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Por Cristian Alarcón
 La existencia de un escuadrón
de la muerte es investigada por la Justicia como posible explicación
del asesinato mafioso de dos chicos de 14 y 16 años en Don Torcuato.
Tal como adelantó Página/12 en una investigación
publicada hace tres semanas, ayer el fiscal que investiga las causas –en
una nota de respuesta a la Subsecretaría de Derechos Humanos de
la Nación– confirmó que la hipótesis “en
cuya virtud se atribuiría la autoría del suceso a integrantes
de la fuerza policial” tiene “sustento”. Fuentes judiciales
le dijeron a este diario que no sólo están en la mira policías
de la comisaría de Don Torcuato, sino también civiles que
integrarían el grupo que asesinó de 6 y 11 disparos a Gastón
Galván y Miguel Burgos. Los cuerpos de los chicos aparecieron con
las manos y los pies atados, y uno de ellos tenía la típica
bolsa del submarino seco en la cabeza, símbolo de una tortura con
el sello de la Bonaerense.
Ayer, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, quien intervino
en el caso luego de la publicación de este diario, le solicitó
al ministro de Seguridad de la provincia, Ramón Verón, que
los policías de la comisaría 3ª de Don Torcuato “se
abstengan de intervenir en actuaciones o averiguación de hechos
en los que estén vinculados menores de edad”. Conti había
enviado una nota con varios interrogantes sobre la situación de
la investigación por la muerte de los niños a la Comisión
de Minoridad de la Cámara de Diputados provincial, a la subsecretaría
de Derechos Humanos bonaerense, y al fiscal Héctor Scebba. Esa
nota se basaba en la investigación de Página/12 en la cual
el defensor de menores de San Isidro, Carlos Bigalli, aseguró que
“si en este crimen intervinieron policías, estamos ante los
escuadrones de la muerte”. Al mismo tiempo, una alta fuente del Suprema
Corte de la provincia sostenía que “la limpieza social es
más fácil de hacer con escuadrones de la muerte”.
Desde el mismo 25 de abril por la mañana, cuando bajo el Puente
Negro o Puente Muerte, en el límite entre José León
Suárez y La Horqueta, aparecieron los cadáveres de Galván
y Burgos, el fiscal Scebba fue reacio a dar información sobre el
avance de las investigaciones. Este diario conoció la larga historia
de persecución, golpes y torturas padecida por los dos chicos a
manos de policías de la Comisaría 3ª de Don Torcuato
a través del testimonio exclusivo de sus padres, y de varios chicos
del barrio Bancalari que compartieron calabozo con los asesinados en esa
seccional. Ahora, en la respuesta a Conti, Scebba informa que “ambos
cuerpos presentaban múltiples heridas producidas por proyectiles
de arma de fuego de grueso calibre y se hallaban atados de pies y manos
con cuerda náutica”. Además, da cuenta de que uno de
los niños “tenía una bolsa de nylon atada en la base
del cuello cubriendo totalmente la cabeza”.
Entre los indicios que evalúa Scebba no sólo se encuentra
el hecho de que esa bolsa fue puesta en el cuerpo del “Monito”
Galván cuando ya lo habían matado, con lo cual el objeto
adquiere todos los visos de un mensaje mafioso. El fiscal también
sabe que los niños habían denunciado por apremios ilegales
a policías de esa seccional ante jueces de menores. En la comunicación
oficial enviada a Conti, Scebba informa que durante la autopsia a los
cadáveres se recuperaron dos proyectiles de calibre 9 mm. Basado
en media docena de testimonios de familiares y allegados a las víctimas
que relataron la persecución y el acoso a los que eran sometidos
los dos chicos y en “otros elementos reunidos en la investigación”
–que prefiere preservar en el secreto– el fiscal ordenó
“la obtención de proyectiles testigos”. La medida afecta
no sólo a las armas de los policías de la comisaría
3ª, sino también a los “otros funcionarios policiales
que cumplían una vigilancia en el lugar cercano” al lugar
en el que los cuerpos fueron abandonados. Se refiere a quienes custodian
un cementerio israelita de la zona. Esa es una de las pruebas que Scebba
espera tener en las manos para definir la situación de los policías
a los que investiga. La medida sobre la comisaría 3ª solicitada
por Conti tiene antecedentes en lo que ya propuso la presidenta del Consejo
Provincial del Menor, Irma Lima. La ex jueza considera que la policía
bonaerense no debe actuar en los casos en que los implicados son menores
de edad y que por ello debería existir una Policía Juvenil,
especialmente entrenada para trabajar con chicos. Sobre lo pedido por
Conti, Lima se mostró ayer de acuerdo. “No conozco precedente
pero es una idea correcta porque es imposible confiar en la policía
sospechada de un crimen tan aberrante –le dijo a Página/12.
