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Sospechosos
Los que guardan memoria de los primeros años ‘90, recordarán
al empresario periodístico que en su programa de televisión
anunciaba tiempos nuevos con una sostenida campaña de propaganda
a favor de las privatizaciones realizadas por el menemismo. Para
burlarse de los críticos solía repetir que si desarmaba
un teléfono no encontraba la soberanía. Pasó
una década y si hoy desmantelara el único avión
que le queda a la empresa Aerolíneas Argentinas, cedida al
Estado español según ese plan de enajenación
del patrimonio nacional, tampoco podrá encontrar la menor
señal de la modernidad y el progreso que prometieron aquellos
rematadores a cambio de liquidar una empresa respetable. Con similares
argumentos, matizados por un sistema privatizado de coimas, cedieron
las atribuciones del Estado a “los mercados”, abdicando
de todas las responsabilidades como rector de los derechos y garantías
de los ciudadanos, según manda la Constitución. Entregaron
propiedad y control mediante la rendición incondicional de
los intereses de la nación y del pueblo. Ellos sembraron
vientos y ahora los argentinos cosechan tempestades.
En medio de la tormenta, para peor, la mayoría tiene la sensación
escalofriante de que la nave nacional anda al garete, sin piloto
ni brújula. Esta generalidad, como sucede con casi todas
las de su tipo, es más emotiva que rigurosa. Al presidente
Fernando de la Rúa no le faltó decisión para
defender en público al Jefe del Ejército, Ricardo
Brinzoni, incluso anteponiendo su personal veredicto de inocencia
al de los tribunales que investigan al general por su posible responsabilidad
en la masacre de Margarita Belén. La misma voluntad le alcanzó
para aprobar el voto contra Cuba en la ONU, para rebajar los salarios
y aumentar los impuestos, para aprobar el “megacanje”
de bonos a tasas usurarias, cargando la deuda pública a varias
generaciones futuras, para fingir ignorancia sobre los sobornos
en el Senado o para criticar las crónicas y opiniones de
la prensa, nacional o extranjera, que no son de su afecto.
Los ataques de anomia aparecen cada vez que los legítimos
acreedores de la deuda social reclaman su parte. Hay indecisión
para defender la aerolínea de bandera y preservar siete mil
empleos, para organizar el subsidio a los desempleados que los saquen
del pozo de la extrema miseria, para poner de pie la dignidad del
Estado frente a los abusos de inversores, de banqueros o de proveedores
de servicios públicos, para asegurar los derechos populares
a la educación, la salud y la justicia. De este mínimo
recuento de fuerzas y debilidades, lo que surge es una evidencia
palpable: el gobierno es conservador, tanto como lo fue el menemismo,
pero finge que es progresista, como prometía la Alianza,
por simple cálculo electoral, y el disimulo asume la apariencia
de una voluntad fragmentada o inexistente. Además, la apabullante
ineficacia en la administración de los asuntos públicos
agrava las peores opiniones sobre su gestión, puesto que
a menudo llega mal y tarde para atender hasta los simples trámites.
Así, ni siquiera lucen los escasos aciertos resolutivos,
obtenidos muchas veces por el ímpetu de las protestas.
De ese modo, alienta las medidas de fuerza, aun las más extremas,
porque son la única vía más o menos efectiva
de demanda social que consigue algún resultado positivo.
¿A quién le puede extrañar que desde el martes
pasado haya piquetes activos de desempleados en Lanús, Solano,
Quilmes, Florencio Varela, Luján y La Plata, o que los universitarios
salgan a cortar calles de la Capital? A esta altura, lo raro sería
una paz social sin sobresaltos y sólo la solidaridad en comedores
populares y a través de otras formas impide que no sea mayor
todavía el número de esas prácticas. El Gobierno
sospecha que la combatitividad de Hugo Moyano está viciada
por los apetitos del gobernador bonaerense, pero lo cierto es que
mientras se entretiene en desentrañar esas presuntas o reales
conjuras, en la calle seacumulan razones para que las huelgas convocadas
por la CGT disidente tengan respaldo masivo, como es posible que
suceda el próximo viernes 8.
