El ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger está en la lista de posibles testigos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien investiga el plan de coordinación y cooperación represiva entre las dictaduras del Cono Sur en la década del 70 conocido como Operativo Cóndor. “Yo le tendría que recibir declaración testimonial a Henry Kissinger”, aseguró el magistrado, quien tampoco descartó un eventual llamado a indagatoria, es decir, como sospechoso, del ex funcionario estadounidense. Sin embargo Canicoba Corral reconoció que la materialización de esa medida es “un hecho problemático” y, en una declaración paradójica viniendo de un juez, afirmó que “más importante que la repulsa penal, en última instancia, es la repulsa social”.
En una entrevista publicada en la página de internet Diario Judicial, Canicoba Corral lamentó que “los excesos de la dictadura fueron protegidos por leyes penales de la propia dictadura militar y algunas fueron estocadas de algún gobierno civil”. Y rescató que “la sociedad tenga en claro qué es lo que pasó y que aunque (los responsables) no puedan ser perseguidos penalmente pueden ser reprimidos socialmente, que es un poco lo que está sucediendo”. “Creo que en el fondo, en algún momento, la persecución penal no va a ser posible... Lo importante es que realmente se conozca la verdad”, enfatizó.
A pesar de expresar su voluntad de llamar como testigo a Kissinger, Canicoba Corral no se mostró optimista sobre la posibilidad de concretar el trámite: “si no podemos conseguir la de un directivo de IBM, la de un ex secretario de Estado es una utopía”, afirmó.
El mes pasado el magistrado –que quedó a cargo de la causa sobre el Plan Cóndor luego de la renuncia de Adolfo Bagnasco– ordenó la captura internacional del ex presidente de Paraguay Alfredo Stroessner y del ex jefe de Inteligencia de Chile, Manuel Contreras y la declaración indagatoria del dictador Jorge Rafael Videla, que se concretaría el 20 de junio.
“La acreditación del Plan Cóndor surge de un acuerdo del máximo nivel político y militar de los estados argentino, chileno, uruguayo, paraguayo, boliviano y brasileño, todos los cuales definieron tener su sede operativa en Chile”, señaló Canicoba Corral en la resolución en que acusó a Stroessner, Videla y Contreras de formar parte de una asociación ilícita.
En 1999 Kissinger publicó el tercer tomo de sus memorias, en el que un capítulo se titula “Chile, los Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos”. Allí intenta desmentir la participación de Estados Unidos en el golpe militar que derrocó a Salvador Allende. Pero incluso luego de la detención del dictador chileno en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón, el ex secretario de Estado de las administraciones de Nixon y Ford, ratificó la política exterior seguida por su país: “El Gobierno de Pinochet en comparación con el de Allende era mejor para los intereses de los Estados Unidos”, dijo al presentar su libro. En el segundo tomo de sus memorias Kissinger había relatado una visita que le había hecho al dictador Augusto Pinochet en Chile, en junio de 1976, pero había omitido la mención que se hizo en la entrevista al ex canciller chileno Orlando Letelier, asesinado en Washington el 21 de setiembre de 1976.

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