Por Irina Hauser

La Oficina Anticorrupción (OA) investiga posibles maniobras espurias en la licitación para la realización del Censo de Población, Hogares y Vivienda programado para este año. La empresa alemana Siemens, a la que el Gobierno le anuló el contrato multimillonario para la emisión de los nuevos DNI, es una de las dos postulantes a ganar el contrato. Compite contra un grupo de empresas que integra una de sus aliadas, la firma Boldt, a la que había subcontratado para imprimir los documentos. En la Unión Argentina de Proveedores del Estado (Uape), que impugnó el proceso de selección, dicen que el pliego de condiciones violó las normas armando un concurso a medida de unas pocas megacompañías y excluyendo a las pymes. Sostienen, además, que el Estado pagará de este modo unos diez millones de pesos de más. Todo hace pensar que el relevamiento, que estaba anunciado para octubre, sufrirá una nueva postergación.
Entre los papeles que estudia la OA, desde que la semana pasada decidió dar curso a una investigación, hay un dictamen que firmó el 15 de mayo el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Ese documento dice que como varias áreas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) –encargado del relevamiento– no objetaron el concurso y que la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) dio vía libre para que el propio instituto decida, él debía rechazar los reclamos de Uape. Lo que no aclara el ministro es por qué pasó por alto el contenido de un dictamen de la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete, firmado por Gabriel Pujol y Alejandro Val a mediados de diciembre, plagado de críticas al modo en que se pretende hacer el convenio y que fue entregado por los denunciantes a los investigadores de la OA.
Cavallo parece al menos consecuente con la postura que tuvo al defender el contrato con Siemens para los DNI, una jugada que lo enfrentó con el ministro del Interior, Ramón Mestre, y con el titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Rafael Bielsa. Mestre y Bielsa criticaron el acuerdo de más de 1000 millones de dólares favorable a los alemanes y ganaron en la pulseada ya que el Poder Ejecutivo terminó rescindiéndolo hace diez días. En el capítulo “censo”, Mingo recicla sus frentes de tormenta: el titular de la Sepyme, Enrique Martínez, advirtió en enero que “vería con agrado” que las pymes pudieran participar en la licitación “dando cumplimiento al Reglamento para la Adquisición, Enajenación, y Contratación de Bienes y Servicios del Estado”; la jefatura de Gabinete, a cargo de Chrystian Colombo, tampoco comparte argumentos con Cavallo; la OA investiga, y la Sindicatura ahora va en la misma dirección.
La Sigen –el organismo de control interno de los negocios del Estado– recibió tantos reclamos por el censo, que sus directivos resolvieron adelantar una auditoría sobre la licitación con el fin de determinar si el concurso está bien hecho sino y si el Estado puede perder plata, anunciaron a Página/12 funcionarios de la Sigen. Aunque este organismo sólo se pronuncia una vez celebrado un contrato, esta vez anticipará su tarea. “Como están las cosas el censo difícilmente pueda concretarse el 27 y 28 de octubre como anunció el Indec”, dicen los voceros. No sería la primera postergación: en realidad se debió haber hecho en 2000.
El censo costará unos 100 millones de pesos, según vienen calculando en el Gobierno. El llamado a concurso, que el Indec recién hizo en enero de este año, convocó empresas para hacerse cargo del servicio de impresión de cuestionarios, del acopio, captura y procesamiento de datos, del equipamiento informático y de comunicaciones, del acondicionamiento del espacio físico que se usará y de proveer lápices, gomas y sacapuntas.
A la convocatoria se presentaron tres uniones de empresas: Casa de la Moneda y Boldt Impresores S.A, la firma que había subcontratado Siemens para imprimir los DNI; Impresora Internacional de Valores (Ivisa) y Siemens-Itron; Unisys y Ramón Chozas S.A. Esta última quedó eliminada ya con la apertura del primer sobre, donde figuran los datos de cada empresa,por errores en su presentación. Casa de la Moneda –una sociedad del Estado– también fue cuestionada, pero no está fuera de juego, por lo menos todavía. El segundo sobre, donde figuran las ofertas económicas, aún no fue abierto. La firma ganadora se llevaría, por la parte del trabajo que le tocará, por lo menos entre 25 y 30 millones de pesos.
En la OA, le tomaron declaración a Daniel Argüello, el gerente de Uape, quien dijo que sus reclamos coinciden con las observaciones de los expertos de la Jefatura de Gabinete. Y mostró el dictamen de Gestión Pública que cuestionó que se concursara por “tantos rubros distintos en una misma licitación” ya que la “contratación individual permitirá optimizar el nivel de precios”. Ese texto defiende también la participación de los “oferentes nacionales”, critica que se anticipe el pago de los productos y servicios, en algunos casos hasta en un cincuenta por ciento porque así “el trabajo de las empresas es financiado por el Estado”. Y alerta: “No se ha encontrado en las especificaciones del pliego la matriz de evaluación con la cual se evaluarán las ofertas”.
Los proveedores del Estado redoblan la queja: aseguran, en palabras de Argüello, que la “licitación está armada para una sola empresa”. “Entre las requisitos para concursar se pide un sólo proveedor que tenga un ingreso anual de al menos 50 millones en los últimos dos años, un capital mayor a 10 millones y que haya hecho un censo en algún lugar del mundo. Es obvio: no hay opciones y las PyMEs quedan afuera”, explica.
El futuro del censo, ni el director del Indec, Héctor Montero, lo sabe. “El proceso de licitación tendría que haber terminado, pero con tantas impugnaciones se ha ido postergando”, dijo consultado por este diario.
–¿Qué piensa del planteo de Uape?, le preguntó Página/12.
–No puedo dar detalles del procedimiento. Estamos trabajando para que el censo se haga cuando estaba previsto –eludió.
Argentina sigue por ahora sin saber cuántos habitantes tiene, cuántos tienen casa y cuántos no, cuántos cuentan con servicios públicos, un diagnóstico imprescindible de las condiciones de existencia de un país. El problema de identidad que pareció sorteado con el asunto de los DNI, reaparece con los problemas del censo, y con los mismos protagonistas.

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