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Por Marta Dillon
 Quienes ayer transitaron la
autopista Riccheri, desde Puente 12 hasta tres kilómetros antes
de la entrada del aeropuerto Ministro Pistarini, tuvieron la sensación
de haber atravesado el túnel del tiempo. Y lo peor es que ese túnel
desembocaba en una postal de otras épocas. No había otra
forma de explicar los tres retenes que la Gendarmería Nacional
dispuso en esos pocos kilómetros –más de cien efectivos
en cada uno– para evitar que los trabajadores de Aerolíneas
Argentinas y Austral llegaran hasta el aeropuerto internacional. Como
si fuera el mundo del revés, la carrera de obstáculos en
que se había transformado la autopista terminaba en una barrera
doble de gendarmes y efectivos de la Policía Aeronáutica
que de cara a los manifestantes retenidos allí recibían
a los gritos un mote particular: “¡Piqueteros!”. En el
medio quedaron quienes, pasaje en mano y cargando sus valijas como penitentes,
tuvieron que caminar más de tres kilómetros para alcanzar
lo que ayer parecía un destino imposible: subir a un avión.
Desde la mañana empezaron a llegar a la autopista Riccheri los
camiones cargados de efectivos pertrechados con armas largas, granadas
de gases y bastones. Nada había en ese camino que hiciera suponer
un conflicto, sólo el pavimento y los uniformes verde oliva que
generaban desconcierto entre los conductores de los vehículos que
avanzaban a paso de hombre por un único carril. La explicación
llegaría más adelante, tres kilómetros antes de llegar
al aeropuerto, donde quedaron los trabajadores de Aerolíneas -la
mayoría enrolados en la Asociación de Personal Aeronáutico
y Aeronavegantes– a los que se fueron sumando, con el correr de las
horas, otros gremios como ATE, docentes, telefónicos y representantes
de la Central de Trabajadores Argentinos.
“Acá la que corta la ruta es la Gendarmería; nosotros
queríamos hacer una asamblea en nuestro lugar de trabajo, incluso
ofrecimos hacerla en el estacionamiento para no trabar la salida de los
vuelos de otras empresas”, decía Ariel Basteiro, dirigente
de APA, mientras le reclamaba desde su celular al ministro de Defensa,
Horacio Jaunarena, que quitara los retenes armados. “¿Qué
quiere, que hagamos la asamblea en los bosques de Ezeiza?”, le preguntaba
al ministro antes de cortar una comunicación interrumpida desde
el inicio. Tampoco hubiera sido fácil hacer una asamblea entre
los árboles que rodean la autopista: decenas de policías
federales se apostaban allí, acompañados por la división
perros. Unos mastines amenazadores que a la vez eran la última
barrera por la que debían pasar los atemorizados pasajeros que
sudando y lamentándose por los posibles regalos que abultaban el
equipaje –y ahora aumentaban su carga– eran advertidos permanentemente:
¡Cuidado, no se acerque!
Los llamados telefónicos con miembros del Poder Ejecutivo fueron
la constante de una tarde tensa en la que cualquier movimiento podría
haber desatado una violencia contenida que era posible hasta respirar.
Los ladridos de los perros, el motor de dos helicópteros que sobrevolaban
la zona y el constante repicar de los redoblantes fueron el telón
de fondo de las comunicaciones con Ramón Mestre, ministro de Interior,
con Ricardo Ostuni, vocero presidencial y con Chrystian Colombo, jefe
de Gabinete. “Chrystian, te lo pido por favor, hacé algo,
son mis compatriotas los que están acá, sólo quieren
hacer una asamblea, hacé algo”, imploraba la diputada María
América González, tal vez canalizando una angustia que nadie
quería expresar. Cuando cortó, el resto de los diputados
allí presentes –Marcela Bordenave, Oscar González,
Jorge Rivas, Héctor Polino, Alfredo Bravo y Jorge Giles– se
acercó para preguntarle. “Me dijo que me tranquilice”,
fue la obvia respuesta del jefe de Gabinete, que además aseguró
que lo único que podría cambiar el estado de cosas sería
una orden del mismo presidente. Orden que nunca llegó.
