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OPINION
Por Mario Wainfeld

Money, money, money

A ver quién baja más el costo de la política, una competencia obscena.
El megacanje y el arte de cobrar comisiones. La anulación de un contrato
y la evaluación del Gobierno. Fernando vs. Carlos.

”Fue a conciencia pura /que perdí tu amor /nada más que por salvarte. /Hoy me odiás/ y yo, feliz,/ me arrincono pa’llorarte”.
Enrique Santos Discépolo, “Confesión”

Los primeros versos del tangazo de Discepolín describen con economía de palabras los abismos de la psicología individual que también exploraron Fedor Dostoievsky o William Shakespeare, por no decir numerosos autores de boleros. El alma y la mente humana producen cualquier alquimia: se odia lo que se quiere, hay amantes que se separan por quererse demasiado, se ofende lo más sagrado, Eros y Tanatos conviven en cada ser humano, en cada pareja. El episodio relatado en el epígrafe es bello, cruel, triste, paradójico acaso pero no resulta, para nada, asombroso.
El universo de la política, en especial de la política democrática se supone, debería regirse por criterios más racionales, a fuer de materiales. La democracia, sistema de equilibrios y transacciones mutuas, supone renunciar al uso de la fuerza en pos de beneficios, así sea parcialmente, compartidos. Por eso es dable esperar racionalidad de los actores, voluntad de conservar los equilibrios, basado en una sabia administración del interés propio. Esa racionalidad implicaría, como un piso casi obvio, que nadie practique conductas destructivas sin rédito alguno. Y, mucho más, que ningún protagonista optara por el suicidio o la autodestrucción.
Pues bien: en la Argentina las cosas no funcionan así. La corporación política, que debería ser una de las principales interesadas en jerarquizar el sistema, parece abocada a su autodestrucción. No sólo baila en el Titanic, empuña entusiasmada el timón y pone proa hacia el iceberg.
La más reciente manifestación de esa suerte de locura es la competencia por “ajustar la política” para bajar “su costo”. Una campaña iniciada, con buena lógica, por el CEMA y otros cenáculos ultraliberales, de exiguo pedigree democrático (que sí entienden cuáles son sus intereses) y seguida con menos coherencia por gobernadores, intendentes, concejales e ainda mais súbitamente dispuestos a reducir sus dietas, las de otros, achicar Parlamentos y Concejos Deliberantes etc. Un criterio economicista y, a fuer de tal banal, orienta las decisiones de quienes deberían ser más sensatos.
Las palmas de esta semana se las llevó el vicejefe de Gobierno Armando Caro Figueroa quien –en una columna publicada en Ambito Financiero– propugnó lisa y llanamente “fomentar el carácter honorífico de los cargos legislativos municipales”. Vale decir, que los concejales deben ser ad honorem. Esto es, describía uno de sus más importantes compañeros de gestión que, en el futuro sólo podrán ser ediles –si ambicionan serlo sin dejar de “parar la olla” familiar– “los millonarios o los chorros”. Caro Figueroa, integrante de una familia de la aristocracia salteña, milita en Acción por la República, partido que representa a los millonarios, cuyo jefe Domingo Cavallo es uno de ellos aunque no lo era hace 20 años cuando debutó como funcionario.
Otro funcionario que tomó la lanza proponiendo casi textualmente “dinamitar la política actual” fue el radical Lautaro García Batallán quien se explayó ante la prensa sobre los desmanejos de la dirigencia seguramente sin recordar su pasado inmediato. Así, al menos, lo comentó el Presidente de la UCR Raúl Alfonsín en oídos de otros radicales. “¿Quién se cree que es ese chico” dijo a varios de sus cofrades, usando una palabra más coloquial que “chico”.
Curiosa ética la que considera un desdoro cobrar por trabajar y propugna un supuesto ascetismo que es en verdad discriminación. Es válido intentar reducir planteles fastuosos, propender a los parlamentos provinciales unicamerales, fijar topes a dietas y sueldos. Pero sobre todo deben indagarse las influencias del sector privado sobre la dirigencia política.Las coimas, los favores, las comisiones a los negociadores de la deuda externa, la evasión fiscal de los peces gordos. El meollo del tema es la porosidad de los representantes del pueblo con los –a menudo corruptos– intereses privados. La financiación por izquierda y no la que se recibe por sobre y por ventanilla. Esta se puede recortar o moderar, pero si nada más se hace y no se ataca la corrupción generalizada solo se conseguirá que se busquen nuevas fuentes de financiamiento espurio.
Suele decirse que los funcionarios deben ganar buenos sueldos para estar a salvo de la corrupción. Es una verdad muy parcial porque ningún sueldo supera lo que se puede colectar por izquierda y –como poco– siempre se puede acumular. Pero –en una sociedad capitalista– la plata es un estímulo ineludible y nadie puede aspirar a contar con personas de alto nivel si no las retribuye adecuadamente. Los buenos sueldos no son un antídoto contra las coimas pero sí un requisito, ciertamente no el único, para reclutar cuadros de nivel.
Funcionarios, parlamentarios, etc. tiran bleque contra la llamada clase política. Es decir, se autodestruyen. Ya que están en eso, dilapidan en el Senado la oportunidad de sancionar una ley de reforma política, acotada, moderada pero integral, desacraditándose aún más.
Representantes del pueblo, funcionarios de primer nivel incluidos (Caro Figueroa, vale recordarlo, debió exiliarse durante la dictadura militar) difunden sonsonetes protofascistas evocando antes que la sabia psicología de “Confesión” la desilusionada sociología de “Cambalache”.