Por derecha o por izquierda, la sociedad está intoxicada
por todo tipo de sospechas, justificadas en muchos casos pero también
usadas a veces para eludir el compromiso con la realidad. Tal vez,
aquella frase de “por algo será” inauguró
en el último cuarto de siglo uno de los peores usos de las
sospechas. Con todo, en esta materia el Poder Ejecutivo le saca
ventaja a cualquiera. De todo recela: al general Brinzoni lo querrían
tumbar otros militares deseosos de ir al combate contra el narcotráfico
bajo la conducción del Pentágono norteamericano; los
sindicatos en conflicto por Aerolíneas Argentinas responden
a intereses empresarios cruzados de varias nacionalidades; los piquetes
son el producto de agitadores profesionales que han hecho un oficio
de esa actividad o buscan la anarquía.
El centro de las desconfianzas oficiales lo ocupa el gobernador
Carlos Ruckauf, a quien le atribuyen planes diversos para llegar
a la Rosada cuanto antes, por lo menos antes que el drama social
de su distrito arrase con los actuales índices de popularidad
en las encuestas de opinión. La última versión
lleva por título “fundación de la III República”
(dando por sentado que la primera abarcó el período
1853/1955 y la segunda desde la caída de Perón hasta
la actualidad), con tres capítulos sucesivos: provocar la
renuncia anticipada del actual gobierno, lograr que la asamblea
legislativa le conceda la Presidencia al gobernador hasta el fin
del actual mandato y, en ese plazo, disolver los poderes Legislativo
y Judicial con la excusa de acabar con las mafias que los controlan,
en el más puro “estilo Fujimori”, para lo cual
contaría con respaldo popular debido al desprestigio de las
instituciones representativas.
Ya que de recelos se trata, los analistas oficiales deberían
computar al Senado como miembro activo de esa presunta conjura,
ya que el cuerpo hace todo lo posible por aumentar el disgusto público.
El último reclamo de los senadores por el cobro de aguinaldo
que no les corresponde, y la subsecuente decisión de retirar
toda la publicidad oficial de los medios de difusión como
una amenaza para silenciar los comentarios críticos, confirma
las peores opiniones desde el escándalo de los sobornos por
la ley de reforma laboral. Aun sin tomar en cuenta los perjuicios
económicos que ocasionaría, sobre todo por su impacto
en los medios más débiles, esa decisión pasa
por alto el derecho a la información de los ciudadanos. La
publicidad de los actos oficiales es una obligación constitucional
del gobierno, pero está claro que para los senadores auspiciantes
de la medida se trata de un recurso más del tráfico
de influencias, algo así como un soborno institucional.
Es un razonamiento que busca el desprestigio colectivo, para evitar
que resalte el propio, con una lógica parecida a la que sostiene
que la mera existencia de coimeros en la democracia habilita el
retorno de las dictaduras. Por supuesto que la corrupción,
sobre todo cuando queda impune, corroe la confianza pública
en la democracia, pero los despotismos en el país albergaron
innumerables corrupciones y negociados con los peores métodos
mafiosos, a punto tal que el último régimen de esa
naturaleza otorgó a sus miembros el “derecho al botín”.
Ya en el siglo XV el fraile dominico Girolamo Savonarola atacaba
a los Médicis con sermones en los que afirmaba que “los
tiranos son incorregibles porque son soberbios, porque les agradan
las adulaciones, porque no quieren devolver lo mal habido, dejan
obrar a los malos oficiales, se doblegan ante los halagos, no escuchan
a los míseros, no condenan a los ricos, pretenden que los
pobres y campesinos trabajen para ellos, corrompen las elecciones
y oprimen cada vez más al pueblo” (M. Viroli, Maquiavelo,
su biografía). Según la experiencia argentina, esos
requisitos malévolos también puedendarse en algunos
regímenes republicanos y hasta en otros formalmente democráticos.
A propósito de corrupciones, las noticias de la semana fueron
cerradas por la denegatoria del juez Urso a la autorización
para ausentarse del país solicitada por los abogados de Carlos
Menem, que planeaba, dijeron, viajar a Siria con su flamante esposa.
La negativa reafirmó la trascendencia que puede alcanzar
el juicio por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, no importa
si fue el acto de mayor o menor grado de ilícitos de la década
pasada. A cuantos desean la igualdad ante la ley, que son mayoría
en el país, el pronunciamiento judicial les habrá
resultado más prometedor que los anuncios de Domingo Cavallo,
un ubicuo socio del menemismo, sobre la recaudación impositiva
y las tan reiteradas como incumplidas promesas de inminente reactivación
económica. Las cuentas y los cuentos gubernamentales siguen
a contramano de las indignaciones y padecimientos de millones de
ciudadanos, más cerca del fraile Savonarola que de los riquísimos
Médicis.
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