“Esto es toda una experiencia, nunca caminé por acá”,
decía una pasajera que intentaba llegar a tiempo para tomar un
vuelo a Nueva York. Pero suoptimismo no era compartido por el resto de
los viajantes que tuvieron que atravesar el laberinto de autos detenidos,
gastando las rueditas de sus equipajes sobre el asfalto –los que
tenían más suerte– o cargando sobre los hombros unos
bolsos que muchos hubieran deseado haber dejado en casa. Más de
25 grados a las cuatro de la tarde enrarecían aún más
un aire ya viciado por la poca distancia que había entre los trabajadores
y los uniformados. Distancia que los dirigentes y los diputados mantuvieron
con esfuerzo durante toda la jornada.
Mientras, en el aeropuerto, los trabajadores que habían logrado
burlar los piquetes de la Policía Aeronáutica –con
pasajes falsos, la mayoría– demoraban el vuelo de Iberia de
las 14.30 y directamente impidieron el embarque del de las 21.40 tapando
con sus cuerpos los mostradores del check in. En un espigón elegante
y desierto, los trabajadores de las empresas en conflicto hacían
sonar una batucada que parecía no tener fin. Los pasajeros de Iberia
y Aerolíneas –muchos habían sacado su ticket hace meses–
miraban desconcertados las pantallas electrónicas. “Consulte
con la compañía”, decía en el espacio destinado
a Iberia. Pero los representantes de la empresa estaban ausentes, nadie
dio una explicación, no hubo alternativas, ni nadie a quien preguntar.
Lejos de allí, a casi un kilómetro de la barrera de uniformados,
al final de las mil personas que se reunieron llegando las siete de la
tarde, los remiseros aguardaban a los audaces que abandonaban el aeropuerto
a pie, caminando por los costados de la ruta, exponiéndose a los
perros de ataque.
Ninguna negociación parecía tener éxito. Los diputados
pidieron al jefe del operativo que dejaran pasar a los dirigentes para
que pudieran comunicarse con sus compañeros dentro del aeropuerto.
La Policía Aeronáutica lo concedería siempre que
se liberara un carril de la autopista. “Es ridículo –dijo
Basteiro–, si son ellos los que cortan la ruta”. Durante todo
el día siguieron llegando fuerzas de seguridad, cerca de las ocho
ya eran dos tanquetas, un camión hidrante y seis camiones de la
Policía Federal los custodiaban el camino hacia el aeropuerto detrás
de la barrera de Gendarmería y auguraban una tensa noche que tanto
los trabajadores como los uniformados pasaron sobre una autopista que
parecía un túnel del tiempo hacia épocas supuestamente
pasadas de la Argentina.
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“Símbolo
del fracaso”
El tradicional periódico conservador The Financial Times
calificó ayer, en una nota editorial, a la crisis de Aerolíneas
Argentinas como el símbolo del “fracaso de las reformas
de mercado de la última década” en el país.
“Hoy en día, Aerolíneas está al borde
de la desaparición y el país está en quiebra,
languideciendo en una recesión y esforzándose para
cumplir con los compromisos de una deuda pública creciente”,
señala el matutino londinense. El comentario apunta que,
en muchos aspectos, Aerolíneas Argentinas ha pasado a ser
un símbolo del “fracaso de las reformas de mercado de
la última década” y “la razón, dice
un grupo creciente de críticos, es una mezcla de corrupción
oficial, mala administración de los ejecutivos (privados)
e incompetencia de los reguladores, que a menudo han tenido éxito
solo en transformar monopolios públicos ineficientes en monopolios
privados caros”. Agrega que con las privatizaciones “se
vendió casi todo, y las empresas españolas se mostraron
interesadas en renovar su presencia en las ex colonias” y refiere
que los capitales españoles temen ahora que “un surgimiento
del nacionalismo económico pueda poner en peligro sus inversiones”.
