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Por Claudio Scaletta
 Luego de que el Estado argentino
depositara en la cuenta de la empresa española Aerolíneas
Argentinas (AA) 16 millones de pesos, la compañía decidió
no abonar a los técnicos aeronáuticos los días de
paro correspondientes al adeudado mes de abril, tampoco se pagaron horas
extras ni adicionales. La medida eleva nuevamente al máximo la
tensión con el gremio que conduce Ricardo Cirielli (APTA) luego
de más de tres días de reuniones y presiones provenientes
desde diversos sectores sindicales que abogaban por una estrategia común.
En tanto, el Ministerio de Trabajo convalidó una asamblea de parte
de las bases de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA)
en la que decidieron, a contrapelo de la conducción de Alicia Castro,
que proponía un arbitraje, la negociación directa con la
empresa. Castro no reconoció la validez de esa convocatoria. Desde
la Asociación del Personal Aeronáutico señalaron
que la situación de Aerolíneas entró en un estado
de extrema incertidumbre. “A partir de ahora puede pasar cualquier
cosa”, destacaron.
Si atribuir a las decisiones de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI), controlante de AA, el ánimo de tensionar las
relaciones gremiales podía interpretarse como una lectura sindical,
la decisión de no pagar los días de paro de una huelga que
no fue declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo -y precisamente al
gremio que se mostró más inflexible en las negociaciones,
al menos en esta última etapademuestra que la conducción
empresaria no tiene ninguna intensión de aproximar posiciones.
Paralelamente, la decisión quita sustento a los gremios que en
esta etapa decidieron privilegiar la continuidad operativa de AA por sobre
el mantenimiento de convenios y salarios. La noticia tampoco es buena
para la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, que se había jugado
a fondo por la opción española de imponer a los sindicatos
el ajuste del Plan Director. Para que no queden dudas, la compañía
española tampoco pagó los salarios de los 224 despedidos
que motivaron el pasado paro de 10 días.
El titular de APTA, Ricardo Cirielli, dijo a Página/12 que “el
paro no fue declarado ilegal, esto significa que deberemos iniciar las
correspondientes acciones judiciales” contra la empresa. Según
el dirigente, su gremio “no está dispuesto a aceptar condicionamientos”.
Para Cirielli, “la SEPI demuestra que su único objetivo es
poner obstáculos”.
Durante los últimos tres días se realizaron reuniones en
la sede de los pilotos (APLA) entre los 7 gremios aeronáuticos,
de las que también participaron las cúpulas de la CTA y
de la CGT oficial. Paralelamente, también hubo reuniones de 5 gremios
con el Ministerio de Trabajo. En los encuentros se intentó ejercer
presión sobre la negativa de Cirielli.
Las negociaciones se centraron en tres requisitos para superar el conflicto:
1. El pago de salarios –conseguido parcialmente ayer luego de que
el Estado argentino desembolse 16 millones de pesos–.
2. Que el gobierno desista de las acciones legales contra APTA.
3. Y encontrar mecanismos de acuerdo que satisfagan a todos los gremios,
es decir que Cirielli negocie.
El punto de acuerdo había sido recurrir a un arbitraje que inicialmente
no fue aceptado por la empresa. Pero la única concesión
arrancada a Cirielli fue la potencial búsqueda de un esquema de
negociación con la ministra Bullrich. Sin embargo, tras el no pago
de los día de huelga, la situación parece volver al punto
de partida.
Además de APTA, también los aeronavegantes se mostraron
poco propensa a la negociación conjunta propuesta por los demás
gremios. La AAA no estuvo ayer en el encuentro de APLA porque, de acuerdo
a uno de sus voceros, “no vamos a reuniones donde tratan de meterse
en la vida interna de los sindicatos”. Y aunque el vocero se refería
a las presiones sobre Cirielli, fue al interior de su propia organización
donde se produjeron situacionesque permitieron la injerencia externa,
en este caso, del Ministerio de Trabajo. El sector interno que se opone
a la conducción de Alicia Castro, que encabeza el alfonsinista
Mariano Belgrano, organizó una asamblea que fue convalidada por
tres autoridades del ministerio. Además de la inspectora Elva Portillo,
en la reunión de alrededor de un centenar de aeronavegantes disidentes
estuvo presente el director nacional de asociaciones sindicales, Ricardo
Juara. De acuerdo a fuentes que responden a Alicia Castro, el llamado
a Asamblea, a pesar de haber sido convalidado por Trabajo, no habría
cumplido los pasos legales correspondientes. La decisión adoptada
por la asamblea, estaría en línea con los objetivos de Bullrich,
pues la decisión final fue la de “negociar directamente con
la empresa”.
