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DIPUTADOS TRATA EL AUMENTO DE PODERES PARA LA POLICIA
Sin acuerdo sobre la Federal

A pesar de que en la Comisión de Legislación Penal fracasó el intento por lograr un dictamen consensuado, los diputados votarán hoy el proyecto que da más facultades a la policía.

Los fiscales Refecas y Rusconi
y el diputado Dámaso Larraburu estuvieron en la reunión.

Por Carlos Rodríguez

Aunque subsisten diferencias entre la Alianza y el peronismo, la Cámara de Diputados tratará, en la apertura de la sesión de hoy, el proyecto que le otorga mayores facultades a la Policía Federal, dándole la posibilidad de interrogar a sospechosos en el lugar del hecho, requisar ropas, efectos personales y vehículos. Ayer, en una reunión de la Comisión de Legislación Penal, fracasó el intento por lograr un dictamen consensuado al prevalecer las diferencias sobre la posibilidad de que las actas del procedimiento puedan ser firmadas únicamente por la policía, sin intervención de testigos civiles. La Procuración General, a través de los fiscales Maximiliano Rusconi y Daniel Rafecas, expuso sus objeciones al aspecto más controvertido de la iniciativa. Esto coincidió con la difusión del informe anual 2000 de Amnistía Internacional (ver aparte) que denunció la existencia en la Argentina de “informes de torturas y malos tratos” por parte de la policía, así como 80 muertes que supondrían “un uso excesivo o desproporcionado de la fuerza” por parte de la institución.
Los fiscales Rusconi y Rafecas expusieron ayer ante los miembros de la comisión legislativa una síntesis del informe de la Procuración, cuyos aspectos salientes fueron publicados ayer por Página/12, sobre 55 casos en los cuales personal de la Policía Federal adulteró pruebas para incriminar a inocentes. Los fiscales resaltaron que las irregularidades invalidaron el 45 por ciento de los casos analizados. Los hechos quedaron al desnudo “precisamente por la presencia de testigos que pusieron en evidencia el accionar policial”. Esa alternativa será desechada de triunfar la postura del Justicialismo, que deja todo en exclusivas manos policiales.
La visión opuesta a la de la Procuración estuvo a cargo del fiscal de la Cámara de Casación Raúl Plee, quien argumentó que “no es lo mismo hablar de un procedimiento a las cuatro de la tarde, en Buenos Aires, donde es fácil conseguir testigos, que en Orán, Salta, en la frontera”. Dijo que “aunque suene esquizofrénico” escuchar a fiscales que opinan distinto, él consideraba que la policía debe actuar aunque no haya testigos. Según Plee, si lo hubiera hecho en el trágico intento de asalto en Aguas Argentinas, donde murió un policía, se hubiera evitado esa muerte.
El presidente de la comisión, el peronista Dámaso Larraburu, consideró que “es impunidad” dejar en libertad a alguien supuestamente sorprendido in fraganti por la sola inexistencia de testigos no policiales. “O es justicia”, replicó el aliancista Marcelo Stubrin, ubicado en el otro extremo de la larga mesa de deliberaciones. Larraburu eligió un curioso ejemplo para revitalizar el valor de las requisas: “Yo vivo en Bahía Blanca y nunca me molesta que un pasante de la Universidad del Sur me revise los bolsos de arriba a abajo para buscar posibles productos contaminantes”. Para Stubrin, la diferencia con la requisa policial es “absoluta y total”. Larraburu insistió: “Yo quiero que la policía revise”, algo que nadie parece poner en discusión en caso de que haya testigos.
En la discusión intervino la diputada peronista Norma Godoy, quien poco aportó al tema, pero abrió otra polémica de manera inexplicable porque cuestionó a los fiscales. “Se les dio más poder, pero actúan bastante mal”, sostuvo y su única referencia concreta estuvo dirigida al fiscal Norberto Quantín, quien la involucró en la investigación del caso de presunta sustracción de la niña Rocío Cigarreta. La intervención de Godoy sirvió para unir a los fiscales: los tres defendieron a Quantín.
El diputado Ramón Torres Molina, del Frente para el Cambio, quien posiblemente planteará hoy una postura diferente a la de peronistas y aliancistas, cuestionó el otorgamiento de mayores facultades a la policía recordando el temor popular que lleva a que “el 60 por ciento de los delitos no sean denunciados” por desconfianza hacia los uniformados. También cuestionó las deficiencias del Poder Judicial, dado que llegan a sentencia “sólo el 0,5 por ciento de las causas” y por todo eso interpretó que la solución “no pasa por cambiar las normas”. Puntualizó al respectoque “la provincia de Buenos Aires tiene el Código de Procedimientos más moderno, pero el delito sigue creciendo”.
La peronista María del Carmen Falbo cuestionó la ausencia de testigos, argumentando: “¿Quién le paga un año o más de prisión a una persona inocente?”, en alusión a los procedimientos truchos denunciados en el informe de la Procuración. Aunque hay consenso para un dictamen consensuado y aunque existan disidencias dentro del propio peronismo, hoy se votarán las mayores facultades policiales, que seguramente exigirán la presencia de por lo menos un testigo. El peronismo, de no lograr consenso, retirará esa molesta cláusula.