“La situación ha desatado una ola de indignación
en la Argentina, donde la gente acusa a los españoles de
todo, desde una administración incompetente y deficiente
a directamente un despojo de bienes”, señala el periódico,
que sin embargo apunta que “pocos argentinos desean volver
a la época de las compañías del Estado”.
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Amenaza de bomba
El vocero de la Fuerza Aérea, comodoro Jorge Reta, informó
anoche que el Aeropuerto Internacional de Ezeiza había recibido
una “amenaza de bomba”, mediante “un llamado telefónico
anónimo”. “El jefe de Aeropuerto acaba de recibir
una amenaza de bomba en algún avión que está
en el Aeropuerto”, dijo el comodoro en declaraciones a la señal
de cable Crónica TV. El uniformado aseguró que “se
están tomando todas las medidas de precaución, y como
forma preventiva está siendo revisado el equipaje” de
todas las aeronaves que se encuentran en la estación aérea.
“Fue una llamada anónima que no especificó en
qué empresa en particular se habría depositado”
el supuesto artefacto explosivo.
No fue el único incidente producido fuera del ámbito
de la Autopista Ricchieri. Efectivos de la Policía Federal
desalojó anoche por la fuerza a un grupo de trabajadores
de Aerolíneas Argentinas que realiza una sentada frente a
las puertas de un hotel del barrio porteño de Retiro. La
intención de los manifestantes era impedir la partida de
un ómnibus con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza
que transportaba a los tripulantes del vuelo de Iberia de las 21.40
horas.
Los efectivos respondieron con empujones y golpes, logrando desbaratar
la resistencia de azafatas y otros miembros del personal de Aerolíneas.
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LA
SEPI PEDIRIA HOY LA QUIEBRA DE AEROLINEAS, SEGUN UNA VERSION
Insinuaciones de un final adelantado
Si algo faltaba para corroborar
que Aerolíneas Argentinas vive sus horas cruciales, y que éstas
no son muchas, el condimento lo puso la versión que circuló
anoche acerca de que la empresa pediría su propia quiebra en el
día de mañana y la ambigua respuesta del jefe de Gabinete
a dicha especie. “No es necesariamente cierto” que Aerolíneas
vaya a quebrar el próximo viernes, respondió Chrystian Colombo,
aunque reconociendo que “una de las posibilidades” es que “deje
de funcionar”. No son comentarios tranquilizantes, pero son mucho
más cercanos a la realidad que todo lo manifestado hasta el momento
por funcionario público alguno desde que estalló el conflicto.
Según la versión que divulgó anoche Canal 13, la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales habría adoptado
la decisión de pedir su propia quiebra ante la imposibilidad –o
falta de voluntad– de seguir operando la empresa, y que la misma
ya había sido puesta en conocimiento del ministro de Infraestructura,
Carlos Bastos, que anoche mismo arribaba a Madrid.
La novedad no podría sorprender por inoportuna, porque parecido
desplante le había hecho la SEPI al gobierno argentino 24 horas
atrás, cuando a una intimación para que reanude los vuelos
a siete destinos internacionales, le respondió con el corte del
servicio a otros dos puntos clave. Pero por otra parte, una decisión
de pedido de autoquiebra no iría, necesariamente, a contramano
de la estrategia de salida del conflicto que imaginan los hombres de Domingo
Cavallo.
Sugerentemente, el presidente Fernando de la Rúa expresó
ayer su convicción de que Aerolíneas seguirá operando,
pero con los actuales inversores u otros. La alternativa de conformar
una nueva empresa que se haga cargo del servicio de Aerolíneas
fue ganando fuerza en las filas del gobierno en los últimos días,
a medida que se fue convenciendo de la falta de intención de la
SEPI de continuar al frente de la empresa. Y la búsqueda tiene,
hasta ahora, un único candidato: Eduardo Eurnekian.
