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Por Eduardo Videla
 Desde anoche, el aumento de
las facultades policiales es ley y sólo falta esperar que el Poder
Ejecutivo promulgue la norma y la publique en el Boletín Oficial
para que la fuerza salga a hacer requisas de personas y vehículos
o interrogue a los sospechosos de haber cometido un delito, en el lugar
el hecho, entre otras nuevas atribuciones otorgadas por los legisladores.
Habrá que ver, en un tiempo, si no son ciertas las advertencias
formuladas por especialistas en derecho y organismos defensores de los
derechos humanos, que alertaron sobre el riesgo de que las reformas vulneren
las garantías individuales de los ciudadanos y se conviertan en
una fuente de abuso policial. Por lo pronto, el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) sostiene que la norma sancionada es inconstitucional
y mantendrá ese argumento a través de una presentación
judicial, si la ley es promulgada, según adelantó a Página/12
el abogado Gustavo Palmieri.
Fue llamativa la celeridad con que los legisladores nacionales aprobaron
la norma: hace un mes, el secretario de Seguridad, Enrique Mathov, propuso
la medida en medio de los insultos que recibía, durante el sepelio
de dos policías baleados en un comercio de Once. Como un tributo
a esas muertes –no atribuibles a la falta de poder policial–
la Cámara de Diputados le dio media sanción en tiempo record
y ayer el Senado la convirtió en ley, sin que se escucharan voces
de oposición.
La ley sancionada anoche le otorga a la Policía Federal y a las
fuerzas de seguridad (Gendarmería y Prefectura), en síntesis,
las si- guientes atribuciones:
 Podrán requerir del
sospechoso, en el lugar del hecho, noticias e indicaciones sumarias sobre
circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación
de las investigaciones. Esta información, se aclara, no podrá
ser documentada ni tendrá valor en el proceso.
Podrán, sin orden judicial,
requisar a las personas e inspeccionar los efectos personales que lleven
consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves
y buques, con la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente
provenientes o constitutivas de un delito, o de elementos que pudieran
ser utilizados para cometer un delito.
Podrán mantener incomunicados
a los presuntos autores de un delito hasta 10 horas (hasta ahora eran
seis).
Para elaborar el sumario tendrán
un plazo de cinco días, prorrogable por otros cinco (hasta ahora
eran tres, extensibles a cinco).
Si durante un allanamiento
se encuentran objetos que evidencien la comisión de un delito distinto
al que motivó la orden del juez, se procederá a su secuestro
y se le comunicará a la autoridad judicial.
Durante un procedimiento, la
policía podrá ingresar al lugar antes que los testigos,
si existiera riesgo para estos.
De acuerdo con la presentación realizada ayer por el CELS ante
los senadores, algunas de estas reformas pueden constituir violaciones
a la Constitución nacional. “Vamos a reiterar el reclamo ante
el Poder Ejecutivo, para que no promulgue la ley, y sin no tenemos éxito,
vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad de la ley ante la
justicia”, dijo Palmieri a Página/12.
Según el informe elaborado por el organismo, la posibilidad que
tiene ahora la policía de interrogar al sospechoso “representa
una violación del artículo 18 de la Constitución,
al afectar la garantía que prohíbe la autoincriminación
coaccionada”. En otros términos, nadie está obligado
a declarar contra sí mismo, y si bien esta declaración no
tiene validez judicial, nada impide que el detenido, bajo coacción
policial, termine aportando pruebas en su contra.
“Si bien se aclara que la declaración no tendrá valor
en el proceso, eso no impide que se incorpore en forma subrepticia a la
causa a través deltestimonio de los policías que intervinieron
en el acto”, dice el documento del CELS.
En cuanto a la ampliación de facultades en materia de requisas,
el organismo sostiene que afectan en derecho a la intimidad (artículo
18 de la Constitución), el derecho a la dignidad e integridad física
y moral de las personas (artículo 5 de la Convención Americana
de Derechos Humanos) y el derecho a la libertad ambulatoria (artículo
14 de la Constitución).
