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Por Horacio Cecchi
 Si las presunciones sobre los
motivos que llevaron a la muerte a la estudiante de abogacía Marcela
Aravena eran hasta ayer difusas y lejanas, tras el testimonio de un amigo
íntimo, terminaron por desmoronarse, dejando a la resolución
del caso envuelta entre tinieblas. Por el momento, las expectativas de
encontrar la punta del ovillo se concentran en el entorno de la víctima
y en un dato que, de corroborarse, por sí solo estremecería:
que Marcela Aravena haya sido asesinada por error. Fuera de esta hipótesis,
por el momento de difícil comprobación, los investigadores
no tienen absolutamente nada. Incluso ayer, una versión que vinculaba
la muerte de la estudiante con la de la pareja de Bahía Blanca
a través de los padres de las dos chicas, ambos policías,
fue descartada de lleno: no había punto de vinculación entre
ellos.
Nora Trinidad Aravena, de 32 años, y hermana mayor de Marcela,
es estudiante de abogacía y trabaja como baby sitter. Ambas vivían
en un edificio poblado de estudiantes, en el 1254 de la calle 15, entre
58 y 59, departamento 1º C. Hace alrededor de un mes, después
de una prolongada ausencia, regresó a vivir con ellas Carmen Peiretti,
abogada. Ambas, Nora Aravena y Peiretti, quedaron ubicadas ahora en el
ojo de los investigadores. No ellas precisamente sino cualquier relación
que significara una pista potencial para resolver el crimen. “Algún
cliente, algún caso en el que hayan estado trabajando –arrojó
esperanzado un investigador–. Un crimen por error”.
“El caso está muy dificultoso. Es muy pronto para que podamos
pensar en resultados. Ahora estamos investigando el entorno”, confirmó
ayer a Página/12 el fiscal platense Marcelo Martini. “Por
el momento no hay otro dato”.
Una versión que ayer circuló insistentemente fue desmentida
desde la propia fiscalía: se vinculaba el asesinato de Aravena
con el doble homicidio de Horacio Iglesia-María Victoria Chiaradía,
la parejita de Bahía Blanca que apareció muerta de dos balazos
en la nuca hace más de nueve meses en un campo cercano a Coronel
Suárez. La versión tuvo su origen en la visita a La Plata
realizada por los fiscales bahienses Eduardo D’Ampaire y Claudia
Lorenzo, que investigan el doble homicidio.
El viaje dio lugar a la especulación: en ninguno de los dos casos
hubo violación y las víctimas fueron asesinadas de modo
semejante. Pero además, el padre de Iglesia es comisario de la
Bonaerense y Raúl Aravena, padre de Marcela, también fue
policía. Según la versión, ambos habían estado
vinculados más allá de haber actuado en la misma fuerza.
“(Aravena) se retiró hace más de diez años,
como suboficial, pero no de la Bonaerense sino de Río Negro, en
Viedma –desmintió una fuente policial de Bahía Blanca–.
Ahora atiende su panadería en Carmen de Patagones.”
El crimen pasional es la otra punta que aún se mantiene en la expectativa
de los investigadores. La relación idílica y abundantemente
relatada vía e-mail entre Marcela y el chofer del Hogar Andrea
Ibáñez Marín, casado y con su esposa embarazada,
no termina de descartarse pero tampoco se encuentra demasiado para avanzar.
Mientras los investigadores se debaten en las tinieblas por dilucidar
el caso, en Carmen de Patagones, los Aravena se internaban en otras oscuridades,
acompañados por más de un centenar de personas para dar
sepultura a Marcela.
DEPORTACION
FRENADA CONTRA RELOJ
Una madre en apuros
Por Eduardo Videla
La Dirección Nacional
de Migraciones ordenó la expulsión del país de una
ciudadana dominicana, sin tener en cuenta que la mujer era madre reciente
de una niña de nacionalidad argentina. Ignorando una comunicación
de la defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, Migraciones
dispuso ayer la detención de la mujer, para quien ya tenía
reservado un lugar en el vuelo de American Airlines de anoche a las 22,
con destino a República Dominicana. Por supuesto, sin su beba,
que tiene apenas dos meses. Una gestión de último momento
de Oliveira –un hábeas corpus ante la Justicia y un reclamo
al ministro del Interior, Ramón Mestre– impidió la
deportación.
Altagracia Jáquez Paniagua (29) llegó hace tres años
desde la República Dominicana. En su país dejó a
sus dos hijas mayores, de 3 y 9 años, al cuidado de sus familiares,
a quienes envía dinero cada vez que puede. Hace dos años
vive con Ramón Silva (30), argentino, y desde hace unos meses habita
un cuarto de hotel en el barrio de Constitución. Altagracia fue
detenida por la policía a mediados del año pasado y entonces
se inició en Migraciones el trámite para su deportación.
La resolución llegó el 26 de marzo último: con la
firma del entonces director de Migraciones, Angel Roig, se ordenaba “la
expulsión del territorio nacional y la prohibición de su
reingreso”. Cuatro días antes, la mujer había dado
a luz, en la Maternidad Sardá, a su hija Milagros Michelle. Como
tantos chicos de condición humilde, la nena no tenía documentos
porque su madre no pudo afrontar el costo del trámite.
De la mano del Departamento de Migraciones del Arzobispado porteño,
el caso llegó a la Defensoría del Pueblo. Alicia Oliveira
inició la actuación 4356/01 y envió, con fecha del
21 de mayo último, una comunicación a Migraciones donde
notifica que Paniagua había sido madre de una niña. “Si
bien la beba no tenía documentos, es argentina. Y así como
una ciudadana argentina no puede ser expulsada de su país, tampoco
una beba puede ser separada de su madre”, dijo Oliveira a Página/12.
La mujer fue detenida ayer a las 3.40 de la madrugada y alojada en la
comisaría 16ª. Desde la misma seccional dieron aviso a la
Defensoría, que desde la mañana se ocupó del caso:
el abogado Diego Morales presentó un recurso de hábeas corpus
en el juzgado de Wilma López, al tiempo que envió nuevas
notas a Migraciones y al Ministerio del Interior. Por la tarde, funcionarios
de Migraciones dijeron a este diario que desconocían la maternidad
de la ciudadana dominicana. A última hora, cuando la jueza Wilma
López se disponía a resolver el hábeas corpus, el
Ministerio del Interior dio la orden de dejar sin efecto la expulsión
y disponer la libertad de la mujer.
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