Por Marcelo Justo
Desde Londres

Con el Hotel Claridge en pleno centro londinense como base de operaciones, y acompañado por el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y el del Chaco, Angel Rozas, Domingo Cavallo intentó persuadir ayer a los inversores británicos sobre las bondades del megacanje. En este segundo tramo de su gira, los dos gobernadores representaban el respaldo político oficial y opositor a la operación financiera, convertida en asunto de Estado. Como cuarto espadachín, para explicar los aspectos más técnicos, estaba Daniel Marx. Con el optimismo que lo caracteriza, el jefe de los mosqueteros, Domingo Cavallo, desparramó proyecciones sobre un inminente despegue económico y no dudó en hacer profecías. “En el segundo semestre de este año la economía crecerá a un ritmo del 5 por ciento”, aseguró a inversores y tenedores de bonos.
Cavallo cargó contra las calificadoras de riesgo que “se equivocan” cuando dicen que el canje de deuda es una solución cortoplacista que solo servirá para incrementar el déficit fiscal y hará subir el costo del dinero. Y consideró que “la depreciación del real” no acarreará problemas en el comercio bilateral de manera inmediata, pero si se mostró preocupado por los cortes de energía que afectan a Brasil “porque pueden desacelerar su crecimiento económico”.
Así, con ese discurso, Cavallo y sus tres mosqueteros se reunieron por la mañana en el Claridge durante unos 45 minutos y de modo individual, con Nomura, el Deutsche Bank, con David Mulford y el First Boston-Credit Suisse, y otros importantes inversores para persuadirlos a participar del canje.
En el almuerzo que ofreció en el mismo hotel a unos 150 tenedores de bonos y fondos de inversión, Cavallo hizo una presentación que los comensales podían seguir en la pantalla y en el folleto “Argentina Mayo 2001” que tenían a Fernando de la Rua de banda presidencial y bastón de mando en la tapa. Como si el pasado fuera garantía del futuro, Cavallo se ocupó en resaltar los altos niveles de crecimiento económico y baja inflación de la economía cuando estaba a su cargo, y fustigó los tres años de irresponsabilidad fiscal e impuestos distorsivos que le siguieron cuando salió eyectado del gabinete menemista.
En la conferencia de prensa posterior que sostuvo en la embajada argentina, a dos cuadras del Claridge y ante un nutrido número de periodistas, más de la mitad de ellos británicos, el ministro insistió con su optimismo. “La recaudación de mayo superará significativamente a la del mismo mes del año anterior. Hay claros indicios que los sectores en los que se puso en marcha el plan de competitividad, como textiles, automotriz, máquinas y herramientas, y otros sectores, ha aumentado la demanda. Eso unido a indicadores de consumo de algunos servicios. Y también los índices de actividad industrial comenzaron a ser positivos en el mes de abril y lo será más en mayo”. Sobre la marcha del megacanje, el ministro y su comitiva guardaron un hermético silencio.
En cierta medida el éxito del megacanje dependerá de la credibilidad del discurso de Cavallo en esta gira que culmina con la visita hoy a Nueva York, donde se le unirá el gobernador de Santa Fe Carlos Reutemann. Después de la conferencia, en un aparte con periodistas, el gobernador José Manuel de la Sota, advirtió que no debía ocurrir con el megacanje lo que pasó con el blindaje. “Se presentó como una solución que duró muy poco porque el exceso de gastos federal lo arruinó. Cavallo dijo ahora públicamente, que todo lo que signifique refinanciar pagos no se van a destinar al gasto público, sino a políticas activas para hacer crecer a la economía. Si la economía crece hay mayor consumo, con esto hay mayor producción y más empleos”, indicó De la Sota.

IMPUGNO OFERTAS DE PAGO A DOS ASEGURADORAS
Echan a la abogada del INdeR

Por Julio Nudler

Patricia Castilla Sastre, hasta ahora coordinadora legal del Instituto Nacional de Reaseguros, fue despedida por el liquidador del organismo, Sergio Bunin, después de que la abogada impugnara los pagos ofertados a ADA (Aseguradores de Aeronavegación) y al Instituto Provincial de Seguros de Misiones por presuntas deudas. Curiosamente, el propio Bunin inició una acción para que la Justicia determine si se cometió algún delito en el caso de la aseguradora misionera, y lo hizo en base a las irregularidades que Castilla señaló el viernes último en un informe. En medio de un gran revuelo, que ya alcanzó al Ministerio de Economía, el liquidador, que va a repartir 425 millones de pesos entre las compañías del sector, emitió ayer un comunicado para anunciar el nombramiento de Enrique Ramos Mejía como coordinador del Servicio Jurídico Permanente, secundado por Fernando Herrera. En el texto, Bunin subraya su intención de agilizar la liquidación definitiva del INdeR, resuelta en 1992, “en un marco de actos administrativos claros, precisos, transparentes”. Sin embargo, expertos independientes, consultados por Página/12, consideraron que esos términos no lograrán aventar las sospechas que rodean al Instituto. En cualquier caso, ante una consulta de este diario, Bunin explicó respecto del despido de la abogada: “La eché por falta de lealtad conmigo”.
Como ejemplo poco cristalino se cita el caso de Amadeo Traverso, contratado como asesor por Bunin con autorización para facturarle al INdeR hasta 14.000 pesos mensuales. Castilla Sastre había cuestionado en su momento ese nombramiento porque Traverso era abogado de varias aseguradoras que reclamaban pagos al organismo. Finalmente, la Oficina Anticorrupción aceptó que se lo designara, a condición de que ese letrado se abstuviera de intervenir en relación a compañías con las que tuviera vinculación. En la práctica, se convirtió en el hombre clave dentro del organismo. Ocurre, ahora, que Traverso –ex socio de Francisco Astelarra, actual superintendente de AFJP– es apoderado de la arriba mencionada ADA, a la que el Instituto le ofreció entregar un anticipo de 400.000 pesos sin que procediera, de acuerdo al dictamen de la luego desplazada Castilla Sastre. Bunin aseguró a este diario que frenó ese pago, que Traverso no intervino en el asunto y que, más aún, como apoderado de ADA le reclamó por escrito el desembolso. “¿Y a pesar de esto sigue asesorándolo?”, preguntó Página/12. “Sí, por supuesto”, respondió el funcionario designado por Daniel Marx durante la gestión de José Luis Machinea.
Castilla había señalado que ADA, por no ser una aseguradora registrada en la Superintendencia de Seguros de la Nación, ya que es solo un pool de entidades, no puede ser destinataria de la oferta de corte (cut off) por parte del INdeR, según estipula el decreto 1220/00, que pretende cerrar definitivamente la historia del ente reasegurador estatal. ADA, en realidad, está en autoliquidación desde 1992, y muchas de sus compañías integrantes ya desaparecieron. En el caso del instituto misionero, una funcionaria técnica del INdeR reparó en que se había adulterado una planilla, y que por ese medio podía causársele al INdeR un daño de hasta 50 millones de pesos. Bunin afirma que se trató de un “error” cometido en el sector de Procesos.

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