Insistentes versiones indican que el titular de Aeropuertos Argentina
2000 ya habría avanzado en las negociaciones con LAPA, de Gustavo
Deutsch, y Dinar, de la familia De Simone, para conformar junto a Southern
Winds un “pool” que explotaría las rutas a abandonar
por Austral y Aerolíneas. El punto de negociación es qué
proporción de personal absorbería la flamante empresa, que
se denominaría “Nueva Aerolíneas Argentinas”,
y en qué condiciones. En tal sentido, la quiebra allanaría
el camino al empresario.
Ayer el Senado mostró buenos reflejos para reaccionar ante la versión
de una inminente quiebra. La Cámara alta, en un trámite
sumarísimo, dio media sanción anoche a un proyecto que,
a través de una modificación a la ley de quiebras, propone
que sean respetados los puestos de trabajo y los convenios colectivos
de los 7000 empleados de Aerolíneas Argentinas, en el caso de que
la empresa quede en la situación prevista en esa norma. El proyecto
es iniciativa de los senadores justicialistas disidentes Liliana Negre
de Alonso y Héctor Torino, quienes recibieron el apoyo del PJ y
la oposición mayoritaria del radicalismo, que reclamó mayor
tiempo para considerar la propuesta.
El texto modifica los artículos 198 y 199 de la ley de Quiebras
(24.522) para que la firma que compre una empresa en la situación
contemplada por esa norma se vea obligada a respetar las condiciones laborales
preexistentes. Negre de Alonso planteó que la aprobación
del proyecto “abre la posibilidad de prevenir un escenario, el de
la quiebra, que se ve cada vez como más posible en el caso de Aerolíneas”.
Agregó entonces que “esta ley, que modifica las reformas introducidas
en 1995, obligará a quien se haga cargo de la empresa a respetar
los puestos de trabajo y los convenios colectivos, y evitará que
7000 familias queden en la calle por maniobras financieras”. La intervención
de la senadora puntana recibió el apoyo de su compañero
del interbloque disidente del PJ, Héctor Maya, y de los justicialistas
Ramón Ortega, José Gioja y Carlos Funes, y del radicalAlberto
Maglietti. La conducción del bloque radical, encabezada por Jorge
Agúndez, intentó sin éxito postergar el debate.
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OPINION
Por J. M. Pasquini Durán
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Conducta
Son las Malvinas aéreas. Idénticos sentimientos de
pertenencia y, a la vez, de indignación por el despojo aletean
en la opinión general de los argentinos, aun entre aquellos
que ni las conocen, más allá de cualquier racionalidad
vulgar o simplificadora. El vaciamiento, por incompetencia o premeditación,
de Aerolíneas Argentinas (AA), al parecer es la gota que
rebalsa la copa en la saturada sensación de hastío
y frustración que agobia a tantos compatriotas. La empresa
de bandera fue cedida por el Estado nacional al Estado español,
en la ola privatizadora de los años 90, con la repetida excusa
de sanear las cuentas públicas para echar bases de futuros
bienestares y progresos. ¿Cuántos creyentes de entonces
comprenden ahora que compraron un buzón? En todo caso, más
vale tarde que nunca.
El gobierno nacional, con los reflejos esclerósicos, en lugar
de hacerse cargo del conflicto lo corre de atrás, con los
pies maneados por las sospechas de confabulaciones opositoras. Será
por eso que su aproximación a la defensa de lo que la mayoría
considera patrimonio a preservar es semejante a la “política
de seducción” que el menemismo aplicó en vano
a la recuperación de las islas Malvinas. Tampoco es casual
que el negociador oficial en España sea el ministro de Infraestructura,
Carlos Bastos, privatizador militante en la década menemista
y que el ministro de Economía, Domingo Cavallo, protagonista
principal en la gestión de gobierno, sea también el
mismo de aquella época. Desde la cartera de Trabajo, Patricia
Bullrich cumple la instrucción de agradar a “los mercados”
y bajar, por lo menos, en 20 por ciento del costo laboral en el
país. La decadencia argentina ha llegado al punto de ofrecer
en el mercado internacional sólo dos cualidades: pagar a
cualquier costo la deuda pública y proveer mano de obra muy
barata.