A comprar tiempo

De eso se trata, de comprar tiempo. El megacanje –nuevo salvavidas de un gobierno que ha urdido y pinchado varios– es una formidable apuesta a postergar el default y lograr algunos meses de alivio. Recorrer despachos oficiales averiguando a cuánto ascenderá la operación mete más miedo que el futuro, y ya es decir. La imprecisión, el ojímetro campean por doquier. “Podrán ser 20.000 o tal vez 25.000,” redondean los funcionarios como si hablaran de bolitas y no de miles de millones de dólares gravados con tasas de interés que harían ruborizar al Mercader de Venecia. Otros se ilusionan a 27.000 y hay quien, medroso, se resigna a 17.000.
Algunas cosas, de todas formas, parecen claras:
La parte del león del megacanje (algo así como el ochenta por ciento, activando un ojímetro prestado por algún funcionario) se realizará con los 7 bancos radicados en la Argentina que pilotean la operación. Estos bancos cobrarán por esa operación, cash, el 0,55 por ciento de... lo que fuera, que igual es mucho. Sobre todo porque...
...una parte sustancial de los títulos a canjearse corresponden a AFJP. Esos grandes bancos tienen sus respectivas AFJP, es decir que cobrarán una comisión pampa por canjear lo que –despojados de sutilezas–son sus propios títulos. En anteriores operaciones de canjes la comisión respectiva no se suprimió (vade retro) pero sí se redujo sensiblemente. Eso fue en el arcaico siglo XX, el XXI no se tomó esa medida, tan antipática (para los Bancos).
Ese detalle puede redondearse con un dato elemental. El 70 por ciento del déficit fiscal es generado por el sistema previsional, ese engendro que Cavallo nos legó, AFJP incluidas.
“Los organismos internacionales jamás te dejan ahogar –explicaba Adolfo Canitrot, viceministro de Economía de Juan Sourrouille– te sacan del agua, te hacen respiración artificial, y cuando te sentís mejor, te vuelven a zambullir.. Una descripción algo piadosa, pero certera. Nadie en el Gobierno la niega pero todos quieren comprar tiempo.

“Fernando” y “Carlos”