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Los capitales silenciosos
Las principales empresas españolas con inversiones en Argentina
reaccionaron entre la confianza y el silencio al enjuiciar el boicot
contra capitales españoles en Argentina promovido por la
CGT disidente que lidera Hugo Moyano. Telefónica, Gas Natural
o las constructoras Dragados y OHL se mostraron confiados en que
el clima antiespañol no influirá en sus negocios.
En cambio, otras entidades, como Repsol YPF, el Banco Santander
Central Hispano (BSCH), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA),
la concesionaria de autopistas Acesa o la cadena hotelera NH optaron
por el silencio.
Fuentes de Telefónica indicaron que el conflicto de Aerolíneas
no tuvo hasta ahora efecto sobre sus negocios y señalaron
que no esperan que lo tenga en el futuro. En Gas Natural, en tanto,
explicaron que “esta crisis pasará” y que su filial
argentina “se mantendrá como una de las más consolidadas
de América Latina”.
En el sector de la construcción, fuentes de Dragados explicaron
que su presencia en Argentina se remonta a 35 años atrás
y que la compañía cuenta con socios inversores locales,
lo que, en su opinión, reduce el riesgo de un eventual boicot.
En cambio, otras empresas de alta exposición en la opinión
pública prefirieron guardar silencio. Por ejemplo, Repsol
que en 1999 completó la compra total de YPF por 13.400 millones
de dólares. O el BBVA, que tiene
una participación mayoritaria en el BBVA Banco Francés
y en la administradora de fondos de pensiones Consolidar, líder
del mercado por fondos. O el BSCH, que controla el Banco Río
de La Plata y la AFJP Orígenes, líder del mercado
por afiliados.
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De España,
con amor
“El problema de Aerolíneas no es un problema social
sino empresarial”, sostuvo ayer el vocero oficial del gobierno
español, Pío Cabanillas, apuntando en el mismo sentido
que en Buenos Aires ya hicieron varios ministros argentinos, empeñados
en tratar a Aerolíneas Argentinas como una empresa privada.
También desde Madrid, un funcionario de Economía aseguró
que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales está
dispuesta a seguir “aportando mucho dinero” en la firma
privatizada, aunque puso especial énfasis en el que ya desembolsó.
Finalizada la reunión del Consejo de Ministros, Cabanillas
consideró “un error” conferirle al conflicto de
Aerolíneas trascendencia social, ya que a su juicio es un
problema exclusivamente empresario. “Cuando se está
ante una empresa con unas pérdidas cercanas a los 300 millones
de dólares por año, poco se puede pensar en el futuro”,
alertó.
José Folgado, funcionario del área económica,
intentó una visión un poco más esperanzadora
del futuro de la aerolínea, al tiempo que defendió
la gestión hispana. “La SEPI es absolutamente responsable
en su actuación respecto al futuro de Aerolíneas Argentinas”...”y
aportará los fondos necesarios para consolidarla como una
empresa competitiva y moderna”.
Folgado no desaprovechó la ocasión para recordar que
el estado español ya puso mucho dinero, algo que subrayan
especialmente los administradores hispanos. Sin embargo, la clave
está en cuánto pondrá en los próximos
días. Pedro Ferreras, titular de la SEPI, prometió
a Patricia Bullrich que desembolsará 350 millones de pesos
en Aerolíneas a condición de que los siete gremios
acepten un ajuste en sus salarios y modificaciones convencionales.
Aún así, ese holding estatal no tiene interés
en seguir operando Aerolíneas Argentinas que, con un plan
de ajuste en ejecución y algo de su deuda absorbida y otra
parte renegociada, será transferida, aunque sea parcialmente
a otro accionista privado, capaz de inyectarle dinero fresco y gerenciarla
de modo tal vez más acertado que los españoles.
