“La democracia peligra como ideal de la sociedad argentina” porque “donde gobierna el hambre reina el desprecio y la miserabilidad que fácilmente pueden culminar en la anarquía”, dice el documento que ayer difundió la Unión Industrial Argentina, como si no hubiera tenido nada que ver con la política que generó esa situación al apoyar al gobierno de Carlos Menem cuando las implementó. Y agrega en ese trabajo: “La perspectiva de una Argentina hambrienta es inaceptable”. Semejante pronunciamiento, tal vez el más duro realizado por la Unión en la última década, fue bien recibido por la Iglesia, a través del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Estanislao Karlic. Pero mereció una rápida contestación de parte del secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, quien lo calificó de “lamentable” porque “se ponen a criticar como si fuesen de otro planeta”. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, salió a mediar. Dijo que el Gobierno recibirá la propuesta de reactivación “muy esperanzado” y prometió a los empresarios una cena para hoy con el Presidente para discutirla.
El documento de la UIA es de un alto tono crítico a la situación social del país. Y se inscribe dentro de la nuevo perfil, más cercano a los asociaciones intermedias y al empresariado nacional volcado al mercado interno, que quiere imprimirle la nueva cúpula de la entidad, liderada por su presidente, el ex empresario textil Jose Ignacio de Mendiguren, y por el vice, el papelero Héctor Massuh. La Unión tiene una fuerte inserción entre las cámaras empresarias del interior del país, que en los últimos años estuvieron relegadas en el juego interno de poder. En tal sentido no es casual que el documento defina la crisis destacando tres aspectos: “cierre de empresas, desnacionalización, desempleo”.
“El tiempo para llevar a cabo las iniciativas imprescindibles se está agotando y la impaciencia social ya desborda actos cuya violencia y fuerza transgresora están dictadas por la desesperación”, afirma. Esos “pasos indispensables”, según la entidad fabril, son tres:
u “Poner fin al hambre en la Argentina”. “Nuestro país puede y debe luchar por la eliminación gradual de la pobreza, pero no puede aceptar que haya hambre entre su gente”, advierte. La propuesta de la UIA es otorgar un subsidio a los jefes de familia desocupados, el que podría ser financiado con la restitución de aportes patronales a las empresas de servicios públicos privatizados.
u El segundo paso apunta directamente a transparentar la Justicia legada por el menemismo, que por cierto la UIA fue uno de sus principales soportes al comienzo de la década pasada. “Una justicia envilecida autoriza, con su propia corrupción, la corrupción de todo”, asegura, y dice que “sanearla es vital, hacerlo es posible e impostergable”.
u Finalmente, afirma que “se debe disminuir drásticamente los costos económicos del ejercicio de la política” para “ajustar los gastos a una realidad en la cual los privilegios y el derroche lindan con la peor irresponsabilidad”.
El pronunciamiento, en especial en la parte referida al tema social, fue duramente respondido por Gallo, uno de los hombres de más confianza del Presidente. “Yo hubiera preferido que el empresariado nacional le comunicara al gobierno que han armado con sus empresas industriales, con sus productos remanentes, sobre todo alimenticios, una red solidaria en vez de ponerse a criticar como si fueran de otro planeta”, disparó.
Mendiguren optó por eludir el reproche. “Gallo debe haber dado su opinión en base a trascendidos, sin conocer el documento”, expresó. Pero, por las dudas, aclaró, que la declaración “no es golpista” y que “no se refiere a que está en peligro la democracia sino la esencia de la democracia, que es asegurar un mínimo de bienestar a la gente”.
Colombo, en tanto, sintonizó un canal totalmente distinto al de Gallo. Confirmó que habrá una reunión con el Presidente para discutir la propuesta. Y dijo que “esto suma en el interés, no solamente de lograr consensos y políticas de estado, sino en el rearmado de una política económica nacional y de un empresariado nacional”.

GRANDES CONSTRUCTORAS CRITICAN A CARLOS BASTOS
Extranjeras versus nacionales

La reacción de la Cámara Argentina de la Construcción, por las modificaciones introducidas en el régimen de participación de las firmas extranjeras en el Plan de Infraestructura, motivó que tanto el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, como el secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, salieran a cruzar las críticas. El argumento unánime fue que las concesiones realizadas a las empresas “locales de capital extranjero” no se originan en la voluntad del Gobierno, sino en convenios internacionales preexistentes. Desde el bloque de legisladores justicialistas se reclamó al Ejecutivo que expliquen de qué convenios se trata y por qué se suprimió el tope al costo que deberán pagar los usuarios por las nuevas obras.
Bastos negó que los cambios introducidos al decreto vayan “en contra de las empresas nacionales sino que apuntan a prevenir posibles situaciones conflictivas”. Para el ministro “algunos legisladores advirtieron que podían existir procesos de impugnación de empresas internacionales de países con los que la Argentina tiene acuerdos de reciprocidad en el tratamiento de inversiones”. Por su parte, Gallo, consideró que “cualquiera que sea el origen de las empresas, los trabajadores argentinos tendrán empleo, se comprará hierro, cemento, arena y ladrillos nacionales, y se reactivará la industria de la construcción y asociadas”, justificó.
Ambos funcionarios sintetizaron así los dos cuestiones centrales de la puja desatada: cuál será el grado de preferencia que tendrán las firmas locales y cuál es la verdadera subordinación a los tratados de “protección y promoción de las inversiones” firmados entre los años 1991 y 1995.
El diputado frepasita Ricardo Vago, secretario de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, explicó a Página/12 que no debe confundirse la cuestión de la preferencia para las empresas nacionales, pues “las obras de menos de 45 millones continúan reservadas para las empresas locales”. Las diferencias surgen con las licitaciones superiores a este monto, en las que ya no podrá regir la posibilidad, para las empresas locales de capital nacional, de igualar los ofertas cuyos precios no superen el 10 por ciento de los propios. El objetivo de la medida es “no discriminar a las firmas locales de capital extranjero”. El legislador atribuyó la reacción de la CAC a “su sistema de representación poco democrático”. Aunque la CAC agrupa a los dos tipos de empresas citadas, las mismas están representadas en función de su patrimonio, lo que discrimina a favor de Techint o Roggio por sobre las subsidiarias de firmas extranjeras, como Sade (Suecia), Impregilo (Italia) o Dycasa (España). Y es precisamente con estos países, entre otros, con los que existen tratados de protección de inversiones. Taxativamente, estos convenios establecen que no se puede dar a las inversiones del país con el que existe el tratado un “trato menos favorable” que a las inversiones locales. Si esto ocurre existen severos efectos económicos. Vago graficó la situación con la reciente legislación de “Compre Nacional” de la Ciudad de Buenos Aires, que luego de la invocación, por parte del Embajador de Estados Unidos de un tratado binacional, debieron introducirse modificaciones contemplativas.
Desde el bloque de legisladores Justicialista se decidió pedir al ministro Bastos que explique “de que convenios se trata” y además por qué se eliminó la cláusula que establecía que “la contraprestación por parte de los usuarios debía tener un límite fijado por el costo de la obra”.

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