“Machinea le mandó 330 palos, Cavallo 150 hace poco más de un mes y 30 esta misma semana. No podemos ser más p...”, increpaba un miembro del gabinete analizando las diatribas contra el gobierno volcadas por Carlos Ruckauf.
El gobernador bonaerense no se siente ingrato, ni mal pagador. Las dos últimas remesas, explica, derivan del blindaje pactado entre Nación y Provincia, destinado a evitar que ésta salga a pedir crédito a los mercados, “lo que nos perjudicaría a todos pues aumentaría las tasas”, explica Ruckauf quien se posiciona rápidamente como acreedor: “ellos nos están ahogando el Hospital Público pues cortaron planes de auxilio social y educativo”.
Cómodo jugando de contragolpe, recrimina al oficialismo nacional haber puesto el fósforo a un incendio tronchando los planes Trabajar.
Como ya es costumbre, la pirotecnia entre La Plata y la Rosada cesó tras una conversación telefónica entre “Carlos” y “Fernando” que no se quieren ni ahí.
Ruckauf dice valorar la presencia de Leonardo Aiello, hombre de confianza de De la Rúa, como negociador con los dirigentes sociales de La Matanza y así se lo deslizó al Presidente. Pero también comenta entre sus allegados que Aiello (quien también destrabó un corte anterior) es una viva prueba de la desconfianza que De la Rúa le prodiga a sus ministros y que –a su ver– resiente toda su gestión.
En el Gobierno atribuyen al gobernador designios golpistas, urdidos de acuerdo con Hugo Moyano. Según relatan funcionarios políticos muy cercanos al Presidente, “Rucucu juega contrarreloj. La provincia está pronta a incendiarse. Su imagen –aunque sigue siendo muy alta– está bajando y José Manuel de la Sota le pelea el liderazgo del PJ. El sabe que no llega al 2003 y quiere elecciones anticipadas”. En la Plata niegan las conspiraciones y blanden encuestas que demuestran que solo Elisa “Lilita” Carrió compite en prestigio político con el sucesor de Eduardo Duhalde. Puestos a medir intención de voto, los justicialistas se solazan: Duhalde le saca varios cuerpos a Raúl Alfonsín.
El ex presidente (dicho sea esto al pasar) se viene ingeniando para casi no estar nunca en la Argentina. En su breve periplo, con todo, cometió un lapsus (¿un lapsus?) “el que gobierna es el presidente Cavallo” que hizo fruncir entrecejos en Balcarce 50 y desató carcajadas apenas enfrente, en Economía.

Color de identidad

La ecuación se invirtió –buena onda en la Rosada, malhumor no exagerado en Hacienda– cuando De la Rúa decidió anular la locación de obra pactada entre el estado argentino y Siemens para fabricar los DNI e informatizar fronteras, padrones etc. Se produjo tras una feroz pelea de lobbies cruzados: el ostensible estado alemán detrás de la concesionaria, algo más oculto el gobierno de Washington bregando por que se anulara el acuerdo. Ramón Mestre (siguiendo en esto el rumbo de su predecesor Federico Storani) y el Síndico General Rafael Bielsa sugerían rescindir el acuerdo. Cavallo y Chrystian Colombo preferían renegociarlo pero mantenerlo. Todos acordaban en que las cifras establecidas eran faraónicas pero los economistas privilegiaban “la continuidad jurídica” y recelaban de la reacción de Siemens, una de las 20 empresas más grandes del mundo y una de las 20 que más empleados tiene en Argentina. En definitiva se zanjó la cuestión anulando la operación pero haciendo solo alusión a su extrema onerosidad sin mencionar posibles irregularidades.
En la Rosada se medía la jugada como pura ganancia, computando en el haber:
La demostración de poder del Presidente, despegándose de Cavallo.
En igual sentido, la primera movida pública potente de Mestre.
La forma en que se instrumentó la anulación, entendiendo que, merced a ella, Siemens no hará mayor estrépito, conforme con las indemnizaciones legales y con no quedar desprestigiada.
Haber dejado sin efecto un acuerdo urdido por Menem, lo que se considera es pura ganancia simbólica. En voz más baja se añade que ese logro no tiene contraindicaciones: al no haberse denunciado irregularidades en el decreto de anulación se ciega un posible nuevo frente de tormenta con el menemismo.

Ganancias y pérdidas

Casi 1000 millones iba a facturar Siemens. Más de 100 embolsarán los bancos con el megacanje que, en parte, concertarán consigo mismos. Más del 10 por ciento anual pagará la Argentina a los tenedores de bonos para ganar tiempo. La política no es pasión de multitudes pero todavía mueve fortunas. Pero la valoración pública de los políticos se mide en centavos. ¿Quién hace negocio si se devalúa la política? “Con esta caída en picada -responde Natalio Botana en La Nación– pierden los demócratas que abrazan la legitimidad del orden constitucional y ganan los que levantan el estandarte de la antipolítica. Porque no conviene engañarse, en el fondo del rechazo a la política se confunden las buenas razones de los que buscan el cambio dentro del sistema con las malas razones de aquellos que buscan reemplazar las libertades públicas y el sentido cívico de la vida con nuevas formas de autoritarismo”.


 

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