Sería lógico que toda la seccional sospechada se aparte
de las intervenciones en las causas de menores, mucho más teniendo
en cuenta el sentido corporativo de la fuerza”.
Entre los testimonios que este diario reveló tras el asesinato
en Bancalari de los chicos que “paraban” junto a Galván
y Burgos, la coincidencia fue que no se trataba de dos muertes aisladas,
sino coherentes con un plan. “Nos fueron liquidando y van a seguir.
Ya cayeron dos pibitos hace seis meses. Les pusieron caños y los
mataron como si fuera un enfrentamiento. Ahora el Piti y el Monito. Ya
mandaron a avisar que somos seis los que quedamos”, le dijo a este
cronista un chico de catorce años durante el funeral de Galván.
Lo que todavía no surge de la investigación judicial es
la conformación que tendría el grupo que se encargó
de los asesinatos mafiosos. Las fuentes judiciales aseguraron que
no sólo se investiga a policías de la comisaría 3ª,
sino que también están en la mira dos civiles. Lo que no
aclaran es qué papel podrían jugar esos no uniformados en
el grupo. Si son instigadores del crimen, o si pertenecieron al escuadrón
de la muerte del Puente Muerto de José León Suárez,
un lugar con una vieja y triste historia.
VERON
CRITICO A LA CORTE CON DATOS EQUIVOCADOS
Las causas que vos archiváis
Por C.A.
El ministro de Seguridad bonaerense,
Ramón Verón, salió ayer a disparar con munición
gruesa contra la Suprema Corte de la provincia. La ira del ministro estalló
después de que el más alto tribunal bonaerense denunció
que en la comisaría primera de Quilmes los chicos eran obligados
a prácticas como “oler los vapores de una mezcla de lavandina
y detergente”, a “revisiones íntimas abusivas”,
y a “usar botellas o bolsas de plástico” en lugar de
dejarlos ir al baño. “Es preocupante que la Corte bonaerense
se haya basado en una causa que fue archivada en su momento por la propia
justicia”, dijo Verón ayer para subestimar las denuncias sobre
malos tratos en comisarías, porque –según aseguró–
“el 90 por ciento son falsas”. Sin embargo, Página/12
consultó al fiscal Luis Armella, y la defensora de menores de Quilmes.
Ambos aseguraron que la causa sigue en trámite, y que aún
no se agotó la investigación.
La denuncia que irritó a Verón es la que presentó
el 13 de mayo el juez del Tribunal de Menores 2, Pedro Entío, en
la que se da cuenta de la manera que el agente Angel Fontanini, de la
comisaría 1ª de Quilmes trataba a los chicos presos en los
calabozos que él custodiaba. Esa denunciaba narraba los relatos
de un menor, según quien al llegar un chico nuevo a la comisaría,
Fontanini lo obligaba a desnudarse para luego en el baño “hacerle
abrir las nalgas y gritarle ¡Quiero ver tu agujero!”. En el
expediente se detalla que “los hacía correr desnudos, les
pegaba patadas en la cola y los obligaba a hacer flexiones con las manos
en la nuca”. El mismo agente les tiraba los colchones y las cosas,
y luego los obligaba a ordenar todo”. A eso se le sumaba que les
revisaba el cuerpo y la ropa, con igual tratamiento cada vez que eran
visitados por sus familiares.
Ayer la defensora de Menores de Quilmes, María Daroqui le dijo
a Página/12 que “en las revisaciones físicas no se
detectaron lesiones, lo que no quiere decir que no existieran las vejaciones
y severidades en las condiciones de detención”. Según
Daroqui, el lunes declararon menores que estuvieron detenidos en la seccional
y sus relatos coincidieron con los que motivaron el comienzo de las investigaciones.
Daroqui solicitó ayer, en la causa que Verón asegura que
se cerró, varias medidas: entre ellas la declaración del
policía Fontanini y el de sus compañeros, además
de pericias psicológicas sobre los chicos maltratados. Basado en
esa información errónea del cierre de la causa, fue que
Verón ayer dijo que
“las denuncias de malos tratos son falsas en el 90 por ciento de
los casos”. “Estoy acostumbrado a que la policía sea
el jamón del sandwich”, dijo Verón para graficar su
visión de la problemática de los menores alojados en comisarías.
Ese tema lo tiene enfrentado con la Corte, que desde hace un año
denuncia irregularidades en las comisarías del Gran Buenos Aires.
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