 

La denuncia de Amnistía

Torturas y malos tratos a detenidos en comisarías, homicidios provocados por balas policiales, represión de protestas y condiciones degradantes de detención en las cárceles forman parte del informe sobre derechos humanos en la Argentina, para el 2000, que presentó ayer la organización Amnistía Internacional.
Según la entidad, durante el año pasado siguió recibiendo “informes de homicidios a manos de la policía y de torturas y malos tratos en comisarías”. “Más de 80 personas murieron a manos de la policía en circunstancias que sugieren un uso excesivo o desproporcionado de la fuerza”, agrega el informe. Y agrega que “aunque se presentaron cargos por torturas contra algunos agentes, se desconoce el resultado de las la mayoría de las denuncias”.
La presentación de Amnistía cita como ejemplos los casos de dos estudiantes universitarios torturados por la policía en Misiones; el de la activista travesti Vanesa Ledesma, muerta en una comisaría de Córdoba, y el de Aníbal Verón, asesinado por disparos presuntamente realizados por la policía de Salta durante un corte de ruta, en General Mosconi, entre otros.
El informe condena además “las penosas condiciones de reclusión, el hacinamiento y los malos tratos a los reclusos por parte de los guardias de las prisiones”. También se denunció que “los abogados que trabajaban en casos de derechos humanos sufrieron acoso y amenazas de muerte”.

 

Sin acecho ni merodeo

El proyecto para introducir en el Código de Convivencia porteño las figuras del “acecho” y el “merodeo” murió antes de nacer. La iniciativa, impulsada por el diputado delarruista Jorge Enríquez, fue rechazada ayer por el gobierno porteño, en la reunión de gabinete, donde la iniciativa fue calificada como “oportunista” y “un producto de miopía política”. Enríquez, vicepresidente primero de la Legislatura, no asistió a la reunión, en contra de su costumbre.
También expresó su rechazo el bloque de la Alianza (con la previsible excepción de Enríquez y de Fernando Caeiro, que apoyó su proyecto). En una durísima declaración, los diputados calificaron como “censurable” que se utilicen hechos como los crímenes de dos policías en Once, “con fines meramente políticos, jugando con el fundado miedo a la población”. “Limitar el problema de la seguridad ciudadana a la cuestión policial presupone una mirada miope y simplista –afirmaron–. Y pretender abordar el problema de la seguridad desde una norma destinada a regular la convivencia contribuye a la confusión”.
El jefe del bloque radical, Cristian Caram, calificó de inconstitucionales las figuras del acecho y el merodeo, y afirmó que “para trabajar en serio contra el delito se necesita más policía en la calle y no demagogia efectista”.
Por su parte, la titular de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Martha Oyhanarte (Acción por la República), quien también se opone al proyecto, informó que en esa comisión no se trata ningún proyecto para reformar el Código.

 

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