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Por Javier Lorca
 Con duras críticas a
las iniciativas del Ministerio de Educación, los estudiantes universitarios
de las principales fuerzas políticas del país harán
sus propias propuestas de transformación para el sistema educativo
superior. Para eso, la Federación Universitaria Nacional (FUA)
convocó a docentes, alumnos, graduados, autoridades, no docentes,
intelectuales, investigadores y organismos sociales a un congreso nacional
que se hará durante junio y julio y será abierto al público.
“Vamos a generar un espacio democrático, federal y participativo
donde todas las fuerzas políticas y la sociedad van a poder debatir.
La idea es elaborar un diagnóstico y, después, hacer un
proyecto de reforma”, contó el titular de FUA, Manuel Terrádez
(Franja Morada).
Los universitarios impugnan el modo de constitución y funcionamiento
de la “Comisión Juri”, organizada por el ministerio para
proponer una transformación educativa. Así, tras haber dudado
y finalmente aceptado la invitación, ahora la FUA resolvió
no integrar la comisión. “Nuestro congreso va a ser la contrapartida
de la `Comisión Juri’, que sólo va a terminar legitimando
la política de Delich –dijo Alejandro Alborino (Unidad Opositora),
secretario de Bienestar de FUA–. Los problemas de la universidad
no los va a solucionar ningún grupo de notables.”
El secretario general de la federación, Ernesto Brunetto (MNR),
apuntó: “Queremos ampliar el enfoque de los temas, porque
hasta ahora fueron planteados en forma muy sesgada por el ministro. Estamos
muy lejos de cualquier actitud conservadora”. Para la JUP, el objetivo
será “abrir la discusión a un paquete más social
y no estrictamente universitario. Y reivindicar el no al ajuste y a las
medidas que atentan contra la universidad pública”, dijo Rubén
Torelli, secretario general.
La FUA acordó que se discutirá en cuatro plenarios nacionales.
El primero se hará 15 y el 16 de junio, en la Universidad de Córdoba.
Luego seguirá el 29 y el 30, en la Universidad de Rosario; el 6
y el 7 de julio, en la Universidad de Tucumán; y el último
será el 13 y 14 de julio, en el Colegio Nacional Buenos Aires.
Las diversas propuestas serán votadas por las federaciones regionales
y por los representantes de la Federación Nacional de Docentes
Universitarios, la Federación de Trabajadores de Universidades
Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional. También participará
una comisión de auspicio (intelectuales y representantes de organismos
sociales) y otra consultora (especialistas): ambas harán aportes
que confluirán en los plenarios. El lanzamiento del congreso se
hará el próximo viernes 1º de junio, también
en el Nacional Buenos Aires.
 Los debates se apoyarán
en cuatro grandes ejes temáticos. Abrirá el juego la discusión
sobre “la universalización del sistema de educación
superior”. “Ahí van a entrar las discusiones sobre ingreso
libre y gratuidad, como herramientas que permiten la integración
de toda la sociedad en la educación”, detalló Terrádez.
El segundo núcleo será
“el gobierno de las instituciones y la coordinación del sistema”.
“En los últimos años crecieron los poderes ejecutivos
de las universidades. Hay que fortalecer el cogobierno tripartito”,
planteó el titular de FUA.
La “economía política
de la educación superior” será el tema siguiente. “No
nos vamos a encerrar a discutir algo como el impuesto a los padres. Hay
alternativas mucho más progresistas”, dijo Brunetto. Terrádez
insistió con “el carácter indelegable del financiamiento
estatal”. Y Torelli agregó: “La JUP cree que la gente
que más tiene podría hacer un aporte voluntario para financiar
becas. Pero no apoyamos un arancel, ni un impuesto para los padres”.
“Bases para la organización
del sistema y una nueva ley de educación superior”, cerrará
el temario. “En este núcleo se va a plantear unareorganización
del sistema para lograr integrarlo –dijo Terrádez– y
eso vendrá de la mano de un proyecto para desarrollar un nuevo
marco legal.”
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OPINION
Por Daniel Santa Cruz *
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Universidad y dogmas
internos
El martes pasado, en este diario, un dirigente estudiantil de En
Clave Roja del centro de estudiantes de Ciencias Sociales (UBA)
acusó al ministro Andrés Delich de destruir la universidad
pública basándose en el proyecto “que el ministerio
de Educación remitió a la Comisión para el
Mejoramiento de la Educación Superior” que aumenta en
un porcentaje mínimo la tasa de ganancias a los padres que
ganan más de 3 mil pesos y envían a sus hijos a la
universidad pública. Este proyecto contribuye al debate sobre
el financiamiento del sistema universitario y calificarlo de “elitizante
y restrictivo” o considerarlo (¿equivocadamente?) como
un arancelamiento encubierto es desconocer la naturaleza de la propuesta.
No se trata de un arancelamiento porque la propuesta no contempla
que los estudiantes paguen para cursar sus estudios ni contiene
penalidades académicas, como sí lo haría un
arancel. La relación institucional del universitario con
su respectiva casa de estudios no se modifica en absoluto. Se trata
de incrementar, y no suplir, el presupuesto destinado a la educación
superior gravando levemente sobre el impuesto a las ganancias en
sentido progresivo en los sectores con capacidad de ingresos. Cada
padre deberá, en su declaración jurada de ganancias,
declarar si tiene hijos en la universidad pública. A partir
de allí la AFIP eleva o no su porcentaje de gravamen. El
proyecto solventará el incremento de la matrícula
universitaria que se avecina en los próximos años
y brinda la posibilidad de construir un fondo de becas para que
los sectores más rezagados puedan acceder a la educación
superior. Resulta difícil entender que un dirigente estudiantil
que ostenta el cargo de “secretario de relaciones obrero-estudiantil”
desconozca que, mayoritariamente, los sectores obreros hoy no usufructúan
la universidad pública y gratuita por no contar al menos
con un mínimo sostén económico para costear
sus viáticos y apuntes. Una universidad democrática
es aquella que se presta como anfitriona de todos los sectores sociales
sin discriminación y debe ser el Estado el que debe proponer
los cambios para que la educación pública sea patrimonio
de toda la sociedad sin exclusiones. Por eso se propone dar un debate
profundo sobre el futuro de la educación superior y para
eso el ministro Delich puso en marcha una comisión integrada
por representantes institucionales y actores diversos que conforman
un grupo suficientemente heterogéneo como para que todas
las posiciones estén representadas. Seguramente resulta más
fácil catalogar a un ministro de destructor de la universidad
pública y convertirse en un denunciante notorio en la página
de un prestigioso diario que derrumbar dogmas internos que no permiten
analizar objetivamente la realidad y, más aún, no
poder llevar adelante con eficacia la tarea de “relacionar”
estudiantes con obreros. A no ser que crea que unos deben estar
de un lado y otros de otro.
* Director de Comunicación y Prensa del Ministerio de
Educación.
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