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 La
provincia de Salta parece haber encontrado la solución para el
problema del hacinamiento en las cárceles: los detenidos serán
alojados en contenedores. La iniciativa pertenece a la Gendarmería,
que ya está acondicionando el primer contenedor –idénticos
a esos que se apilan en el puerto– para alojar a una decena de presos
federales. Aún no se sabe si el remedio será mejor que la
enfermedad: en la actualidad, 45 detenidos -entre ellas cuatro mujeres–
se amontonan en la guardia de la Agrupación VII de Gendarmería
de Salta, pues en la provincia no existe una cárcel para alojar
procesados por delitos federales.
La idea supera, por lo insólita, a aquélla formulada por
el ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, quien había
propuesto reciclar galpones y fábricas en desuso para utilizarlas
como cárceles. Aunque los jueces federales y el gobierno nacional
están al tanto del proyecto, habrá que ver si la nueva unidad,
una vez terminada, está de acuerdo con el mandato constitucional
de que las cárceles sean sanas y limpias.
Los delitos federales son aquellos que involucran el tráfico de
drogas y el contrabando, hechos que se producen en Salta con una frecuencia
mayor a otras provincias por su condición de provincia limítrofe.
Según datos oficiales, en toda la provincia hay 338 presos por
ese tipo de delitos. De ellos, 294 se alojan en el penal provincial de
Las Rosas, donde hay en total 1556 presos. El resto se distribuye en distintas
unidades de la provincia.
Como la policía local no puede alojar presos federales, la Gendarmería
habilitó un lugar en la guardia de la Agrupación VII, ubicada
en el barrio de Chachapoyas, en las afueras de la capital. Allí
hay tres pequeñas celdas, donde los detenidos comparten dos baños
y una cocina. En enero de este año, en esas celdas había
una decena de detenidos. Pero la frecuencia de los operativos de la Gendarmería
y las detenciones consiguientes hicieron que la capacidad del lugar se
viera rápidamente desbordada: este fin de semana había allí
41 hombres y cuatro mujeres –en un sector separado– y en ocasiones
llegó a haber hasta 50.
“Hacemos lo posible para que vivan dignamente, pero no tenemos infraestructura
acorde”, se justificó el segundo jefe de la Agrupación,
el comandante Víctor Jungmerker. Fue a partir de esa situación
crítica que surgió la idea de utilizar unos contenedores
que había donado una empresa privada.
Se trata de unos depósitos de chapa, con piso de madera, como esos
que se ven pasar cargados en enormes camiones. Personal de la Gendarmería
está trabajando para acondicionar el primero de ellos como una
celda: primero le soldaron una doble puerta de reja, lo que convierte
al lugar en una verdadera jaula. Luego le abrieron pequeñas ventanas
para ventilación. Aún falta construir el baño, con
una ducha y lavatorio, en un extremo, y entre ocho y diez cuchetas para
dormir.
También habrá que hacer una conexión al termotanque
y otra a la cloaca. La instalación de electricidad ya está
realizada y se piensa en colocar una membrana en el techo, para aislar
el lugar de la acción devastadora del sol. También se estudia
la instalación de un sistema para calefaccionar el lugar.
Algunos de los detenidos alojados en el destacamento de Gendarmería
son procesados pero la mayoría son presos en tránsito, que
aún no han sido indagados por el juez. Después de la indagatoria
pueden volver a ese lugar, ser trasladados a otros penal o recuperar la
libertad.
“Para construir nuevas celdas, los costos son muy altos. No tenemos
ningún refuerzo presupuestario, por eso, lo estamos haciendo con
mano de obra propia”, volvió a justificar el comandante Jungmerker.
La falta de una cárcel federal en Salta amenaza con provocar un
conflicto entre la provincia y el Estado nacional. Por lo pronto, el gobierno
salteño reclama unos 7 millones de pesos en concepto de alimentación
de los presos federales que aloja en sus unidades penales.
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