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AVANZA
INVESTIGACION POR VACIAMIENTO Y EVASION
Iberia está en el banquillo
Por Cledis Candelaresi
La controvertida historia de
Aerolíneas Argentinas sigue multiplicando incógnitas. El
jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, se comunicó ayer con el defensor
del Pueblo de la Nación, el justicialista Eduardo Mondino, para
que lo informara acerca de las causas judiciales por presunto vaciamiento
y evasión impositiva promovidas contra la aerolínea privatizada.
Después de esta conversación, Fernando de la Rúa
admitió públicamente que no había que descartar una
investigación judicial contra la administración hispana.
Horas antes, el propio Pedro Ferreras –titular del holding propietario
de Aerolíneas– habría asegurado, ante la pluripartidaria
delegación de diputados argentinos que viajaron a Madrid, que su
gobierno está dispuesto a investigar a los directores de Iberia
que durante años, y en rápidas rotaciones, administraron
la compañía.
Aún en la hipotética situación que se llegara rápidamente
al esperado acuerdo con todos los gremios y la SEPI aportara los prometidos
350 millones de dólares para capitalizar la compañía,
la última palabra en torno a la crisis de Aerolíneas parece
lejos de pronunciarse.
En los últimos días comenzaron a acelerarse dos causas judiciales
tramitadas por Mondino. Una, por presunta evasión impositiva, radicada
en el juzgado Nº 7 del fuero Penal y Económico, al que el
defensor acaba de girar por pedido del fiscal una voluminosa carpeta con
antecedentes. Otra, que recaló en el ámbito contencioso
administrativo por presunto vaciamiento, y que esta semana sería
caratulada.
El 6 de febrero pasado, el defensor del Pueblo presentó ante el
procurador de la Nación, Nicolás Becerra, una denuncia elaborada
durante los cuatro meses previos que resultó escindida en aquellos
dos trámites, que comenzaron a inquietar al jefe de Gabinete y
al Presidente.
El expediente de evasión tiene dos capítulos. Uno referido
a la falta de aportes previsionales, por los cuales Aerolíneas
habría omitido el pago de 11 millones de pesos que, con punitorio
y ajustes, en la actualidad ya rozan los 23 millones. Pero según
detalló ante la Justicia, la Defensoría también presume
que Aerolíneas habría evadido IVA y Ganancias, considerando
que no eran objetos imponibles los pasajes que se emitían a través
del sistema de reservas Amadeus. Como éste tenía centro
en Madrid, la empresa privatizada no los computó para las liquidaciones
tributarias, utilizando un criterio objetado por la AFIP.
La acusación de vaciamiento tiene varios argumentos, entre ellos,
la extraña irrupción de Interinvest en la compleja historia
societaria de Aerolíneas. Iberia –inicialmente accionista
y operadora de AA– creó Interinvest con un capital inicial
de 12 mil pesos y, casi de inmediato, le transfirió 350 millones
de dólares en acciones de Aerolíneas para saldar presuntas
deudas de Iberia, que nunca se supo cómo se originaron.
Según precisó Mondino al juzgado, en 1997 Interinvest llegó
a detentar el 68 por ciento del capital accionario de Aerolíneas.
Pero la maraña de accionistas ya incluía a Andes Holding,
propiedad de Iberia. A juicio de la Defensoría, esto cierra un
círculo de vaciamiento.
“Si la causa avanza hay que sentar a los directivos de Iberia para
que expliquen esos dudosos pases accionarios”, sugiere Mondino. En
España también se habló de la posibilidad de convocar
a varios responsables de la administración española, para
que den cuenta de lo que hicieron durante su gestión en la Argentina.
Ferreras admitió ante los diputados Alejandro Nievas, Alicia Castro,
Gustavo Gutiérrez, José Vitar y Teodoro Funes esa posibilidad,
poco antes de que éstos embarcaran de regreso hacia Buenos Aires.
Nadie puede asegurar que esa promesa sea algo más que un gesto
diplomático. Por ahora, parece más factible que prosperen
los trámites judiciales argentinos que también pondrán
la mira sobre la gestión ibérica. De ser así, Ferreras
tendrá otro motivo de inquina hacia APTA, el gremio de los técnicos
de mantenimiento. Uno de las dos denuncias querecogió Mondino para
su investigación fue presentada por Ricardo Cirielli, secretario
general de ese sindicato.
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