Cuando ya la actitud de la empresa estatal española cerraba
filas alrededor de un plan que proponía, entre otras medidas,
el inmediato despido de mil cuatrocientos empleados de AA, lo primero
que se le ocurrió al presidente Fernando de la Rúa,
antes de la obstrucción de su arteria coronaria derecha,
fue desentenderse del problema porque se trataba de una “empresa
privada” y lo último, después que lo destaparon,
según otro nuevo vocero, fue culpar a un sindicalista por
obstrucción deliberada del reajuste planificado por los operadores
españoles, principales responsables de esta crisis. El Presidente
tiene varios voceros, pero nada bueno para comunicar cuando el asunto
le interesa a la mayoría social.
No es el único atolondrado por el pensamiento único
que instalaron los conservadores en el mundo y el menemismo en el
país. Anteayer se reunieron los gobernadores justicialistas,
pero en lugar de concentrarse en la suerte futura de los siete mil
trabajadores de AA y de la empresa de bandera argentina perdieron
horas discutiendo si iban o no a visitar a Carlos Menem en la prisión
residencial de Don Torcuato. Casi al unísono, los senadores
del PJ también estaban ocupados con sus propias deliberaciones
acerca del mismo juego de las visitas. Los plenarios legislativos
siguen como espectadores el drama que tiene en vilo al ánimo
nacional. Sus pecados son tan bíblicos, según parece,
que no se animan a tirar la primera piedra, aunque más no
sea para hacerse ver a cuatro meses de las elecciones de octubre.
Una vez más, salvo las consabidas excepciones minoritarias,
los ciudadanos en problemas carecen de amparo suficiente en las
instituciones representativas del Estado. Cuando se trata de políticas
públicas en las dimensiones que se requieren para modificarlas
sin un tremendo desgaste de todos los involucrados en el pleito,
sobre todo de los trabajadores que están sin salario ni horizontes,
el compromiso de las representaciones gremiales en defensa de sus
asociados es necesaria y meritoria pero insuficiente. Hace falta
el consenso público, que hoy existe, y la voluntad política
de los niveles Ejecutivo y Legislativo del Estado, hoy carentes
de energía, aunque más no sea para proteger aquello
que está al cuidado de la administración pública,
como es el control de los derechos y obligaciones de las concesiones
que otorga para determinados servicios de interés general.
La seguridad jurídica figura casi siempre en las demandas
de cualquier empresa, nacional o extranjera, porque esa condición
les garantiza que ninguna mutación imprevista en el cuadro
político pueda alterar las reglas del juego. En su nombre,
la Alianza recibió la herencia de su antecesor sin beneficio
de inventario, a libro cerrado, con el mismo argumento que usó
Menem para justificarse: “Si no los pueden vencer, únete
a ellos”. Esa seguridad, sin embargo, si quiere ser válida
al interés general, tiene que apoyarse en el principio básico
de la igualdad ante la ley. Es verdad que AA fue transferida al
control externo durante la administración menemista, pero
eso no exime a las partes de los compromisos adquiridos, como está
haciendo el concesionario español cuando por su propia voluntad
cancela rutas y abandona otras obligaciones.
Cuando la situación se examina sin perderse en la maraña
de argumentos técnicos o jurídicos que pueden exhibir
los especialistas, es fácil comprender que no se trata de
un conflicto entre el capital y el trabajo, sino de una responsabilidad
político-institucional del Estado en la custodia de bienes
que han sido puestos bajo su custodia, no sólo en cuestión
de rutas internacionales sino incluso de justicia social. Con la
pretensión de delegar esa competencia en uno o más
gremios de trabajadores, lo único que está haciendo
es renegar de sus mandatos primarios. Si la máxima autoridad
del gobierno reniega de sus deberes, o los desvía, está
rebajando la calidad institucional de la democracia y envía
uno de los peores mensajes a la sociedad: “Sálvese quien
pueda”. Podrá o no actuar sobre las causas, pero tarde
o temprano deberá enfrentar las consecuencias de su conducta.
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