importancia del rol de los médicos en los procesos de cambio: “Aun cuando el aborto es legal, son demasiados los médicos que se niegan a llevarlo a la práctica. En Holanda contamos con la separación de la Iglesia y el Estado como eje fundamental para lograr que el aborto se legalice en 1975 y pase a ser gratuito a partir de 1981. Los resultados están a la vista, la incidencia en mi país de embarazos no queridos y de abortos es muy baja –uno de cada 10, diez veces más baja que en Argentina–, el número de abortos se disminuyó progresivamente con la despenalización”.

Tres miradas sobre la investigación

“Un gran indicador”

Carmen Storani *: “Creo que la encuesta es un gran indicador, porque los médicos son quienes tienen contacto directo con las mujeres. Creo que la procreación responsable se debe abordar desde dos ejes: la información completa sobre los métodos anticonceptivos –aspecto en el que los hospitales públicos tienen una gran importancia– y la decisión de la pareja, que se tomará en base a esta información; ambos ejes forman parte de la política del Consejo Nacional de la Mujer sobre este tema. Antes de pensar en modificar la legislación vigente, es necesario abrir un debate adulto sobre el tema, basado en la realidad de nuestro país, que habla de quinientos mil abortos clandestinos; de un sistema judicial en el que no existen fallos sobre aborto. La realidad es que el código actual no se cumple; la realidad también es que en el caso de la salud reproductiva, muchas veces la que inclina la balanza es la línea de la pobreza: las personas con recursos pueden decidir cuándo y cómo, las personas pobres no, porque desde el hospital público no se hace todo lo que se debería –y se podría– hacer”.

* Titular del Consejo Nacional de la Mujer.


“Conocer los derechos”

Diana Maffía *: “El gran tema a resolver, hoy en día, es que, aún cuando existe una Ley de Salud Reproductiva, muchos médicos no la cumplen: hay profesionales que se resisten a proveer anticonceptivos en forma gratuita, simplemente porque ‘no hay una disposición del jefe de servicio’. El médico muchas veces teme a la represalia de sus superiores, o a los cargos por mala praxis, y no tiene en cuenta que si no brinda asistencia a la mujer que desea abortar, en los casos previstos por la ley, está incurriendo en abandono de persona. Por eso es importante que los ciudadanos sepan que pueden concurrir a la Defensoría para exigir que sus derechos se cumplan, pero para eso es necesario superar otra barrera: que la gente conozca sus derechos, y allí es primordial la función difusora del Estado y del hospital público. El médico pasa por sobre este derecho a la información, considera que él sabe mejor que la paciente lo que a la paciente le conviene; decide por ella. Vulnera la autonomía y el derecho a elegir de la persona, un valor moral básico, en el que también se basa el ejercicio de la ciudadanía”.

* Defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.


“Una visión social”

Clori Yelicic *: “Creo que en materia de salud reproductiva hay, en la ciudad de Buenos Aires, una necesidad de mayor difusión de los servicios que contempla la Ley de Salud Reproductiva. Y por otra parte, algo que es básico para la concreción de todo plan de salud, que es salir a la comunidad; trasladarse para llegar a la gente de menos recursos, que muchas veces llega al hospital cuando ya es tarde. Es cierto que de parte de los médicos aún hay cierta resistencia, que se traduce en una poca predisposición a informar, pero considero que esta postura es minoritaria.De todos modos, la intervención de equipos multidisciplinarios, que ayuden al trabajo de difusión, puede reducir aún más esa resistencia. En cuanto a la normativa vigente sobre el aborto, aún hay temas pendientes, como lograr una interpretación adecuada en los casos de violación en los que se solicita un aborto, de modo tal que no se perjudique aún más a la víctima. El gran problema sigue siendo que la sociedad ve al aborto como un problema criminal, y no como un problema social. Hasta que no brindemos otras opciones que eviten llegar a esa decisión, estamos obligados a tener una visión social sobre el tema, y analizar cómo lo podemos abordar”.

* Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires (Frepaso).

 

Lo que ven los profesionales

 

OPINION

Por Sandra Russo

Preguntas

Que los médicos admitan que el aborto clandestino es el principal problema de salud pública que afecta a las mujeres no hace más, en principio, que ponerle resaltador fosforescente a un dato ya conocido: el aborto clandestino es la principal causa de muerte en mujeres jóvenes. Cuando hace ya unos cuantos años el tema del aborto salió del closet, entre la información que hasta entonces circulaba deshilvanada e inconexa, llegó la que daba cuenta de que la mayoría de las camas ginecológicas de los hospitales públicos estaban ocupadas por mujeres que habían sufrido complicaciones por abortos mal practicados. El aborto clandestino era indudablemente un problema de salud pública, pero a casi una década del blanqueo de esos datos, sigue a la espera en el Senado la ley de Derechos Reproductivos que, si bien no tiene nada que ver con despenalizar el aborto, su aplicación permitiría al menos sacar de abajo de la alfombra ese otro dato incómodo que los eufemísticos Grupos Pro Vida prefieren ningunear: que la falta de provisión de anticonceptivos y la falta de educación sexual encubren miles de muertes por abortos mal hechos.
En este tema también ha crecido la brecha entre pobres y ricos. Y que el aborto sea un problema de salud pública implica entre otras cosas que ese “problema” atañe hoy más que antes a quienes han quedado a merced de la atención pública de la salud. Las que mueren o quedan estériles en clínicas truchas o en sucuchos de mala muerte son las mujeres pobres. Las que pueden reunir los mil dólares que cuesta un aborto realizado en buenas condiciones de asepsia deben cargar con el estigma, la carga ética si la hubiera y su propia conciencia, porque nadie llega a esa instancia sin sentir que arrastra sobre sí una desgracia personal. Pero no mueren.
El aborto clandestino es tautológicamente clandestino. Quienes se someten a él siguen poniéndole el cuerpo a la metáfora según la cual el que las hace las paga, o más precisamente, “la que lo hizo lo paga”. ¿Hay algún dogma o discurso circulando al que le son funcionales esas miles de muertes? ¿No son esas muertes señaladores ejemplares e inconcebiblemente primitivos para seguir condenando la libertad sexual de las mujeres? ¿No son hoy las mujeres pobres los rehenes de una línea de pensamiento conservador y cristiano según la cual, para evitar un embarazo, sólo puede practicarse la abstinencia? Hablar de salud pública es un avance para que a partir de ahora estas preguntas se las haga el Estado.

 

 

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