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Por
F.C.
 El
Gobierno ya comenzó a pensar en la forma en que suplirá
la rescisión del contrato para la confección de los nuevos
DNI con la empresa alemana Siemens. Por ahora, la posición mayoritaria
parece indicar que la tarea continuará en manos del Estado, aunque
ayer el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, mencionó
la posibilidad de que “el gerenciamiento” sea tercerizado. Uno
de los más entusiastas con la decisión del presidente Fernando
de la Rúa, el titular del Registro Nacional de las Personas, Gastón
Ortiz Maldonado, adelantó que esta semana elevará al ministro
del Interior, Ramón Mestre, el proyecto que viene elaborando a
todo vapor para que el Estado pueda fabricar un DNI “seguro y barato”
a partir de una inversión básica en tecnología de
punta.
La resolución de De la Rúa de terminar con el último
contrato importante que había dejado como herencia la gestión
menemista continuó generando ayer repercusiones favorables. “Es
un tema muy mal planteado por el gobierno anterior, una de las tantas
que hicieron mal, que este gobierno resolvió de la mejor manera
posible”, respondió Gallo. “La empresa no puede bajar
sus ingresos y el gobierno no acepta los precios que los ciudadanos deberían
pagar, entonces cada niño que nace tiene una deuda de 30 pesos
que es lo que saldría el documento de identidad”, añadió.
Sin dar precisiones, Gallo adelantó que “no hay precisiones”
sobre el futuro de los DNI y deslizó la alternativa de contratar
un gerenciamiento, una opción que se habría barajado en
Olivos durante el fin de semana. “Es decir, que si se paga la inversión,
el equipamiento quede acá”, explicó.
En el Ministerio del Interior adelantaron que, hasta tanto no se llegue
a un acuerdo, los documentos seguirán siendo confeccionados por
el Instituto Geográfico Militar como hasta ahora. La única
diferencia será que en vez de ser rellenados a mano, a partir de
mañana los datos saldrán siempre impresos como nueva medida
de seguridad.
Ortiz Maldonado contó que la repartición viene haciendo
los documentos en forma regular “y para este año está
prevista la entrega de un millón gratuitos”. El titular del
RNP quedó muy satisfecho con la decisión del Ejecutivo –”Fue
una medida muy acertada”, sostuvo– y reveló que apenas
se enteró de la posibilidad de que el contrato con Siemens se rompiera,
comenzó a trabajar en la alternativa estatal. “No hay que
hacer mucha inversión porque el Estado, a diferencia de una empresa
privada, no necesita trabajar con márgenes de ganancia que justifiquen
su inversión”, explicó a Página/12.
De acuerdo al proyecto que viene elaborando junto a los técnicos
del registro, sería necesario que el Estado invierta en la tecnología
necesaria para los códigos de barras y los de manchas. Incluso,
el RNP ya viene utilizando parte de esa tecnología para chequear
los datos de los pasaportes. Si este proyecto camina, Ortiz Maldonado
sostiene que el Estado podrá realizar un DNI de características
similares al que prometía Siemens pero a un precio sensiblemente
menor. “El proyecto que le presentaremos al ministro Mestre prevé
un documento inviolable y mantendrá el precio de hoy, de 15 pesos
el primer ejemplar y 25 pesos el segundo”, aseguró el funcionario.
Siemens, en cambio, había bajado de los primitivos 30 pesos que
había arreglado en el contrato que firmaron con el gobierno de
Carlos Menem, a unos 27 pesos por el original. Para peor, un informe de
la SIGEN había cuestionado severamente la calidad de los documentos
que fabricaría la empresa alemana. El monto total del contrato
superaba los mil millones pero además del Sistema Integral de Identificación
de Personas, también incluía Control Migratorio e Información
Eleccionaria.
A partir de hoy, los delegados del Ejecutivo y de Siemens comenzarán
a buscar una salida negociada a la ruptura. La empresa todavía
no habló, para lo que esperará conocer el texto del decreto
–se publicará hoy– en el que el Gobierno dará
las razones por las que decidió la rescisión. Peroya se
sabe que los alemanes exigirán una indemnización de unos
300 millones de dólares para evitar iniciar acciones judiciales.
Tanto en el ánimo de la Rosada como en el de la empresa está
la intención de llegar a un rápido acuerdo que les permita
salir del entuerto sin heridas. A De la Rúa le interesa especialmente
no dañar las relaciones bilaterales con Alemania ni con su primer
ministro, Gerard Schroeder, a quien considera entre los jefes de estado
“amigos”.
El sábado a la mañana, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo,
y Mestre se encontraron discretamente con los representantes de Siemens
para informarles oficialmente sobre el fin del vínculo. De acuerdo
a la visión que tienen en el Gobierno, los alemanes también
tendrían interés en cerrar el capítulo DNI de una
manera discreta, cuestión de no ventilar demasiado un contrato
que tiene más de una arista oscura.
“Siemens puede decir lo que quiera, no tiene la menor importancia.
Después actúan los auditores profesionales”, consideró
ayer Gallo en declaraciones a Radio América. Además, contó
que desde marzo la empresa alemana dejó de brindar el servicio
acordado y que se formó una comisión integrada por técnicos
del Ministerio de Economía y el del Interior “para auditar
los costos de inversión y los operativos. “Conforme a la legislación
argentina, luego de esto Siemens no tiene más nada que declarar”,
precisó Gallo.
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