Finalmente, en materia de allanamientos, la posibilidad de proceder al
secuestro de objetos que se encuentren en cumplimiento de una orden de
allanamiento por otro delito podría implicar “una violación
al derecho de intimidad”. Además, podría constituir
un riesgo adicional de excesos: la policía, además de buscar
lo que le pidió el juez, puede “dar vuelta” la casa en
busca de otros elementos.
“Los legisladores son más papistas que el Papa –sintetizó
anoche un asesor del Senado–. El jefe de Policía pidió
mayores responsabilidades y ellos le dan manos libres”
ESTARAN
PRESENTES DE LA RUA Y LOS GOBERNADORES
Reunión del Consejo de Seguridad
El debate sobre la (in)seguridad
ocupa el centro de la escena nacional: para discutir pautas y acuerdos
se realiza hoy la reunión plenaria del Consejo de Seguridad Interior.
Está previsto que sea el presidente Fernando de la Rúa quien
inaugure el encuentro, al que fueron invitados todos los gobernadores
del país y los funcionarios nacionales y provinciales relacionados
con la cuestión. Aprovechando la ocasión, el gobernador
bonaerense, Carlos Ruckauf, relanzó su posición de política
de mano dura que expondrá hoy en el encuentro: insistió
en bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y consideró
que “tiene que haber pena de prisión sin libertad para los
delincuentes que cometan determinados actos de violencia”.
La reunión del Consejo de Seguridad estará presidida por
el ministro del Interior, Ramón Mestre, y, además de los
gobernadores, participarán el titular de la cartera de Justicia,
Jorge de la Rúa; el secretario de Justicia, Melchor Cruchaga; el
secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Mariano
Ciafardini, entre otros. También se anunció la asistencia
de los titulares de la SIDE, de la AFIP y del Banco Central, y se espera
la presencia de los jefes de las tres Fuerzas Armadas, de la Policía
Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval
y de los titulares de cada una de las policías provinciales.
Hoy será la segunda vez que se reúna el Consejo Federal
de Seguridad durante el actual gobierno. El ministro Mestre anticipó
que la intención oficial es llegar a un acuerdo federal para tomar
el tema de la seguridad como “una política de Estado que quede
al margen de la discusión partidaria”. Una de las intenciones
del Gobierno es llevar adelante un Acuerdo Federal, en procura de unificar
las legislaciones en los distintos distritos: “El esfuerzo que pretendemos
realizar servirá para que cada uno de los gobiernos provinciales
y el gobierno nacional comprendamos que estamos frente a un flagelo y
que tenemos que diseñar políticas de Estado”, sostuvo
Mestre.
La sesión tendrá una nutrida agenda, en las que se tratarán
temas tales como la seguridad ciudadana, donde se analizarán mecanismos
de participación de la gente para la prevención, así
como un Plan de Capacitación Policial, entre otros puntos, y se
evaluarán las reformas penales y procesales que se encuentran en
análisis parlamentario. En el temario figura también la
necesidad de lograr una mayor coordinación entre las fuerzas de
seguridad nacionales y provinciales para combatir los delitos de narcotráfico,
contrabando y piratería del asfalto, entre otros, y se discutirá
sobre el tráfico ilegal de personas y la seguridad bancaria, en
virtud de la gran cantidad de robos registrados en sucursales bancarias.
El gobernador Ruckauf, por su parte, sigue adelante con su política
de mano dura y, además de su propuesta de bajar la edad de imputabilidad
a los 14 años, manifestó su deseo de “penas de prisión
sin libertad para asesinos, violadores y homicidas en ocasión de
robo” y expresó que reiterará su propuesta de desfederalización
de la lucha contra el tráfico de estupefacientes –hasta ahora
es sólo competencia de la Justicia Federal–: “La lucha
contra el narcotráfico y el tráfico de armas es parte de
la lucha global contra la inseguridad, porque si los delincuentes acceden
a las armas y a las drogas se convierten en mucho más peligrosos”.
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